Fotografía de YASIN AKGUL / AFP

En Prodavinci y otros medios hemos podido leer las razones por las cuales Pedro Palma (2015a, 2015b, 2015c, 2017), Asdrúbal Oliveros, Luis Oliveros, Daniel Raguá, y Kamal Romero (2015, 2017), entre otros economistas, desaconsejan la dolarización de la economía venezolana. También en Prodavinci y otros medios hemos encontrado argumentos a favor expuestos entre otros por César Gallo, Steve Hanke, Francisco Zalles y Cedice. Luego de la intervención de Hanke durante el Foro Perspectiva 2018 de Ratio UCAB, realizada el pasado 22 de noviembre, presento una nueva revisión de la discusión.

1. Ideas expuestas por Steve Hanke y comentarios

El 28 de marzo de 2017, el Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on Foreign Affairs, House Of Representatives, publicó en “Venezuela’s Tragic Meltdown” un texto firmado por Steve Hanke. De él tomo tres frases para comentarios, en su idioma original para evitar desacuerdos por traducción:

1. As long as there is an active black market (read: free market) for currency and the black market data are available, changes in the black market exchange rate can be reliably transformed into accurate estimates of countrywide inflation rates.

2. Black-market rates are efficient processors of information when political and economic circumstances make the official exchange rate unreliable or irrelevant.

3. There are two proven ways to stop “high” inflations and establish stability: … install a currency board system [and] “dollarize” (énfasis añadidos).

En diciembre de 2016, Hanke y Charles Bushnell publicaron con el Johns Hopkins Institute for Applied Economics y el Global Health, and Study of Business Enterprise, su “Venezuela Enters the Record Book: The 57th Entry in the Hanke-Krus World Hyperinflation Table”. De este artículo tomo dos frases:

1. … if we know the U.S. inflation rate and the change in the exchange rate between the bolivar and the dollar over the given time period, we can calculate the inflation rate in Venezuela.

2. Venezuela passed the hyperinflation threshold on December 3, 2016 (énfasis añadidos).

Por último, tomo dos frases publicadas originalmente en un texto para la Revista Globe Asia de junio de 2015, y cuya traducción comparte Cedice con el título “Venezuela: Sin Estado de Derecho, moneda mala”.

1. “Enfrentándose a este robo inflacionario, los venezolanos han votado con sus billeteras. De hecho, han empezado de manera informal a dolarizar la economía. Pero, la única forma de establecer el Estado de Derecho en la esfera monetaria es dolarizar oficialmente la economía al abandonar oficialmente el desafortunado bolívar y reemplazarlo con el dólar estadounidense”.

2. “En el caso de Ecuador, la incapacidad del Estado de obedecer el Estado de Derecho fue, en parte, una consecuencia de las tradiciones y creencias morales… Con la ausencia de prácticamente toda inhibición moral, la legislación de intereses especiales era la norma” (énfasis añadidos).

A continuación expondré por qué estoy en desacuerdo con todos los puntos que he destacado.

Comentario 1: Mercado negro no es libre mercado

No basta que los agentes sean precio aceptantes para determinar un precio de mercado. No basta con que algunas (o muchas) personas utilicen Dólar Today como referencia en algunas (o muchas) transacciones, para afirmar que el marcador que publica Dólar Today es un precio “de mercado”, es decir, que iguale la oferta y la demanda de dólares por bolívares en Venezuela. Los oferentes y demandantes de bolívares y divisas no interactúan a través del sistema bancario y las casas de cambio, ni de Dólar Today. No hay un sistema que consolide información esencial para afirmar que su marcador “equilibre” el mercado.

Por otro lado, ¿a qué se refiere Hanke con “libre” mercado? ¿A uno de competencia perfecta, en el cual ningún agente tiene poder de mercado, es decir, el poder de afectar precios con decisiones de cantidades? Consideraciones sobre monopolios, oligopolios, competencia imperfecta, externalidades y asimetrías de información, entre otras, componen buena parte de los libros de microeconomía. ¿Qué tan libre es un mercado en el cual la información publicada no es independientemente verificable? ¿Es posible descartar que el monopolio en la publicación de un marcador no confiera un poder de mercado extraordinario a quien lo publica, y que lo use en su propio beneficio?

Comentario 2: Las tasas de mercado negro no procesan eficientemente la información

No ha habido “un” marcador del paralelo en Venezuela. Ha habido por lo menos cinco entre 2003 y 2017. En todos los casos ha sido calculado indirectamente. Debo insistir en algo: que haya tenido efecto sobre los precios de productos (importados o no) no es suficiente para afirmar que cualquiera de estos marcadores haya sido, el mismo, un “precio de mercado”. Menos un procesador “eficiente” de información muy necesaria, pero no disponible. Consideremos cada caso:

1. Dólar CANTV: entre 2003 y 2007 el paralelo se calculó comparando el precio de los ADR de CANTV en Caracas y Nueva York. La anunciada expropiación de la CANTV hizo caer el precio de los ADR en dólares, elevando el paralelo. Un único activo perdiendo valor afectó directamente el marcador de otro, que debería haber sido influido por otros determinantes de la oferta y demanda de divisas.

2. Dólar permuta: entre 2007 y 2010 la venta de dólares no se hizo con dólares disponibles, sino con deuda. El 18 de abril de 2010, Victor Salmerón apuntaba que “operadores cambiarios esperan que la oferta de divisas aumente por una próxima emisión de bonos en dólares de Pdvsa, pero estiman que no será suficiente para lograr que el tipo de cambio paralelo retroceda de forma estable”. Parte de la deuda cuyo default hoy preocupa se adquirió para “estabilizar” el paralelo. Nuevamente, las condiciones de negociación de un activo determinaban unilateralmente el marcador del otro.

3. Dólar implícito: entre 2010 y 2013 el paralelo se calculó dividiendo la liquidez monetaria entre las reservas internacionales. La división expresaría la sustitución inmediata de pasivos monetarios (de todo el sistema bancario) a cambio de un único activo en divisas, bajo resguardo de un único agente en Venezuela: el BCV. Algo así como una dolarización administrada de modo súbito, y habría que decir mágico. Pero tal cociente no es un precio. Las reservas usadas como cociente no se vendieron. El efectivo y los depósitos no se utilizaron para comprar las reservas que, seamos redundantes, el BCV no vendió. Ni se tuvo en cuenta que además de los dólares en las reservas, otros activos en divisas se podían identificar en el mismo BCV, en el Fonden y en cuentas privadas de venezolanos y no venezolanos fuera de Venezuela, y que el movimiento de esas divisas no respondía ni explicaba un cociente de liquidez sobre reservas. No se tuvo en cuenta que la liquidez monetaria circuló varias veces entre compradores y vendedores de bienes, servicios y factores productivos transados en bolívares. Tampoco que parte de la liquidez se usó para comprar dólares que luego sirvieron para comprar nuevamente bolívares.

4. Dólar Cúcuta: entre 2013 y 2016 el paralelo se calculó indirectamente, utilizando un precio atribuido al peso en bolívares en Cúcuta y luego el precio de un dólar en pesos en Colombia. No se tuvo en cuenta que la oferta y la demanda de dólares utilizadas en el cálculo eran colombianas, y no venezolanas. Y que el precio del bolívar en pesos podía responder más al contrabando estimulado por el control de precios que a la oferta y demanda de dólares en Venezuela.

5. Dólar Instagram: desde 2016, Dólar Today comenzó a publicar otro marcador atribuido a la interacción de usuarios de su página Instagram. ¿Es posible verificar que el conjunto de interacciones reportadas son representativas de todas las transacciones relevantes que ocurren en Venezuela? ¿Cómo podría ser esta nueva medida mejor que las anteriores?

Si el mercado negro fuese libre y su marcador eficiente, no haría falta un régimen cambiario distinto.

Comentario 3: Cambios en tipos de cambio no pueden utilizarse
como cambios “confiables” en la tasa de inflación

Aunque en Venezuela no hubiera un marcador del paralelo, sino un tipo de cambio de mercado, sería incorrecto considerarlo el único determinante de la inflación. Omar Mendoza, en El efecto transferencia (pass-through) del tipo de cambio sobre los precios en Latinoamérica, define el “efecto transferencia” o “grado de transmisión de las variaciones del tipo de cambio sobre el comportamiento de los precios [exchange rate pass-through to domestic prices]… como la proporción de una fluctuación en el tipo de cambio nominal que se traslada a la inflación” y advierte que “… no sólo las variaciones del tipo de cambio influyen sobre la inflación. Existen otras variables que por la vía de los costos (oferta) y del gasto (demanda) contribuyen a explicar la inflación. Estas variables relevantes se toman en cuenta para aislar el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio sobre la inflación”.

Para sus cálculos, con los que afirma que Venezuela hoy tiene once meses en hiperinflación, Hanke dice que “todo lo que se requiere es una aplicación un tanto directa de una teoría económica estándar que ha sobrevivido la prueba del tiempo (léase: PPP)”. Dice que este “principio de la paridad del poder de compra (PPP), que relaciona los cambios en el tipo de cambio con los cambios en los precios, permite realizar un cálculo confiable de la inflación”. Vale advertir que no existe algo así como una teoría económica “estándar”, y que el PPP es una entre varias aproximaciones de libro de texto a problemas muy complejos sobre los que hay discusiones teóricas de gran riqueza. Por eso, recurrir a una presunta “teoría económica estándar” como algo que no admite objeciones no pasa de ser un ejemplo de falacia de autoridad. Con una falacia, Hanke pretende hacer confiable su estimación de la inflación de un país a partir únicamente de la tasa de inflación de otro país y de un marcador del paralelo medido de cinco formas diferentes en 14 años, suponiendo un efecto transferencia inmediato y de 100%. Al hacerlo, deja sin explicación las diferencias entre las tasas de inflación por tipo de bienes y servicios que publicó el BCV entre 2009 y el III trimestre de 2015: si todos los precios no varían a la misma tasa es porque todos no responden a un único determinante. La distinción entre bienes exportables, importables y no transables es apenas una de las consideraciones que el PPP de libro de texto básico, usado por Hanke, no tiene suficientemente en cuenta.

Que la estimación de Hanke sea incorrecta no significa que Venezuela no esté por entrar en una hiperinflación. En lugar de estimar, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional comenzó a medir la inflación desde enero de 2017. Su Índice Nacional de Precios al Consumidor es “un indicador estadístico que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de las familias venezolanas”, definida con la información suministrada por la “IV  Encuesta de Presupuestos familiares” realizada por el Instituto Nacional de Estadística.  Y, según sus mediciones, es de temer que la hiperinflación deba declararse en Venezuela en noviembre de 2017.

Comentario 4: no es necesario dolarizar para frenar la tasa de inflación

Aun cuando Hanke refiere varias veces The Ends of Four Big Inflations de Thomas Sargent, no ofrece una opinión sobre su trabajo. En él, Sargent (1981) sostuvo que:

“The essential measures that ended hyperinflation in each of Germany, Austria, Hungary, and Poland were, first, the creation of an independent central bank that was legally committed to refuse the government’s demand for additional unsecured credit and, second, a simultaneous alteration in the fiscal policy regime. These measures were interrelated and coordinated. They had the effect of binding the government to place its debt with private parties and foreign governments which would value that debt according to whether it was backed by sufficiently large prospective taxes relative to public expenditures. In each case that we have studied, once it became widely understood that the government would not rely on the central bank for its finances, the inflation terminated and the exchanges stabilized”.

No fue la dolarización, ni una caja de conversión, lo que detuvo las cuatro grandes hiperinflaciones examinadas por Sargent. Fue la puesta en práctica de dos medidas coordinadas lo que, además, estabilizó el tipo de cambio: la creación de un banco central independiente y la adopción de un régimen fiscal responsable.

Sobre Jeffrey Sachs, Hanke no hace referencias en los textos que cito. Sin embargo, hubiera sido interesante, teniendo en cuenta que Sachs no recomendó dolarizar para frenar la hiperinflación boliviana. En “What I did in Russia”, Sachs refiere (énfasis en el original):

“In the case of Bolivia, I recommended strong fiscal actions to end a hyperinflation of 24,000 percent (and rising), and I recommended a continuing default on external debts as a prelude to a fundamental renegotiation and cancellation of those debts. The key fiscal action at the start of the program was to increase the price of petroleum products sold by the state-owned enterprise to the public from roughly one-tenth of world market prices to full world-market prices.  Raising oil prices was a coup de grace that ended the hyperinflation by refilling the public coffers with revenues, and thereby enabling the government to stop printing money, the underlying source of the hyperinflation”.

Para evitar la impresión de dinero destinado a gasto público, Sachs propuso “fuertes medidas fiscales”: default para renegociar deudas e incremento del precio de la gasolina.

Hanke tampoco explica en estos textos por qué todas las economías no dolarizadas del mundo tienen actualmente tasas de inflación sustancialmente menores a las de Venezuela, incluyendo las que sufrieron hiperinflaciones en el pasado y conservaron monedas propias décadas después de estabilizar sus precios.

Comentario 5: La economía venezolana no está dolarizada

Muchos repiten que la economía venezolana está dolarizada cuando se exigen algunos pagos en dólares, o cuando algunos pagos en bolívares parecen indexados al marcador del paralelo. Hay quienes reclaman que “en Venezuela toda la economía esta dolarizada menos el salario”. Hanke ha llegado a decir que “la moneda de Venezuela es el dólar estadounidense”. Sin embargo, no se dice lo mismo de Colombia, Argentina o Costa Rica, donde un comprador puede decidir libremente si paga sus compras de alimentos, medicinas o cosméticos en dólares o en moneda nacional. Que los precios de los bienes importados se incrementen en estos países cuando hay una depreciación del tipo de cambio de mercado, o una devaluación, no se esgrime como prueba de dolarización. En el caso de España, por otro lado, la caída relativa de los salarios no se presenta como una “euroización” de todos los precios, menos el del trabajo. Se le llama devaluación salarial, porque no hay una moneda española que puedan devaluar para mejorar su competitividad.

Todo producto importado debe pagarse en la moneda del país de origen, o en una divisa aceptada en dicho país. Hoy es relativamente sencillo pagar en dos o más monedas diferentes en los establecimientos comerciales de varios países (y no sólo en sus aeropuertos), si se utilizan medios de pago electrónicos y el régimen cambiario es transparente y estable. Es de resaltar que los países que reciben turistas pueden facilitar transacciones por esta vía, convirtiendo de inmediato a los vendedores de mercancías en compradores de divisas. Pagar en dólares no significa dolarización de la economía. Que tal cosa sea dicha y repetida en Venezuela puede ser consecuencia de la escasez de bienes importados y de dólares, en un contexto de control de cambios y acelerada inflación. Pero es bueno recordar que antes de 2003 los venezolanos podían hacer transferencias electrónicas entre sus cuentas bancarias en bolívares y dólares con entera libertad, ordenando sus carteras y pagos en las monedas de su preferencia.

En tiempos de abundancia, muchos venezolanos importaron directamente bienes y servicios pagando en dólares sus compras como turistas o por Internet. En tiempos de escasez, las importaciones también deben pagarse con divisas. Que hoy no puedan comprarse dólares en bancos, casas de cambio o comercios por la inexistencia de un sistema cambiario en Venezuela es otro problema. Mientras menos dólares circulan entre venezolanos (algunos de quienes los atesoran en sus casas o en el exterior para sus transacciones y ahorros), menos dolarizada está la economía, más bolivarizada y más aislada del resto del mundo.

Comentario 6: La dolarización no corrige la ausencia de “inhibiciones morales”

Francisco Zalles, calificado como “uno de los ideólogos de la dolarización en Ecuador”, es citado por Cedice afirmando que esta “ha sido la camisa de fuerza que está haciendo que el gasto público en #Ecuador sea más transparente  (y la que les salvó de que el socialismo del Siglo XXI de Rafael Correa les llevara a la miseria)”. Una compilación de los lugares comunes con los que pretende justificarse su necesidad fue escrita por César Gallo y publicada en Prodavinci. El 21 de noviembre de 2017, Cedice sostuvo a través de cuenta en Twitter que:

“La visión de que se recupere institucionalidad rápidamente y que se tomen medidas correctas, lamentablemente está muy lejos de la realidad. Con dolarización evitas que el gobierno siga empobreciendo a gran escala y a pasos acelerados a los venezolanos. Lo contrario es aceptar que millones de venezolanos lleguen a una situación peor de miseria y quedarse con los brazos cruzados viendo cómo aumentarán las consecuencias de ello: hambruna en peor dimensión, muertes y múltiples daños que se pueden evitar”.

Sorprende que parezca moralmente aceptable afirmar que tan sólo dolarizando, en ausencia de instituciones y “medidas correctas”, millones de personas puedan salvarse de una hambruna. Vale decir que:

1. Eliminar el bolívar suprime el riesgo cambiario con respecto al dólar, pero no el de indisciplina fiscal.

2. Sustituir el bolívar por el dólar no suprime el riesgo cambiario con respecto a otras monedas.

3. Eliminar el bolívar acaba con la oportunidad de arbitrar entre tipos de cambio múltiples, pero no elimina todas las oportunidades para la corrupción.

4. Eliminar el bolívar destruye el uso independiente de varios instrumentos de política económica: el tipo de cambio y la tasa de interés entre otros.

5. La sustitución de monedas en efectivo y depósitos generaría considerables dificultades al sistema financiero y pérdidas a tenedores y acreedores de bolívares.

6. La determinación de un tipo de cambio para hacer la sustitución de monedas tiene efectos distributivos, no siendo políticamente neutral.

7. Sustituir una moneda por otra no trasplanta las instituciones, los conocimientos, las tecnologías entre países, ni resuelve conflictos políticos, ni basta para generar y sostener la confianza de inversionistas, acreedores y trabajadores.

El dólar sí puede convertirse en una camisa de fuerza. Paredes considera que la dolarización “obstaculiza el crecimiento sostenido y la capacidad de enfrentar perturbaciones externas sucesivas” en Ecuador. Sin embargo, esta camisa no sirve para la defensa de la moral y las buenas costumbres, como sea que se les quiera entender. Buena parte de los graves problemas venezolanos son consecuencia de la emisión monetaria actual, pero mucho más del manejo de las divisas hecho por el gobierno en tiempos de abundancia. La deuda de la República y de PDVSA fue contratada en dólares porque acreedores y deudores apostaron a la permanencia de un flujo futuro de dólares para pagarla. Los recortes de importaciones para cumplir con la deuda (desde hace años con altas probabilidades de default) han ocurrido porque el flujo de dólares cayó y el gobierno prefirió no hacer nada que reduzca el riesgo país y promueva la inversión en dólares. Los dólares que ingresaron a PDVSA y al BCV fueron desviados hacia el Fonden y allí desaparecieron. La importación de alimentos para PDVAL se pagó en dólares y toneladas de alimentos se pudrieron. Y fuera de Venezuela, en el país del dólar,  el déficit fiscal también existe, la equivalencia ricardiana ha sido tema de estudio y la discusión por el destino de los recursos públicos tiene consecuencias sobre la salud de los más pobres.

El bálsamo de Fierabrás

Luego de la paliza del Capítulo XVI, el Quijote consuela en el XVII a Sancho Panza: “No tengas penas, amigo, dijo Don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso, con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos”. Preparó y bebió “el salutífero bálsamo”:

“Y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dió un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que lo arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así, y quedóse dormido más de tres horas, al cabo de las cuales despertó, y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano, y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás, y que con aquel remedio podía acometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera riñas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad… Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así primero que vomitase le dieron tantas ansias y bascas con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y viéndose tan afligido y acongojado, maldecía el bálsamo y el ladrón que se lo había dado. Viéndole así Don Quijote le dijo: Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si eso sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela, ¿para qué consintió que lo gustase? En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta priesa que la estera de enea, sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de angeo con que se cubría fueron más de provecho; sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes, que no solamente él, sino todos pensaban que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener…”

Dolarizar para no adoptar políticas responsables empeoraría todos nuestros males. Sería como tomar, después de la paliza, el bálsamo de Fierabrás.

Fotografía de la ANC

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la anunciada Ley Constitucional de Precios Acordados (LCPA) publicada en Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017.

A pesar del origen fraudulento e inconstitucional de la ANC y aunque no es de su competencia formular, revisar o aprobar leyes, es previsible que a partir de esta llamada “ley constitucional”, el Ejecutivo Nacional fije el precio de bienes sensibles para el consumo de los ciudadanos en el contexto de la peor crisis económica de la Venezuela contemporánea. Vale notar que la Ley Constitucional Contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica y la LCPA son las primeras regulaciones que pueden impactar sobre la actividad económica aprobadas por la ANC desde su instalación en agosto de 2017.

El núcleo de la LPCA: el Programa de Precios Acordados y la fijación “acordada”
de los bienes y servicios “priorizados” que determine el Poder Ejecutivo

La LCPA supone el relajamiento, al menos desde un punto de vista formal, del férreo sistema de control de precios previsto en la Ley Orgánica de Precios Justos, que facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para la determinación unilateral del “precio justo” de toda clase de bienes y servicios. En este sentido, la LCPA pretende establecer bases para la fijación “acordada” de los bienes y servicios “priorizados” que determine el Poder Ejecutivo. Importa recalcar que esta Ley sólo aplica para los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional determine como “priorizados”.

Para dar lugar a esta concertación que se quiere ensayar, se creará una Programa de Precios Acordados (PPA), en el cual se realizarán “negociaciones de precios acordados” bajo la secretaría técnica de la Vicepresidencia de la República, a través de las cuales se realizarán convenios entre el Poder Ejecutivo Nacional y los sectores económicos sobre los cuales se determinen bienes y servicios priorizados (artículos 1 y 2).

Los lineamientos de ese PPA están en los artículos 7 y 8 de la LCPA, mientras que el artículo 9 señala los lineamientos para la realización de los análisis de costos.

Vale decir: la política de “precios acordados” no es innovación alguna. Hace más de 30 años se trató de implementar una política de “precios acordados” de manera poco exitosa: en julio de 1984, durante la presidencia de Jaime Lusinchi, se sustituyó el Sistema Administrado de Precios por un nuevo régimen que creó la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios (Conacopresa) y bajo el cual el control de precios pasó a ser una política de concertación entre el Gobierno Central, los empresarios y los trabajadores.

3 claves sobre la LCPA en el contexto de la crisis económica

1. La ley no limita el número de productos cuyos precios serán regulados. El propio presidente Maduro había anunciado la aplicación de la política de precios acordados para una lista de 50 bienes y servicios prioritarios, los mismos que conforman la lista del Plan 50 que data de enero 2016. Incluso, en las semanas previas a la aprobación de la Ley, el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami afirmó que próximamente sería publicada la lista de precios acordados de esos 50 bienes y servicios. Sin embargo, en la Ley no se precisa que la regulación se limitará a un determinado número de rubros, lo que le permitiría al Ejecutivo Nacional aplicar precios acordados a cualquier bien y servicio a conveniencia y de forma arbitraria. En todo caso, justo el 23 de noviembre la SUNDDE publicó los nuevos “precios acordados” de la pasta, la caña de azúcar y la crema dental.

2. La LCPA seguramente producirá los mismos o peores resultados. La Ley de Costos y Precios Justos y la posterior Ley Orgánica de Precios Justos preveían que los precios serían fijados en función de las estructuras de costos de las empresas productoras. Esto sería, en esencia, un “acuerdo” tácito, limitado por el margen de ganancia que el Gobierno Nacional consideraba “justo”. Sin embargo, muchos precios –por no decir la gran mayoría– terminaron rezagados por las dificultades para su actualización (e incluso anticipación) de manera oportuna ante los crecientes costos de los insumos productivos y capital humano.

Si los ahora denominados precios “acordados” dependerán de unas reuniones de negociación, los acelerados niveles de inflación obligarían a tener dichas reuniones con una periodicidad tan frecuente, que terminarían siendo logísticamente inviables y los precios acordados terminarían quedando rezagados. Más aún, “acordar” precios resulta poco creíble cuando una de las partes negociantes es el Gobierno Nacional que, de por sí, tiene la última palabra en materia regulatoria. De hecho, en el artículo 12 de la LCPA se reserva al Estado la facultad de fijar unilateralmente los precios de los productos priorizados “cuando así lo requieran circunstancias especiales o el interés general y social”.

3. La fijación pactada de precios no va a las causas del problema. La LCPA se dicta en el momento en el cual la inflación alcanza las más altas cotas de la historia del país Además, se dicta en un período crítico de la escasez de alimentos y medicamentos. Sin embargo, se mantiene una política fiscal desordenada que impulsa la inflación, no se genera un ambiente de confianza para impulsar la producción local y así atacar el problema de escasez. En esencia, la LCPA sólo intenta paliar de nuevo las consecuencias de las políticas económicas erradas, en un círculo vicioso dramático para los venezolanos.

Fotografía de Inti Ocon / AFP

La Nicaragua de Rubén Darío se viste de gala con el Premio Cervantes 2017 para el narrador y ensayista Sergio Ramírez. Entre su amplia y reconocida obra destaca Adiós muchachos. Se trata de la autobiografía del autor en la cual narra sus experiencias como rebelde en contra de la dictadura de Somoza, así como la desilusión vivida con la experiencia del primer gobierno de Daniel Ortega, del cual Ramírez fue vicepresidente.

El autor refiere las políticas del gobierno sandinista de Daniel Ortega al pretender reproducir el modelo soviético-cubano. Las nacionalizaciones y expropiaciones desbordadas, la hiperinflación, así como la corrupción produjeron la desilusión de lo que para muchos fue inicialmente una utopía. Señala que la revolución sandinista en sus inicios trajo a Nicaragua la sensibilidad por los pobres. “Los pobres —afirma Ramírez— siguen siendo la huella humanista del proyecto que se fue despedazando por el camino, en su viaje desde las catacumbas hasta la pérdida del poder y la catástrofe ética”. Con hermosa escritura describe una dolorosa realidad.

Este proyecto de contenido social —solo en la retórica— fue mostrando sus iniquidades en el ejercicio del poder. La revancha rencorosa y la falta de escrúpulos acabó con lo que había comenzado como una ilusión para terminar en un fracaso, como era de esperarse, porque la aplicación del modelo marxista, según enseña la historia, solo genera hambre y miseria. Esto último es una verdad objetiva que no admite discusión.

No obstante, y paradójicamente, se fue consolidando el poder de Daniel Ortega, quien, pese a perder el poder sucesivamente en las elecciones de 1990 y las siguientes, pudo recuperar la presidencia en el año 2006 y mantenerse allí hasta ahora. Queda, al menos, demostrado que hasta los sandinistas han aceptado una derrota electoral. Eso sí, aprendieron la regla de los revolucionarios: alcanzar el poder y no perderlo, mantenerlo “como sea”.

Los “triunfos” sucesivos de Ortega lo han convertido de hecho en la reencarnación izquierdista de Somoza; junto a su esposa amenaza con implantar una dinastía, debido a la antidemocrática elección indefinida que caracteriza a los gobiernos populistas latinoamericanos

Cuando los revolucionarios toman el poder, lo hacen para ejercerlo “como sea”, porque como afirma Sergio Ramírez: “Una propuesta de cambio radical necesitaba de un poder radical […] un poder para siempre […] Y en esa circunstancia, los moderados comienzan a resultar sospechosos”. Sigue explicando Ramírez que la unidad de los sandinistas quedó sellada el 7 de marzo de 1979 en Panamá, con la presencia de un personaje que no podía faltar en un evento como este: Fidel Castro, quien “como patrocinador del acuerdo lo volvía irresistible”. Es que Fidel Castro ha sido el gran operador de los programas revolucionarios latinoamericanos que han traído enfrentamientos sanguinarios con quienes disientan de su modelo.

Sergio Ramírez atribuye la derrota del sandinismo de esa época (1990) a los contra, es decir, a la violencia, pese a que el triunfo de la candidata opositora Violeta Chamorro fue por la vía electoral. La situación de Nicaragua era crítica, debido a la aplicación de los esquemas económicos castristas y las sanciones económicas del gobierno de los Estados Unidos.

Más allá de las reflexiones del galardonado escritor, se puede aprender que sí es posible derrotar al populismo marxista; para ello es necesaria la unidad de los opositores. Si no hay unidad, los regímenes autoritarios de inspiración castrista están destinados a perpetuarse. Por eso, una oposición con claridad de objetivos, coherente y decidida pone contra la pared a los totalitarismos, como lo enseña la experiencia.

De Adiós muchachos se pueden extraer varias lecciones. En primer lugar, los resultados políticos derivados de elementos de resentimiento, nepotismo, corrupción y deseo de venganza como los que caracterizaron al sandinismo en el poder. En segundo lugar, Ramírez hace evidente que cuando un revolucionario marxista toma el poder es para aniquilar las libertades.

Cuando Ortega recuperó el poder en el año 2006 adornó su discurso en lo político para hacerlo potable, y decidió aplicar la receta utilizada por China: control comunista del poder político y aplicación del capitalismo en lo económico. Esto último diferencia al régimen de Ortega del chavismo en el cual se aplica la receta castrista en su totalidad, con sus letales consecuencias: derrumbamiento de cualquier expresión de libertad y abatimiento económico sin salida.

Fotografía de Getty Images

Al caso de Sergio Ramírez se suma lo ocurrido con Ernesto Cardenal, quien recibió el Premio Rina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2012 y, además, fue ministro de Cultura de la revolución y, en el pasado, un símbolo de la lucha sandinista —los izquierdistas venezolanos de la época de los setenta lo llamaban El poeta de la revolución—.

Cardenal deja constancia de sus diferencias en sus memorias, La revolución perdida al advertir los desvaríos y corrupción de la revolución. Se separa de Ortega y del sandinismo con palabras indelebles: “Este no es el Frente Sandinista al que nosotros entramos”. Coincide con Ramírez en que la guerra de los contra y las sanciones económicas de los gobiernos de Ronald Reagan y George H.W. Bush fueron determinantes en la derrota de la revolución. Sin embargo, el poeta se decepciona del sandinismo y de su líder Daniel Ortega y se separa de este movimiento en 1994. Como consecuencia de esto y de las críticas del poeta hacia los abusos de Ortega y de su esposa, se inició la persecución en su contra mediante un arma muy socorrida por los regímenes autoritarios: el Poder Judicial. (La revolución bolivariana se asemeja al primer gobierno de Ortega, repudiado por Ramírez y Cardenal).

La utopía revolucionaria de Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal se esfuma al enfrentarse con la realidad de lo que significa el Mal. Tarde o temprano, los intelectuales se decepcionan de lo que se inicia como un compromiso de reivindicación social para convertirse en un sistema de retaliación autoritaria, dádivas populistas y manipulación ideológica.

Fotografía de la ANC

Resulta paradójico que quien ha usado el discurso político para fomentar el odio pretenda regularlo por medio de la denominada Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Lo que ocurrirá es que este instrumento, de legalidad aparente y título ampuloso, será utilizado únicamente para perseguir a quien disienta del pensamiento único que se pretende imponer por quien maneja el poder.

Lo primero que debe señalarse es que una asamblea constituyente solo puede elaborar una nueva Constitución y no está habilitada para dictar leyes. En el caso venezolano el asunto es aún más claro, porque la constituyente cohabita con la Asamblea Nacional que es la instancia facultada para elaborar las leyes. De manera que las leyes que se dictan por la ANC solo se pueden aplicar por la vía de los hechos y no del derecho. Carecen de base constitucional y democrática.

Según el texto aprobado, el objeto de la ley es: “contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación” (artículo 1). Esta declaración no sería objetable en un sistema democrático con separación de poderes y con jueces independientes. No lo es en un régimen autoritario sin independencia de poderes, en el cual la experiencia enseña que la magistratura se usa para restringir derechos a quienes, amparados en la Constitución, proponen pacíficamente el cambio del modelo político socialista.

La definición del odio es difícil jurídicamente porque se trata de un concepto jurídico indeterminado, al no estar delimitado de manera específica. La buena fe, la injuria grave como causal de divorcio, por estar sujetos a distintas interpretaciones, deben ser precisados por el juez al momento de su aplicación. Así ocurre con el odio señalado en la mencionada ley: el juez debe definirlo en el caso concreto.

El asunto es más complejo, al menos en teoría, de lo que a primera vista aparece. El odio es, según el diccionario de Maria Molinar: “Sentimiento violento de repulsión hacia alguien, acompañado de deseo de causarle o de que le ocurra algún daño”. Se trata de un estado de ánimo de quien padece el odio, que no pasa a la acción. Por ser un sentimiento, no puede ser sancionado penalmente. Pretender hacerlo implica una violación a los derechos humanos de los afectados, debido a que establece delitos de imposible ocurrencia.

Lo mismo ocurre con el amor, con el hambre, con la angustia o con la envidia. No son susceptibles de ser sancionados penalmente. Si alguien sufre de envidia contra los demás, por alguna razón recóndita, este padecimiento no puede ser tipificado como delito. Es un asunto psiquiátrico que escapa al radio del derecho penal.

El texto pretende relacionar el odio con la búsqueda de la paz. En este sentido señala: “El Estado, las familias y la sociedad, tienen el deber y derecho de promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos” (artículo 4). De ser sincero este postulado, el gobierno queda obligado a promover estos valores y cumplir con la máxima: “el ejemplo empieza por casa”. Por eso, y si quieren ser coherentes, deben disolver los llamados “colectivos” que son un factor de perturbación para la tranquilidad y paz ciudadana.

Si el Estado tiene el deber de promover la “diversidad, la tolerancia, la igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria”, debe comenzar el gobierno por liberar los presos políticos, suspender los programas del canal del Estado en los que se burlan y humillan a los opositores. La convivencia solidaria significa que hay que darle entrada a las instituciones del Estado a quienes tengan una manera de pensar distinta al “socialismo del siglo XXI”. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremos de Justicia y demás instituciones deben reflejar toda la sociedad y no a un solo sector.

La tolerancia implica el respeto por las ideas y pensamientos de los demás y lleva implícito la diversidad en todas sus manifestaciones. No hay tolerancia cuando no se aceptan las ideas contrarias. Los calificativos como “traidores de la patria”, “escuálidos, “agentes del imperio” y otras equivalentes son manifestaciones de intolerancia que violan el texto de la referida “ley” del odio.

Este instrumento señala como criterio de interpretación “aquella alternativa que brinde mayor protección a los derechos humanos, la paz y la convivencia pacífica” (artículo 6). De aplicarse este principio de interpretación, los jueces no podrán violar la libertad de expresión con fundamento en este instrumento de legalidad aparente. Aplicar la Ley contra el odio para perseguir a opositores es una violación a los derechos humanos, que el instrumento declara proteger.

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, retratado por Manuel Reverón

El viernes 3 de noviembre de 2017, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, declaró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría prohibido salir del país al diputado Freddy Guevara, coordinador nacional interino del partido Voluntad Popular. No hubo antejuicio de mérito, pues el TSJ estimó que eso era innecesario ya que el vicepresidente de la Asamblea Nacional estaría cometiendo un delito flagrante y permanentemente. Esta decisión de la Sala Plena del TSJ fue el resultado de una petición de Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como Fiscal General de la República en sustitución de Luisa Ortega Díaz. En ese sentido, el TSJ remitió las actuaciones a la ANC para que allane la inmunidad parlamentaria de Guevara y sea luego juzgado por tribunales ordinarios.

Lo ocurrido en el caso de Guevara es un procedimiento de facto, pues nada de lo que ha sucedido está previsto en la Constitución o en la ley. Además, se hizo de manera tal que no se le concedió oportunidad alguna para defenderse. Desde el punto de vista práctico resulta absurdo a todas luces intentar impugnar este procedimiento.

Con injerencia del Poder Ejecutivo

Llama la atención que quien haya anunciado al país la decisión dictada contra el diputado Guevara haya sido el vicepresidente de la República, quien previa y públicamente acusó al diputado opositor de haber cometido actos terroristas, no tiene competencia alguna para participar en el procedimiento contra el diputado, y no es miembro del Ministerio Público, del Poder Judicial o del parlamento, los cuales son los únicos entes que tienen competencia respecto del enjuiciamiento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Vale decir que los procesos penales son, por mandato legal expreso, reservados para terceros, lo cual incluye a todos los órganos del Poder Ejecutivo nacional.

Sin derecho a la libertad

La decisión de la Sala Plena supone una restricción a la libertad personal de Guevara, ya que se decretó una medida cautelar que le impide salir de Venezuela. No obstante, en el fallo del TSJ solo se dice que el referido tribuno tiene facilidades para evadir el proceso en su contra ya que ha realizado múltiples viajes fuera del país. Si este criterio fuese suficiente para prohibir la salida del país, todos los pilotos o sobrecargos de vuelos internacionales tendrían que ser juzgados en prisión, pues salen frecuentemente de Venezuela. Es por lo anterior que de acuerdo a la ley deben establecerse 3 requisitos concurrentes para decretar medidas cautelares restrictivas a la libertad personal, a los cuales no hizo alusión alguna el TSJ en la decisión contra Guevara.

Sin derecho a la defensa

Según la Constitución, el parlamentario tenía derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan desde el comienzo de la investigación. También debía contar con los medios y el tiempo suficiente para defenderse eficazmente. Contrariamente, la solicitud de Tarek William Saab fue presentada en el TSJ un día antes de que se emitiera la decisión contra Guevara, a quien jamás se le notificó de la averiguación en su contra o de la petición que se introdujo en el TSJ. Dicho lo anterior, solo resta señalar lo obvio: es imposible defenderse de lo que se desconoce.

Sin antejuicio de mérito

Conforme a lo establecido en la Constitución, los diputados de la Asamblea Nacional como Freddy Guevara gozan de inmunidad parlamentaria. Esto implica que los diputados no pueden ser enjuiciados sin que previamente se realice una audiencia para que puedan defenderse de la querella que haya presentado en su contra el fiscal general. A pesar de esto, el diputado no tuvo antejuicio de mérito, ya que la Sala Plena del TSJ estimó que en casos de flagrancia ello es innecesario.

Ahora bien, en el caso de Guevara no hubo una detención en flagrancia sino una averiguación realizada a sus espaldas. Quizás por ello el TSJ estableció que el parlamentario habría delinquido, permanentemente y sin cesar, desde mayo hasta noviembre de 2017, confundiendo tres conceptos completamente distintos: el delito flagrante con los delitos continuado y permanente. Dicho de manera sencilla, un delito es continuado cuando la acción delictiva se repite constantemente en el tiempo, mientras que un delito es permanente cuando la misma acción delictiva permanece a lo largo del tiempo. Lo cierto es que, continuado o permanente, el presunto delito de Freddy Guevara no fue flagrante, pues no fue capturado mientras lo cometía, a poco de haberlo cometido, o en posesión de los instrumentos para cometerlo.

Sin la Asamblea Nacional, pero con la Constituyente

Como se ha señalado ya, la decisión del TSJ contra el diputado Guevara tuvo su origen en una solicitud de Tarek William Saab, quien ocupa el cargo de fiscal general de la República, designado por la ANC y no por la Asamblea Nacional en contra de lo que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por otro lado, el TSJ delegó en la ANC y no en la Asamblea Nacional la facultad de allanar la inmunidad parlamentaria de Guevara, en contravención de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal.

Recuérdese además que la ANC fue convocada unilateralmente por un solo hombre, el presidente Nicolás Maduro, y no por el pueblo venezolano como manda la Constitución. Adicionalmente, los miembros de esa ANC fueron electos en una votación marcada por graves acusaciones de parte de Smartmatic, la empresa encargada del procesamiento electrónico de los comicios. Paradójicamente, señalamientos semejantes son la raíz de la tesis del desacato de la Asamblea Nacional, que es lo que ha servido para arrebatarle las funciones al parlamento y permitir que el proceso contra Guevara se lleve a cabo sin el consentimiento y la participación de la Asamblea Nacional.

Salida política

A pesar de ser absolutamente incontrovertible desde el punto de vista jurídico lo expresado acá, es la palabra del TSJ lo que priva en la realidad. Se trata en consecuencia de un asunto de naturaleza eminentemente política, por lo que Freddy Guevara solo podrá conseguir un fallo ajustado a derecho ante instancias supranacionales. Dudo que ese hipotético pronunciamiento sea oportuno, por lo que mientras llega, Guevara y el pueblo que lo eligió están en un callejón sin salida jurídica.

El caso de Guevara debe ser visto como el anuncio de muchos más por venir, por lo que a los líderes opositores les toca mirarse en el espejo de la oposición chilena en tiempos de Pinochet o la española en los de Franco.

Es trivial e impreciso afirmar que el mundo del presente es políticamente más convulsionado de lo que fue hace una o tres décadas o un siglo. Lo que realmente varía son nuestras expectativas de progreso, de avance en términos de alguna simplista idea de evolución desde lo menos hacia lo más, desde lo precario hacia lo exuberante, desde lo primitivo hacia lo sofisticado. Hoy, simplemente, parece más probable el retroceso. La frustración de las promesas que nos creímos, la rabia que sucede a la amenaza, el miedo que castra el pensamiento, un poco de todo esto, nos ha regresado a la certeza de que también es posible la involución, el retroceso, la conversión de los sueños en cenizas.

Lo que resulta cierto es que dos de los principales paradigmas de nuestra civilización, la democracia liberal y el capitalismo de mercado, están hoy amenazados. En unos casos, estas amenazas son apenas fuerzas latentes, sugerencias de rabias políticas incubadas, señales tenues de posibles mareas o ríos crecidos, pero en otros, cada vez más cercanos, hablamos de resultados políticos concretos, de triunfos electorales de la furia y el lodo que prometen arrasar libertades y conquistas en nombre de verdades reveladas y venganzas milenarias.

Cuando Hugo Chávez irrumpió en la presidencia de Venezuela, en diciembre de 1998, a muchos les resultó un giro tan simpáticamente irreverente como inocuo. Luego descubrimos que la rabia contra esos dos paradigmas liberales no era un ejemplo pasajero más del realismo mágico latinoamericano, sino más bien una pandemia de complejas raíces virales, largo alcance y devastadoras consecuencias. Así creció la fuerza política de Viktor Orban en Hungría, Geert Wilders en Holanda, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, Jarosław Kaczyński en Polonia y Donald Trump en los EEUU.

Mi intención no es, sin embargo, volver al lugar común de éstos hijos de perlas. Lo que quiero, acá, en estas líneas o en estos minutos que ustedes me regalan, es dibujar el tamaño de la amenaza, fijar una posición más allá de toda duda razonable, y atisbar una lectura de las señales que anticipan el barranco y de dónde hay que mirar para prevenir accidentes.

El malestar con la democracia liberal

En la edición de enero de 2017 del Journal of Democracy, Roberto Stefan Foa, de la Universidad de Melbourne y Yascha Mounk, de la Escuela de Gobierno de Harvard, publicaron un interesante artículo cuyo tema central podríamos aproximar como “Las señales del retroceso democrático“.  Foa y Mounk comienzan mostrando el crecimiento de la insatisfacción ciudadana con las instituciones políticas de la democracia liberal en una muestra de seis países: Australia, Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia y los EEUU. En todos estos casos, uno de los elementos más preocupantes es la reducción en la proporción de quienes consideran como esencial vivir en una democracia, cuando se comparan entre sí a las seis cohortes nacidas entre 1930 y 1980. Veamos, por ejemplo, el caso de Australia: mientras alrededor del 70% de los nacidos en la década de 1930 consideran esencial vivir en una democracia, esta proporción cae a 40% entre los nacidos en la década de 1980 (millennials). Este patrón de descenso generacional se repite en los seis países mencionados.

En otra referencia similarmente escalofriante, se observa que en una muestra de 22 países de los cinco continentes ha habido un incremento relevante de los ciudadanos que opinan que “un líder fuerte que no tenga que preocuparse con parlamentos y elecciones sería una buena alternativa para dirigir su país”. Esta variación, aterradora para quienes nos consideramos liberales, se obtiene al comparar los resultados de la encuesta realizada en 1995-97 con los obtenidos de la misma encuesta realizada entre los años 2010 y 2014.

El resto de la argumentación de Foa y Mounk se centra en el análisis de los casos de Polonia y Venezuela, como evidencia de (1) que existen señales previas que anticipan estos procesos de “deconstrucción” de la democracia, las cuales suelen ser ignoradas o no percibidas por los políticos tradicionales, y (2) que el ascenso de populistas al poder suele implicar un desmontaje muy costoso (y quizás irreversible) de las salvaguardas institucionales de la democracia liberal, tales como la independencia del poder judicial, la existencia de medios de comunicación libres y la protección de los derechos políticos de las minorías.

El mensaje es claro y la evidencia mostrada por casos como el venezolano es incontrovertible: La democracia está en peligro. Los populistas pueden llegar al poder gracias a los mecanismos de la democracia liberal, pero al destruir estos mecanismos podemos quedarnos sin los medios para removerlos. Mientras estemos a tiempo, es preciso defender a la democracia liberal de los intolerantes, lo cual pasa por comprender las fuentes de la desafección ciudadana y tomar medidas de respuesta.

El malestar con el capitalismo y los callejones sin salida

Las críticas al capitalismo son tan antiguas como religiosamente arraigadas en ciertos segmentos de la sociedad civil global. El gran problema es que cuando las críticas al capitalismo mezclan la religiosidad marxista con la ceguera del resentimiento, y esto se traduce en un proyecto de cambio político exitoso (sea por la vía electoral o por la vía de la violencia revolucionaria), las medicinas terminan siendo peores que la enfermedad. Todos los experimentos revolucionarios han desembocado en las versiones más perversas del capitalismo: el capitalismo de mafias, familias y militares, cuyos negociados son protegidos por todo el poder coercitivo de Estados autoritarios.

Quienes hemos vivido de cerca estos procesos revolucionarios, llámense Corea del Norte, China, Cuba o Venezuela, sabemos que tras el asalto idealista siempre viene un resurgimiento de un tipo de acumulación de capital basada en la escasez y en los mercados negros, pero que esta vez es abiertamente monopolizada por amigos y familiares, por militares y cuadros del partido, por mafias, policías y guardaespaldas, mientras esta acumulación de capital es protegida u ocultada por el fervor de los creyentes y los vengadores milenarios.

Uno de los riesgos más alimentados por los desastres revolucionarios es el retorno a una defensa acrítica, y también mitológica, del capitalismo realmente existente. En primer lugar hay que decir, de manera clara e inteligible, que la mejor respuesta conocida a una sociedad dominada por mafiosos, policías y creyentes es una mezcla entre capitalismo de mercado e instituciones democráticas. Pero también es preciso reconocer que la discusión sobre la factibilidad de esa mezcla está a menudo arrinconada por la diatriba entre revolucionarios y conservadores, esa que plantea las cosas en los términos simplistas del “todo o nada”. Sin una discusión seria e informada sobre los problemas y las raíces del malestar, estaremos condenados a movimientos pendulares, a la acumulación de resentimientos que cada tanto explotan y traen a un Trump o a un Chávez, a un vendedor de ideas simplistas de supremacías y enemigos externos, a un agitador o a un obispo que cava una trinchera y nos expulsa.

Es mejor Macri que los Kirchner, pero sin una discusión seria y sin respuestas institucionales apropiadas, pronto regresará Perón.

Los problemas del capitalismo y las respuestas institucionales

En un papel de trabajo (working paper) publicado en julio de 2017, simultáneamente por la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago y por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), y titulado “Hacia una teoría política de la firma“, Luigi Zingales aborda la discusión sobre los problemas del capitalismo y sugiere un conjunto de respuestas institucionales.

Zingales parte de un dato estilizado: si agregamos países y empresas según el valor de su producción total para el año 2015, diez empresas aparecen dentro de las 30 entidades más grandes del mundo.  Walmart (N° 9), State Grid Corporation of China (N° 15), China National Petroleum (N° 15), Sinopec Group (N° 16), Royal Dutch Shell (N° 18), Exxon Mobil (N° 21), Volkswagen (N° 22), Toyota (N° 23), Apple (N° 25), y BP (N° 27). “En algunos casos, estas grandes corporaciones tenían fuerzas de seguridad privadas que rivalizaban con los mejores servicios secretos, oficinas de relaciones públicas que harían ver pequeñas al centro de dirección de una campaña presidencial de los EEUU, más abogados que el Departamento de Justicia estadounidense y suficiente dinero para capturar (mediante donaciones electorales, lobby y sobornos explícitos) a una mayoría de los representantes electos.” [1]

El argumento central del trabajo de Luigi Zingales es que la interacción entre el poder concentrado de las grandes corporaciones (o grupos económicos) y la política representa una amenaza para el funcionamiento de una economía de libre mercado, y para la prosperidad económica que este tipo de economía puede generar, y al final del día, una amenaza también para la democracia.

El problema con el capitalismo actual es que el poder de las grandes empresas es tal, que les otorga una posición privilegiada para diseñar las reglas del juego (unas que les favorezcan) y para transformarse en fuerzas políticas determinantes. Zingales llama a esto “el Círculo vicioso de los Médicis”: El dinero es usado para ganar poder político y el poder político es entonces usado para ganar más dinero”.

Para Zingales, la respuesta más eficaz frente al  Círculo vicioso de los Médicis es la orquestación de una serie de amarres institucionales, del tipo creado por los países escandinavos. A grandes rasgos, estos países muestran un balance entre un Estado con una fuerte capacidad administrativa basada en el principio de la “imparcialidad“, por una parte, y un sector privado económicamente competitivo. En particular, las herramientas políticas o institucionales que definen a esos “amarres institucionales” son las siguientes:

—Una normativa que incremente la transparencia de las actividades corporativas (e.g., leyes de transparencia del lobby; obligaciones de comités de auditoría independientes, cuyos miembros sean responsables de conocer y atender las desviaciones éticas);

—Mejores reglas que limiten las llamadas “puertas giratorias” entre los funcionarios del Estado (agencias regulatorias, principalmente) y el empleo en la empresa privada, con énfasis en atender el riesgo de captura de científicos y economistas por parte de los intereses corporativos;

—Un uso más agresivo de las autoridades antimonopolio y procompetencia;

—Prerrogativas que protejan la independencia de los medios de comunicación y de los periodistas, frente a los intereses políticos, gubernamentales y corporativos;

—Una mezcla entre limitaciones al financiamiento privado de las campañas electorales y un grado de financiamiento público de estas; y

—El uso de mecanismos que protejan la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial

Conclusiones

El auge del populismo, tanto de izquierda como de derecha, y las victorias electorales de sus representantes representa una de las más preocupantes amenazas a la democracia liberal. Los populistas son elegidos gracias a la frustración de los ciudadanos frente a la labor de los políticos tradicionales y frente a las expectativas de incrementos sostenidos del nivel de vida y de las oportunidades económicas y sociales. Este desencantamiento ha llevado a muchos electores a depositar su confianza en actores políticos advenedizos, a los cuales se les suele entregar poderes especiales, con la esperanza de que lleven adelante políticas que beneficien a las mayorías sin las limitaciones que imponen los intereses de las élites tradicionalmente favorecidas.

La experiencia reciente nos enseña que estas apuestas de los electores decepcionados resultan sumamente costosas, debido a que una vez que se eliminan o cercenan los balances y equilibrios institucionales (e.g., se otorgan poderes amplios a los presidentes, se reduce la autonomía del poder judicial y de los medios de comunicación), entonces se reducen peligrosamente las posibilidades de desplazar democráticamente a gobernantes impopulares. Estas entronizaciones políticas que generan las “cartas blancas” a los populistas también incentivan la formación de mafias, de poderes no sujetos a la competencia política abierta, los cuales se especializan en proteger sus beneficios, sobre la base de la profundización de mercados negros y situaciones de escasez.

Sin embargo, una inmunización política frente a estos riesgos, que sea democráticamente sostenible,  implica una revisión abierta de los problemas que la relación entre negocios y política implica para el sostenimiento del capitalismo de mercado. La ignorancia o el desprecio de la discusión señalada por Zingales y otros, tanto por razones políticas cortoplacistas como por velos ideológicos, no hace sino postergar el avance del populismo y destruir la legitimidad del capitalismo de mercado. Esto nos deja frente a dos versiones semejantes de un mismo fenómeno: el capitalismo de Estado, basado en la monopolización de las oportunidades bajo un manto de escasez y mercados negros, o el capitalismo de “amigos y familiares”, basado en una simulación de competencia y en la cooptación de la política por parte de las empresas.

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[1]. Zingales, L. (2017), Towards a Political Theory of the Firm. Stigler Center for the Study of the Economy and the State University of Chicago Booth School of Business, New Working Paper Series N° 10, Página 2.

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Fotografía de la Universidad de Virginia

La posibilidad de que se dicten decisiones antidemocráticas por parte de la justicia constitucional ha sido expuesta por John Hart Ely, uno de los constitucionalistas más influyentes en el mundo jurídico norteamericano. Su obra canónica Democracia y desconfianza es una referencia en las discusiones más elevadas sobre el papel de la justicia constitucional en una democracia. Es una cita recurrente en la doctrina constitucional contemporánea.

Hay una desconfianza natural de los ciudadanos en los procesos políticos dominados por los intereses partidistas. Así ocurre en aquellos sistemas donde las tendencias ideológicas se adueñan de la justicia constitucional, al someter la interpretación constitucional a simpatías políticas y no a los beneficios generales de la sociedad. Si no hay confianza en la justicia constitucional, esta se convierte en una amenaza para la libertad. La jurisdicción constitucional se deslegitima en la medida en que sus sentencias son instrumentos del poder para aniquilar derechos o para beneficiar a determinados sectores.

Frente a los problemas constitucionales complejos se debe escoger entre las distintas opciones aquella que se ajuste más a los valores republicanos. Entre los problemas difíciles se pueden mencionar los derechos de los homosexuales, el aborto, la eutanasia y otros equivalentes por su complejidad. En Venezuela se debe añadir las materias que involucren derechos humanos, libertades ciudadanas y, sobre todo, la transparencia e igualdad electoral. Si la justicia constitucional obstaculiza estos valores, se convierte en un factor de perturbación de la libertad y los derechos ciudadanos. Una república necesita jueces imparciales que defiendan las reglas democráticas consagradas en la Constitución.

Ely propone que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos -que es el sistema que analiza- no puede anular por inconstitucionales actos del poder legislativo, en vista de que esto es antidemocrático. Además, expone dos reglas nucleares adicionales que deben orientar al juez constitucional: defender la representación popular y facilitar los caminos de la alternancia política. El papel del juez constitucional es, en definitiva, garantizar el voto para que todos los sectores políticos puedan participar en igualdad de oportunidades. Por eso la justicia constitucional sí tiene un papel relevante que jugar en la democracia; pero siempre como instrumento que facilite el juego político y no que los obstaculice.

La restricción de los derechos y de la libertad en función de unos “valores superiores” defendidos por una élite -o nomenklatura– no democrática lo explica Ely a través del “principio del Führer”. Este principio se sustenta en la afirmación de Hitler: “Mi orgullo es que no reconozco a ningún estadista del mundo que, con mayor derecho que yo, pueda decir que él representa a su pueblo”. En otras palabras, la fuente del Derecho es la voluntad del Führer tal como pretendió justificarlo la enorme inteligencia de Carl Scmitt, al sostener la tesis según la cual la voluntad de un dictador podía ser fuente de Derecho. Esta chocante afirmación se traduce en que en los régimenes totalitarios, los jueces hacen lo que diga el tirano y de esa manera convierten en realidad la propuesta de Schmitt.

El “principio del Führer” permitió modificar las sólidas instituciones jurídicas del sistema romano-germánico y lo sustituyó por el sistema jurídico nazi. La figura del magistrado independiente fue sustituida por jueces incondicionales al programa del nacionalsocialismo. La fuente del Derecho dejó de ser la prestigiosa Constitución de Weimar, reemplazada, en primer lugar, por la voluntad del Führer; y, en segundo lugar, por el nefasto programa del partido nazi. En ese contexto, el nazismo alimentaba al Poder Judicial, al tiempo que los estudios jurídicos fueron modificados para cambiar el perfil del abogado alemán por el del abogado nazi. Si a esto se suma -explica Ely- la definición soviética de democracia, tendríamos el cuadro completo en el cual la élite que controla el poder evitará “como sea” que el pueblo decida por medio del voto libre.

Hay, entonces, dos nociones necesarias en una democracia: la justicia constitucional y el sistema electoral libre y transparente. Son el yin y el yang del sistema, y constituyen dos pilares nucleares para garantizar que sean las mayorías quienes decidan. La justicia constitucional debe garantizar el sistema electoral en caso de desvaríos. No es una élite que se atribuye la representación del “pueblo”, como lo creía Hitler; ni un estado que todo lo controla, como lo predicaba Stalin.

Para muchos los poderes del juez constitucional han estado bajo sospecha y por eso su facultad de anular actos del poder legislativo -elegido democráticamente- debe ser eliminada. Aquí se corre el riesgo de que no habría control sobre una ley con apariencia de inconstitucional, pero es un riesgo menor al lado de lo que significa el poder desbordado del juez constitucional. La obra de John Hart Ely es una valiosa contribución para reflexionar sobre estos problemas que afectan los valores de la democracia.

Fotografía de @ANC_ve

Se cumplen tres meses de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Y es preciso advertir de nuevo lo que hemos señalado en otras oportunidades. Para la correcta comprensión constitucional del tema, el análisis de las decisiones dictadas por la inconstitucional y fraudulenta ANC debe partir de una consideración fundamental: la ANC fue convocada de forma contraria al artículo 347 de la Constitución, que expresamente señala al pueblo como quien convoca un proceso constituyente. Además, las “bases comiciales” que regularon la elección de los miembros de la ANC también eran inconstitucionales, al violar, entre otros, los artículos 62, 63, 64 y 67 de la Carta Magna. El mismo proceso de elección de los constituyentes fue denunciado por la opinión pública nacional e internacional como abiertamente fraudulento.

El primer mes de la ANC

Cuando se cumplía un mes de la instalación de la ANC, señalábamos aquí en Prodavinci que podían extraerse siete conclusiones de la actuación de la ANC en ese primer mes:

1. La ANC no había comenzado la única tarea que le correspondería de haber sido convocada conforme a la Constitución de 1999: redactar una Constitución.
2. La Comisión de la Verdad podía ser un instrumento para la persecución política.
3. La ANC pretende que los otros Poderes Públicos se subordinen a ella.
4. También pretende que sus actos no se sujeten a la Constitución de 1999.
5. Ha usurpado la función política de la Asamblea Nacional, a la que le corresponde el nombramiento de algunos altos funcionarios del Estado.
6. Ha usurpado la función legislativa de la Asamblea Nacional.
7. La ANC ha usurpado la función electoral del CNE.

Tales conclusiones tenían su origen en las distintas decisiones que había dictado la ANC durante ese primer mes, las cuales estaban dirigidas a atender distintos aspectos de la crisis política que en ese momento se consideraban críticos para el sector oficial.

Segundo mes: el cambio en la velocidad

La realidad durante el segundo mes de funcionamiento de la ANC fue distinta.

El 7 de septiembre, luego de un mes de haberse instalado la ANC, el presidente Nicolás Maduro acudió ante la ANC para anunciar al país diversas medidas económicas y presentar un conjunto de 8 proyectos de Ley en materia económica. Tales proyectos aún siguen en “discusión” en la ANC.

Durante el mes de septiembre, la ANC dictó muy pocas “decisiones”, básicamente dirigidas a crear la “Constituyente para Personas con Discapacidad” y la “Constituyente sobre la Mujer, Equidad e Igualdad de Género”, se convocó a los jóvenes a participar en el “Capítulo de la Juventud”, se conmemoró el Día Internacional de la Paz, y se rechazaron las nuevas medidas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y las sanciones del Gobierno de Canadá.

Tercer mes: la “juramentación” de los Gobernadores

En el tercer mes desde su “instalación” la ANC sólo dictó cuatro “decisiones”. Dos “Decretos Constituyentes” para declarar instaladas las “Constituyentes” Educativa y sobre Adultos Mayores, y otras dos “decisiones” sobre la juramentación de los Gobernadores de estados.

Luego de anunciarse los resultados de las elecciones regionales, celebradas el 15 de octubre, se planteó ante la opinión pública la discusión sobre si los gobernadores electos debían tomar posesión ante la ANC. Diversos voceros del Gobierno afirmaban que era requisito necesario para que pudieran asumir sus cargos.

Los gobernadores electos cercanos al oficialismo rápidamente acudieron ante la ANC para “juramentarse”. En el artículo 1 del Decreto Constituyente mediante el cual se declaran juramentados ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y gobernadores de cada estado a las ciudadanas y ciudadanos que en él se indican (Gaceta Oficial N° 41.259 de 18 de octubre de 2017) se señala que se presentaron “para prestar juramento y manifestar su disposición a subordinarse a esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Estatutos de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos”.

Por otra parte, en el último párrafo artículo 2 de ese “Decreto Constituyente” se advertía:

“Los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente”.

Sin embargo, el tema sería mucho más complicado para los gobernadores electos que no se adscribían a la línea política del oficialismo. En efecto, y de acuerdo a los resultados anunciados por el CNE, cinco autoridades regionales pertenecían a partidos políticos de oposición.

Los gobernadores electos que pertenecían a Acción Democrática acudieron ante la ANC para “juramentarse”. El acto quedó registrado en la Gaceta Oficial Nº 41.262, del 23 de octubre de 2017 (Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la Gobernadora proclamada y Gobernadores proclamados).  

Por el contrario, el gobernador electo en el estado Zulia por el partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, decidió no someterse a esa ilegítima exigencia de “juramentarse” y “subordinarse” ante la ANC, en una decisión política y jurídica apegada a la Constitución de 1999, a su conciencia, a los valores republicanos y democráticos y a la confianza que le depositaron sus electores.

Invasión soviética a Praga en agosto de 1968 / Fotografía de Josef Koudelka

“No es popular tener razón antes de tiempo” es frase atribuida a Octavio Paz. Decir lo que se piensa para exponer una opinión que luego se corrobora como acertada, coloca a quien la emite en la posición de aguafiestas. Fue lo que ocurrió con Teodoro Petkoff con su libro: Checoslovaquia. El socialismo como problema, publicado en 1968 luego de la invasión de los tanques soviéticos a Checoeslovaquia, que constituyó una advertencia de cuanto ocurriría posteriormente con el comunismo soviético.

El Ejército Rojo abatió la expresión de libertad que representó la denominada “Primavera de Praga”. La magnitud imaginaria que representó en el colectivo mundial esta invasión fue la materia prima que permitió a Petkoff escribir este ensayo canónico en el que demuestra los desvíos del comunismo soviético y la necesidad de romper con ese esquema. La repercusión de este libro en el comunismo del momento se evidenció cuando Leonid Brézhnev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, atacó tanto a las ideas como al autor en el informe del XXIV Congreso del Partido Comunista.

Las críticas de Petkoff contra el comunismo soviético estropearon la fiesta de los marxistas-leninistas de la época. Vale destacar el dogmatismo de los marxistas, al punto de equipararse a una religión: “Los comunistas nunca se equivocan”. En este sentido, Teodoro cuenta una anécdota recogida en una conversación que mantuvo con Alejo Carpentier en 1967, quien le dijo sobre Fidel Castro: “Yo creo lo que dice Fidel. Él nunca se equivoca […] El partido nunca se equivoca”. A esta ceguera religiosa no escapa Pablo Neruda con su Oda a Stalin. Esto es suficiente para entender la rigidez de los revolucionarios marxistas al imponer sus programas políticos y económicos: las llevan a cabo “como sea”, aun en contra de las realidades objetivas de los hechos y de la experiencia.

Desde la publicación Checoslovaquia. El socialismo como problema, el pensamiento de Teodoro no cesó de influir sobre la izquierda. En el caso venezolano la primera y evidente consecuencia fue la división del Partido Comunista y la fundación del Movimiento al Socialismo. Este partido nace rodeado de expectativas y simpatías, al punto que Gabriel García Márquez le expresa su solidaridad al momento de recibir el premio Rómulo Gallegos en el año 1972.

El tiempo dio la razón a Teodoro. El desprestigio y deterioro de los partidos comunistas en Europa del Este creció sin detenerse. En este contexto, Ronald Reagan el 12 de junio de 1987 pronuncia frente a la Puerta de Brandeburgo su lapidario pregón libertario: “Sr. Gorbachov, derribe ese muro” (tear down this Wall). El muro, que dividía la libertad de la esclavitud política, fue derribado, mandarria en mano, por el pueblo alemán el día 9 de noviembre de 1989. Así nació la nueva etapa de libertad y prosperidad en Alemania basada en la tolerancia y en la democracia. Lo que significó esta doble vida en un mismo pueblo, dividido por el muro del dogmatismo ideológico y de la intolerancia, puede verse en la película Adiós a Lenin: una familia que padece el drama de vivir en una ficción.

El socialismo es el mayor problema para los valores republicanos. El comunismo es incompatible con la libertad, y este es el valor nuclear de una república. Donde ha existido el socialismo marxista, la libertad es triturada por las bayonetas, la violación de los derechos humanos y la intolerancia sustentada fanáticamente en los dogmas ideológicos.

Todo eso lo pudo predecir Teodoro Petkoff en un libro que conviene recordar ahora, cuando Venezuela padece el socialismo marxista en su expresión más ruda. Las sociedades que toman este camino cierran las puertas a los valores republicanos, como Cuba. Lo esencial de una república es el Estado de derecho, los derechos humanos y la libertad; valores que no existen en los regímenes marxistas-leninistas.

Era difícil imaginar que los escombros ideológicos de los países de la Cortina de Hierro iban a naufragar hasta llegar a las costas venezolanas. Esto, unido al militarismo, dio nacimiento al movimiento populista-castrista que hoy domina a nuestro país. Semejante amenaza había sido igualmente anticipada por Teodoro cuando en 1998 decidió separarse del Movimiento al Socialismo, el partido que había fundado, por la decisión de este de apoyar electoralmente a Hugo Chávez. Petkoff fue uno de los primeros políticos de audiencia nacional que advirtió “el fantasma del comunismo” que -auspiciado por el militarismo- gravitaba sobre Venezuela. Nuevamente tuvo razón anticipada y fue también un aguafiestas de la izquierda radical.

Escribo este artículo en momentos en que Petkoff está retirado de la vida política por motivos de salud. A él debemos reconocer que en su ejercicio político -posterior a su rectificación en 1968- hizo prevalecer los valores republicanos sobre los intereses cortoplacistas propios del pragmatismo. Así lo advirtió Manuel Caballero en el prólogo de la segunda edición de la obra a que me refiero, cuando afirmó que Teodoro entendió “la política como una elevada tarea espiritual, y no el asqueante pragmatismo clientelar que hoy la caracteriza”.

***

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Fotografía de Diego Vallenilla

I

Desde las estadísticas, la gente y la realidad acechan parafraseando al mexicano Carlos Monsiváis: los números retan a las palabras, en definitiva, a la retórica. No hay nada más contundente que las cifras que, desde diversos frentes, se arrojan intentando explicar la realidad. “Los números, así se les disminuya, hacen palidecer a los vaticinios”, nos sigue diciendo Monsiváis. Es que el lenguaje escrito hablado se puede adornar con artificios lingüísticos y la realidad, por contundente que sea, aparecerá también decorada con esos mismos artificios. Por eso las estadísticas resultan siempre un lenguaje duro y contundente que intenta, a veces de manera dramática, explicar los hechos que se suceden en la sociedad, en la propia vida.

Sin embargo los números, en cuanto lenguaje, requieren de las palabras para hacerlos hablar, para que se expliquen. Un lenguaje –las estadísticas y las cifras– no puede estar sin el otro –las palabras–. Forman un matrimonio perfecto, casi indisoluble.

En los tiempos que corren, ante la retórica engañosa y la desinformación gubernamental –la “posverdad” la llaman ahora–, el ciudadano cree cada vez menos en las palabras y se siente más confiado, incluso diríamos que más a gusto, con las cifras. Los datos, arrojados por las encuestas, quieren reflejar la  situación social y económica, y  hoy se han convertido en las nuevas metáforas. Nuevamente Carlos Monsiváis acude en nuestro auxilio cuando nos dice “que los números no son poéticos pero su retórica se impone al ser objetos de la religiosidad contemporánea”. Antes nos expresaba que la retórica política, o la retórica social, hoy se considera irrelevante si no va acompañada de cifras, de datos, de porcentajes…en definitiva de los resultados que nos arrojan las encuestas:

“Ahora, y no solo entre políticos, las frases que dan relieve a discursos o conversaciones ya no provienen de la intención metafórica sino de las encuestas o las estadísticas”

 II

Viendo la realidad de Venezuela hoy, podemos apreciar el desplome de la vida social en general. El señor Nicolás Maduro y su gobierno viven a punta de posverdades, lo que no es más que sembrar falsas ideas del país y de cuanto sucede en él. En la era de las estadísticas y de los llamados nuevos medios podemos contrastar, contextualizar, filtrar y  visualizar las convulsiones en la que todos los venezolanos estamos envueltos y que son el resultado de estos casi ya diecinueve años.

Se nos ha dicho que el poder del lenguaje es el acto de imaginar y el de nombrar. Pero siento que en estos momentos el lenguaje resulta insuficiente para nombrar y entender lo que estamos viendo y viviendo. Necesitamos del auxilio de otros signos para imaginar y nombrar. Diríamos, entonces, que el poder de las cifras y los resultados de las encuestas pueden ser el vehículo-puente para hacernos conscientes de lo dramática que resulta la vida en sociedad en la Venezuela del presente.  Esas cifras nos dejan ver cómo el país se nos manifiesta trágicamente, cómo el país se derrumba ante la mirada impasible de los políticos del gobierno y de muchos ciudadanos. Estamos asistiendo al espectáculo de cómo la nación se está desvaneciendo ante nuestros ojos y todavía hay ciudadanos que creen que este modelo político, que se ha ido instalando poco a poco, nos va a solucionar el desorden y la irracionalidad gubernamental.

Viendo todo lo que estamos presenciando y padeciendo recuerdo aquellas palabras que alguna vez leí del alguien que citaba al novelista británico de origen polaco Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas: “Estaba escrito que yo debería serle leal a la pesadilla de mi elección”.

III

Hagamos el ejercicio de ver algunas cifras, algunos datos producto de las encuestas,  para retratar una vez más la vida del presente.

 –Hace tan solo un par de semanas que el presidente de la República decretaba nuevas medidas extraordinarias en los ámbitos social, económico y político. Decía Nicolás Maduro que se trata de un “estado de excepción” ante la actual crisis, para superar así la pobreza. Pero hoy sabemos, por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que 82 % de los hogares venezolanos está en pobreza y que esta ha venido aumentando en estos años: 53% en 2014, a 75% en 2015 y 82% en 2016. En la misma encuesta Luis Pedro España nos dice que “la mayor de las causas de la pobreza es de origen económico, vinculado a la caída del ingreso y en segundo lugar a la precariedad laboral”.

–Esas llamadas “medidas extraordinarias”, que representan más de lo mismo por lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, no podrán resolver la inflación acumulada que en lo que va del año 2017 alcanza ya la cifra de 249 % y que en 2016 cerró en 274 %. La medición que hacen los economistas nos dice que para diciembre cerraremos con una inflación cercana al 1400 %.

–Las cifras desmienten todo los discursos gubernamentales. Por ejemplo, en el tema del petróleo. Las divisas por explotación petrolera han descendido a 48.002 millones de dólares en 2016 y en este 2017 el descenso de las divisas petroleras fue del orden de 72.169 millones de dólares, es decir 24.167 millones menos. Los datos de la OPEP apuntan que nuestra producción se ubica en 2.1 millones de barriles. La pregunta: ¿Qué pasó con los 3.1 millones de barriles que se nos dijo producíamos en 2013?

–Sigamos con nuestra principal y casi única riqueza. Desde 2015 la industria petrolera ha perdido, según el economista Luis Oliveros,  8 millardos de dólares por caída en la producción. A pesar del aumento del barril de petróleo en estos meses, estamos percibiendo menos divisas debido a que nuestra producción ha venido descendiendo en los últimos años. En 2012, cuando Hugo Chávez lanzó con  bombos y platillos el Plan Siembra Petrolera se le dijo al país que nuestra producción se ubicaría en 5.8 millones de barriles de petróleo por día. ¿Qué sucedió?

–Recientemente la organización Transparencia Venezuela presentó una investigación que nos dice que desde 2001 hasta lo que llevamos de 2017 el Gobierno pasó de ser propietario de 74 empresas a 526. Este crecimiento se debió a confiscaciones, expropiaciones, nacionalizaciones, reestatizaciones y asociaciones. Hoy muchas de esas empresas tienen pérdidas millonarias, otras han dejado de producir y la mayoría están en banca rota. Una buena cantidad de esas empresas han requerido del auxilio financiero, que se ubica en un monto de 592 mil millones de bolívares. La conclusión del informe de Transparencia Venezuela es tajante:

“De acuerdo a los hallazgos de la investigación la sociedad venezolana ha sido la gran perdedora en la apuesta del Gobierno por hacerse empresario, pues la mayoría de las empresas no han reportado beneficios al país, ni en dividendos, regalías o impuestos, y mucho menos en bienes y servicios”.

Conclusión: hoy dependemos casi en un 100 % de las importaciones y estas se han visto reducidas por insuficiencia e insolvencia económica del Gobierno.

–El tema de la desnutrición infantil  nos muestra cifras escalofriantes. Susana Rafalli, quien es nutricionista de Cáritas Venezuela, ha venido diciendo que la mortalidad infantil se ha incrementado en estos últimos años, la desnutrición en niños se ha duplicado y la muerte por esa desnutrición en hospitales aumentó en 260 %.

–El investigador Roberto Briceño-León, en relación con el tema de la violencia, nos expresa que en estos años la inseguridad y la tasa de homicidios ha crecido de manera escandalosa: en 2016 se registraron 28.000 homicidios y en lo que llevamos de 2017 se ha dado una tendencia progresiva. El mismo Briceño-León, con relación a la inseguridad, nos apunta que 94 % de los encuestados afirma que Venezuela es el país más inseguro del mundo y 21 % afirmó haber sido víctima de la violencia en 2016.

…y un largo y dramático etcétera.

III

Cuando se instaló la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dijeron que “la Constituyente debe ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico postpetrolero”. Nicolás Maduro remató expresando que “el reto más grande que tenemos es lograr la prosperidad económica”. ¿Cómo? ¿Construyendo una nueva economía como nos han repetido en distintas ocasiones y actos? La fórmula que nos plantean: “Concentrarnos tanto en las políticas de control de precios como en generar alternativas de distribución para la producción nacional”. El plan –nos siguen repitiendo–  es levantar la producción para acabar con el desabastecimiento y en consecuencia con la inflación y el alto costo de la vida”.

Llevan un poco más de dieciocho años fuera de la realidad. Mi padre solía decir que “no saben por dónde les da el aire”. ¡Es cierto!  Con  ellos, como dice la estrofa de una canción, “no hay salida fácil”. La improvisación, la corrupción, la incapacidad, el despilfarro, el populismo llevado a extremos, el desfase y el trasnocho ideológico, la economía de la ilusión, el desperdicio… son las desdichas con las cuales estos señores gobiernan, mejor dicho, desgobiernan.

El país puede cambiar y debe de cambiar. Este domingo 15 de octubre puede ser el inicio del cambio. La salida no será inmediata, pero será el comienzo si usted que me lee y yo votamos. El desorden, que hasta ahora se ha instalado en la realidad del presente, puede tener los días contados.  De no votar y dejar que ellos sigan acaparando al país entero la resignación será la única alternativa posible. Al final, ojalá no tengamos que repetir aquello que nos escribía Monsiváis: “El tiempo se deja atrapar por el reloj para huir del fastidio de la eternidad”. Salgamos el 15 de octubre a votar y hagamos del voto, nuestra única arma, el inicio de la fiesta democrática. ¡Es posible!

Fotografía de AVN

Luego de casi un año de retraso, este domingo 15 de octubre se celebrarán las elecciones de gobernadores. Se trata de una elección fundamental que se celebra en Venezuela desde 1989, y que hoy se vuelve a celebrar en un contexto institucional arbitrariamente adverso.

Conviene entonces preguntarse cuál es la posición de los gobernadores en el sistema constitucional venezolano y cuáles son sus competencias.

De acuerdo al artículo 160 de la Constitución el gobierno y la administración de los Estados de la Federación corresponde a sus gobernadores, quienes son electos por un período de cuatro años. Si bien la versión original de la Constitución de 1999 establecía un solo período de reelección, luego de aprobadas las enmiendas a la Carta Magna en 2009 la reelección de los gobernadores puede ser indefinida.

La Constitución de 1999 es centralista. No reconoce a los estados de la Federación toda la autonomía que les correspondería en una Federación verdaderamente tal, en un Estado democrático y descentralizado. De modo particular, el diseño institucional de la Constitución implica que los estados carezcan de autonomía financiera, lo que los hace dependientes del Gobierno Nacional, que puede ahogarlos a partir de la arbitraria administración del situado constitucional y de otros ingresos.

A pesar de esa situación constitucional, en el sistema político venezolano los gobernadores son de gran importancia, porque además de ser las autoridades del Ejecutivo estadal se han convertido en líderes políticos fundamentales en la dinámica política contemporánea. Piense, por ejemplo, que desde 1998 el candidato presidencial de oposición ha sido siempre un gobernador o ex gobernador.

Gobernadores, Consejos Legislativos de los Estados y Contralorías Estadales

Los gobernadores se encuentran sujetos, en primer término, al control político de los Consejos Legislativos de los Estados (artículo 162 de la Constitución). Por ello, lo democrático es que las elecciones de gobernadores se celebren junto con las de los Consejos Legislativos de los Estados. El Consejo Nacional Electoral, sin embargo, decidió convocar primero los comicios de gobernadores, lo que provocará que aquellos de oposición que resulten electos sean controlados por Consejos Legislativos de los Estados compuestos por miembros mayoritariamente oficialistas, y cuyo período se encuentra ya vencido. Ese control incluye, por ejemplo, la atribución del Consejo Legislativo del Estado de aprobar la Ley de Presupuesto del Estado (artículo 162 de la Constitución).

Por supuesto, los gobernadores se encuentran también sujetos al control administrativo de la Contraloría Estadal (artículo 163 de la Constitución). De acuerdo al artículo 161 de la Constitución, los gobernadores deben rendir cuenta anual públicamente de su gestión ante el Contralor y deben presentar un informe de su gestión ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

Competencias constitucionales de los gobernadores

El artículo 164 de la Constitución establece las competencias de los estados. Sin embargo, algunas también son ejercidas parcialmente por otros órganos del Poder Ejecutivo, Nacional o Municipal, como ocurre por ejemplo con la competencia en materia de policía. En ese sentido, el régimen constitucional de repartición de competencias previsto en la Constitución de 1999 es realmente incompleto, impreciso y desordenado.

En todo caso, conforme a esa norma son competencias de los gobernadores:

—Administrar los bienes estadales y la inversión y administración de los recursos del estado, incluso los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales.

—La administración de los ramos tributarios propios, según lo dispuesto en las leyes nacionales y estadales. Sin embargo, los ramos tributarios propios estadales no existen como tal, salvo el de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas que son ciertamente marginales. Por ello, en esta materia los estados dependen de lo que asigne la Ley nacional.

—El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción.

—La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

—La organización de los servicios públicos estadales.

—La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales.

—La conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

—Todo lo que no corresponda, de conformidad con la Constitución, a la competencia nacional o municipal. Así, por ejemplo, las obras públicas que no sean nacionales o estadales.

Algunas de estas competencias, sin embargo, han sido limitadas por el Poder Nacional en los últimos años. Como una muestra, las facultades en materia de aeropuertos estarían limitadas por la sentencia N° 565 de la Sala Constitucional, fechada el 15 de abril de 2008, por la cual convirtió el carácter exclusivo de esa competencia en concurrente, permitiendo la posibilidad de que el Poder Nacional interviniera.

Sin embargo, como se señaló, en la dinámica política contemporánea en Venezuela el gobernador ha sido una figura cuya importancia ha ido más allá de sus competencias constitucionales, al convertirse en líderes políticos fundamentales de alcance regional y, en algunos casos, de alcance nacional. Esto amplifica la importancia política de los gobernadores, con independencia de sus específicas competencias constitucionales.

Los gobernadores y la gobernabilidad

Los gobernadores electos este 15 de octubre que sean contrarios a la línea política del oficialismo enfrentan varios riesgos.

Un riesgo tradicional desde hace varios años es el retraso en la asignación de los recursos que corresponda otorgar a los estados vía situado constitucional, u otros ingresos de carácter nacional que deban ser transferidos por el Gobierno.

Que desde el Gobierno Nacional se designen “autoridades regionales” con el objeto de impulsar “administraciones paralelas” a la legítima administración estadal, como ya ha ocurrido en el pasado y como de hecho acaba de ocurrir en el estado Carabobo.

Además, como se señaló, existe el riesgo de que los Consejos Legislativos de los Estados de mayoría oficialista pretendan asediar políticamente a aquellos gobernadores de oposición.

Por último, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin duda, también supone un riesgo latente para los gobernadores, que pueden ser objeto de decisiones de aquella para minar sus competencias o, incluso, para atacar a los propios gobernadores. Desde el Gobierno se ha dicho que  deben “subordinarse” a la ANC.

A pesar de todo eso, para la protección de los derechos ciudadanos, y como un instrumento para la defensa contra el abuso del poder, es mejor tener gobernadores demócratas que no tenerlos, para lo cual es necesario votar.

Por supuesto, luego será también fundamental que los gobernadores electos luchen democráticamente por el respeto de sus competencias constitucionales, en defensa de sus regiones y de sus electores.

Un manifestante sostiene banderas españolas y catalanas durante una manifestación convocada por la Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Fotografía de Pau Barrena para AFP

Luego de una semana de enfrentamientos políticos y sociales, despertamos hoy en Cataluña con la misma incertidumbre post referendo, con una ruptura no solo política sino social entre catalanes y españoles. Haya o no haya desconexión unilateral de independencia (DUI), la ruptura emocional de gran parte de Cataluña y España sigue en tiempo presente.

Quizás mañana Mariano Rajoy cumplirá con su deber aplicando el artículo 155 de la Constitución si los independentistas proclaman la independencia unilateral. La pregunta es quién será el mediador que desee meterse dentro de ese caldo de cultivo, que conlleva sentimientos encontrados entre una ciudadanía que cree en unos partidos políticos que han terminado transgrediendo leyes y aquellos que prefieren mantenerse y sentirse parte de España.

Narremos la historia de un día crispado

El domingo 1 de octubre era el día D para España. Los independentistas celebraban un referendo declarado ilegal por el Tribunal Constitucional para realizar la desconexión de España. El desafío soberanista había recibido el apoyo de numerosos ciudadanos, pero también recibía críticas de la opinión pública y de unos catalanes que se mantenían en silencio, además de una contundente respuesta judicial y del gobierno de Mariano Rajoy para evitar que se llevase a cabo una consulta que carecía de garantías legales. Bajo la amenaza de la intervención por el gobierno español, el domingo se llevó a cabo el referendo y las confrontaciones no se hicieron esperar.

Desde las 5:00 de la mañana, ya se habían formado colas en los centros de votación donde muchas personas habían pasado la noche, para mantenerlos abiertos y poder llevar a cabo el referendo sin que los Mossos d’Esquadra ­–la policía local– los precintara y les quitara las urnas ni las papeletas. Los mismos organizadores advertían a los ciudadanos que no dieran pistas sobre la llegada del material electoral.

Sobre las 9:00 de la mañana me encontraba cubriendo el referendo en las afueras del instituto Ramón Llull, el primer colegio intervenido por la Policía Nacional. El colegio ya había sido precintado por los policías cuando escuché detonaciones dos calles más abajo. Era la Policía Nacional disparando pelotas de goma contra manifestantes que impedían el paso de las furgonetas policiales. Del suceso un hombre salió herido y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según informaron los medios de comunicación unas horas después. El equipo de periodistas estaba sorprendido por la respuesta. El encontronazo se había realizado fuera del colegio y después de haber sido precintado. La sinrazón entraba en juego fuera o dentro de los centros de votación.

A partir de allí, el día transcurrió de la misma forma en otros puntos de votación. Las imágenes recogidas por las agencias de noticias eran más fiables que las redes sociales: porras y golpizas por doquier, enfrentamientos entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La división iluminaba hasta a un ciego.

Horas más tarde me acerqué a otro centro de votación cercano a la Sagrada Familia, La Sedeta, donde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se disponía a votar y ofrecer declaraciones. Colau pidió al Presidente del Gobierno hacerse responsable de los actos que cometía la Policía Nacional y la Guardia Civil en todo el territorio catalán por órdenes del Estado. Lo mismo ocurrió a lo largo del día con representantes de otros partidos como PNV, Compromís y Podemos. Por su parte, PSC, PSOE y Ciudadanos criticaban tanto a los independentistas como al gobierno central. Nadie estaba a favor de la descarga policial en contra de civiles.

La votación era irregular, el Govern catalán optó por aplicar el voto universal “a través de un sistema electrónico que permite controlar todo el censo”, donde “se puede votar sin sobres” y en cualquier centro, según afirmaba el representante del Govern, Jordi Turull. A pesar del sistema, en muchos centros no funcionaba. La Sedeta fue un ejemplo, tenían que realizar el censo de manera manual.

Al mediodía, el discurso del gobierno central era incomprensible. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, realizaba la primera valoración sobre la jornada: “El referéndum no se ha celebrado”.

Cataluña era un caldo de cultivo. Unos se sorprendían y salían emocionados de los centros de votación, otros luchaban contra las fuerzas de seguridad del Estado mientras eran golpeados, otra parte de la población se quedaba en sus casas por no estar de acuerdo con una votación como la había planteado el Govern. Hasta el partido de la liga Barcelona FC-Palma se jugó a puerta cerrada ese día.

Desde la tarde a la noche estuve en el centro de noticias de MediaPro, donde los únicos voceros que daban declaraciones estaban a favor del referendo y del procés. Sobre las 8:00 de la noche compareció Rajoy afirmando que no hubo un referendo de autodeterminación en Cataluña y que las fuerzas de seguridad habían cumplido su labor. Las cacerolas se hicieron escuchar en Cataluña mientras Rajoy hablaba. Dos horas más tarde aparecería el presidente de la Generalitat (Generalidad de Cataluña) e impulsor del referendo, Carles Puigdemont, afirmando que trasladaría los resultados del proceso de votación al Parlament para poner en marcha las leyes aprobadas por dicho ente político.

Sobre la medianoche nuevamente el portavoz del Govern compadeció en el centro de noticias de MediaPro ofreciendo los resultados parciales del referendo, en los que la mayoría era claramente para el “Sí”.  De los 2.262.424 de votos escrutados, 2.020.144 (90,09%) fueron a favor del “Sí”. Se contaron 176.565 (7,87%) por el “No”, 45.586 (2,03%) votos en blanco y 20.129 votos nulos (0,89%). Por su parte, el Govern hacía un llamado a huelga general para el martes 3 de octubre, para manifestar en contra del gobierno central y la represión vivida durante la jornada. Los votos ya no representaban a nadie, eran pura simbología.

La mañana siguiente el país amaneció dividido. Desde Madrid se achacaba la culpa a los Mossos d’Esquadra por no haber hecho su trabajo, por haber sido blandos, confirmando que eran una herramienta política de los independentistas catalanes. Por su parte, las portadas de los periódicos a nivel internacional mostraron la represión policial impulsada por el gobierno central. Era un mal día para la política de Rajoy de cara a la opinión pública nacional e internacional y un buen día para el nacionalismo independentista catalán.

Manifestación convocada por el movimiento ciudadano #Parlem? (¿Hablamos?) el 7 de octubre en Madrid. Fotografía de Gabriel Bouys para AFP

Falta de estrategia en los días siguientes

La huelga general se llevó a cabo sin complicaciones el martes 3 de octubre. Las calles de Barcelona se inundaron de jóvenes. Muchos adolescentes gritaban “las calles son nuestras” desde la Via Laietana a la Plaça Universitat. En la tarde, la concentración muy cerca de la Avenida Diagonal y los Jardines de Gràcia constató lo que ya nadie niega: se necesita un diálogo.

Dos días después, y luego de un discurso del rey Felipe en el que se hacía un llamado a respetar las leyes y la Constitución española sin hablar de víctimas, el panorama catalán continuaba igual, con falta de diálogo entre las dos partes. El gobierno central no había atajado el problema a tiempo y la actuación represiva del domingo no lo dejaba bien parado. Por su parte, el gobierno catalán, para tapar su inoperancia, mantenía su actitud de romper con las leyes democráticas.

La masa silente sale a la calle

El pasado fin de semana se llevaron a cabo otras dos manifestaciones en Madrid y Cataluña. El sábado 7 de octubre se realizó la manifestación Parlem/Hablemos, donde se pedía el diálogo entre Rajoy y Puigdemont, dejando las banderas y consignas de un lado y sin partidos políticos que en principio pudiesen haber fomentado esta iniciativa ciudadana. El domingo, la Societat Civil Catalana hizo un llamado a los unionistas, españolistas y a quienes no creen en una España dividida. Posiblemente la manifestación más grande pro España que ha vivido Cataluña.

Al día de hoy la pregunta que vaga en mi cabeza sigue siendo la misma: ¿quién hará el trabajo para acercar y eliminar la desconfianza, el resentimiento e incluso el odio que hay en estas dos Españas y estas dos Cataluñas, entre unos y otros?

Fotografía de Roslan Rahman para AFP

La tecnología, como el arte, es un ejercicio altísimo de la imaginación humana. 

Daniel Bell

Mientras Venezuela continúa viviendo en una revolución con gasolina barata (o casi gratis), suponiendo que pueda encontrar alguna, el resto del mundo está experimentando una profunda revolución energética, en parte alimentada por un rápido cambio en el transporte hacia los vehículos eléctricos.

Cuando pienso en estos temas no puedo dejar de lado a los casi dos millones de venezolanos en el exterior y las futuras generaciones de venezolanos que eventualmente se enfrentarán a un mundo completamente diferente a la economía petrolera a la que hemos estado acostumbrados durante tantos años.

Entonces, ¿cómo cambiará el mundo?, y por lo tanto, ¿qué oportunidades laborales y de negocio creará la revolución energética mundial?

En el primer semestre de 2016, a pesar de los bajos precios del petróleo, y por tanto de la gasolina, las ventas mundiales de carros eléctricos aumentaron en casi 60% a 285.000 vehículos. Por primera vez hay más de 2 millones de carros eléctricos en las carreteras del mundo. Bloomberg pronosticó que los vehículos eléctricos representarían 35% de las ventas de automóviles nuevos en 2040. La razón de esta tendencia alcista no es sólo que los costos de las baterías están cayendo –un 65% en los últimos 5 años– sino también que los vehículos eléctricos superan a los coches de combustión interna en áreas clave. Por ejemplo, conducen más suavemente y aceleran mejor; se pueden cargar sin un viaje a la bomba; requieren menos mantenimiento; ayudan a resolver problemas de calidad del aire; y aumentan la independencia de los países importadores de petróleo. La rápida absorción de los vehículos eléctricos ha causado a las empresas de automóviles establecidas un gran shock. Tesla, el líder tecnológico del sector, que produjo unos 85.000 vehículos el año pasado, tiene un valor de mercado de mas de 50 mil millones de dólares. Las compañías de automóviles establecidas están compitiendo para ajustar sus estrategias, poniendo los vehículos eléctricos en el centro de las mismas. Volkswagen, que sigue sintiendo el escándalo de “Dieselgate”, tiene la intención de invertir 11.000 millones de dólares (más que las reservas extranjeras de Venezuela en la actualidad) en la próxima década para que las ventas de carros eléctricos alcancen 25%.

Fotografía de Roslan Rahman para AFP

Pero no son sólo las empresas de automóviles que sentirán las consecuencias del terremoto causado por los vehículos eléctricos. Aquí hay otros 10 sectores de la economía que serán profundamente afectados, algunos ganarán y otros perderán:

1. El cambio de combustión interna a motores eléctricos tendrá implicaciones dramáticas sobre la cadena de suministro que emplea a millones. Por ejemplo, los fabricantes de cajas de engranajes, sistemas de escape y de inyección de combustible serán fuertemente golpeados, al igual que miles de subcontratistas, mientras que los productores de baterías, software y sensores se beneficiarán.

2. La demanda de productos químicos para baterías –en particular litio en un futuro previsible– se disparará, al igual que la demanda de elementos de tierras raras, necesarios en motores modernos y componentes electrónicos. El uso del acero se reducirá (tal vez la Sidor revolucionaria ya preveía esta tendencia y por eso se desplomó su producción), ya que los fabricantes de carros eléctricos se esfuerzan por contrarrestar el peso de la batería, mientras que el uso de resinas y materiales compuestos aumentará.

3. Los vehículos eléctricos han reducido enormemente las necesidades de mantenimiento y la mayoría de los ajustes se pueden hacer a través de actualizaciones de software como lo hacen los “smartphones”. ¡Los carros eléctricos ni siquiera necesitan aceite de motor! Con el tiempo del taller prácticamente eliminado, los concesionarios serán reemplazados por salas de exposición. Los vehículos eléctricos sin conductor también reducirán drásticamente las tasas de accidentes.

4. Los vehículos eléctricos sumarán a la demanda de electricidad. Los vehículos se pueden cargar cuando la energía solar y la energía eólica están generando con fuerza, y la descargan de nuevo a la red cuando la red necesita electricidad. Habiendo dicho esto estoy convencido de que las energías alternativas por sí solas no serán capaces de satisfacer la creciente demanda mundial de energía, la humanidad tendrá que recurrir a todas las fuentes de energía para resolver el problema energético: gas natural, energía nuclear, hidroeléctrica e incluso el carbón, además de las energías alternativas más limpias.

5. El petróleo continuará sufriendo. La secuela de la caída del precio del petróleo en 2014 ha sido una caída en la inversión en el sector petrolero y los ingresos fiscales de países petroleros como Venezuela. La visión ortodoxa es que los precios aumentarán de nuevo. Sin embargo, desde el lado de la demanda, los vehículos eléctricos reducirán el crecimiento de la demanda de petróleo e incluso la revertirán, suprimiendo los precios del petróleo a largo plazo. Del lado de la oferta, la abundancia de petróleo “barato” también ayudará a mantener los precios bajos. Estimo que continuará la tendencia de reducir costos para mantener la competitividad sector, consolidación y más dolor entre las naciones exportadoras de petróleo, ¡como si ya no tuviéramos suficiente de eso en Venezuela! Y como ya escribí en un artículo anterior, no tengo la menor duda de que vamos a dejar mucho petróleo bajo tierra.

6. Los propietarios de vehículos eléctricos querrán poder cargarlos en todas partes, en la calle, en casa, en la oficina, en el centro comercial o en cualquier carretera o autopista. Eso se traduce en un montón de estaciones de carga que necesitarán ser construidas. La industria de la construcción será un gran beneficiario, al igual que el sector de equipos eléctricos. Mientras tanto, las gasolineras urbanas convencionales continuarán cerrándose con el paso del tiempo.

7. Muchos bulevares antiguamente de moda hoy afectados por el tráfico, ruido y la contaminación podrían renacer. Me vienen a la mente Plaza Venezuela y el Hatillo ¿Podrían las tecnologías para compartir vehículos, los carros eléctricos y los servicios de transporte digital ayudarnos a recuperar las calles, desbloqueando un vasto valor inmobiliario? Me atrevo a decir que sí.

Fotografía de AFP

8. La electrificación de la mayoría de los medios de transporte. Solamente en China hay más de 200 millones de bicicletas eléctricas, y su uso se está extendiendo. Ya estamos viendo monopatines eléctricos, motocicletas, furgonetas, lanchas, corta gramas, motos de nieve, e incluso ferris. Tesla, Mercedes Benz y otros están trabajando en diseños para camiones pesados. Bertrand Piccard, que acaba de volar alrededor del mundo en un avión solar experimental, piensa que veremos aviones eléctricos de 50 puestos muy pronto. Boeing anunció recientemente que esta trabajando en aviones híbridos que serán comercializados en la próxima década.

9. El sector del transporte producirá cada vez más datos, ya sean telemáticos desde los vehículos y sus sensores, o datos de servicios publicados por los proveedores de transporte público. Todo lo que se necesita para que los datos sean transmitidos, almacenados, protegido de los hackers y minados será una gran oportunidad para las empresas de software y telecomunicaciones.

10. Las cuentas fiscales también sufrirán, y no sólo la de las naciones productoras de petróleo. En los países industrializados, la gasolina y el diesel proporcionan una parte importante de los ingresos fiscales del gobierno (por ejemplo, 7% en el caso de Europa). Además, la energía limpia y el transporte requieren mucha más inversión inicial que las tecnologías energéticas fósiles, por lo que cualquier cambio importante en su dirección requerirá nuevos fondos de capital a largo plazo a una escala que podría causar un aumento en las tasas de interés.

Nadie sabe a ciencia cierta con qué rapidez se desarrollará el cambio al transporte eléctrico y digital que he descrito. Dos cosas parecen ser claras: está sucediendo, y ninguna parte de la economía global permanecerá intacta.

Por lo tanto, para todos los venezolanos que están regados por el primer mundo, las futuras generaciones que piensan qué deberían estudiar y a los políticos que deberían pensar en política energética y el futuro de nuestra sociedad, pónganse las pilas, el mundo está evolucionando rápidamente y será muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en los “buenos tiempos” de Venezuela.

Fotografía de Jorge Silva / REUTERS

Buscar una respuesta a la pregunta de porqué Venezuela, después de más 90 años de explotación petrolera y después de incontables coqueteos con la modernidad, se encuentra aún tan lejos de transitar el camino del desarrollo, es una tarea titánica, quizás tan titánica y utópica como la construcción de ese huidizo desarrollo.

Uno pudiese especular sobre las causas económicas, políticas y hasta climáticas de tan curioso fenómeno, y sin duda se pudiera estructurar alguna suerte de explicación coherente, pero hasta ahora ninguna muy convincente; como Henry L. Mencken dijo alguna vez: “Para cada problema complejo hay una solución simple, clara y equivocada”.

El atreverse siquiera a intentar explorar el porqué el petróleo no nos ha conducido por la vía definitiva del progreso es una tarea peligrosa, y llena de medias verdades y de cronistas mal intencionados.

En muchas de las explicaciones que los expertos y cronistas se acostumbran a aventurar, el fantasma de la renta petrolera siempre se asoma como el chivo expiatorio de más aceptación. Un  somero muestreo resulta en frases que les pueden resultar familiares:

—El petróleo destruyó la economía agrícola (Alberto Adriani).

—Hay que sembrar el petróleo (Uslar Pietri).

—Hay que guardar el petróleo para las generaciones futuras (Celestino Armas).

—El excremento del diablo (Pérez Alfonzo).

—Hay que salirse de la OPEP (Sosa Pietri).

—El Estado dentro del Estado/ La Caja Negra (todos a una).

—Es preferible que PDVSA invierta a que los políticos lo malgasten (PDVSA).

—El petróleo, ahora sí, es de todos (Pérez Jiménez, Betancourt, Pérez Rodríguez, Chávez Frías…).

Sería fácil desdeñar estas frases, bien por no ajustarse a nuestra visión, por considerarlas superficiales o simplemente por equivocadas. Sin embargo, la reiterada aparición de versiones de ellas a lo largo de nuestra historia, nos debe hacer recapacitar y podemos aventurar que estas son  las respuestas que el inconsciente de la sociedad venezolana le ha dado a su notoria insatisfacción con el petróleo. Como apuntó el escritor Ibsen Martínez en una entrevista a raíz de su obra Los Petroleros Suicidas: “Hay una esquizofrenia colectiva (…) y es que sí, sabemos que somos petroleros, pero no nos explicamos por qué rayos no somo ricos”.

Siempre con el dedo apuntando a la fatalidad, nunca a nuestra voluntad

Hoy, con su permiso, quisiera compartir algunas reflexiones sobre la industria petrolera. Apoyándome en su larga y tormentosa historia, pero con la mirada firmemente anclada en el futuro. Decía Manuel Caballero: “…el petróleo es un Minotauro sin Homeros”, refiriéndose a la falta de dedicación de nuestros escritores a esta nuestra principal industria. Sin embargo, no hay más que pasearse por la  larga historia del petróleo en Venezuela, para entender que, querámoslo o no, rotula nuestra historia contemporánea.

Miguel Otero Silva, en su novela Casas Muertas (1955), describe la pobreza que ahogaba a la Venezuela rural antes que el petróleo  comenzará a transformar el paisaje, y por el otro  asoma el sueño de progreso que el petróleo representaba, y que aún hoy perseguimos cual inalcanzable quimera:

“Venían de las más diversas regiones, de las aldeas andinas, de las haciendas de Carabobo y Aragua, de los arrabales de Caracas, de los pueblos pesqueros del litoral… Todos iban en busca del petróleo que había aparecido en Oriente, sangre pujante y negra que manaba de las sabanas, mucho más allá de aquellos pueblos en escombros que ahora cruzaban, de aquel ganado flaco, de aquellas siembras miserables. El petróleo era estridencia de máquinas, comida de potes, dinero, aguardiente, otra cosa. A unos los movía la esperanza, a otros la codicia, a los más la necesidad”.

Los mitos del petróleo

Aunque los hidrocarburos aparecen muy temprano en nuestra historia, no es hasta el reventón del pozo Barrosos número 2, el 14 de diciembre1922, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, que Venezuela entra a tomar su rol protagónico en el escenario petrolero mundial. Este suceso no solo es el  hito que marca el comienzo de nuestra era petrolera, sino que también acuña, a mi manera de ver, algunos de los arquetipos y mitos que nos acompañan hasta al día de hoy

Una lectura de la historia y leyendas que se han tejido alrededor del  pozo Barrosos y su impacto en la Venezuela del Benemérito, nos servirá para señalar tres de los arquetipos que caracterizan la mitología venezolana acerca del petróleo:

1. El hecho milagroso.
2. El enclave.
3. La Caja Negra.

Pozo de petróleo Barrosos número 2

1. El hecho milagroso

El Barrosos, localizado en las afueras de Cabimas, estuvo fluyendo sin control por más de diez días, y la historia que nos ha llegado cuenta que más de un millón de barriles fueron derramados. Dice la leyenda, que los vecinos del Barrosos, ante el miedo que les causaba el  ensordecedor ruido del reventón y la indetenible lluvia de petróleo que brotaba de las entrañas de la tierra, le rezaron a San Benito para que intercediera,  y cantaron albricias cuando la naturaleza cedió.

Los ingenieros de hoy en día, racionales y prosaicos, argumentarían que el pozo se taponó con arena y ceso de fluir. Y aunque esta última es sin duda la mejor explicación, nosotros, los venezolanos, firmes herederos de los vecinos de Cabimas, hemos escogido relacionarnos al hecho petrolero del lado del milagro.

Esta aproximación mágica, herencia de nuestra cultura agrícola, ha sido reforzada a lo largo de nuestra historia por otros “milagros”. De cuando en cuando, casi en extraordinaria coincidencia con alguna crisis interna del país, un hecho externo fortuito ha disparado la demanda o los precios del petróleo y ha rescatado la economía nacional del abismo al cual se asomaba: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Yom Kippur, la Caída del Sha, la Guerra de Golfo, la insurgencia de la economía China. De guerra en guerra, de milagro en milagro.

2. El enclave

Ramón Díaz Sánchez, en su novela Mene en 1936, congela para la historia la animadversión que el petróleo promovió entre extranjeros y criollos:

“Casas de madera resplandecientes, sobre pilastras con techumbres aisladoras. Jardinillos plantados con acusado aire de forasterismo. Todo un pueblo nuevo y exclusivista, aislado del mundo circundante con una extensa verja de hierro (…) Allí predomina el blanco, un blanco neto, agresivo como el de los modernos hospitales y salones de barbería. Sugiere el confort de aquellos chalets cierta idea de cartujismo, con todo lo necesario para no carecer de nada…”.

No es mera coincidencia que esta novela fuera publicada en el mismo año de la primera huelga petrolera, llamada la huelga del “agua fría”, que fue sintomática de la animadversión que sembraron a su alrededor, los “musiues” del petróleo. Interesante recordar que esta huelga es la semilla principal del sindicalismo en Venezuela. 80 años después de que se escribiera Mene, el enclave sobrevive, fisica y mentalmente, en  los campos petroleros rodeados de la real Venezuela y en los corredores del poder político

3. La Caja Negra

Asociado al mito del enclave, se acuñó el mito del secreto deshonesto, cuya encarnación nacionalizada se ha dado en conocer como “la Caja Negra”.  Imaginemos por un momento a los venezolanos opuestos a la tiranía gomecista, observar a unos extranjeros, de ojos claros, hablando en un lenguaje desconocido, armados de extrañas máquinas, abriendo hoyos en la tierra, extrayendo un negro líquido y transportándolo allende los mares. Viviendo en campos cercados, y relacionándose solo con los gobernantes, quiénes a espaldas de sus gobernados y escondidos tras la legitimidad del estado, usufructuaban la bonanza minera que los extranjeros producían y los locales poco disfrutaban.

¿Es de extrañar entonces que el venezolano percibiera el petróleo como un hecho oscuro y pecaminoso? Más allá del hecho objetivo de que después de la nacionalización la cosa petrolera estuvo sometida al escrutinio del estado como nunca antes, el mito sobrevivió, porque así son las buenas leyendas: perdurables, indestructibles.

Pero no es mi intención reescribir la historia, como se ha vuelto muy de moda hacer en estos tiempos de intelectualidad petrolera tarifada. Nada puede borrar los impactos positivos, los más, y negativos, los menos, que el petróleo tuvo en la Venezuela rural y atrasada de principios del siglo XX. Observaba Emilio Pacheco[1], hablando del General Gómez: “…el petróleo apuntaló la tiranía, pero también creo las condiciones para su disolución”.

Lo que es difícil entender y nos debe dar pausa, sobre todo a aquellos de nosotros que pretendemos construir opinión alrededor del tema, es que cien años después del Zumaque I, la visión que Venezuela tiene del petróleo, y como consecuencia de la política petrolera, todavía gira alrededor de creencias originadas en una realidad y en una sociedad que ya no existe, pero que perdura en la cosmovisión de los venezolanos

Somos un país rico

El notable crecimiento económico de Venezuela durante una gran parte del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y la migración de país rural a un país con todos los síntomas exteriores del desarrollo, nos llevó a pensar, no sin motivo, que nuestro destino era ser ricos porque teníamos petróleo y otros recursos en abundancia.

Todos habremos oído alguna vez la historia de la conversación entre San Pedro y Papa Dios al momento de la creación, cuando ante la queja de San Pedro de que a Venezuela se le habían adjudicado riquezas en demasía, Papa Dios responde que no hay de qué preocuparse ya que para balancear crearía tal o cual partido político.

Un análisis de las cifras de ingresos generados por el petróleo, durante las últimas décadas, nos permite identificar algunos hechos que nos dieron pie a pensar que éramos ricos, y también, algunos hechos generados por pensar que seguiríamos siendo ricos.

Durante la bonanza petrolera que precedió a la nacionalización (estatización de la industria petrolera), en los años 70, llegamos a tener ingresos petroleros de más de 3.000 dólares per capita. Ese espejismo, que hoy conocemos como la Venezuela saudita, motivo entre otras cosas adelantar la reversión petrolera, y con euforia nacionalista el país la decisión de  transformar al Estado de administrador del recurso en el subsuelo, a empresario del petróleo.

Aunque hoy podemos ser críticos de tales decisiones, no hay que olvidar que el consenso de los expertos entonces era de un crecimiento indetenible del precio del petróleo  (se llegó a hablar de petróleo a $100) y de riquezas sin límite. Pero el espejismo duró poco, y Venezuela y sus socios de la OPEP, en un intento suicida por mantenerse en el sueño, destruyeron su capacidad de producción y abandonaron sus mercados. Venezuela redujo su capacidad de exportación en el lapso de una década  en casi 2 millones de barriles/día, sacrificio que sin embargo no detuvo la irremediable caída de los precios. Cuando finalmente recapacitamos, y cambiamos de senda, nos tomó  algo más de dos décadas recuperar sustancialmente nuestra capacidad de producción y exportación.

Durante los tres primero lustros de este siglo del siglo XXI  transcurrimos una situación similar: un espejismo de bonanza petrolera temporal y una destrucción sistemática de nuestra capacidad de producción y pérdida de mercado, esta vez por incompetencia técnica y politización de la industria. El sueño irremediablemente se ha tornado otra vez en pesadilla. Nos encontramos, hoy en el 2017, con una industria petrolera sacrificada en el altar de una ideología impermeable a la razón, con el agravante de contar con una creciente población, engañada por cantos de sirena y buscando a quien culpar de la  bonanza perdida. Una dura lección que nos tocará aprender de nuevo.

Las consecuencias del enclave

Si en algo la industria petrolera nacional, en particular la PDVSA prechávez, falló, fue en entender que su propio desarrollo, empresarial, técnico y humano, producto de su carga genética, de su misión empresarial y de las presiones darwinianas presentes en el entorno competitivo del escenario energético global, no era compatible con la visión minera que el resto del país, en particular el país político, mantenía y aun mantiene sobre el petróleo.

La industria petrolera nacionalizada, ensimismada en lo que eran sus innegables logros empresariales, no pudo detectar a tiempo como esa brecha de visiones se iba ensanchando. Lo que en el pasado era la tensión, a menudo destructiva, entre las multinacionales y los gobiernos (así como con  las comunidades en su entorno), fue sustituida por la tensión que se origina en la diferencia de visiones con diferentes sectores del país, sin sincronización de metas o aspiraciones. Lo mismo ocurría en otros sectores, económicos y políticos, que se veían desplazados por el Gargantúa que la industria nacionalizada tendía a encarnar.

En particular, al Estado asumir el rol de inversor en la industria petrolera, se crearon las condiciones para que los requerimientos de capital de la industria entraran en competencia con los requerimientos de otros sectores del Estado. En esta competencia, de díficil balance, se fueron creando conflictos fundamentales en los que ambas partes encontraron difícil establecer terreno común, reforzando el arquetipo del petrolero desconectado del resto del país.

El 29 de agosto de 1975 Carlos Andrés Pérez firma la ley de nacionalización de la industria petrolera de Venezuela / Foto del Archivo de Fotografía Urbana

El falso arranque

En la década de los 90, la política petrolera del Estado venezolano tomó el rumbo de la expansión de capacidad de producción en función de sus ventajas comparativas de recursos naturales, oportunidades de mercado y necesidades fiscales. En ese escenario, emerge con renovada fuerza una diatriba virulenta entre aquellos que, por un lado suscribían el control monopólico del estado, y por el otro aquellos que veían en la ampliación de la participación de la privada, el camino del desarrollo virtuoso.

Esta visión maniquea alrededor del petróleo, destructiva porque llama a la polarización de la opinión pública, es en última instancia una discusión estéril. El cerrar la industria petrolera a la inversión privada no solo no era factible sin destruir buena parte de la industria, sino que también hacía caso omiso de las necesidades reales de inversión que el país necesitaba para promover el crecimiento económico necesario.

La llamada “apertura petrolera” fue capaz de atraer ingentes capitales y resultó en nueva producción en áreas tradicionales y en particular en la Faja del Orinoco. Este esfuerzo perdió dinamismo durante la primera parte de este siglo, tanto por razones políticas como técnicas, en un ambiente de precios crecientes que maquillaron por muchos años el colapso real de la capidad productiva y sus efectos negativos en la economía. Por otro lado, la falta de un estado competente, con el interés de la nación como su foco, requisito indispensable para establecer un campo de juego nivelado y en última instancia fecundo para todos los actores, ha sido un factor regresivo en esta dinámica.

Aún así, hoy en 2017, 50% de la producción nacional es realizada por empresas con participación privada, algo paradójico cuando se considera el discurso nacionalista y patriotero del Gobierno de turno.

El camino hacia adelante

Cuando miramos hacia adelante, no hay duda de que la industria del petróleo y gas todavía representa nuestra gran oportunidad y palanca para el desarrollo. Para materializar este potencial es indispensable un gran consenso nacional que reconozca que de la pobreza solo se sale con crecimiento económico. La historia de la humanidad ha demostrado, con crudos  hechos, que la ideología podrá mover los corazones, pero no alimenta los estómagos ni da cobijo de la intemperie, al menos no de una manera sustentable.

La sociedad que hemos construido alrededor de  la “mina” petrolera tiene valores culturales que deben ser cuestionados si queremos modificar nuestro pobre desempeño económico, y con ello lograr el crecimiento necesario para sacar a la nación de la pobreza.

La narrativa del arquetipo minero, y las creencias que giran alrededor de él, han moldeado en gran parte lo que es la sociedad venezolana en la que hoy vivimos. Creyendo que somos ricos, invertimos tiempo y esfuerzo en identificar nuevas y más justas manera de distribuir la riqueza que no hemos trabajado.

No acabamos de entender que convertir el recurso en riqueza requiere de esfuerzo financiero, tecnológico y organizacional, y que no podemos repartir la riqueza que no tenemos, sin producir la riqueza que sí podemos.

No debe quedar la menor duda de que el desarrollo económico necesario solo es  posible si se habilitan TODOS los actores económicos: nacionales y extranjeros. Los niveles de crecimiento no los puede dar solo el petróleo y menos el aún el monopolio del Estado; de hecho esto es una realidad objetiva desde hace más de dos décadas y que los gobiernos se  empeñan en ignorar.

Me atrevería a decir que nuestra secular crisis política es el resultado directo de nuestra incapacidad de crear los mecanismos de creación de riqueza necesarios, para mantener una sociedad en armonía.

Pero no existe una sola narrativa que sustituya el imaginario existente. Los actores en este diálogo: el sector político, la academia, las comunidades, los militares, los industriales, las compañías petroleras, etc., tienen interesés y creencias disímiles y es imprescindible identificarlos para poder crear los diálogos necesarios, de lo contrario repetiremos las posturas refractarias del pasado.

Perspectivas de futuro

El petróleo y el gas fueron el motor de la economía mundial del siglo XX, así como de  de buena parte de nuestro desarrollo. Estos recursos, sin duda, continúan siendo una ventaja comparativa y competitiva que no debemos despreciar y que debemos promover como una importante actividad productiva y un factor indispensable en la recuperación y crecimiento de nuestra economía.

Esta ventaja, sin embargo, solo nos llevará parte del camino. Ya se divisan las señales que anuncian el próximo recodo en el camino y que apuntan hacia el ocaso de la era de los combustible fósiles. Como país debemos identificar la siguiente ola de revolución económica y tecnológica y montarnos en su cresta, ya que solo así podremos elevarnos a los niveles de desarrollo requeridos para salir de la pobreza. El petróleo y el gas son solo el asfalto en el camino hacia ese inevitable futuro.

Pero mientras tanto, pecaríamos por desidia si no nos abocamos a desarrollar las ventajas que el sector de la industria de los hidrocarburos nos ofrece. Para ello debemos transformar la estructura del sector, delimitando los roles y responsabilidades que el estado, y los demás actores económicos nacionales y extranjeros, deben tener.

Debemos salvaguardar los derechos de la nación, pero incentivando a todos los actores, de la manera más amplia, a participar. El panorama del sector hoy día está lleno de oportunidades sin aprovechar, ya por falta de recursos financieros o tecnológicos, ya por limitaciones legales, ya por exceso de ideología. La industria de los hidrocarburos, apropiadamente estructurada, puede establecer la base sólida para el crecimiento.

Para ello se requiere de la ampliación de la base de capital financiero y humano, incentivando la participación privada. No solo es necesario modificar la legislación y la gobernabilidad del sector, debemos también entender que solo a través de la implantación de los incentivos adecuados y de reglas claras y justas, es que se puede promover la creación de una verdadera industria venezolana de los hidrocarburos; diferente y más eficiente y efectiva que el modelo de  industria petrolera estatal que nos trajo hasta aquí.

Puntualizando

El reto de preservar la nación pasa por erradicar los mitos y creencias que nos mantienen atados a los hechos del pasado, que se han convertido en los prejuicios del presente, bajo la guisa de ideología nacionalista.

Hacer eso no es tarea fácil y probablemente necesitemos de “intervención” para poder establecer una nueva síntesis, adecuada a los nuevos tiempos y entendiendo que no hay soluciones mágicas.

Lo que sea que diseñemos debe ser sustentable para que pueda ser eficaz; y que cuando hablamos de construir una nueva narrativa no significa hacer un adefesio de la suma de las viejas narrativas, sino buscar innovar.

La necesidad de un cambio cultural no debe ser despreciado, y aunque la ingeniería social es siempre un ejercicio pedante y sin duda peligroso, hay que empezar a erradicar la mentalidad minera.

El petróleo no es un enclave. El petróleo no es una caja negra, El petróleo no tiene nada de mágico o milagroso. La verdadera magia reside en las fuerzas productivas de la sociedad y en el derecho inviolable de cada ciudadano a tomar sus propias decisiones.

“Mene y Casas Muertas… ambas son novelas donde el petróleo es visto desde afuera; y sus autores hacen un viaje a esa tierra extraña y nueva donde se explota el hidrocarburo, pero que es una tierra que nada tiene que ver con la propia: nada que ver con la Venezuela que tanto Díaz Sánchez como Otero Silva siempre han conocido como la suya. Es un país extranjero, donde domina el diablo, el minotauro”. Manuel Caballero -Un minotauro sin Homeros, El Universal, 12 de abril de 1998.

Abandonemos el miedo al diablo y a la oscuridad que él representa. Si no, habitaremos un pueblo fantasma.

*

[1] Emilio Pacheco. De Castro a López Contreras, Editorial Domingo Fuentes, 1984

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Debates recientes sobre la ciudadanía, que tratan de la noción de “moral cívica”, han repuesto en el centro de la reflexión sobre la democracia una problemática que siempre le ha estado asociada. El término virtud ha estado completamente ausente, un efecto conjunto de cambios ocurridos en la lengua y en las categorías del pensamiento desde hace más de un siglo. Sin embargo, no es cierto que su evanescencia, al menos en el contexto de este término, haya significado una ganancia de claridad conceptual.

La noción de virtud tenía la particularidad de ser portadora de la idea de potencia y de poder, y no de término para evocar unilateralmente la moral individual, sino también el ejercicio de una tarea común, de una relación de comunidad. Hay un concepto político de la virtud.

En Aristóteles, es excelencia: consiste, para el ser humano, en realizar plenamente lo que es por su naturaleza. La virtud política es, por lo tanto, requerida para la plena serrealización del hombre como ser viviente de la cité, es la virtud del ciudadano. El libro III de La Política (ver texto nº 38) tiene por objeto el explicar lo que es el ciudadano, y cuál es la virtud que le conviene. La respuesta se atiene a tres enunciados esenciales: el ciudadano en sentido pleno es aquel que participa en el ejercicio del poder común; es la democracia la que mejor realiza esta ciudadanía; la doble capacidad de comandar y de obedecer es la virtud que exige la ciudadanía. Aristóteles pone así en evidencia que la virtud que necesita la democracia es una virtud política, es la que exige el ejercicio del poder ciudadano. La cité no puede pedírsela al ciudadano más que en proporción exacta al poder que la cité le reconoce.

Montesquieu, en vista de las reacciones suscitadas por las primeras ediciones de El espíritu de las leyes, tuvo que agregar una advertencia: “Lo que yo llamo virtud en la república es el amor a la patria, es decir amor a la igualdad. Esta no es una virtud moral, ni una virtud cristiana, es la virtud política”. En efecto, se le reprochaba al haber sugerido que la virtud es el principio de la república; mientras que el honor sería el principio de la monarquía, que entonces no habría hombres sino en una república. La lectura del capítulo III, aclara lo que realmente entiende Montesquieu.  La virtud necesaria en una república (sobre todo en democracia porque la otra forma republicana, la aristocracia no practica la moderación) concierne a los que están a cargo del Estado, para que no practiquen el pillaje, así como a los ciudadanos, para que no le den preferencia a sus comodidades personales, sobre el sacrificio del rigor, indispensable al bien común. Si no es así: “la república es un despojo; y su fuerza no es más el poder de algunos ciudadanos y lo licencioso es de todos”. Para Montesquieu, la virtud política se necesita menos para el ejercicio del poder que para hacer necesaria la oposición entre interés público e interés privado.

Es a partir de esta oposición, y de las dificultades que levanta, que partirá Rousseau para plantear la cuestión de la virtud. Pero él también manifiesta, en el marco de su teoría de la soberanía, una voluntad de retomar el modelo aristotélico. De aquí se desprende el doble estatuto de la virtud en el discurso de Rousseau. Puesto que la soberanía del pueblo es el principio, no de una forma política particular, sino de todo lazo social legítimo, Rousseau afirma, contra Montesquieu, que la virtud es necesaria a toda sociedad política: “He aquí por qué un autor célebre ha considerado  a la virtud como un principio de la  República; porque todas estas condiciones no podrían subsistir sin la virtud: pero a falta de hacer la distinción necesaria,  a este bello genio le ha faltado con frecuencia la justicia, algunas veces claridad, y no ha visto que, siendo la autoridad soberana en todas partes la misma, el mismo principio debe tener lugar en todo Estado bien constituido, más o menos, es verdad, según la forma de gobierno”. Mas, retomando las mismas fórmulas de Montesquieu, sobre la oposición entre el amor a la patria e interés particular, Rousseau orienta, como una de sus líneas de fuerza, el Contrato social hacia el examen de las condiciones que pueden forzar al ciudadano a ser virtuoso” (texto nº 29).

Podemos verlo claramente: en Montesquieu y después en Rousseau, la problemática de la virtud se encuentra con un problema completamente nuevo para la democracia: ¿cómo podemos fundar, en una sociedad que siempre se estructura según una valorización de lo privado, en la posesión de la riqueza una democracia en la cual su concepto encierre la valorización de lo público, del poder ejercido, de la igualdad? Suele decirse que desde la Revolución francesa (1789), a la que Marx designó como “la escoba gigantesca [que] barrió todas las reliquias de tiempos pasados […], y con Robespierre a la cabeza del Terror, el pensamiento político moderno no ha cesado de ocuparse de esta dificultad. Pero ya mucho antes, la Glorious Revolution inglesa (1688-1689) había puesto el asunto sobre el tapete. Así, la idea que proponen muchas investigaciones, es que los revolucionarios ingleses crearon, por medio de una revolución, la primera y auténtica revolución moderna por encima de la francesa, mucho más sangrienta de lo que se creía hasta ahora, un nuevo tipo de Estado moderno, que habría supuesto un auténtico antes y después en la historia de Europa y en la conformación del mundo moderno tal como lo conocemos hoy. Guillermo de Orange, y su esposa María se nombraron reyes luego de firmar la Declaración de Derechos (Bill of Rights), que ponía fuertes limitaciones al monarca y creaba un Poder Judicial autónomo. También se ratificó una ley del Parlamento (Triennial Act, de 1664) que obligaba a convocarlo periódicamente. Estas disposiciones dieron origen a la monarquía constitucional inglesa, y desde entonces hubo una división del poder, y por lo tanto, las fuentes de autoridades eran independientes entre sí; el Ejecutivo quedó en manos del Rey y el Legislativo en manos del Parlamento, que sería la única autoridad capaz de crear impuestos y aprobar leyes, que eran puestas en práctica por un tercer poder, el Poder Judicial.

En América, después de la guerra revolucionaria (1775-1783) James Madison declaró: “Al crear un sistema que deseamos logre perdurar por mucho tiempo, no debemos perder de vista los cambios de las distintas épocas. La Constitución, aprobada en Filadelfia en 1787, fue planeada para servir a los intereses del pueblo: ricos, pobres, los del norte y los del sur, granjeros, trabajadores y gente de empresa”. A lo largo de los años, la Constitución ha sido interpretada de acuerdo a las cambiantes necesidades de los Estados Unidos.

Los delegados de la Convención Constitucional creían firmemente en el gobierno de la mayoría, pero deseaban proteger a las minorías contra cualquier injusticia de la mayoría. Para lograr esta meta establecieron una separación y equilibrio entre los poderes del gobierno nacional. Otros objetivos constitucionales básicos eran el respeto a los derechos de los individuos y de los estados, el gobierno por el pueblo, la separación de la Iglesia y el Estado, y la supremacía del gobierno nacional. De modo pues, que esta dificultad fue enfrentada en otras partes, aunque es, hoy en día, en los tiempos que corren, cando esa dificultad ha alcanzado su cima: se llama globalización del capitalismo.

La democracia requiere el recate de la virtud como concepto activo, y la virtud que requiere la democracia es inseparable de la idea de ciudadanía como poder y de la exigencia de hacer compatibles la igualdad y la libertad. Después de la Gran Guerra (1914-1918) vinieron los “años dorados”, y la humanidad, o una parte no tan pequeña de ella, creyó alcanzar un cierto ideal posible de felicidad. Pero la Gran Depresión (1929- 1939) y la Segunda Guerra mundial, mostró que las palabras de T.S. Eliot eran ciertas “Human being cannot bear too much reality” (El ser humano no puede soportar tanta realidad). La Revolución bolchevique de octubre de 1917, abrió los ojos al sueño de una nueva sociedad donde, al fin, los hombres podrían convivir como humanos, despojados de la codicia del lucro y de la locura del mercado que enriquece y empobrece de la noche a la mañana. La ilusión se vino al suelo, vuelta añicos por los mismos que trataron de erigir ese mundo mejor. Stalin hizo la increíble hazaña de destruir lo que Rousseau juzgaba indestructible: la voluntad general.

En conclusión, si queremos avanzar con firmeza en el concepto y acción de la democracia, hoy en día, es necesario investigar y pensar cuidadosamente, con hondura, las relaciones sinérgicas entre cuatro pares de “elementos”, que se han venido discutiendo, pensando y poniendo en obra, con errores y rectificaciones, desde hace 2.700 años en Occidente. Estos “elementos son:1) Las relaciones, los problemas (¿hay fines comunes?) y la unidad de República y Democracia; 2) las relaciones y problemas entre Soberanía popular y Estado de Derecho; 3) Las relaciones y tensiones entre igualdad y libertad: y, 4) las relaciones y la ponderación entre comunidad e individuo.

La prevalencia o imposición del trío soberanía popular-igualdad-comunidad, nos lleva al comunismo o al socialismo autoritario. Se afirma que la soberanía popular es un poder constituyente, que es supra-constitucional. Pero, ¿se puede vivir sin instituciones, públicas y privadas bien establecidas, que den seguridad al individuo? Pero sabemos que sin instituciones firmes y de pautas y objetivos claros, la sociedad organizada no puede existir. Sería un retorno al hombre de las cavernas. El poder constituyente tiene límites, no sólo en los derechos humanos, sino también en su duración, pues termina con la aprobación, en referéndum, de la nueva constitución, que sólo ahora entra en vigencia, cuando remplaza a la anterior. Negri no estaría de acuerdo con estas reflexiones, mas nos preguntamos: ¿a dónde conduce el ejercicio de un poder constituyente permanente, concebido como primum ontológico? ¿No es esto otra forma de revertir a las utopías totalitarias del siglo XX?

Por otra parte, Rawls ha demostrado terminantemente, que la igualdad debe de ser equitativa, noigualitaria, una tabla rasa que elimine la irrevocable heterogeneidad y diversidad del mundo real, entre los hombres y a Naturaleza. El Estado de Derecho es irremplazable, aunque las constituciones puedan ser reformadas o cambiadas. Finalmente, entre individuo y comunidad no tiene por qué existir una tensión permanente. Todo lo que se necesita es reconocer que el individuo debe gozar de la máxima autonomía, lo que le permite actuar en su familia y unirse libremente, o no, a una comunidad, de la cual puede salirse si así lo desea.

Sólo nos quedan, pues, las memorias del desolvido y la voluntad de establecer la sinergia entre democracia y república: pensar la unidad de la soberanía y del estado de derecho, la del individuo y la comunidad, de la libertad y la igualdad. Puede que así escapemos a las tenazas que forman el totalitarismo por una parte, y la sociedad corporativa, por la otra.