Sary Levy retratada por Diego Vallenilla

Para Sary Levy no existen dudas de que el país ya está inmerso en una dinámica hiperinflacionaria que, entre otras cosas, ha servido para que los venezolanos constaten que si un gobierno se desentiende de la ciencia económica culmina en una crisis donde el ascenso de los precios luce indetenible.

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela, es una de las voces que a diario alerta de la urgente necesidad de un cambio de rumbo que detenga el deterioro y coloque al país en una senda de recuperación y crecimiento.

“Una hiperinflación es un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio y hay tres mediciones. La que formuló Phillip Cagan en 1956 que nos dice que un país cae en hiperinflación cuando sufre una tasa de 50 por ciento mensual; la otra es la de la asociación de contadores internacionales (International Accounting Standards Board) que indica que hay hiperinflación cuando se registra una tasa de 100 por ciento por tres años consecutivos. Y La de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, que hablan de hiperinflaciones modernas y toman como parámetro una tasa anual de 500 por ciento”, dice Sary Levy.

“De acuerdo con la definición de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, utilizando todas las proyecciones para este año, desde la más alta hasta la más baja, ya estamos en hiperinflación. Si empleamos el parámetro de la asociación de contadores, las cifras también nos dicen que 2015-2017 hemos tenido una inflación superior a 100 por ciento y por tanto ya estamos en hiperinflación. La Asamblea Nacional registró inflación de 45,5 por ciento en octubre, pero la medición de Econométrica arrojó 50,6 por ciento, es decir, también se habría cumplido la definición de Phillip Cagan”, explica Sary Levy.

“Es evidente que ya estamos en una dinámica hiperinflacionaria porque tenemos un proceso de aceleración constante en los últimos dos años.  Además, siempre señalo que cuando Phillip Cagan habló de una tasa de 50 por ciento intermensual las condiciones en el mundo no eran las actuales. Esta es una enfermedad que ya sabemos cómo se cura y los gobiernos que no lo hacen es porque no quieren asumir la realidad de lo que están viviendo. El desastre venezolano ha evidenciado todas las cosas que están en la teoría. Pocas veces se ve que alguien se empecina en ir por el camino equivocado de forma tan firme”, agrega.

La principal causa de la inflación que viven los venezolanos es bien conocida:

“El incremento del gasto público que fue altamente dispendioso, amén de discrecional y opaco, generó un importante déficit fiscal que no ha sido cubierto con impuestos o deuda, independientemente de que nos hemos endeudado gravemente durante estos años. El mecanismo principal para cubrir el déficit ha sido la emisión monetaria porque el endeudamiento ya tiene un costo muy alto y en este momento están bloqueados los sistemas financieros para tal efecto”, precisa Sary Levy.

Profundiza en esta idea y explica:

“Esa emisión monetaria, sin respaldo en bienes y servicios, presiona al alza los precios. Como ha habido un desmantelamiento de cadenas productivas y una caída de la producción nacional, cada vez existen menos bienes y más liquidez en el mercado. Eso ha ido generando una especie de circulo vicioso que acelera la velocidad de la inflación, ese desbalance entre oferta y demanda monetaria es lo que genera esta situación inflacionaria”.

“Esto nos lleva a un entorno donde la moneda local es rechazada, se convierte en una papa caliente, tan pronto alguien recibe bolívares quiere transformarlos en un activo fijo o en divisas. La moneda pierde la cualidad de reserva de valor y esa pérdida de confianza presiona su depreciación”, dice Sary Levy.

Es necesario resolver el déficit fiscal para contener la aceleración de la inflación.

Se requiere un control del déficit fiscal y para eso hay que racionalizar el gasto público, algo que implica evaluar hasta dónde puede llegar el sector público y permitir que sea la sociedad vía sector privado la que genere bienes y servicios. Como ocurre en todas las economías que funcionan adecuadamente a través del mercado, que es el mejor mecanismo que se ha encontrado como sistema de información económica. Una vez determinado el tamaño del gasto público, hay que añadir que debe ser eficiente, transparente, porque son recursos que aporta la ciudadanía.

¿Esto no implica un cambio profundo en una economía donde el Estado siempre ha sido el actor fundamental?

Implicaría contar con un estado de derecho, respeto a la propiedad privada, simplificación de trámites administrativos, manejo abierto de la economía con las salvaguardas adecuadas, impulso a la inversión. Además, un cambio profundo en el meta relato social que nos permita trasladarnos hacia una economía diversificada y abierta. Cuando hablo de diversificación productiva no me refiero a sustitución de importaciones, no es correcto predefinir los sectores ganadores, es el mercado el que impulsa las transformaciones productivas. Hablo de reglas de juego claras para todos los sectores. En algunos espacios hay fallas de mercado que se deben atender, pero con la idea de que el Estado se retire lo antes posible.

No es posible cortar el financiamiento monetario rápidamente sin generar una crisis de liquidez. ¿Esto no obliga a ser gradual?

Hemos hablado de un enfoque de mediano y largo plazo. El corto plazo no necesariamente funciona igual que el largo plazo. En este caso para atacar la inflación hay que tocar todas las variables de forma conjunta y se requiere un programa de corto plazo que tienda a la estabilización.

¿Ese programa de estabilización pasa por obtener financiamiento externo?

El programa de estabilización pasa por cubrir la necesidad de financiamiento externo y puede hacerse a través de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional que fueron creados para atender este tipo de casos. Es mucho más económico ir al FMI que puede otorgar préstamos a 2% o 3% que acudir a la banca privada, no hay bancos que le presten a Venezuela en esas condiciones.

Hay quienes piensan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impondrá condiciones para otorgar ese financiamiento.

La condicionalidad del FMI es lo que los profesionales del área económica hemos estado reclamando. Control del déficit fiscal, racionalidad de la política monetaria, que poco a poco unifiques el tipo de cambio. La condicionalidad no es negativa, es racionalidad. Es importante señalar que se requiere un plan compensatorio en el ámbito social muy importante. Aparte de obtener financiamiento hay que renegociar la gravosa deuda externa, revisar cómo va a ser la reestructuración del sector público y eso no es instantáneo, podrían ser necesario dos años, por poner un período, para que comience a haber transformaciones relevantes en la economía.

¿El programa de estabilización podría ser expansivo?

Con cierta facilidad puede ser expansivo. Según Conindustria hay una capacidad ociosa muy alta, la industria está trabajando con 35% de la capacidad instalada. No toda la capacidad instalada se va a activar, algunas estarán obsoletas, persistirán cuellos de botella que tendrán que ser suplidos vía importaciones, no es automático, pero hay sectores que con cierta velocidad pueden incrementar la producción. Hemos sumado males como la caída de la producción petrolera a una realidad que ni siquiera es tan grave. Tenemos precios del petróleo alrededor de 50 dólares el barril y en el pasado el país pudo vivir con el barril a 10 dólares sin una crisis como la actual, sin la escasez y la hiperinflación que hay ahora.

¿Cree que Nicolás Maduro está en condiciones de aplicar un programa de estabilización y recuperación?

Los que hemos vivido en Venezuela es una política de control social donde la economía ha sido un instrumento más. En ese sentido si no hay un cambio ideológico no va a haber un cambio del modelo económico. Soy de quienes cree que sin un cambio político lamentablemente no se vislumbra ninguna transformación económica.

El Gobierno se aferra al control de precio con una variante: los precios concertados, es decir, se supone que ya no obligarán a colocar determinado precio, sino que se llegara al mismo de común acuerdo con los empresarios. ¿Qué opina?

¿Si hay un proceso de hiperinflación cómo van a fijar el precio? Eso no funciona.

¿La dolarización es una alternativa?

Diría que si se llega a considerar esa estrategia en el futuro hay que tener claro que no es suficiente. Te da un piso. Pero si continúas con un déficit fiscal tarde o temprano esa dolarización es insuficiente frente a la inercia inflacionaria local. Grecia asumió el euro como moneda, por ejemplo, pero no controló su déficit fiscal y se endeudó de tal forma que culminó en crisis. Todas las políticas hay que ponerlas a funcionar de forma simultánea.

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Asdrúbal Oliveros retratado por Diego Vallenilla

Como director de Ecoanalítica, una de las firmas más consultadas por quienes están obligados a tratar de comprender hacia dónde va la economía venezolana, Asdrúbal Oliveros ha visto cómo la crisis se profundizó y no duda en advertir que el país está en el preludio de una hiperinflación que tendría efectos devastadores sobre la población.

Economista (Summa Cum Laude) de la Universidad Central de Venezuela con maestría de políticas públicas en el TEC de México y una experiencia que incluye su desempeño durante cinco años como analista de Santander Investment, afirma que la única manera de acabar con la aceleración en el incremento de los precios es con un programa de reformas integral que abarque a toda la economía.

Ante la falta de información pública, Ecoanalítica elaboró un índice de precios que le permite proyectar la inflación. ¿Qué está señalando este termómetro?

En los primeros cinco meses del año la inflación registró un promedio de 19%. Pero en junio saltó a 24%, en julio a 28%, en agosto a 35%, subió a 37% en septiembre y ya para octubre se ubica en 44%, con lo que el promedio de los primeros diez meses del año es de 26,4%. Es evidente que hay una aceleración relevante que preocupa mucho. La inflación está reflejando los desequilibrios que tiene la economía venezolana.

¿Uno de los principales desajustes es el fiscal, es decir, un Gobierno que no tiene cómo cubrir sus gastos y recurre al Banco Central de Venezuela para que lo financie?

Así es. Tenemos un Gobierno con un elevado déficit que se ha agravado durante el mandato de Nicolás Maduro por la caída de los precios del petróleo y el no haber hecho un ajuste adecuado. Entonces, este déficit se cubre con monetización, con dinero que emite el Banco Central de Venezuela. Mientras aumenta la cantidad de dinero por esta vía la producción no se eleva o cae porque no hay como mantener las importaciones y se produce un descalce entre la oferta y la demanda. La consecuencia es presión en los precios.

¿Qué proyecta Ecoanalítica en términos de importaciones? Es una variable clave porque la producción cae por la falta de materia prima e insumos, algo que mantiene la escasez y por ende la presión inflacionaria.

Prevemos importaciones de 13.500 millones de dólares en el año, una cifra sumamente baja. El primer semestre, que ya lo tenemos gracias a las estadísticas que publican los socios comerciales de Venezuela que representan 85% de las importaciones, nos dice que las compras al exterior se ubicaron en 7.500 millones de dólares, de allí surge el estimado del año. Y por los pagos de deuda externa han venido recortando importaciones de forma muy agresiva en los últimos meses.

Un elemento relevante es que buena parte de las importaciones privadas se están haciendo con dólares comprados en el mercado paralelo a un tipo de cambio muy superior a los oficiales.

Las dos tasas oficiales financian cada vez menos bienes y servicios. El tipo de cambio paralelo viene ganando espacio en el financiamiento de las importaciones, algo que a mí me sorprende muchísimo porque este mercado siempre respondió a la salida de capitales, a la protección de patrimonio, no era utilizado para financiar importaciones en gran volumen. Históricamente, a través del mercado paralelo no llegaron a adquirirse divisas para más de 9% de las importaciones. Pero a partir de 2015 comienza un aumento hasta el punto de que hoy, a través de este mecanismo, se financia 54% del total de las importaciones privadas y 14% de las importaciones totales cuando ponderas públicas y privadas.

Al mismo tiempo la recesión se traduce en que el Gobierno recauda menos impuestos.

La recesión hace que el problema fiscal se agrave. Cuando comparamos lo recaudado por impuestos no petroleros en términos reales entre enero y septiembre de este año con el mismo lapso de 2016 observamos una caída de 53%. Entonces, como decíamos hace poco, el Gobierno recurre al Banco Central para cubrir la brecha.

¿Considera que están presentes las condiciones para que Venezuela caiga en una hiperinflación?

Venezuela está ya en un escenario hiperinflacionario, hay cosas sintomáticas claves: la caída de la recaudación tributaria no petrolera en términos reales es significativa y exacerba el problema fiscal, el cono monetario pierde validez con mucha rapidez y hay problemas con el efectivo; aumento en la cantidad de bienes y servicios que se transan en dólares, incremento en la cantidad de veces que se eleva el salario mínimo y reducción en el tiempo establecido en los contratos.

¿Qué indican las cifras en cuanto a la cercanía de una hiperinflación?

En los primeros 10 meses del año tuvimos una inflación promedio de 26%, Azerbaiyán tuvo inflación promedio de 32% cuando estalló el ciclo hiperinflacionario. De 26% a 32% no hay mucha diferencia. La hiperinflación se profundizará si continúa el deterioro económico del país. En octubre, por ejemplo, la inflación del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 58% y de restaurantes y hoteles en 70%, eso es un signo latente de la gravedad del problema.

¿Qué recomienda para detener esta deriva?

Lo primero es que el problema inflacionario no lo puedes ver aislado, tiene que ser parte de un programa de estabilización macroeconómica. El problema se circunscribe a un cambio del modelo económico y a contar con un plan de estabilización de largo alcance. El segundo elemento clave es que en ese plan el tema de la inflación tiene que ser prioridad. Quien hace la política económica decide la prioridad, por ejemplo, el empleo o el crecimiento también podrían ser la prioridad. En mi opinión el plan debería tener como eje central la reducción rápida de la inflación porque es el elemento que más distorsión está generando en la economía, más empobrecimiento.

¿Qué debería contemplar un plan que tenga como prioridad frenar la inflación?

Son necesarias medidas en todos los frentes. En el flanco institucional lo más importante es rescatar la majestad del Banco Central y su autonomía. Que un Banco Central sea autónomo no es garantía de baja inflación pero que no lo sea es un elemento frecuente en los países con alta inflación. Hay que rescatar el carácter técnico del Banco Central para que pueda hacer política monetaria y cumplir con el rol de velar por la estabilidad de los precios. Es necesario contar con un presidente del Banco Central adecuado a ese cargo y un directorio de altísimo nivel.

¿Qué cosas podrían hacerse de manera puntual?

En el tema fiscal considero necesario un ajuste importante en subsidios que causan distorsiones como el precio de la gasolina y el tema cambiario. En la medida en que corrijas el déficit crónico que sufre la economía, eso va a significar una mejora importante. El desmontaje de los controles de cambio y de precios ayudaría a incrementar la oferta.

En Venezuela ha habido una reducción relevante en la capacidad de generar oferta, hay menos empresas y un largo período de baja inversión. ¿Esto significa que no basta con eliminar los controles?

Así es. Una de las cosas más negativas ha sido la destrucción de empresas y por ende hay muchos sectores que tienen estructuras de monopolio y oligopolio.  El estímulo a la competencia se va a frenar o va a tardar y eso tendrá como consecuencia que la caída de la inflación no sea tan rápida como se quisiera. También habrá que hacer cambios en la estructura laboral. El mercado laboral es muy poco competitivo y rígido. No puedes resolver el problema de la inflación a mediano o largo plazo si no incrementas la productividad.

¿Cree que el gobierno de Nicolás Maduro es capaz de implementar un programa que detenga la inflación o su visión ideológica le impide hacerlo?

Lo que viene es una profundización del modelo causante de la elevada inflación. La visión ideológica y política del chavismo no es la adecuada para tener inflaciones bajas. En el Gobierno persiste la idea de que la inflación es un problema exógeno producto de empresarios con un afán de lucro desmedido, de una guerra económica con elementos internacionales y especulación.  Por eso considera que es a través de tener más control de la economía que va a resolver el problema. Esa es la lógica del chavismo que evidentemente no ha funcionado. Eso me lleva al punto de que solo cambiando el modelo político se puede comenzar a resolver el problema de inflación.

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El pasado 2 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó: “He ordenado que a primera hora de mañana viernes, 3 de noviembre, se inicie el pago del Bono Pdvsa 2017; pero luego de este pago, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela”.

Nicolás Maduro se refería al desembolso de 1.121 millones de dólares por la amortización del bono de Pdvsa que vence este año. Pero aún el viernes 10 de noviembre, los inversionistas no habían recibido el dinero en sus cuentas.

Los seguros por incumplimiento de pagos

Debido a la tardanza, el pasado miércoles los inversionistas solicitaron a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados Financieros (ISDA por sus siglas en inglés) que se pronunciara sobre si procedía el pago de los Credit Default Swap (CDS). El CDS es un derivado financiero diseñado para transferir exposición a riesgo de impagos. Los inversionistas que poseen bonos se “aseguran” a través del uso de CDS. En caso de impago, el asegurador se compromete a cancelar al inversionista la prima del instrumento y todos los intereses que se hubiesen hecho entre el momento del default y la fecha de maduración del papel. Los CDS operan como una póliza de seguro contra la eventualidad de un default que es como técnicamente se conoce cuando un país no paga a tiempo sus compromisos.

La ISDA comenzó a discutir el caso de PDVSA ayer, y hoy viernes señaló que volverá a reunirse el próximo lunes a las 12 del mediodía, hora de Nueva York, para continuar deliberando y decretar si ya son exigibles o no los CDS relacionados con el bono de PDVSA que debió pagarse hace una semana.

La lentitud podría deberse a que por vías extraoficiales el mercado tiene la noticia de que Pdvsa hizo el desembolso y en las próximas horas podría concretarse el pago. Víctor Silva, presidente de Kapital Consultores, explica que el mercado ha reaccionado positivamente a esta posibilidad y el precio de los bonos de Pdvsa y la República experimentaron este viernes una ligera recuperación.

El plazo para los intereses

El mercado seguirá a la espera. Pdvsa y la República pueden atrasarse hasta 30 días en el pago de los intereses de sus bonos sin incurrir en un default y el monto atrasado por este concepto es relevante. En el caso de la República se trata de 437 millones de dólares y en el de Pdvsa 355 millones que deberán ser pagados antes de que expire el plazo.

Los bonos de Corpoelec

La incertidumbre también arropa a quienes tienen bonos de Corpoelec. Esta empresa estatal debió cancelar el jueves de esta semana 28 millones de dólares por intereses correspondientes a una emisión de bonos por 650 millones de dólares. De acuerdo con Wilmington Trust, fiduciario del título, el pago no llegó y en consecuencia difundió un comunicado señalando que “el hecho de que el emisor no pagara los intereses (…) constituye un incumplimiento bajo el contrato”.

No obstante, Corpoelec informó a través de su cuenta Twitter que desembolsó los recursos el 8 de noviembre, pero “cambios en la operatividad han afectado las transacciones”.

El incumplimiento en el pago de los compromisos de Corpoelec no tiene impacto sobre la deuda en bonos de Pdvsa y la República como no lo tuvo en el pasado el default que hizo el Estado al no pagar los bonos de Sidetur, otra empresa pública.

El desequilibrio

Entre 2004-2012 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia. Al país ingresó una enorme cantidad de petrodólares con excepción de la caída de la economía de 2009-2010. Pero la administración de Hugo Chávez decidió endeudarse velozmente bajo el convencimiento de que el plan socialista necesitaba de una mayor dosis de dinero. En este período, solo por los bonos emitidos por Pdvsa y el gobierno central, la deuda se triplicó de 21 mil 120 millones de dólares a 67 mil 714 millones.

El dinero recibido por los préstamos se destinó a proyectos sin capacidad de generar dólares, y a diferencia del resto de los países petroleros, Venezuela no creó un fondo de ahorros; por lo tanto, bastaba que el barril de petróleo descendiera para que el peso de la deuda comenzara a doblar la espalda de la economía.

Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, precisa que entre 2005-2008 el pago de capital e intereses que el país debía desembolsar anualmente por la deuda solo equivalía al 10% del dinero que ingresaba por las exportaciones. Pero en 2015 alcanzó el 50% y los venezolanos comenzaron a padecer una enorme pérdida de calidad de vida.

El gobierno de Nicolás Maduro ha optado por un feroz recorte de las importaciones que se traduce en desabastecimiento de productos básicos, empresas paralizadas por la falta de materia prima y presión inflacionaria por el déficit de oferta. Herrera señala que en términos per cápita las importaciones no petroleras cayeron desde 1.800 dólares en 2012 hasta un estimado de 325 dólares este año: el mínimo en términos históricos.

La economía acumula cuatro años de declive. De acuerdo con un análisis elaborado por los economistas Luis Zambrano Sequín y Demetrio Marotta del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, para mantener el nivel de actividad económica en órdenes similares a los de 2013, Venezuela requiere de importaciones por el orden de 57 mil millones de dólares y este año se calculan en torno a 19 mil millones.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, resume que por el alto costo social “al gobierno se le agotó la estrategia con la que venía pagando la deuda. El próximo año hay elecciones presidenciales y resulta cuesta arriba pensar que Nicolás Maduro vaya a reelegirse en un entorno de restricción de importaciones tan agresivo, por más que las elecciones no sean competitivas”.

En 2018 el país debe cancelar por vencimientos de bonos 8 mil millones de dólares a los que se añaden otros 4 mil millones por préstamos de otro tipo. Según las estimaciones del trabajo realizado por Zambrano Sequín y Marota, “en un contexto optimista para los precios petroleros, en 2018 las exportaciones petroleras podrían alcanzar unos 32 mil millones de dólares”, es decir, la deuda consumiría alrededor de 37% del ingreso de divisas, lo que obligaría a mantener el recorte de importaciones para pagar a tiempo. De allí la urgencia del gobierno por alcanzar un acuerdo que alivie los pagos.

Los escollos

Los mencionados Tamara Herrera y Asdrúbal Oliveros, así como Francisco Rodríguez, analista de la firma Torino Capital; José Guerra, diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, participaron en un foro organizado por esta universidad para analizar la posibilidad de que el gobierno lograse un acuerdo de reestructuración o refinanciamiento.

Tamara Herrera indica que es vital un plan económico que en este momento no existe. “Cualquier propuesta de renegociación o refinanciamiento de la deuda necesita ser creíble y para eso se requiere de un plan económico que garantice la sostenibilidad de la economía. Desde 2014 solo ha habido reformas cambiarias incompletas e inútiles, no hay ancla fiscal ni monetaria, al punto de que esperamos que este año la masa monetaria crezca 900%”.

Otro factor a tomar en cuenta es que una operación de refinanciamiento o reestructuración necesitaría la aprobación de la Asamblea Nacional, la cual fue desconocida por el gobierno bajo el argumento de que “está en desacato”. Miguel Mónaco explica que “el artículo 100 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público dice que el gobierno no necesita autorización previa de la Asamblea Nacional en el caso de que la negociación conduzca a mejoras en las condiciones de la deuda como reducción de las tasas de interés o extensión de plazos. Pero por las dimensiones de las que hablamos, un programa de reestructuración de la deuda sería un contrato de interés público nacional y el artículo 150 de la Constitución, que priva sobre la Ley de Administración Financiera del Sector Público, dice que todo contrato de este tipo tiene que someterse a la aprobación de la Asamblea Nacional”.

José Guerra afirma que sin un programa serio de reformas la Asamblea Nacional no debe aprobar ninguna operación que implique nuevo endeudamiento: “si dicen que presentan un programa económico donde eliminan el control de cambio, el control de precios, sinceran el precio de la gasolina, crean un subsidio social para los más necesitados, un plan para aumentar la exportación petrolera, entonces sí se podría pensar que la Asamblea respalde un nuevo endeudamiento. De lo contrario me voy a oponer porque no va a haber cómo pagar”.

El 26 de agosto el presidente de Estados Unidos prohibió a las personas naturales y jurídicas de Estados Unidos o que operen bajo la jurisdicción de este país, financiar por más de 90 días a Pdvsa y por más de 30 días a la República a fin de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, que desde su punto de vista se ha apartado del camino democrático.

Miguel Mónaco explica que “obviamente el refinanciamiento tendría que ser por plazos superiores a estos y la mayoría de los acreedores son corporaciones de Estados Unidos o donde al final del camino hay una persona natural que es estadounidense. Además, la deuda está contraída en dólares y si el refinanciamiento es en dólares se considera que está bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Si se hace una transferencia en dólares a Suiza, por ejemplo, se produce una conciliación de cuenta interbancaria en Estados Unidos y muchos bancos consideran que por esta causa la operación está en el marco de la prohibición”.

La gran mayoría de los bonos de la República cuentan con una cláusula de acción colectiva que indica que para modificar las condiciones de los títulos es necesario que estén de acuerdo los inversionistas cuyos títulos representan al menos 75% de la deuda. Este es otro tema a evaluar.

Mónaco indica que “si los acreedores intransigentes, que no están dispuestos a negociar una reestructuración, controlan más del 25% no va a haber la mayoría necesaria para renegociar esa deuda, en el caso de la República. Con la caída que hubo estos días en el precio de los bonos es posible que estos inversionistas intransigentes hayan aumentado su posición”.

Agrega que “cualquier reestructuración de la deuda pasa por enseriar las finanzas públicas y cambiar el modelo económico. De cara a las prohibiciones, pasa por restaurar el proceso democrático del país, donde Estados Unidos y la Unión Europea vean que se han restablecido las garantías democráticas; sin eso es difícil creer que un acreedor va a aceptar refinanciar la deuda venezolana”.

Asdrúbal Oliveros indica que “para una reestructuración de la deuda es necesario conformar un equipo técnico de alto nivel en lo económico, financiero y jurídico. Eso no se ha planteado todavía. Además, hay que colocar en la balanza los conflictos de intereses que existen a lo interno del chavismo, grupos que tienen bonos y están ligados a actores políticos que son claves para el sostenimiento del presidente Maduro”.

Francisco Rodríguez señala que aun suponiendo que hubiese un cambio de gobierno y no existieran las sanciones de Estados Unidos sería difícil reestructurar la deuda venezolana, entre otras cosas, porque “una parte importante de esta es de Pdvsa y es atípico tener un Estado que no puede pagar sus compromisos pero que al mismo tiempo obtiene ingresos importantes por sus exportaciones. Es un caso inusual y los precedentes no son buenos para los deudores”.

El default

El gobierno tiene que estar consciente de estas fuertes limitaciones, por lo tanto, el anuncio hecho por Nicolás Maduro el pasado 2 de noviembre de que iniciará un proceso para renegociar o reestructurar la deuda hay que analizarlo desde el punto de vista político en un contexto donde en 2018 el gobierno intentará ganar las elecciones presidenciales a toda costa y para esto necesita aumentar su capacidad de importar.

Tamara Herrera explica que “el año que viene hay que cancelar 5,5 millardos de dólares por bonos de la República y si el gobierno dejara de pagarlos el servicio de la deuda sería solo de 2,9 millardos correspondiente a bonos de Pdvsa. Esto luce astuto, a lo mejor liberar 5 millardos de dólares te da un margen de maniobra importante, pero en 2019 el país estará en una situación sumamente grave de cara al resto de sus compromisos”.

Bajo esta perspectiva el anuncio del 2 de noviembre y la convocatoria a los inversionistas a que vengan a Caracas a una reunión el lunes 13 de noviembre para iniciar las negociaciones solo buscaría crear el contexto para justificar la cesación de pagos el próximo año argumentando que las sanciones de Estados Unidos y la negativa de los inversionistas no dejó otro camino al gobierno. El default sería culpa de la “agresión imperial de Donald Trump”.

Francisco Rodríguez recordó que la deuda emitida por el gobierno “está amparada por el principio de inmunidad soberana, cuando el deudor entra en default el acreedor no puede embargar los bienes del soberano. Nadie puede entrar a la embajada de Venezuela, por ejemplo, y llevarse los muebles. No puedes incautar oro que el Banco Central tenga guardado en Basilea, por ejemplo. Pero este principio no aplica para las corporaciones como Pdvsa y sí se pueden embargar activos y facturas petroleras de Pdvsa”.

Una opción para evitar el embargo de activos de Pdvsa, indica Francisco Rodríguez, es que la corporación en caso de un hipotético default se acoja al proceso de bancarrota que contempla la legislación de Estados Unidos, pero por el alto costo político que tendría un paso como este y por el intrincado camino legal luce muy poco probable que el gobierno esté contemplando esta posibilidad.

Un eventual default añadiría mayor presión a una economía que en 2018, según todas las proyecciones, acumulará el quinto año consecutivo en recesión y que camina al borde de la hiperinflación. De acuerdo con las estimaciones de Ecoanalítica y Síntesis Financiera si la inflación de noviembre y diciembre se mantiene entre 40% y 50%, en 2017 habrá un salto de 2.000%.

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El martes 21 de noviembre, Prodavinci realizará un evento en el teatro Chacao en el que Yorelis Acosta, Asdrúbal Oliveros, Michael Penfold y Ángel Alayón compartirán sus visiones sobre la situación en Venezuela y las perspectivas para el año 2018. Haga click acá para entrar en Ticketmundo y comprar las entradas.

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New York Stock Exchange. Fotografía de Henry Ray Abrams para AP

La Casa Blanca prohibió al sistema financiero estadounidense participar en negociaciones que provean fondos al gobierno venezolano o a Pdvsa, cortando la posibilidad de que adquieran nueva deuda. La medida no afecta las transacciones con bonos emitidos en el pasado, excepto los títulos de la República que vencen en 2036 y que actualmente se encuentran en el portafolio de instituciones públicas.

Además, se prohíbe que Citgo envíe dividendos al Gobierno al impedir que empresas que operan en Estados Unidos, controladas directa o indirectamente por el estado venezolano, transfieran beneficios.

En una medida que alivia las consecuencias de las sanciones el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podrá permitir un periodo de 30 días para cerrar operaciones en marcha, el financiamiento de gran parte de las operaciones comerciales, incluyendo la importación y exportación de petróleo; negociaciones que solo involucren a Citgo y transacciones que impliquen la compra de alimentos, medicinas y equipos médicos.

“Estas medidas están cuidadosamente calibradas para privar a la dictadura de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento para mantener su gobierno ilegítimo, proteger al sistema financiero de Estados Unidos para evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su población, y permitir la asistencia con fines humanitarios”, dijo la Casa Blanca

La insolvencia

Tras no ahorrar durante los años en que el petróleo se cotizó a altos precios, despilfarrar el dinero en proyectos que no son capaces de exportar y endeudarse velozmente, al punto de que el Banco Central registra que la deuda por bonos del Ministerio de Finanzas y Pdvsa saltó desde 27 mil 053 millones hasta 120 mil 204 millones entre 2004-2015, Venezuela enfrenta un severo déficit de divisas.

El petróleo, que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país, se mantiene en un nivel que no permite mayor oxígeno y el vencimiento de los bonos asfixia las finanzas públicas. El Gobierno y Pdvsa deben cancelar en octubre 1.634 millones de dólares y en noviembre 1.890 millones y la proyección es que con los precios actuales del petróleo hasta 2028 cada año los vencimientos representarán al menos un tercio de los dólares a obtener por los barriles exportados.

Las reservas internacionales, el tanque de dólares que administra el Banco Central de Venezuela y permiten importar, pagar deuda, cubrir contingencias y ayudar a la estabilidad del tipo de cambio, cuenta al cierre del pasado 22 de agosto con 9 mil 855 millones de dólares, el nivel más bajo en quince años e incluso inferior al registrado en 2002-2003 durante el paro petrolero.

Del monto de las reservas solo alrededor de 700 millones de dólares puede ser utilizado de inmediato porque el resto del dinero está colocado en barras de oro, en el Fondo Monetario Internacional o en distintas categorías de bonos.

Rusia y China

Las sanciones de Washington hacen extremadamente difícil que el gobierno venezolano y Pdvsa puedan emitir nuevos bonos para obtener recursos y cancelar la deuda que está por vencerse al prohibir a las entidades financieras estadounidenses que participen en cualquier negociación que provea fondos a la administración de Nicolás Maduro.

Además, acaba con la posibilidad de que estas entidades financieras acuerden algún tipo de reestructuración de la deuda, porque no podrían participar en una operación que implique canjear los bonos que están por vencerse por otros de mayor plazo.

Alejandro Grisanti, experto financiero quien se ha desempeñado como analista de Barclays Capital para América Latina, considera que el cerco podría endurecerse dejando al país a la voluntad de Rusia y China, países que anteriormente han otorgado financiamiento al gobierno de Nicolás Maduro:

“Veo altamente probable que Europa y el resto de los países de la región se unan a las sanciones anunciadas por Estados Unidos y Rusia no tiene la capacidad para financiar a Venezuela en las magnitudes que el país necesita. Durante los últimos dos años China, que sí tiene esa posibilidad, ha emitido señales de que no está dispuesta a hacerlo”, dice Grisanti.

Agrega que “China ha atado la posibilidad de nuevos desembolsos a proyectos petroleros y estos nuevos proyectos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional que ha sido desconocida por las autoridades venezolanas. Es difícil que China se comprometa en contratos que tienen hasta 30 años de plazo con la sola aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente”.

De acuerdo a sus estimaciones, “Venezuela necesita de ahora al cierre del año financiamiento por 2.900 millones de dólares para cancelar los vencimientos de deuda y después 8 mil millones de dólares al año”.

En un reporte enviado a sus clientes, la firma Torino Capital destaca que antes de las sanciones el mercado financiero ya estaba bastante restringido para el gobierno venezolano por la combinación de riesgo político, un modelo económico insostenible y el factor reputacional, pero el anuncio de la Casa Blanca impacta en las pocas fuentes de financiamiento que quedan abiertas como la posible venta en el mercado secundario de los bonos de la República que vencen en 2036.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, considera que las sanciones complican el posible uso del oro que forma parte de las reservas internacionales como garantía para la obtención de fondos.

“Si bien estas transacciones serían con bancos europeos, estas entidades financieras van a considerar esta posibilidad con mayor cuidado porque operan en Estados Unidos y temen al costo reputacional”, dice Asdrúbal Oliveros.

Recortar importaciones

Hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a un severo recorte de importaciones para enfrentar el déficit de divisas. Antes de las sanciones de Estados Unidos las proyecciones de Ecoanalítica señalaban que este año las compras en el exterior se ubicarían en 15 mil 500 millones de dólares, una cifra que se traduciría en un descenso de 72% respecto a 2013.

Asdrúbal Oliveros señala que profundizar el recorte en las compras al exterior dejaría al país en una situación aún más difícil que la actual donde las empresas trabajan a media máquina por la falta de materia prima e insumos y es constante la escasez de bienes básicos en los mercados.

“El Gobierno necesita obtener 2 mil 900 millones de dólares para pagar la deuda que se vence en lo que resta de año y mantener unas importaciones por el orden de 7 mil 700 millones en el segundo semestre. Si no obtiene el financiamiento y opta por aumentar el recorte entonces hablaríamos de importaciones por 4 mil 800 millones de dólares en el segundo semestre, es decir, un descenso de 50% respecto a las del mismo lapso de 2016, cuando ya la situación era bastante difícil”, señala Asdrúbal Oliveros.

El default

Sobre la mesa también está la posibilidad de que la administración de Nicolás Maduro no agrave el recorte de importaciones y opte por no pagar la deuda declarándose en default.

Alejandro Grisanti afirma que “un default aumentaría el monto de las divisas disponibles para importaciones, pero la situación se agravaría una vez que los acreedores puedan comenzar a embargar activos de Pdvsa”.

Añade que “el Gobierno ha enviado en las últimas tres semanas, tanto a Houston como a Nueva York, a abogados que lo representan para estudiar opciones de default. El Gobierno está estudiando esa posibilidad y estaría evaluando cómo hacerlo protegiendo los activos de la República”.

Torino Capital indica en su reporte que es posible que el Gobierno considere que el impacto de un default desordenado es peor a una mayor contracción de las importaciones.

Un tema político

Ángel Alvarado, diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, señala que “si el Gobierno quiere enfrentar los problemas económicos y buscarle una solución al tema de la deuda a través de un refinanciamiento, entonces tiene que reconocer que primero debe solucionar el tema político y contar con un programa de reformas creíbles. Aún sin estas sanciones de Estados Unidos era imposible un refinanciamiento exitoso de la deuda externa”.

“Sin reconocer a la Asamblea Nacional e insistiendo en una Constituyente fraudulenta es imposible avanzar en un refinanciamiento de la deuda externa, el tema económico no está divorciado del político”, añade Ángel Alvarado.

La economía venezolana ya sufre una crisis sin precedentes. El PIB no ha dejado de caer desde el segundo trimestre de 2014 y la inflación se aproxima a los cuatro dígitos. Esto era antes de que las sanciones de Estados Unidos aumentaran de manera importante la posibilidad de un recorte de importaciones más severo o un incumplimiento desordenado en el pago de la deuda externa.

De izquierda a derecha: Ángel Alayón, Ronald Balza, Jaime Bello León, José Guerra y Omar Zambrano. Fotografía de Andrés Kerese.

En un entorno signado por el empobrecimiento súbito de la gran mayoría de los venezolanos, inflación galopante y hundimiento de la producción, la Universidad Católica Andrés Bello reunió a cinco expertos moderados por Jaime Bello León para analizar qué puede ocurrir con la economía en caso de que el próximo 30 de julio se instale una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos. 

Francisco Monaldi, profesor del IESA y de la Universidad de Rice; Omar Zambrano, quien se ha desempeñado como economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo en países de la región; José Guerra, diputado y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela; Ronald Balza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello y Ángel Alayón, economista con maestría en la Universidad de Chicago, coinciden en que la Constituyente que ha planteado el Gobierno incrementa la incertidumbre y amenaza con agravar el malestar de la economía.

Colapso petrolero

Francisco Monaldi en video. Fotografía de Andrés Kerese

Francisco Monaldi centró su intervención en las consecuencias que tendría para el país reformar la Constitución para impedir o limitar la participación del sector privado en las áreas de petróleo y gas.

“Hermann Escarrá, asesor del presidente Nicolás Maduro, ha generado una gran incertidumbre al manifestar en un par de ocasiones que hay que cambiar el artículo de la Constitución que permite la participación del sector privado en asociaciones o empresas filiales de Pdvsa. Esto es lo que da base a la existencia de las empresas mixtas y a que en el sector del gas empresas privadas puedan tener una participación mayoritaria en los proyectos que se llevan a cabo”.

Al evaluar el impacto que tendría prohibir la participación de las empresas privadas en el sector petrolero, dijo de manera categórica:

“Las implicaciones son gigantescas. La producción de Pdvsa, la que gestiona sin socio alguno, hoy es un tercio de lo que era cuando el chavismo llegó al poder. Hoy en día la mitad de la producción de petróleo de Venezuela es gestionada por las empresas mixtas, que cuentan con la presencia de un socio internacional. Impedir la participación de estos socios sería destruir lo poco que queda. Hermann Escarrá ha manifestado esta idea en auditorios de Pdvsa ante el gran aplauso y entusiasmo de los gerentes, en una ocasión estando presente el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino. Además, el ministro de Energía, Nelson Martínez, ha validado este tipo de afirmaciones”.

Francisco Monaldi también se refirió a la propuesta de los candidatos a constituyente Fernando Travieso y David Paravisini, quienes consideran que hay que limitar la presencia del sector privado en los proyectos de gas natural, obligando a Pdvsa a que tenga la mayoría accionaria en cada una de las iniciativas.

“Pdvsa no tiene flujo de caja para cumplir con su propia producción y en esas condiciones tendría que tomar la mayoría accionaria de los proyectos de gas. Esto afectaría fuertemente la actividad. Además, Fernando Travieso ha dicho que hay que expropiar el proyecto Cardón IV del campo Perla en Paraguaná, el único proyecto importante que se ha ejecutado en los años en que el chavismo ha estado en el poder”.

A manera de conclusión, afirmó que la Constituyente le plantea al país un reto de envergadura:

“Nos estamos jugando algo demasiado grave, la democracia, la república, la libertad y también el futuro de la industria petrolera, de la economía venezolana. Está en juego la posibilidad de que la población pueda tener una vida digna”.

Camino a la hiperinflación

Omar Zambrano fotografiado por Andrés Kerese

Omar Zambrano afirmó que no hay razones válidas desde el punto de vista económico para reformar la Constitución.

“No es cierto el argumento de que la Constitución de 1999 es una camisa de fuerza que impide que el Gobierno solucione la crisis económica y enfrente la extrema inestabilidad que tenemos. En los artículos que van desde el 311 hasta el 321 está todo lo que se necesita para aplicar una política económica racional y lograr, como lo han hecho países vecinos, estabilidad, crecimiento, baja inflación y bienestar. Entre otras cosas, allí se contempla estabilidad de precios, un fondo de estabilización macroeconómica y la prohibición de que el Banco Central financie el déficit fiscal”.

Desde su punto de vista la Asamblea Nacional Constituyente tiene, entre otros objetivos, la intención de apropiarse de dos atribuciones que corresponden al parlamento:

“Es obvio que van detrás de dos atribuciones de la Asamblea Nacional: la aprobación de deuda externa y la aprobación y revisión de todos los contratos de interés nacional”.

El anuncio que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro y el exministro Elías Jaua, de que la Constituyente congelará todos los precios es visto como una amenaza importante:

“Redoblar la apuesta sobre los controles de precios es una muy mala noticia. Este es el error de política económica más notorio en esta debacle de las condiciones de vida de los venezolanos. Está demostrado que los controles de precios no funcionan y ocasionan escasez, colas, mercados negros y, en el caso de Venezuela, redes de corrupción que tratan de extraer las rentas que crean esos mercados negros”.

Agregó Omar Zambrano:

“Seis meses antes de que se destapara la hiperinflación abierta, Zimbabue instauró un férreo control de precios con milicias formadas por paramilitares que encarcelaron a empresarios. Seis meses después la inflación era de 40 mil por ciento porque se trata de un problema monetario, mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Venezuela tiene una trayectoria que nos va a conducir tarde o temprano a una hiperinflación. El Banco Central imprime dinero en cantidades masivas para financiar a un fisco que no tiene fuentes legítimas de financiamiento porque sus propias políticas le han cerrado todas las vías”.

Riesgo de devastación

Ángel Alayón fotografiado por Andrés Kerese

Ángel Alayón destacó que la economía del país está inmersa en un proceso de destrucción que comenzó con el ataque a la propiedad privada a través de las expropiaciones y controles que impiden la toma de decisiones. Otros factores responsables del deterioro económico han sido la implementación de procesos de planificación centralizada y el intervencionismo por parte del Estado.

Desde su punto de vista son estas políticas la causa del empobrecimiento actual:

“El deterioro arrancó desde hace un buen tiempo y es la causa del empobrecimiento súbito que sufre Venezuela, un empobrecimiento de tal magnitud y velocidad que ha sido padecido por muy pocos países donde no ha habido una guerra o una catástrofe natural de grandes dimensiones. El fenómeno del hambre forma parte de esta crisis. Mediciones señalan que los venezolanos consumen 60% de los alimentos que consumían hace tres años, mientras que al mismo tiempo crece la desigualdad”.

La escasez, dijo Ángel Alayón, es un resultado inherente al modelo y está siendo utilizada por el Gobierno con fines políticos:

“Estamos en una economía de la escasez y no podría ser de otra manera con estas políticas. Y con la escasez aparece el fenómeno del racionamiento. Economistas y psicólogos han comprobado que cuando nos falta lo más básico nuestro ancho de banda cognitivo se reduce y nos concentramos en la supervivencia, en un marco de profunda dependencia. Esto abre la posibilidad de que la escasez sea utilizada como un elemento de control político, como lo hace el Gobierno a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

Explicó que a este deterioro se añadirá el impacto que crea el anuncio de que el país irá a un proceso donde todas las reglas pueden ser trastocadas:

“Al proceso que hemos vivido se añade un shock de incertidumbre con la posibilidad de la constituyente. Y la economía le huye a la incertidumbre porque no permite visualizar el futuro. Nada peor para la inversión que no saber qué cambios en el entorno pueden venir porque se va a activar una especie de botón nuclear donde las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana”.

Desde su punto de vista el país podría caer en un ciclo de devastación.

“La Constituyente amenaza con profundizar el proceso de destrucción y el desafío como sociedad es evitar un proceso de devastación donde sea mucho más difícil iniciar la reconstrucción del país”.

El endeudamiento

José Guerra. Fotografía de Andrés Kerese

José Guerra coincidió con Omar Zambrano en que la Constitución de 1999 permite un manejo eficiente de la economía:

“Desde el punto de vista conceptual es una buena Constitución. Establece el respeto a la propiedad privada y una economía mixta donde el Estado juega un rol importante. Además, contempla la autonomía del Banco Central, la preeminencia de la estabilidad de precios, obliga a que exista un acuerdo de política económica entre el Banco Central y el Gobierno. Otro aspecto relevante es que prohíbe los gastos no presupuestados y señala que no se reconocerá el endeudamiento que no haya sido aprobado por el Legislativo”.

Seguidamente agregó:

“Con esta Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno quiere tener manos libres para gastar y endeudarse”.

En su opinión, la economía corre el riesgo de caer en una mayor inestabilidad:

“La propuesta de estatizar las empresas mixtas de petróleo es grave; si eso se materializa, aquí no se va a producir una gota de petróleo porque Pdvsa está en bancarrota. Las empresas extranjeras son las que tienen la tecnología para extraer el petróleo pesado de la Faja. Además, el Gobierno se propone el absurdo más grande: controlar todos los precios, algo que se traduciría en una enorme escasez y, por último, estatizar los proyectos de gas en un país donde no hay bombonas de gas por la ineficiencia del Estado”.

La represión

Ronald Balza. Fotografía de Andrés Kerese

Ronald Balza destacó que la Constitución ha sido violada de manera reiterada porque a pesar de que el país se manifestó en contra de la reforma que en 2007 quiso incluir en la carta magna el socialismo y las comunas, el Gobierno siguió adelante con este proyecto.

“Aunque se rechazó la reforma constitucional en 2007 se aprobó el primer plan socialista, basado en la Constitución que Hugo Chávez quiso aprobar ese mismo año. Ahora se busca introducir leyes que tienen diez años siendo inconstitucionales”.

Desde su punto de vista el país se expone a la pérdida de garantías fundamentales:

“Ahora se le da mucha importancia a la reforma de la Constitución, aunque ha sido violada reiteradamente. Creo que la razón está en los principios. Uno de ellos es el pluralismo, es una Constitución que nos da garantías. Por ejemplo, se contempla la educación y la salud pública y privadas”.

Alertó que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser el inicio de una mayor represión:

“Después del cambio de Constitución viene la represión. La idea de tener el poder y negarle la existencia al otro es poder usar la fuerza contra el otro. Esa situación nos pone a todos en un peligro tremendo”.

Recuperar el consumo

Fotografía de Andrés Kerese

El público realizó una serie de preguntas que dieron a pie a consideraciones por parte de los ponentes sobre qué puede ocurrir en el corto plazo y cuáles deberían ser los aspectos básicos a considerar tras un eventual cambio político.

Omar Zambrano explicó que el norte de cualquier programa de ajuste debería ser recuperar lo más pronto posible la capacidad de consumo de la población:

“Venezuela atraviesa la tragedia más grande en términos humanitarios desde la Guerra Federal. No debe haber un divorcio entre las propuestas de orden técnico y el tema del bienestar. El norte debe ser producir un rebote en el crecimiento que alivie la situación de la población”.

Además, consideró importante una transformación en la estructura de la economía:

“Mi visión es que Venezuela va a cambiar y todos tenemos un rol en visualizar ese futuro. Hay una estructura perversa de incentivos donde el que tiene el poder del Ejecutivo tiene una dominancia absoluta sobre el resto de la sociedad. Nosotros tenemos que comenzar a cuestionar esa estructura si queremos vivir en una sociedad libre y democrática. Tenemos que crear una economía con unas bases productivas inclusivas que generen espacios distintos a la succión de la renta petrolera, de lo contrario nunca vamos a tener ciudadanos autónomos del Estado”.

La ingobernabilidad

Ángel Alayón observa una estrecha relación entre el colapso de la economía y la protesta en las calles:

“¿Qué hubiese pasado si el modelo chavista hubiese logrado extender el boom de consumo por unos cuántos años más? ¿Tendríamos una protesta como la actual? El fracaso económico del gobierno y del modelo chavista que terminó de desnudarse con la caída de los precios y la producción petrolera es motor fundamental de la crisis”.

Hay que negociar

Fotografía de Andrés Kerese

José Guerra afirmó que tras un cambio político que abra las puertas a un proceso de reformas, el país tiene que permitir, en mayor medida, la inversión privada en el sector petrolero.

“Mi posición es abrir la industria petrolera al capital nacional e internacional. ¿Por qué los ricos de Venezuela no pueden invertir en petróleo y sí la Chevron Corporation o Repsol? ¿Por qué Mendoza o Cisneros no pueden tener empresas venezolanas de petróleo?¿Por qué los trabajadores no pueden invertir en fondos petroleros y tiene que tener su dinero únicamente en los bancos?”

Afirmó que es necesario un proceso de negociación con el chavismo para superar la crisis política:

“Creo en una salida política, negociada. Tiene que haber una salida. Si hay que hacer una ley de amnistía hay que hacerla para darle estabilidad al país”.

Cuidado con el péndulo

Ronald Balza alertó que debe evitarse a toda costa caer en un movimiento pendular sin ningún tipo de análisis:

“Hay que tener cuidado con la simplificación de los problemas. Que mañana se nos diga que la solución está en privatizarlo todo porque la propiedad privada es buena y la pública mala. ¿Quiénes son los que van a comprar? ¿Con cuáles regulaciones? Se corre el riesgo que como respuesta a estas preguntas se nos tache de controladores y se nos diga que ya tuvimos suficiente chavismo”.

Profundizó en este tema y señaló:

“El hecho de que tengamos un ingreso petrolero concentrado en la administración de unos pocos a los que no se les puede hacer rendir cuenta, crea una estructura con incentivos para que ese poder quiera mantenerse en el tiempo y usufructuar. Eso tiene consecuencias económicas, sociales y políticas. Puede que se nos plantee que la solución es privatizar Pdvsa, con lo cual simplemente el poder cambiaría de manos. El tema es cómo garantizar que el poder se distribuya y no se concentre en otras manos”.

Carlos Paparoni retratado por Roberto Mata

El 17 de febrero de 2016 el presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció que la Misión Alimentación había derivado en un organismo plagado de corruptelas donde la norma era el desvío de productos al mercado negro. Frente a las cámaras de televisión, en cadena nacional, confesó con tono alterado: “Abastos Bicentenario se pudrió, así lo digo. Ordeno una reestructuración total y absoluta, lo del pueblo es sagrado, Abastos Bicentenario fue penetrado por la corrupción, cuantas toneladas de miles de alimentos pasan por allí y descubrimos que la mafia la tienen ellos mismos”.

La Misión Alimentación dio paso a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que puede sintetizarse en los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que mantienen el esquema de subsidio indirecto, es decir, favorecen a los sectores de bajos ingresos vendiéndoles alimentos a precios inferiores a los del mercado y tienen un perfil abiertamente político porque obligatoriamente incluyen a representantes del PSUV provenientes de las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, La Unión Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda.

De acuerdo con la investigación de Carlos Paparoni, diputado por el estado Mérida y quien milita en Primero Justicia, la corrupción sigue allí. Una carpeta con copias de facturas, transferencias bancarias, avalúos de seguros y domicilios de empresas soportan la denuncia de este político de 30 años, graduado de politólogo en la Universidad de los Andes, pero que pertenece a una familia que durante cuatro generaciones se ha dedicado a la producción de café y leche, por lo que no le es extraño analizar el caos agroalimentario que vive Venezuela.

Afirmó en la Asamblea Nacional que ha detectado corrupción en el manejo de los CLAP. ¿Podría precisar a qué se refiere y quiénes son los responsables de acuerdo con su investigación y denuncia?

Me refiero a las irregularidades en la importación de alimentos para los CLAP por parte de la empresa Postar Intertrade Limited, propiedad de Samark López. Postar tiene domicilio fiscal en Barbados, aunque allí no tienen empleados, solo existe una firma que lleva los libros de la compañía. La empresa moviliza el dinero a través del Safra Bank y para la compra de alimentos en México emplea al seguro PYP International.

¿En qué consisten las irregularidades?

Los documentos que tenemos precisan qué compró, cuánto, dónde y las transferencias que hizo Postar Intertrade en la adquisición de alimentos en México para los CLAP. El punto es que si hoy alguien va a México y compra al por mayor los alimentos que vienen en una caja CLAP y los envía a Venezuela, en total, incluyendo el pago de seguro y transporte, tendría un costo de 12,44 dólares. Como la empresa Postar no compra directamente a las empresas al por mayor sino que acude a distribuidores como Soriana, paga por la caja CLAP 22 dólares. Luego la vende al Estado entre 40 y 44 dólares.

¿De acuerdo con las importaciones que ha hecho Postar Intertrade en lo que va de año, cuánto estaría perdiendo el Estado?

La investigación indica que en los primeros seis meses del año han llegado al país siete millones de cajas CLAP provenientes de México. Mediante la práctica de pagar 22 dólares por la caja y luego revenderla a entre 40 y 44 dólares, ha habido una ganancia de 138 millones de dólares y en sobreprecio, puesto que en realidad cuestan 12,44 dólares, el país ha cancelado 206 millones de dólares.

¿Entregará las pruebas que tiene a la Fiscalía General de la República para que investigue su denuncia?

Así es, vamos a citar a los involucrados a la Asamblea Nacional para que expliquen lo que deben explicar y luego entregaremos los documentos a la Fiscalía.

¿Quienes importan las cajas CLAP reciben dólares al tipo de cambio protegido (DIPRO) de 10 bolívares?

Efectivamente, así lo establece el convenio cambiario 35 publicado por el Banco Central de Venezuela.

Como el tipo de cambio de 10 bolívares por dólar es artificialmente bajo la caja CLAP, al precio de 12,44 dólares, entonces debería ser vendida a 124,44 bolívares y aún al sobreprecio de 40-44 dólares entonces lo máximo que debería costar son 4.440 bolívares. Pero según Freddy Bernal, coordinador del programa, el precio oficial es de 10 mil bolívares. ¿Qué opina?

El tipo de cambio de 10 bolívares por dólar es irreal, pero utilizan este dólar irreal para enriquecerse y no llevan ese beneficio a los más necesitados. Alguien se está quedando con muchísimo dinero. Por otra parte, la realidad es que las personas pagan 15 mil bolívares por la caja CLAP porque les exigen pagos extra por conceptos como logística y transporte, aparte de que en no pocas oportunidades la caja llega incompleta y en el mercado negro se negocian productos importados que deberían estar en los CLAP.

Carlos Paparoni retratado por Roberto Mata

La Misión Alimentación fue eliminada por Maduro en febrero de 2016 debido a la corrupción y el desvío de productos, para ser sustituida por la Gran Misión Abastecimiento Soberano que puede sintetizarse en los CLAP. ¿La corrupción es inevitable en un mecanismo de subsidio indirecto de alimentos en un marco institucional como el venezolano?

La corrupción y la ineficiencia son inevitables mientras la alimentación esté en manos de personas que no conocen del tema. No sé cómo fueron como policía o militares, pero ninguno de los responsables sobre la materia tiene conocimientos sobre producción agrícola. Es el caso de el ministro de alimentación, el general Rodolfo Marco Torres, ministro de Agricultura, el comandante Wilmar Castro Soteldo y el encargado de los CLAP, el comisario Freddy Bernal.  La solución al conflicto es reactivar e incrementar la producción nacional, pero siguen apostando al negocio de la importación cuando los productores venezolanos podrían producir los alimentos que tiene una caja CLAP con cinco dólares invertidos en materia prima e insumos.

¿Por qué cree que se apuesta a la importación?

Siguen apostando al negocio de la importación porque si los productos se elaboraran en Venezuela los niveles de corrupción serían más bajos y en bolívares, no habría la posibilidad de hacer un meganegocio en dólares. Solo en seis meses una de las empresas que está en los CLAP se ha ganado 138 millones de dólares. Los CLAP están diseñados para la corrupción.

Si embargo desde el 4 octubre de 2016 está vigente una resolución del Comando para el Abastecimiento Seguro que permite obligar a las empresas, públicas y privadas, que se desenvuelven en el sector agroalimentario a vender hasta la mitad de su producción a los CLAP.

Pero todos los alimentos que tienen las cajas CLAP son importados, no les interesa solucionar la crisis alimentaria.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) obligatoriamente incluyen a representantes del PSUV provenientes de las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, la Unión Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda. ¿El programa se mantiene a pesar de las irregularidades y de que no ha logrado frenar el aumento de la pobreza porque es una manera de utilizar la alimentación con fines políticos? 

Es un sistema deliberado para robar y lograr control político. Se trata de una corrupción en distintos niveles. Observa lo que ocurrió en el estado Vargas, le cobraron a la gente y las cajas no llegaron. Buena parte de las protestas que ocurren en el país son por la corrupción que hay en los CLAP.

El Plan de Siembra y Cosecha Venezuela Cultiva 2017 fue activado a comienzos de abril por el presidente Nicolás Maduro. La meta es destinar más de 4,8 millones de hectáreas para la producción vegetal, con una inversión inicial de 130 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos. ¿Qué impacto podría tener esto en la oferta de alimentos?

Venezuela tiene 22 millones de hectáreas que pueden ser explotadas desde el punto de vista agrícola y este año, debido a que habrá mucha lluvia, se suman otros dos millones, es decir, existe el potencial para cultivar 24 millones de hectáreas; pero el presidente Nicolás Maduro cree que 4,8 millones son un número importante. Están hablando de cifras insignificantes. Que hoy un kilo de cebollín o de tomate cueste lo que cuesta no tiene otra explicación que la caída de la oferta. Los Andes producen entre 70 y 90% de las hortalizas y se sembró menos de 25% de la superficie apta para la siembra.

El Gobierno también afirma que se han incorporado nuevos actores productivos, como la Industria Militar Agroalimentaria (Agrofanb) y la Corporación de Desarrollo Agrícola, que ya tienen en sus manos insumos para la siembra de 720 mil hectáreas de rubros como arroz, maíz, café y sorgo. ¿Cómo evalúa esta situación?

Le entregaron a Agrofanb y a la Corporación de Desarrollo Agrícola gran parte de la semilla de maíz y arroz que importó el Gobierno, que tiene el monopolio de la venta de los insumos. El resultado es que las semillas comenzaron a venderse en el mercado negro a un precio bastante elevado. La urea no está llegando al campo y es esencial para el abono, por eso va a caer la cosecha de maíz y ya estamos en una situación donde solo tres de cada 10 arepas se hacen con maíz producido en el país. Además, no es por desmeritarlos, pero un teniente no sabe cómo sembrar, está formado para otra cosa. Entonces, o en su ignorancia creen que lo saben todo o estamos ante otra herramienta para hacer negocios.

Usted es productor de café en Mérida. ¿Cuál es la situación en este rubro?

El Gobierno dice que este año va a elevar la producción de café, pero una mata tarda tres años en producir, no sé si es que van a importar las matas. Somos el mayor importador de café de Nicaragua y en 1998 exportábamos aproximadamente un millón de quintales y nuestro café, como es uno de los mejores del mundo ―mucho mejor que el brasileño o el colombiano― se cotizaba en la Bolsa de Nueva York.

Fedeagro, que representa al sector agrícola privado, afirmó en un comunicado: “A dos meses de iniciadas las lluvias el ciclo agrícola está virtualmente perdido. Las asociaciones de Fedeagro que aportan más del 80% de la producción solo han recibido el 30% de los insumos requeridos”. ¿Por qué el Gobierno ha decidido dejar por fuera al sector privado de la producción agrícola?

Nuevamente, la prioridad es importar comida, no producirla, para que haya negocios y un pequeño grupo se haga millonario con la importación. Al mismo tiempo, los pocos insumos que traen al país se lo entregan a un grupo distinto al sector privado para que también haga negocios.

¿Cómo es el día a día de un productor en Venezuela?

El Estado tiene el monopolio de la venta de los insumos agrícolas y lo que ocurre es que los productores tienen que ir al mercado negro y comprarlos a precios muy superiores al regulado. Hablamos de combustible para los tractores, semillas o algo fundamental como plaguicidas. Desde 2014 no hay repuestos para la maquinaria y son recurrentes la extorsión por parte de bandas armadas o los secuestros. Ha aumentado el robo de transformadores, cercas, bombillos de las casas o tractores. En cualquier momento llega el ejército y toma fincas amparado en la Ley de Tierras. Los capitanes, los mayores, tienen la potestad de incautar la cosecha. Los precios para vender la producción están regulados. En el caso de los caficultores estás obligado a venderle al Estado o a quien te ordenen. Mientras estas cosas no se corrijan no vamos a salir de la crisis alimentaria.

Fotografía de Juan Barreto para AFP

Semana del 5 al 11 de junio de 2017. Nicolás Maduro, Presidente de la República y quien impulsa las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, reparte millardos de bolívares en cada intervención: 4 mil millones para proyectos “socioproductivos”, 298 mil millones a comerciantes afectados por las protestas, 1.375 créditos a jóvenes, la próxima inauguración del Banco de la Juventud que otorgará otros 200 mil préstamos a este segmento de votantes, 200 mil pensiones a adultos mayores, aumento de 15% en la tabla salarial de los maestros, fortalecimiento de las casas de alimentación y relanzamiento de los planes sociales a través del Estado Mayor Centralizado del Carnet de la Patria.

Encuestadoras como Datanálisis registran que 7 de cada 10 venezolanos catalogan de negativa la gestión del presidente y 85% de la población rechaza la propuesta de reformar la Constitución, por lo tanto, los reflejos políticos de Nicolás Maduro lo impulsan a elevar el gasto para tratar de recuperar el apoyo popular. Pero el camino elegido para inyectar bolívares acelerará la escalada de los precios en momentos en que la inflación ya ha golpeado la calidad de vida.

La fuente de recursos a la que se aferra la administración de Maduro es el Banco Central de Venezuela (BCV) que crea dinero en cantidades crecientes para financiar a las empresas públicas, principalmente a Pdvsa. A su vez, estas empresas transfieren los recursos al gobierno para que éste pueda aumentar el gasto. Las estadísticas oficiales registran que entre el cierre de 2016 y el pasado 21 de abril el dinero creado por el BCV para financiar al Gobierno aumentó 38% y se ubicó en 7,6 billones de bolívares.

El resultado es un ciclo que incrementa los desequilibrios. Gracias a la inyección de recursos, personas y empresas cuentan con más dinero que destinan a la compra de productos mientras que la oferta cae por controles de precios que no permiten cubrir los costos de producción. Un déficit de dólares que el Gobierno resolvió recortando la venta de divisas al sector privado y empresas estatizadas que producen poco o nada: es decir, más bolívares detrás de menos productos, una dinámica que aviva la inflación.

Ecoanalítica precisa el hundimiento de la oferta al señalar que en el primer trimestre de 2017 las importaciones se ubicaron en 4.193 millones de dólares, cifra que implica 26% de descenso respecto al mismo lapso de 2016, año que se caracterizó por recesión profunda y desabastecimiento de alimentos, medicinas y artículos de cuidado personal.

Al desajuste entre la oferta y la demanda se añade que una porción de los bolívares que ingresan a la economía se dirige a la compra de divisas, y el dólar se dispara en el mercado paralelo que sirve de referencia para el precio de una amplia gama de productos y servicios.

En la lista de factores que aceleran la inflación también figura el nuevo sistema complementario de divisas (Dicom) que ocasionó una fuerte devaluación, ya que el tipo de cambio se ha ubicado en torno a 2.200 bolívares por dólar versus 727 del Simadi. Las empresas tendrán que ajustar sus costos a esta nueva tasa e inevitablemente habrá un efecto en los precios.

Magnitudes monetarias

El bombeo de dinero por parte del Gobierno comienza a elevar la liquidez en magnitudes relevantes. En su informe El Tesorero la firma Síntesis Financiera señala:

“En el ámbito monetario continúan surgiendo señales de alarma, con serio impacto en materia de inflación. Es continua la aceleración en el crecimiento de la liquidez monetaria y su principal determinante, la base monetaria (dinero de alto poder), consignando sucesivos máximos históricos. Según la data más reciente, 26 de mayo 2017, la variación interanual de la liquidez monetaria alcanzó 265% y la base monetaria aumentó 428%. A nuestro juicio, es alta la probabilidad de que la liquidez monetaria cierre el año con un crecimiento interanual superior a 400%”.

 Agrega Síntesis Financiera:

“La acelerada expansión monetaria en un contexto recesivo, con control de cambios y racionamiento en el acceso a las divisas y fuerte escasez de bienes, tiene un rápido efecto sobre el nivel de los precios. También alimenta la subida del precio del dólar en el mercado paralelo”.

Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, explica que la expansión de la liquidez obliga a ajustar los estimados de inflación para este año:

“Estábamos trabajando con una proyección de inflación en un rango de 500%-700% que hemos elevado hasta 700%-900%. Eso nos acerca a la cota de los cuatro dígitos de inflación y por eso pensamos que este comportamiento, que no vemos indicios políticos de que vaya a cambiar, acerca el peligro de la hiperinflación. La Constituyente es un instrumento de supervivencia política y la posibilidad de que aquí a julio siga aumentando el gasto en medio de este populismo constituyentista son elevadísimas”.

Emisiones paralizadas

El Gobierno podría obtener recursos de una manera menos distorsionante a la emisión de bolívares por parte del BCV, si se endeudara a través de la colocación de bonos y letras del tesoro que comúnmente compran los bancos y las empresas de seguros, pero en lo que va de año el Ministerio de Finanzas se ha cerrado a esta posibilidad.

En la paralización de las emisiones influye la confrontación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (AN). En condiciones normales el parlamento aprueba la Ley de Endeudamiento Anual que da piso legal a los decretos que permiten las colocaciones de bonos de la deuda pública y letras del tesoro. Pero el Gobierno, bajo el argumento de que la AN está en desacato, presentó la Ley de Endeudamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De esta forma la deuda pública cayó en una zona gris desde el punto de vista legal, que puede explicar la paralización de las emisiones. La ley presentada ante el TSJ contempla que el Gobierno podría emitir este año bonos por el orden de 107 mil millones de bolívares y letras del tesoro por cantidades que permitan que al cierre del año el saldo se ubique en 31.600 millones de bolívares.

Tamara Herrera considera que si bien el tema legal juega un rol en el comportamiento del Ministerio de Finanzas hay que tomar en cuenta que el ritmo de emisión ha bajado en los últimos años porque el Gobierno pareciera preferir el financiamiento a través del BCV.

La decisión del Ministerio de Finanzas de no emitir bonos y letras del tesoro está impactando a los bancos y las empresas de seguros que enfrentan problemas para invertir los bolívares ociosos y constituir sus reservas.

La recaudación

El pasado 1 de abril el presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, celebró que la institución “cumplió en 198% la meta de recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en el primer trimestre del año”, y agregó que “todo lo que se recauda está destinado para las obras y proyectos que lleva la revolución para el beneficio de todo el pueblo venezolano”.

Si el Seniat tiene tanto éxito en la recaudación de impuestos, ¿por qué el Gobierno tiene un déficit que cubre con el dinero que crea el BCV? Básicamente, porque la cifra que celebra el Seniat no toma en cuenta el impacto de la inflación. Al transformar los bolívares que recauda a términos reales, es decir, en sueldos, comida o viviendas, el organismo recolectó billetes con menos capacidad de compra, que no alcanzan para cubrir el gasto.

Frank Muci, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, indica que la caída en la recaudación tributaria es una causa fundamental en el desequilibrio de la economía venezolana. Dice:

“Cuando el BCV financia a Pdvsa y otras empresas públicas es porque el gobierno tiene un déficit que cubre imprimiendo dinero. Entonces, la pregunta es por qué el déficit que tienen que monetizar ha crecido y la respuesta tiene que ver con muchas cosas, pero la más importante es que la recaudación real de impuestos ha estado cayendo por el descenso de la actividad económica”.

Agrega Frank Muci:

“Las ventas de las empresas y los negocios están cayendo, en algunos casos la contracción es de 70%, por lo tanto, la actividad económica sobre la cual el fisco puede cobrar impuestos se contrae. Si el gasto, en términos reales, desciende menos que la recaudación, el déficit que tienes que monetizar se vuelve más grande, creo que eso es lo que está pasando”.

Otro elemento que se debe tomar en cuenta es lo que Muci llama el tránsito hacia una economía menos formal:

“La estructura de consumo está cambiando, antes los consumidores compraban sus bienes en establecimientos formales que pagan impuestos, ahora creo que los consumidores están comprando más en establecimientos informales que no pagan impuestos, que no pagan IVA, que no pagan ISLR, que no tienen empleados que pagan impuestos, entonces se está transitando de una economía formalizada a una menos formalizada y por supuesto allí el fisco deja de percibir ingresos”.

De acuerdo con cálculos de Ecoanalítica entre marzo de 2016 y marzo de este año la inflación registró un salto de 673%. Al incluir esta variable, en términos reales, la recaudación del Seniat registró una caída de 45,6% respecto al primer trimestre del año pasado.

El tipo de cambio

Mientras la inflación galopa, el Gobierno recibe muy poco por la gran mayoría de las divisas que vende porque el tipo de cambio protegido (Dipro) se ubica en 10 bolívares por dólar, un nivel artificialmente bajo que impacta las finanzas públicas.

El resultado es que el déficit crece porque los trabajadores públicos como los maestros y médicos reclaman aumentos de salarios y los materiales para la Gran Misión Vivienda, por ejemplo, son más caros, mientras que buena parte de los dólares provenientes del petróleo aportan lo mismo.

Así, surge una dinámica negativa en la que cada vez el BCV tiene que fabricar más billetes para que el Gobierno cubra sus gastos y se acelera la inflación.

Frank Muci no duda en señalar que es urgente devaluar:

“El tipo de cambio de 10 bolívares por dólar es absolutamente irreal y tiene consecuencias graves. El Banco Central le ha prestado a Pdvsa una cantidad equivalente a toda la base monetaria porque Pdvsa vende sus dólares muy baratos”.

Desde su punto de vista si no hay cambios en la conducción de la economía el resultado puede ser muy dañino:

“Aún no estamos en hiperinflación, si vamos a llegar allí depende de las políticas del Gobierno. Si solo estamos comenzando a ver la expansión del gasto, la situación puede empeorar mucho”.

Los precios han demostrado que pueden elevarse a velocidades insospechadas para los venezolanos. En 2012, el año previo a que Nicolás Maduro asumiera la presidencia, la inflación fue de 20% y en 2015, cuando el BCV ofreció por última vez datos oficiales, el salto fue de 180%, la mayor variación desde 1950, año más antiguo en las estadísticas del país. Hoy, muchas familias firmarían cualquier cosa por regresar a 2015.

En su informe de junio, Latinfocus registra que Citigroup proyecta que este año Venezuela sufrirá una inflación de 800%, Ecoanalítica 887% y Goldman Sachs 916%. Peligrosamente, antes de que Nicolás Maduro le inyectara más gasto a la campaña por la constituyente, analistas ya veían al país al borde de una inflación de 1.000%.

De izquierda a derecha: Orlando Ochoa, Tamara Herrera, Alejandro Grisanti y Richard Obuchi

Tras los fracasos del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), del Sistema Complementario de Administración de Divisas repotenciado (Sicad II), del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) y del tipo de cambio complementario (Dicom), el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela anunciaron el “nuevo Dicom”.

Al igual que en las oportunidades anteriores, el sistema raciona la cantidad de dólares que pueden ser comprados. Las empresas podrán adquirir hasta un máximo de 400 mil dólares mensuales y las personas naturales hasta 200 dólares trimestrales. Para calcular el monto máximo que puede comprar una empresa, que nunca podrá superar los 400 mil dólares mensuales, se establece que será el equivalente a “30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior”.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, en la convocatoria de cada subasta, el Banco Central de Venezuela establecerá el límite inferior y superior de la banda en la que debería ubicarse el tipo de cambio. Los compradores colocarán una orden con la cantidad de dólares que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar. El sistema informático las organizará de manera automática en forma descendente: desde la orden que ofrece el precio mayor hasta la menor.

Los dólares se asignará a quien esté dispuesto a pagar el monto mayor hasta que se acabe la oferta. El tipo de cambio oficial que resultará de la subasta será el más bajo a cancelar por quienes recibirán divisas. Un aspecto relevante es que si bien el tipo de cambio oficial será el más bajo entre quienes reciben dólares, cada comprador cancelará el precio que colocó en su orden de compra. El ministro de Finanzas señaló que “cada comprador pagará lo que ofertó, el precio que estableció […], es importante que tengamos clara esa forma de determinar”.

El tipo de cambio oficial será el utilizado por las autoridades para determinar las estructuras de costos en las empresas que utilicen dólares propios para importar maquinaria, insumos o materia prima.

Más de lo mismo

El economista y director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, advierte que el gobierno camina hacia un nuevo revés:

“El nuevo Dicom está condenado al mismo fracaso de los sistemas anteriores. Es asombroso que no hayan aprendido nada del pasado y se anuncie una estructura que pretende controlar a quien le entregan los dólares a un precio artificialmente bajo”

Añade Alejandro Grisanti:

“Tengo entendido que este sistema de bandas va a arrancar estableciendo un tipo de cambio más cercano al Dicom actual (que finalizó en 726 bolívares por dólar) que del tipo de cambio paralelo que es muy superior (una ley prohíbe divulgar su cotización). Se puede decir que el paralelo es muy poco transparente, pero es un tipo de cambio que actúa como referencia. Por lo tanto, al precio artificialmente bajo que va a fijar el nuevo Dicom no va a haber incentivos para vender divisas y la oferta del sector privado será mínima. Es por esto que el nuevo Dicom está destinado al fracaso, al igual que los sistemas anteriores anunciados por el gobierno de Nicolás Maduro”

Alejandro Grisanti destaca que sigue intacto el incentivo para el arbitraje:

“Existe la oportunidad de comprar dólares en el nuevo Dicom y revenderlos en el mercado paralelo. Esto se traduce en empresas de maletín, corrupción e ineficiencia en la asignación de divisas, como ya hemos visto en el pasado”

El director de Ecoanalítica introduce el tema de la corresponsalía:

“Este nuevo Dicom realizará sus operaciones a través de la banca pública que no tiene bancos corresponsales capaces de hacer transferencias en poco tiempo por temas regulatorios. Esto se traducirá en que las empresas tendrán que esperar un tiempo inusual para recibir las divisas y evidentemente habrá desconfianza en el sector privado”

Alejandro Grisanti considera que el Banco Central de Venezuela no tiene cómo ofertar montos significativos por un tiempo prolongado en la nueva estructura:

“Hemos visto que la banca pública ha estado vendiendo bonos en divisas que tiene en su portafolio y se espera que esos dólares sean utilizados para alimentar al nuevo Dicom. Al inicio seguramente se hará un esfuerzo por ofertar algunos montos importantes, pero me extrañaría si se ofertan más de 20 millones de dólares a la semana. Esta una cifra que está muy lejos de resolver la escasez de divisas que sufre el sector privado y que se traduce en empresas sin materia prima e insumos para producir”.

El racionamiento

Para el profesor del IESA y director de la firma ODH, Richard Obuchi, el nuevo Dicom derivará en un mecanismo arbitrario:

“Un primer elemento es que el tipo de cambio no se establece por medio de la libre oferta y la demanda sino mediante un mecanismo intervenido donde se limita la cantidad de divisas que se pueden comprar y se establece una banda que muy probablemente va a señalar un tipo de cambio inferior al del mercado. Entonces, va a tener que haber un racionamiento fuerte y las divisas se asignarán de manera arbitraria”

Desde su punto de vista no hay nada que apunte a mayor credibilidad en la política cambiaria:

“No hay condiciones para satisfacer la demanda a un tipo de cambio que se ubique por debajo del paralelo, entre otras cosas, porque nadie va a querer vender dólares, solo comprar. No hay ningún elemento que permita aumentar la credibilidad. A lo sumo diría que se les da a las empresas cierto margen para operar legalmente”.

Techo bajo

La economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, fija su atención en el mecanismo que se emplea para limitar los dólares que pueden comprar las empresas:

“Se establece un monto máximo de 400 mil dólares mensuales para las empresas y se indica que el techo se fijará utilizando como parámetro el 30 por cieto del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Es decir, si una empresa vendió poco el año pasado y ahora tiene un plan de crecimiento y necesita dólares estará fuertemente limitada, es algo que impide el crecimiento. Si bien se dice que el monto será actualizado, no está nada claro cómo es el mecanismo y si se utiliza como referencia la inflación que calcula el Banco Central evidentemente será algo muy distorsionado”

Tamara Herrera considera que el sistema tendrá que nutrirse con bonos en dólares, de lo contrario, la oferta será ínfima.

“Pienso que este nuevo Dicom funcionará más como un nuevo Sitme, con la asignación de bonos en dólares, que con divisas en efectivo que hay muy pocas. Considero que el portafolio de títulos disponibles puede tener un valor de mercado que se ubique entre 4 mil y 6 mil millones de dólares. Ahora, esto no quiere decir que se utilice por completo para abastecer al nuevo Dicom porque hay otras necesidades”

Descarta que el sistema pueda acabar con el mercado paralelo:

“A lo sumo podríamos esperar que se estabilice el tipo de cambio paralelo, pero para eso se necesita la combinación de una devaluación profunda en el nuevo Dicom y una oferta importante. Estabilizar el tipo de cambio paralelo sería un logro, pero no es una meta sencilla en las circunstancias actuales”.

Sin divisas

El economista Orlando Ochoa no otorga ninguna posibilidad de éxito al nuevo Dicom:

“Estos sistemas de subastas no funcionaron cuando el Banco Central tenía una mayor cantidad de reservas internacionales y había un portafolio de bonos en divisas más numeroso. Para cancelar los vencimientos de deuda de mayo, que sumaron 700 millones de dólares, en algunos casos hubo que acogerse al período de gracia de los bonos. Entre octubre y noviembre hay unos vencimientos de deuda muy importantes y se ha venido recortando las importaciones drásticamente, entonces, está claro que no hay dólares para alimentar este nuevo Dicom de manera apropiada”

 Y añade:

 “Estamos ante un nuevo sistema de racionamiento a través de un mecanismo que al final es poco transparente. Un embudo que privilegia a algunos sobre otros”.

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Fotografía de Ronaldo Schemidt para AFP

Después de 13 años de controles y de quedarse sin dólares para importar a manos llenas, el sueño del Socialismo del Siglo XXI ha dado paso a una persistente escasez de productos básicos que el gobierno de Nicolás Maduro administra con fines políticos, como deja en claro el documento donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) describe su estrategia para enfrentar la crisis: la Agenda de Campaña Carabobo 2017- 2021.

El instrumento que emplea el gobierno para enfrentar el desabastecimiento son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que venden alimentos a precios subsidiados a las familias de bajo ingreso y obligatoriamente incluyen a representantes del PSUV provenientes de las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, La Unión Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda.

El boletín del Comando Central Bolivariano que resume la Agenda Carabobo, distribuido a los militantes del PSUV el pasado 23 de febrero, deja en claro la decisión de utilizar los CLAP como herramienta política al señalar en el punto cuatro de los acuerdos y decisiones:

 “Hay que politizar la gestión de los CLAP, en ellos, aparte del Estado Mayor de cada uno, son sumamente importantes los jefes de comunidad y los jefes de calle, quienes tienen que ser personas altamente politizadas para que lleven en la visita casa por casa el mensaje de la revolución a los jefes de familia, aparte del módulo de los alimentos. Los CLAPS son la fuerza productiva que permite territorializar la política económica. El PSUV lucha por construir saldos organizados desde los nuevos liderazgos que vienen surgiendo en ellos, que en su mayoría son mujeres, cabezas de hogar, que se sumaron a través de los CLAPS”.

Freddy Bernal, coordinador de los CLAP, adelantó el pasado 7 de abril en declaraciones a Venezolana de Televisión que actualmente existen 30 mil Comités y tras asentarse como el sistema que permite a seis millones de familias obtener alimentos básicos jugarán un rol clave en la estrategia que aplicará el gobierno para contener la ola de protestas que comenzó hace un mes en distintas ciudades del país.

 Dijo Freddy Bernal:

“Los CLAP son una herramienta política para defender la revolución, aunque el beneficio no tiene discriminación alguna. Los CLAP ahora se están estructurando como mecanismo de defensa en el territorio y hay que decirlo le guste o no a la oposición. En el CLAP está un miliciano y vamos a crear en cada territorio una unidad de defensa de la milicia. En los urbanismos vamos a tener una unidad de defensa de milicia por urbanismo porque no nos vamos a dejar tumbar”.

Al mismo tiempo los CLAP aumentarán la lista de productos básicos a ser vendidos a precios subsidiados.

Explicó Freddy Bernal:

 “Ahora vamos a otra etapa, al CLAP materno. Unas 650 mil mujeres paren al año, 55 mil CLAP al mes. Son dos tipos de CLAP, un CLAP antes de parir, fundamentalmente son leguminosas, proteínas y medicinas para estabilizar, crecer y formar un embrión bien sano. Esto está cotejado por el Ministerio de la Salud. El segundo CLAP es el posparto que trae toallas, medicamentos, eso es parte de ir fortaleciendo los CLAP. El otro CLAP es el de artículos de limpieza personal y limpieza del hogar”.

Dirigir la producción

Las cifras oficiales indican que los CLAP venden 42 mil toneladas de alimentos cada mes. Gerentes de compañías afirman que una importante cantidad se obtiene a través de importaciones, pero desde el 4 octubre de 2016 está vigente una resolución del Comando para el Abastecimiento Seguro que permite obligar a las empresas, públicas y privadas, que se desenvuelven en los sectores agroalimentario, higiene personal y aseo del hogar, a vender hasta la mitad de su producción a los Comités.

Recientemente el gobierno comenzó a aplicar un mecanismo de intervención para administrar la escasez de pan en las panaderías que genera nerviosismo en las empresas porque es visto como el preámbulo de lo que podría suceder en los sectores que elaboran productos que entran en la órbita de los CLAP.

Fuentes consultadas explican que las empresas que fabrican la harina deben destinar su producción, que es insuficiente para satisfacer la demanda por la caída en la importación de trigo, a las panaderías que los interventores ordenan y una porción muy pequeña se destina al sector industrial. La consecuencia es que el pan aparece en algunas panaderías ubicadas en zonas del país donde el gobierno más le teme al descontento de la población. Al mismo tiempo, crece la escasez de pan de sándwich y el que emplean las cadenas de comida rápida.

Empresarios temen que esta manera de administrar el desabastecimiento se extienda a todas las empresas que elaboran productos para los CLAP porque implica perder por completo la gerencia de la distribución y solo producir para el sector público.

La Agenda Carabobo contempla “construir un nuevo esquema logístico y de distribución y un nuevo esquema de costos y precios”.

¿Pagador del CLAP?

El gobierno avanza en la construcción de una estructura donde las empresas, aparte de proveer productos, podrían facilitar el proceso de cobranza de los alimentos que se distribuyen a través de los CLAP.

El primero de mayo el presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó en Gaceta Oficial el decreto 2.833 que otorga a las empresas un plazo de treinta días para que comiencen a pagar a los trabajadores el bono de alimentación, que hasta ahora se cancelaba a través de tarjetas electrónicas “en efectivo o mediante abono en su cuenta de nómina”.

Agrega el decreto que el trabajador podrá autorizar que se le descuente del bono de alimentación, que actualmente es de 135 mil bolívares, el dinero necesario para “la adquisición de bienes y servicios en el marco de los programas y misiones sociales para la satisfacción de sus necesidades”.

La abogado laboral Maryolga Girán no duda en señalar que esta disposición abre la puerta para que las empresas comiencen a jugar un nuevo rol en el rompecabezas de los CLAP.

 “Muy probablemente los trabajadores podrán cancelar la bolsa de comida a través de este descuento que hará el patrono y las empresas tendrán que establecer convenios de pago con los distribuidores de los CLAP”.

El resultado

Tras un año desde que Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités, una incesante campaña publicitaria a través de los medios de comunicación y el incremento en el número de familias que reciben las bolsas de comida, no se percibe mayor ganancia política para el gobierno, mientras que el desabastecimiento y el alto costo de la vida siguen siendo los principales problemas de los venezolanos.

La encuesta Omnibus de Datanálisis correspondiente a abril de este año precisa:

90,5% de la población cataloga de mala la situación del país.

72,3% de la población evalúa como negativa la gestión del presidente Nicolás Maduro.

37,8% de la población afirma que su principal problema es el desabastecimiento de alimentos, 13,8% el alto costo de la vida y 4,8% la crisis económica.

Otro estudio de Datanálisisfechado en febrero de este año evidencia que al menos hasta hace tres meses los CLAP no han evitado el deterioro en la calidad de vida de la población. De acuerdo con esta encuesta:

23,7% de la población afirma que solo come dos veces al día y 0,8% una vez al día.

Disminuye el consumo de proteínas (pollo y carne de res) y aumenta el de carbohidratos.

La idea de crear un sistema para administrar la escasez con fines políticos mientras la inflación se acelera por la emisión de dinero para cubrir el déficit de las cuentas públicas, el desabastecimiento permanece porque el pago de la deuda externa obliga a un severo recorte de importaciones y la economía permanece hundida en la recesión, no parece ser el camino más acertado.

La administración de Nicolás Maduro se ha quedado sin suficientes divisas y ha optado por un feroz recorte de importaciones que solo podría suavizarse si el Gobierno es capaz de obtener financiamiento. Pero el desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN), elegida el 6 de diciembre de 2015 bajo el argumento del desacato esgrimido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha incrementado las dificultades para obtener financiamiento. Analistas y entidades financieras proyectan que para cancelar los vencimientos de deuda y evitar un recorte de importaciones aún más profundo del que padece el país, el Gobierno necesita obtener este año entre 8 mil y 10 mil millones de dólares en financiamiento.

A los factores de riesgo que hasta ahora han limitado el financiamiento como la caída de la producción de petróleo, el bajo nivel de las reservas internacionales, la falta de un fondo de estabilización y una economía sumergida en recesión y una inflación de tres dígitos, se añade que la AN ha alertado que cualquier préstamo a la República que no cumpla con la aprobación del Parlamento será desconocido.

Ante este inconveniente, el Gobierno evalúa transacciones a través del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual está facultado para llevar a cabo determinadas negociaciones sin la aprobación de la AN. Se trata de una operación que ya realizó el BCV en años anteriores: colocar como garantía una porción de los lingotes de oro que forman parte de las reservas internacionales y recibir dólares en efectivo que servirían para importar o pagar deuda. Al cabo de un plazo determinado, el BCV puede recomprar el oro.

Al mismo tiempo el conflicto institucional gana intensidad. El presidente de la AN, Julio Borges, envió cartas a los principales ejecutivos de Deutsche Bank, Citi Group, UBS, HSBC, Bank of America, Barclays, Credit Suisse, Wells Fargo, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China y Nomura recalcando la ilegalidad de la deuda que no apruebe el Parlamento y advirtiéndoles que, en caso de acordar la transacción con el BCV, estarían favoreciendo a un gobierno catalogado como dictatorial por la comunidad internacional.

Dice la carta enviada por Julio Borges:

“El Gobierno nacional a sabiendas que la Asamblea Nacional debe autorizar todos los acuerdos internacionales de endeudamiento que aquel suscriba, ha decidido prescindir del Parlamento, razón por la cual la Asamblea Nacional ha aprobado en múltiples acuerdos no reconocer ningún mecanismo de endeudamiento que el Gobierno suscriba sin su autorización. Es por ello que el Ejecutivo Nacional va a intentar a través del Banco Central de Venezuela, el canje del oro disponible en nuestras reservas por dólares, para mantenerse en el poder inconstitucionalmente, alimentando un sistema clientelar y corrupto, violador de Derechos Humanos y con nexos con el narcotráfico y terrorismo internacional”

Inmediatamente agrega:

“Desde mi condición de Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, me veo en la obligación de advertirle que al apoyar dicho canje de oro estaría incurriendo en acciones en favor de un Gobierno reconocido como dictatorial por la comunidad internacional. Estaría favoreciendo acciones de un Gobierno cuyo único objetivo es seguir menoscabando los derechos de los venezolanos. Esto sentaría un precedente negativo para bancos de inversión que faciliten ayuda a gobiernos dictatoriales en su afán de mantenerse en el poder”

Finaliza Julio Borges:

“Es por tanto, que por medio de la presente solicitamos su cooperación con la institución que hoy cuenta con el respaldo del pueblo venezolano y que sigue en la lucha por recuperar el orden democrático en nuestro país”

El efecto

Risa Grais, analista de Eurasia Group, considera que la carta enviada a bancos internacionales por el presidente de la Asamblea Nacional recalcando la ilegalidad de operaciones de endeudamiento que no sean aprobadas por el Parlamento tiene efectos.

Dice Risa Grais:

“Es una de las pocas formas que tiene la oposición para presionar al Gobierno y creo que sí puede tener un impacto porque aumenta las dudas de los bancos y los inversionistas sobre la legitimidad del endeudamiento y por tanto crear mayores problemas para obtener financiamiento. Pero depende mucho de la contraparte”

Desde su punto de vista, esta actuación de la AN puede aumentar las preocupaciones de China que, hasta ahora, ha sido una importante fuente de financiamiento para el Gobierno.

Explica la analista de Eurasia:

“Mi impresión es que China ya está preocupada por la capacidad del Gobierno para repagar la deuda. Este factor aumenta si piensan que algún día va a llegar un gobierno surgido de las filas de la oposición que no va a reconocer la deuda que contraigan en este momento. Tal vez este factor explica por qué China ha reducido el financiamiento”

En el caso de Rusia, que a través de su empresa petrolera Rosneft ha acordado financiamiento en el pasado y actualmente evalúa algunas opciones, Risa Grais considera que hay diferencias con China.

“En el caso de Rusia el monto de la deuda que ya se ha contraído es menor a la que ya existe con China. Además, se trata de transacciones distintas donde el gobierno venezolano ofrece activos en el sector petrolero a precios muy baratos. Rosneft y Vladimir Putin consideran que esos activos son muy atractivos, es una estrategia de largo plazo. Es estratégico, menos político”

Mauro Roca, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, considera que la posición de la AN aumenta el riesgo.

“Las advertencias de la Asamblea Nacional incrementan el riesgo institucional. Dependerá de la contraparte evaluar si las condiciones que puedan acordarse en una hipotética negociación compensar ese riesgo. Parecería que esta situación puede restringir el número de contrapartes”

Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, señala que la actuación de la junta directiva del Parlamento, genera consecuencias.

“La CAF parece haber negado un préstamo a la nación que había sido inicialmente aprobado, y nunca se supo más de una negociación con Nomura que en cierto momento parecía estar bien adelantada.  Es lógico que ciertas entidades teman el riego legal o reputacional de incursionar en operaciones cuya legalidad está abiertamente cuestionada por el Poder Legislativo”

Desde su punto de vista el tema trasciende el aspecto legal.

“Es inusual que las entidades financieras traten de hacer juicios propios sobre la legalidad de una operación distintas de las que hace el Poder Judicial de un país.  El problema fundamental es más bien uno de riesgo de repudio, de temor que dada la posibilidad de un cambio en el gobierno en el futuro, esas deudas sean potencialmente desconocidas por la República”

Explica que el aumento del riesgo deriva en condiciones más duras para obtener financiamiento.

“Estas acciones ciertamente dificultan seriamente el acceso del gobierno a financiamiento externo.  El hecho de que muchas entidades no estén dispuestas a participar en estas operaciones implica que aquellas que lo hagan van a exigir condiciones que garanticen un rendimiento muy alto o que comprometan activos de la nación como garantía”

Francisco Rodríguez analiza el argumento ético que introdujo el presidente de la Asamblea Nacional al advertirle a las entidades financieras que financiar al Gobierno ayudaría a mantener en el poder a un sistema dictatorial.

“Añadir el cuestionamiento ético al financiamiento de la República, como lo hizo recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, introduce una serie de complicaciones adicionales.  Tal vez la más importante es que, si bien pareciera sencillo distinguir las deudas a las que se aplica el argumento de legalidad (presumiblemente aquellas emitidas bajo una Ley de Endeudamiento no aprobada por la Asamblea Nacional a partir del 1 de enero de 2017), es mucho más difícil establecer con precisión el momento en el que se plantea que el gobierno perdió la legitimidad política necesaria para contraer deuda”

Profundiza en este aspecto y afirma:

“Si el argumento es que no se reconocerán préstamos a un gobierno que se considera una dictadura, ¿cuándo exactamente es que se argumenta que el gobierno pasa a ser una dictadura?  ¿Con la invalidación del referéndum revocatorio (20 de octubre de 2016)?  ¿Con la primera sentencia de desacato de la Asamblea Nacional (1 de agosto de 2016)?  ¿O con la toma de posesión de Nicolás Maduro, después de lo que la oposición alegó fue un resultado electoral fraudulento (19 de abril de 2013)?  Ciertamente, esto no es algo que la oposición ha establecido con precisión.  Pero dependiendo de esta definición, muchos de los bonos en circulación en este momento podrían potencialmente ser vistos como “deuda odiosa” y por lo tanto ser sujetos de un desconocimiento futuro”

Recorte de importaciones

A fin de mantener al día el pago por los vencimientos de deuda externa del gobierno central y Pdvsa, que este año suman 9.691 millones de dólares, una cifra que al precio actual de la cesta petrolera venezolana equivale a más de un tercio del ingreso proveniente del petróleo, el Gobierno ha optado por un severo recorte de importaciones que se traduce en escasez y en empresas paralizadas por la falta de materia prima e insumos.

De acuerdo con Ecoanalítica, en el primer trimestre de este año la venta de divisas a las empresas que no pertenecen al Gobierno se ubicó en un promedio de 8,8 millones de dólares diarios, una cifra que se traduce en una caída de 45% respecto al promedio de 15,9 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2016.

El descenso en la asignación de dólares implica una profunda caída de las importaciones que registran un descenso de 17% al contrastar los dos primeros meses de este año con el mismo período de 2016, lo que indica que la escasez podría empeorar en el corto plazo.

José Guerra, economista y diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la AN por el partido opositor Primero Justicia, señala:

“Al desconocer a la Asamblea Nacional el Gobierno aumentó sus problemas para obtener financiamiento. Pdvsa es vista con un enorme riesgo por parte de los inversionistas y los canjes de oro a través del Banco Central pueden otorgar algo de oxígeno, pero de forma muy limitada. El déficit a cubrir para pagar deuda y mantener las importaciones al mismo nivel de 2016, ya de por sí bastante bajo, es de 10 mil millones de dólares. Además, recordemos que después de utilizar las reservas de oro no quedará nada distinto al flujo de divisas proveniente de las exportaciones petroleras”

De acuerdo con el balance auditado del BCV al cierre de diciembre de 2016 las barras de oro que forman parte de las reservas internacionales tenían un valor de 7.727 millones de dólares. El pasado 21 de abril las reservas, en su totalidad, se ubicaron en 10.189 millones de dólares, el nivel más bajo en 15 años.

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Fotografía de Carlos García Rawlins par Reuters

Parejas que miran las vidrieras en los centros comerciales y huyen atemorizadas por los precios, familias que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que salieron a comer o al cine, amigos que ya no se reúnen a tomar cerveza, mujeres que sacrifican el gasto en artículos de cuidado personal, la alimentación como prioridad sin importar el estrato social y un gran pesimismo ante el futuro: es el venezolano de la prolongada recesión que comenzó en el primer semestre de 2014 y de la inflación más alta desde 1951, el año más antiguo en las estadísticas del país.

En una primera etapa de la crisis, la principal preocupación de las empresas consistió en superar la camisa de fuerza de las regulaciones y colocar productos en los anaqueles; eran los tiempos en que todo se limitaba a la escasez. Hoy se añade un empobrecimiento que impacta al consumo y obliga a redefinir los modelos de negocio.

Magnitud del declive

Luis Vicente León, director de Datanálisis, explica que al contrastar los primeros dos meses de este año con el mismo lapso de 2016 el consumo de los hogares experimenta una caída de 12%, que no es mayor gracias al plan que implementa el Gobierno para distribuir alimentos a precios subsidiados.

Dice Luis Vicente León:

“Hay una contracción de consumo brutal, el nivel de ingresos está muy contraído. ¿Por qué no cae tanto a nivel estadístico? Porque los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tienen una penetración importante y llevan productos básicos a precios regulados a una población que de otra manera no podría pagarlos; entonces actúan como un compensador del consumo en el caso de los bienes esenciales”

En el comercio formal, donde no existe el subsidio de los CLAP, las ventas de productos básicos disminuyen al punto de que la contracción en las compras de las familias es uno de los factores que explica el descenso del desabastecimiento.

Jean-Marc François, profesor invitado del IESA y director de Retail Audit, compañía que junto a Econométrica elaboró un indicador de escasez que contempla el monitoreo mensual de 156 productos básicos y audita puntos de venta como supermercados, panaderías, farmacias, abastos y bodegas en los diez centros urbanos más importantes del país, afirma que “la tendencia decreciente de la escasez se debe a que la demanda está cayendo más rápido que la producción”.

Para medir la escasez los encuestadores de Retail Audit visitan los establecimientos y precisan los productos que faltan para calcular, junto a Econométrica, una medida general que aumenta o desciende de acuerdo a la ausencia de los artículos. El termómetro refleja que al cierre de enero de este año la escasez se ubicó en 68% tras un descenso progresivo que comenzó en mayo de 2016 cuando registró 80%.

Consumidor arruinado

En el foro que realizó la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham) para explorar las perspectivas económicas de este año, Luis Maturén, director de Datos, presentó las conclusiones de un estudio que evidencia los cambios que la crisis está generando en el patrón de consumo.

La encuesta de Datos se basó en una muestra de 2.100 mujeres y hombres, mayores de edad, en 43 centros poblados de más de 50.000 habitantes, entrevistados entre el 11 y el 30 de enero de este año y cuenta con un error muestral de ± 2,15%.

La radiografía indica que los venezolanos sienten un empobrecimiento de grandes magnitudes y que sus prioridades al momento de gastar sufren modificaciones relevantes:

1. El 46% de la población afirma que solo puede comprar “muy pocas cosas de las que necesita” y 93% la mitad o menos.

2. Por primera vez la alimentación es el gasto prioritario sin importar el estrato. Ante la pregunta ¿cuáles son los tres principales gastos que no tocaría?, el 93% de quienes se ubican en el estrato ABC+ menciona entre sus tres prioridades la alimentación, al igual que 96% del estrato C-, 95% del D y 94% del E. Históricamente la principal prioridad eran los artículos de higiene y cuidado personal.

3. La interrogante ¿cuáles son los tres principales gastos que estaría dispuesto a disminuir?, permite establecer una escala donde el primer escaño lo ocupan las comidas fuera de casa, seguido de entretenimiento fuera del hogar y, algo que era impensable hasta ahora: el consumo de cerveza.

Hay un gran pesimismo respecto a los próximos meses:

1. Frente a la pregunta ¿cómo cree que será su situación económica y la de su familia dentro de seis meses? Tres de cada cuatro venezolanos sostiene que peor.

2. Cuando se consulta: Comparando su situación económica actual con la de hace un año, ¿diría usted que su situación es? El 95% considera que peor.

3. Desde 1982 Datos elabora un indicador que denomina el Espíritu Territorial Bruto que mide la percepción que el venezolano tiene sobre su situación en el contexto socioeconómico del país; se trata de un índice que se construye de manera muy similar al índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

4. En enero de este año este indicador se ubicó en 32 puntos, el nivel más bajo de su historia. Durante el Viernes Negro de 1982 se ubicó en 64 puntos, en 1996 tras la crisis financiera de 1994 y el impacto generado por el ajuste económico que implementó Rafael Caldera en su segundo gobierno cayó a 36 puntos y en medio de la crisis política-económica de 2002-2003 descendió hasta 46 puntos.

5. Los planes de mercadeo tendrán que tomar en cuenta que entre las principales emociones de los venezolanos ya no figuran la alegría o la amistad. La encuesta establece un ranking en orden decreciente y el resultado es: tristeza, rabia, decepción, frustración, temor, incertidumbre y en último lugar la esperanza.

Impacto en la empresa

Una sociedad cuya capacidad de compra ha sido devastada por la crisis obliga a las empresas a implementar cambios que permitan adaptarse a las nuevas prioridades y necesidades de los consumidores.

En este sentido Jean-Marc François dice:

“Se trata de repensar el producto para un venezolano con menor capacidad de compra, entonces vamos a ver, como ya comenzó a ocurrir, empaques de menor tamaño para disminuir el desembolso del consumidor. Además, los empaques tendrán que adaptarse para abaratar precios, por ejemplo, en Guatemala se vende la salsa de tomate en bolsas plásticas y en Colombia la leche líquida y el agua mineral”

Agrega que también es necesario flexibilizar las líneas de producción:

“Para disminuir el precio de los productos habrá que eliminar, en la medida de lo posible, insumos especiales que los encarecen. Por ejemplo, en el caso de los pañales detalles como el elástico y en el papel higiénico el aroma. Productos más básicos sin este tipo de componentes pueden ser más competitivos en precios”

La inflación obliga a un monitoreo constante, Jean Jean-Marc François señala:

“Para los emprendedores o gerentes de mercadeo es vital vigilar no sólo los precios de la competencia sino de los sustitutos también, entre noviembre y febrero la inflación de determinados productos fue el triple que la de sus sustitutos. El consumidor está cambiando de productos muy rápidamente en este momento”

Además, recomienda:

“Evitar lo que ocurre en algunas empresas donde asignan presupuesto de publicidad y promoción a marcas que no tienen suficiente inventario, aprovechar las oportunidades del mercadeo digital y emplear los empaques y puntos de venta para establecer un diálogo con los consumidores: comuniquen, comuniquen”

Trabajo y emigración

El descalabro en la calidad de vida propicia la pérdida de recurso humano, algo que complica más el entorno de las empresas. El estudio de Datos indica:

1. El 50% de los venezolanos manifiesta que se quiere ir del país y 36% indica que en los últimos doce meses algún familiar se ha ido a vivir permanentemente en el exterior.

2. El 20% indica que ha hecho trámites y tiene planificado irse en los próximos doce meses, es decir, uno de cada cinco venezolanos. De este grupo el 40% se ubica en el estrato ABC+, 34% en el C-, 17% en el D y 17% en el E. El fenómeno ocurre en todos los niveles socioeconómicos.

3. El 66% de quienes tienen planificado irse en los próximos doce meses está trabajando y 43% lo hace en la empresa privada, 34% por su cuenta, 10% en una empresa pública o en el sector público y 7,5% en el sector informal.

4. Ante la pregunta: Pensando en el trabajo ideal, ¿qué cosa haría que usted permaneciera en ese trabajo sin querer cambiarse o irse a otra empresa? El 54% de la población responde que el sueldo alcance, 18% beneficios laborales y solo 8% sentirse cómodo. Es decir, el salario es el principal motivador de un cambio de empleo.

Respiro leve

Si bien la capacidad de compra de los venezolanos ha sido barrida por un viento de desastre, la pequeña capa con mayor poder adquisitivo consumirá un poco más en el segundo semestre de este año.

Luis Vicente León afirma:

“Cuando los precios suben abruptamente ocurre que hasta la población que tiene dinero deja de comprar, es lo que se denomina el shock inicial y en Venezuela suele durar entre tres y seis meses. Transcurrido este tiempo quienes tienen capacidad de compra comienzan a hacerlo en mayor medida. Los pocos automóviles que se han vendido son los más costosos, no los económicos”

De acuerdo con Datos el estrato que cuenta con los mayores ingresos y compone la capa denominada ABC+ solo representa 4% del total de la población. El 53% de los venezolanos se ubica en el estrato E, 30% en el D y 13% en el C-.

¿Cuántas empresas podrán adaptarse al consumidor producto de la crisis?

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Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

El deslave de la economía ha colocado en el debate público temas como la magnitud de la desnutrición, la veracidad de las cifras que presenta el Gobierno en foros internacionales y la pertinencia o no de decretar una crisis humanitaria en Venezuela. Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que el país requiere con urgencia políticas públicas para atender lo que técnicamente denomina como un episodio de inseguridad alimentaria severa.

El informe que presentó el Gobierno en el Examen Periódico Universal (EPU) de octubre de 2016, señala: “La Sub Nutrición se encuentra al 2014 por debajo del 5% y la desnutrición en menores se ubicó en 3,4% en el 2013. Venezuela es el cuarto país con menor desnutrición infantil. En la actualidad la estatura del niño promedio venezolano es casi dos centímetros más que el niño de la década de los años noventa”. ¿Estos indicadores reflejan lo que está ocurriendo en el país?

El Gobierno se presentó con cifras viejas, indicadores inadecuados y un sistema de clasificación obsoleto porque su intención es enmascarar la situación nutricional de Venezuela. Existe la desnutrición aguda que se evidencia en una deficiencia del peso respecto a la talla y es el termómetro más adecuado para evaluar lo que ha sucedido en los últimos dos años. La talla del niño, que es lo que difunde el Gobierno, cambia muy lentamente y se utiliza para evaluar la desnutrición crónica. La talla no se pierde, se deja de ganar. En publicaciones como el último perfil nutricional emplearon peso respecto a la edad, que es un indicador intermedio. No hay estadísticas que reflejen el peso para la talla desde 2007. Entonces, acudieron al EPU con un indicador que no mide la desnutrición aguda y con cifras de 2013.

¿Por qué afirma que el Gobierno emplea un sistema de clasificación obsoleto para medir la desnutrición infantil?

La desnutrición aguda puede ser leve, moderada o severa. Para ubicar a un niño en alguna de estas fases se le compara con lo que debe pesar y medir un niño sano, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud en 2006. Digamos que cada casilla que separa a un niño desnutrido de uno sano es una desviación: entre una o dos desviaciones hablamos de desnutrición leve; entre dos y tres, de moderada; y más de tres, severa. La manipulación del Gobierno consiste en aplicar las directrices que estableció la Organización Mundial de la Salud en 1997, ya obsoletas, y no las de 2006.

¿Y qué consecuencias tiene utilizar las directrices antiguas de la Organización Mundial de la Salud?

Que los puntos de corte son distintos. De acuerdo con las directrices de 1997 un niño se encuentra en desnutrición severa a partir de cuatro desviaciones y no a partir de tres como se estableció en 2006. Mi estimación es que usando los puntos de corte de 1997, se requiere de un millón ochocientos mil niños para que podamos dar una alerta de salud pública por desnutrición aguda que, si se emplean los patrones de 2006, probablemente ya los tenemos. Evaluaciones que he realizado en distintas ciudades del país arrojan cifras preliminares muy preocupantes porque la desnutrición también afecta a las generaciones futuras. Una niña desnutrida tiene 30% más de chance de parir niños desnutridos que su par sana

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

¿La situación en cuanto a la salud, servicios básicos como el agua y la escasez de alimentos pueden agravar este cuadro en el corto plazo?

Existen factores que pueden incrementar el deterioro rápidamente. En la parte epidemiológica el país tiene epidemias de zika, dengue, chikunguya, malaria y se han detectado casos de difteria. A esto se añade la deficiencia en el suministro de agua que se traduce en niños que consumen agua contaminada y tienen cuadros severos de amibiasis o lombrices. A esos niños los puedes atiborrar de comida y no ganan peso, hay que atender el problema de salud. Además, existe un sector productivo con importantes restricciones por la deficiencia de energía eléctrica.

¿Por qué sostiene que Venezuela está sufriendo una crisis de inseguridad alimentaria severa?

La seguridad alimentaria está definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene cuatro dimensiones principales: que el alimento esté disponible en cantidades suficientes, que la población pueda tener acceso al mismo y que lo pueda asimilar. Y es aquí donde la nutrición se relaciona con la salud porque, como ya dijimos, niños con parásitos no se alimentan. Y por último, que todas estas condiciones ocurran de forma estable. Las fases de la crisis son alarma, inseguridad leve, inseguridad severa y hambruna. Digo que es severa por el demostrado deterioro en la disponibilidad de alimentos, la escasez. El acceso está restringido por días asignados de compra, las personas tienen que colocar sus huellas dactilares para adquirir productos, ha habido un desplazamiento de la red de distribución alimentaria hacia un sector público que funciona de forma muy deficiente. Hay que añadir una fuerte inflación que restringe el acceso por el lado económico, el poder adquisitivo del salario difícilmente cubre la canasta alimentaria. Además, comienza a haber una disminución sensible en el consumo que el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra en sus encuestas.

Otro factor son los episodios de violencia por el saqueo de camiones que transportan alimentos.

Es lo que llamo la violencia alimentaria. Disturbios, saqueos, maltrato infantil por la escasez de comida. También hay un impacto en los hábitos de los venezolanos, en sus tradiciones, no hay arepas, no hay guayoyo.

Políticos y analistas están hablando de hambruna o emergencia nutricional en Venezuela. ¿Este es el caso?

Las emergencias alimentarias se caracterizan por afectar a todas o casi todas las fuentes de oferta de alimentos y el colapso de las formas en que la población puede tener acceso a esa oferta, por la violencia e interrupciones incontrolables del orden público con la finalidad de obtener los alimentos, por una mortalidad por desnutrición de más de 2,5 veces las cifras habituales por esta causa. Para tener una idea, en las últimas hambrunas del siglo pasado no era posible encontrar un solo mercado de alimentos funcionando en kilómetros de territorio, los establecimientos de comida estaban todos cerrados, las migraciones a otros países por el colapso del país hambreado eran definitivas, y las muertes de personas desnutridas ocurrían por cientos y miles al día. Lo más cerca que pudiésemos estar de una situación así es si imaginamos en un mismo momento a todo el país, afectado por una emergencia como la de Vargas. Ha sido difícil defender el rigor. Quienes hemos evitado usar el término hambruna o hemos advertido a quienes no lo usan apropiadamente, nos hemos ganado la etiqueta de negacionistas, superfluos o hambrólogos.

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

Políticos insisten en plantear como solución que se abra un canal humanitario. ¿Esto resolvería los problemas de Venezuela en materia de alimentos?

La idea de que esta crisis la vamos a resolver con ayuda humanitaria es un mito, una fantasía enorme. Aquí hay un Estado que se supone puede manejar su balance alimentario. Esto no es una población desplazada ni aislada geográficamente por un evento natural o una guerra. La ayuda humanitaria no es para sustituir a un Estado que no es capaz de garantizar el suministro alimentario a su nación. En los únicos países donde la ayuda humanitaria contempla reparto de comida es en los que están aislados geográficamente por una emergencia aguda como un terremoto o países sin Estado como Darfur o Gaza. En el contenedor de Cáritas que llegó al Puerto de La Guaira, por ejemplo, no había harinas, mantequilla o aceite, sino suplementos nutricionales altos en proteínas, ácido fólico para embarazadas, base lipídica para niños desnutridos.

¿De cuánto se dispone en el mundo para ayuda humanitaria?

A veces los donantes juntan el dinero para una sola causa en un solo pote, es lo que conoce como los fondos mundiales. Los de mayor cuantía son el que se creó para el combate contra el sida, malaria y tuberculosis, y otro para financiar emergencias humanitarias enfocadas en población materna-infantil. Juntos suman alrededor de siete mil millones de dólares para todos los países por cinco años.

¿Hay que replantear esta discusión y solicitar las soluciones reales al problema?

Si lo que se busca es recibir ayuda internacional para hacer disponibles urgentemente alimentos y materias primas para restaurar inventarios a partir de la producción nacional, no hay que declarar una emergencia humanitaria o hambruna. De acuerdo con la pauta de economistas y gente del agro, lo que se requiere es aplicar medidas adecuadas para comprar y traer alimentos, y medidas económicas de liberación de controles cambiarios, asignación de divisas y estructuración de precios. Para esto, el Gobierno y los ministerios referentes al tema alimentario necesitan describir mejor la crisis y sus consecuencias, identificar dónde están los problemas, en qué consiste la escasez y cuáles son los recursos que hay que calcular y organizar a corto y largo plazo para restituir los niveles de abastecimiento.

El Gobierno intenta resolver la situación con el reparto de bolsas de comida a precios subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y entregándole mayor poder al sector militar en la distribución de alimentos. ¿Cómo evalúa esta respuesta?

No son medidas para atender la crisis sino para aumentar el control sobre el sistema alimentario. Recientemente hemos visto el problema que surgió en la producción de harina de maíz en el que empresas como Polar paralizaron sus plantas por falta de materia prima. ¿Por qué el Gobierno no aceptó el plan que propuso Polar, que se traduce en que la harina de maíz precocida pasa a tener un precio de setecientos bolívares el kilo y prefiere importar una que tiene un costo de dos mil quinientos bolívares? Porque esta harina la controlan ellos. En cuanto a los Clap hay que decir que no obedecen a ningún criterio de planificación. Las bolsas tienen contenidos distintos y tampoco se conoce cuál es la meta de ese programa. Al principio se dijo que era para once millones de venezolanos, luego han hablado de dos millones. Si esta última cifra es la definitiva tomemos en cuenta que se trata de la mitad de los pobres según las cifras del INE.

¿Qué medidas urgentes propondría para atender lo que ha denominado una crisis de inseguridad alimentaria severa?

En primer lugar, garantizar una cesta que puede ser de siete alimentos básicos para proteger del hambre y sus efectos a los grupos más vulnerables de los peores impactos de la desnutrición, o a los que no pueden alimentarse por sí mismos como la población en orfanatos, hospitales y cárceles. Es necesario, además, derogar leyes regresivas y políticas que han dislocado el sistema agroalimentario, y por último, pensar en la restauración de la inversión tecnológica, el sistema estadístico, en fin, en la recuperación y normalización del sistema.

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Esta entrevista de Víctor Salmerón con fotografías de Andrés Kerese forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

Luis Pedro España retratado por Maura Morandi

Cuando la prensa internacional, organismos multilaterales y mandatarios extranjeros construyeron un voluminoso coro para festejar los programas sociales creados por Hugo Chávez, englobados bajo el rótulo de misiones, Luis Pedro España dijo lo que ahora luce como una verdad visible y palpable en las calles de Venezuela: no había más que un fastuoso boom petrolero que, una vez llegase a su fin, daría paso a un tiempo de penurias.

Sociólogo, exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, es uno de los académicos que más ha estudiado las dimensiones de la pobreza en el país, sus raíces y cómo disminuirla. No duda en señalar que el cambio del modelo económico requerirá de un plan de ayuda a las familias más necesitadas a través de transferencias directas.

El estudio elaborado por la empresa de la Universidad Católica Andrés Bello, Ratio UCAB, plasma la gravedad del problema alimentario con datos actualizados porque el trabajo de campo se realizó entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre de 2016. ¿Podría resumirlo?

Se trata de un estudio con alcance nacional y señala que el tema del hambre no es juego, no se trata de una exageración, hablamos de un asunto muy serio. Lo primero es que 53% de los venezolanos indica que su principal problema en este momento es la comida. 36% afirma que ha tenido que vender alguna prenda, artefacto o artículo del hogar para completar el dinero con el fin de adquirir alimentos. Esto es evidente en los pueblos donde existen familias vendiendo sus ventiladores. 30% admite que un conocido le regaló comida y 8% que consumió desechos. No estamos hablando solamente de personas que hurgan en la basura como muchos hemos visto últimamente en las ciudades del país, sino de quienes, por ejemplo, se llevan para su casa lo que sobra en los platos de un comedor industrial. La estadística más dura, donde cualquier número esconde una tragedia, es que 5% de los venezolanos dice que ha recibido ayuda de personas desconocidas para comer, es decir, estamos hablando de limosnas, de mendicidad.

¿Qué indica este estudio en cuanto a la percepción sobre el aumento en el precio de los alimentos, de la inflación y de la escasez?

En este aspecto la mitad de la población, exactamente 50,2%, considera que no se está solucionando el problema de la escasez y 31% afirma que sin un cambio de Gobierno no es posible eliminarla. 41% señala que lo peor es la inflación y 56% la escasez. Los artículos que menos consiguen las familias son: harina precocida de maíz, arroz, mantequilla y pasta. Cuando se les pregunta a las personas: ¿cuánto gastó en alimentos en octubre de 2016? El promedio es ciento veinticinco mil bolívares y para noviembre estimaban ciento noventa y dos mil bolívares.

Usted es autor junto a José Ramón Morales y Douglas Barrios del estudio “Pobreza, cobertura de las Misiones y necesidades de protección social para la reforma económica de Venezuela”. ¿Cuántas familias tendrían que ser incluidas en un plan de protección social en caso de que se concrete un cambio político que abra la posibilidad de un ajuste de la economía?

En América Latina teníamos 25 años sin que ningún país de la región hubiese requerido un programa de ajuste, lo cual es un indicador de cómo Venezuela se resiste a entrar por las reglas de una economía productiva. Este es un dato importante y en caso de que se aplique esa reforma es necesario construirle viabilidad social. Utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2015), el valor de la canasta normativa de alimentos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a noviembre de 2014 que es el último dato disponible y su proyección a 2015, empleando el Índice Nacional de Precios publicado por el Banco Central (de Venezuela) y el método integrado de cálculo de la pobreza, se determinó el número de hogares en pobreza por necesidades básicas insatisfechas, más los hogares que no son pobres estructurales por necesidades básicas insatisfechas pero cuyos ingresos están por debajo de una canasta normativa de alimentos. Se hizo un ejercicio de estratificación denominado Método Integrado Modificado y la cantidad de personas pobres por necesidades básicas insatisfechas es de nueve millones trescientos ochenta y un mil, es decir, 31% de la población. Y los no pobres con ingresos bajos, nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil personas: un 33% de la población.

A la luz de los resultados de la encuesta Encovi 2016, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas aumentó de 31% a 34%.

¿Cómo proteger a estos venezolanos con una nueva política social?

Existe consenso en que la transferencia directa es lo que permitiría que el aparato productivo se recupere con mayor rapidez y que los canales de distribución operen y se acaben las distorsiones. Para calcular la transferencia, construimos una canasta de once productos que cubren 70% de los requerimientos nutricionales, hablamos de artículos normativos y de hábito: harina de maíz, pasta o arroz, caraotas o algún grano, aceite, margarina o mayonesa, pollo, azúcar, sal, café, leche en polvo, sardinas en lata. Se estima 1,06 dólares por persona al día utilizando como referencia precios de Colombia. Esto no quiere decir que las personas solo van a consumir esos alimentos; se trata del monto de la transferencia a recibir. Todos los estudios demuestran que cuando la ayuda es asignada a los hogares más vulnerables y entregada a las madres, es efectiva. Entonces, si hablamos de los pobres por necesidades básicas insatisfechas nos referimos a un monto cercano a cuatro mil millones de dólares en un año.

¿Esa canasta de once alimentos no difiere en mucho de, por ejemplo, la canasta que cada mes difunde el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM)?

Se trata de canastas diferentes, las canastas para medir pobreza no son el deber ser, algo a lo que aspira un gremio. Los amigos del Cendas plantearon esa medición con un error, pero se ha convertido en un indicador por la falta de estadísticas oficiales.

¿La idea sería mantener este programa de trasferencia directa por cuánto tiempo?

Un año. Una vez se instrumente hay que censar las zonas populares, realizar estudios que pueden hacerse rápidamente, una auditoría, y de acuerdo con cómo marche la recuperación de la economía y las variables macroeconómicas, se determina si es posible ir eliminando la transferencia. Hay criterios que señalan que lo mejor es concretar el pago de forma trimestral o semestral, porque se trataría de compensar el golpe propinado por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, no debe verse como un derecho adquirido. Se recibe la transferencia, por ejemplo, dos veces al año y si al terminar ese lapso la persona continúa en situación de desempleo, de necesidad, es necesario chequearse nuevamente. Esto para el caso de los hogares urbanos; en los rurales, se trataría de exigir corresponsabilidad: para seguir otorgando el beneficio, el Estado verificaría que los hijos del beneficiario asisten a la escuela y que aquel está tomando los cursos de capacitación laboral que deben diseñarse. La ayuda tiene que ser temporal. No puede desincentivar el empleo y mucho menos competir contra una remuneración laboral. De mantenerse en el tiempo, debe estar justificada con un mecanismo de corresponsabilidad por parte de las familias beneficiadas.

Luis Pedro España retratado por Maura Morandi

¿Esa política está alineada con la idea de que buena parte del empobrecimiento en los dos últimos años es por ingresos, y por tanto con una política económica que restituya el crecimiento y frene la inflación es posible contener el deterioro?

Ha habido un shock de ingresos; por lo tanto, como se indica en el trabajo que mencionaste anteriormente, en más de dos terceras partes la pobreza es reciente. Estos hogares necesitan sobre todo oportunidades económicas y una ayuda como la transferencia directa para compensar la caída que han tenido en el ingreso. De esta forma puede evitarse que adopten las prácticas que llevan a atornillarse en la pobreza, como la reducción del consumo, la deserción escolar, la iniciación temprana en el trabajo y la liquidación de activos que son productivos. Estas son las cosas que hacen que una crisis de ingresos se transforme en un alza de la pobreza estructural.

¿Desde su punto de vista qué debe hacerse con las misiones?

La población va a entender que hay que ir a un reordenamiento de las misiones sociales, sobre todo porque ya han sido desmanteladas por el propio Gobierno. Desde hace tiempo lo que existe es propaganda, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que distribuyen bolsas de comida, y esa suerte de lotería que es la Misión Vivienda.

¿Cuál es su opinión respecto a los Clap?

Las bolsas de comida Clap son muy ineficientes e injustas porque en la práctica están segmentadas por la capacidad de organización de las comunidades y su vinculación con el aparato del partido. Por ejemplo, en zonas de Caricuao los vecinos se organizaron y gracias a las protestas que han hecho, las bolsas llegan una vez al mes. Pero los más necesitados no pueden hacer esto. Si algo sabemos de política social es que los pobres no llegan a ti, tú tienes que salir a buscarlos. No puedes operar como si fueses una panadería donde la demanda te va a llegar.

¿Qué propone en el caso de la Misión Vivienda?

Comprender que la política para enfrentar el problema no puede ser un sistema en el que existen alrededor de un millón y medio de inscritos y cada dos meses el sector público construye unas cincuenta viviendas. Hay que ir a un modelo diverso que contemple ampliaciones, nuevos urbanismos, programas de construcción asistida e incorporar al sector privado.

¿Por qué cree que no ha habido cambios en la política social a pesar de que ha habido un deterioro muy marcado en la calidad de vida de la población?

El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una política social fuera de contexto. Al igual que con el tema económico, tiene los mismos preceptos en un entorno que es enteramente distinto al boom petrolero que hubo cuando gobernó Hugo Chávez. Creo que eso apunta a que no tienen ideas, son estériles, repiten lo mismo como si padecieran de un tic nervioso.

¿Cuál cree que es la falla fundamental de las misiones que visiblemente han fracasado como mecanismo para evitar el empobrecimiento?

Se utilizaba el esquema mediante el cual ante una problemática se inventaba una misión, una acción, un establecimiento, una propaganda, un presupuesto. Así no funcionan los programas sociales. Por ejemplo, la mortalidad infantil no tiene una sola causa, tiene por lo menos seis y la más importante no es la atención médica. Por eso con Barrio Adentro solo estabas atendiendo una de las causas de la mortalidad infantil. El impacto social cuantificado, la articulación con otras políticas, la transparencia en el manejo de los fondos, la selección de los beneficiarios de acuerdo con sus reales necesidades, nada de eso importaba. Los beneficiarios no solamente son de una misión sino son de varias porque la entrada a los programas es libre. Además, la política social de las misiones no atacaba las distintas causas de problemas como el abandono escolar, la precariedad del empleo y el déficit de inversión en infraestructura.

Usted afirma sobre el período 2004-2008 que “el ascenso social ocurrido en Venezuela es de naturaleza economicista y rentista. No es el resultado de una política integral de desarrollo”. ¿A qué llama un ascenso economicista y rentista?

Como el ingreso petrolero se distribuyó a través de gasto público o por medio del subsidio del tipo de cambio, los sectores que más se favorecieron fueron los que tenían más capacidades, mejor inserción en el mercado laboral. El mercado asigna en función de quiénes son los mejores, los más productivos, los más eficientes, los más creativos y ante esa tendencia, que debe existir para que haya progreso porque de lo contrario desaparece el esfuerzo, es necesaria una política social que busque a los excluidos o menos favorecidos para transferirles recursos y capacidades.

Hubo la idea generalizada de que los programas sociales que creó el chavismo fueron un cambio drástico porque la renta petrolera comenzó a llegar a los estratos pobres. ¿Qué opina?

En el momento del boom petrolero, cuando las compañías de mercadeo comenzaron a ver que la demanda se estaba incrementando en los sectores populares, primero porque eran más y segundo porque tenían mayor capacidad de compra, comenzó un discurso según el cual la mejora en el ingreso provenía de las misiones. Pero cuando revisas la encuesta de hogares del INE o la encuesta del Estudio de la Pobreza, observas que ciertamente hubo un aumento de las transferencias hacia los hogares, pero no de las dimensiones que se decía. En 1997 cuando se hizo la primera encuesta del Estudio de la Pobreza, los hogares reportaron que hasta un 6% de sus ingresos totales provenían de transferencias que podían ser pensiones o de otro tipo. Diez años después, en 2008 cuando se hizo la segunda encuesta, eso pasó de 6 % a 12 %, que es bastante, el doble, pero siguió siendo 12%. El 80% del ingreso de los sectores populares provino de su trabajo, un trabajo sobrerremunerado si tú quieres, porque había un tipo de cambio subsidiado que abarataba los productos importados, pero no de transferencias.

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Esta entrevista a Pedro Luis España, realizada por Víctor Salmerón con fotografías de Maura Morandi forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

Alejandro Gutiérrez retratado por Rodrigo Picón

Los trabajos del economista Alejandro Gutiérrez, quien ha convertido el tema alimentario en el centro de sus investigaciones, tienen una especial relevancia en una sociedad donde la escasez de productos básicos y el empobrecimiento alcanzan niveles inéditos. Su voz es una de las más autorizadas en la materia: profesor titular de la Universidad de Los Andes, doctor en estudios del desarrollo, consultor del Banco Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Paso a paso explica las causas del fracaso en la política agroalimentaria de los últimos 18 años y afirma que a pesar del feroz deterioro en la calidad de vida, la administración de Nicolás Maduro aún no toma las medidas necesarias para cambiar el rumbo e iniciar la recuperación.

Para la revolución bolivariana, que está en el poder desde 1999, el tema de la producción agrícola y agroindustrial ha ocupado un lugar preponderante. El Gobierno entregó créditos, combatió el latifundio, creó empresas agroindustriales, repartió subsidios, exoneró impuestos, distribuyó maquinaria agrícola, creó sistemas de riego e implementó experimentos productivos socialistas como los Fundos Zamoranos. ¿Qué dicen las cifras sobre el resultado de esta estrategia?

Si tomamos las cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, tenemos que en 2015 el valor de la producción agrícola por habitante a precios constantes, es decir, ajustados por la inflación para poder comparar año a año, es 20% inferior a la de 1998. Entre 2012 y 2015, el descenso es de 11%. En cuanto a la industria de alimentos, también tomando en cuenta el tamaño de la población, hay un descenso de 20% respecto a 1998 de acuerdo con el índice que elabora el Banco Central de Venezuela para medir el volumen de la producción.

Realicé un trabajo para determinar las calorías disponibles en relación a los requerimientos de la población. Se basa en cifras oficiales, disponibles hasta 2013, y en un modelo econométrico para calcular el período 2014-2016. Esto me da base para afirmar que el habitante promedio venezolano tiene un consumo de calorías que está por debajo de sus requerimientos.

Allí vemos el período en su totalidad, pero la estrategia obtuvo resultados positivos entre 2003-2008, cuando de acuerdo con su trabajo “El sistema alimentario venezolano: evolución reciente y bases para el diseño de una nueva estrategia”, la producción agrícola por habitante creció 1,6%. ¿Por qué hubo este repunte, aunque pequeño, en esos años?

Entre 2003-2008 el Gobierno inyectó una enorme cantidad de recursos, financiamiento, subsidios, crédito. Un aspecto relevante es que se trata de un crecimiento muy inferior a las tasas que registró el resto de la economía. El efecto negativo del control de precios y el control de cambio no se notó mientras hubo suficientes divisas para importar, pero recordemos que durante 2007, en pleno auge de la bonanza petrolera, hubo una escasez muy fuerte; tanto, que este es uno de los factores que influyó para que Hugo Chávez perdiera el referendo para aprobar la reforma de la Constitución.

¿Podría resumir qué explica el descenso constante en la producción a partir de 2008?

A partir de 2008 los precios permanecen controlados por largo tiempo y se golpea la rentabilidad. El efecto de los controles de precios está previsto en cualquier texto de economía: si se fija un precio de venta al público por debajo del que equilibra la oferta con la demanda, se genera un exceso de demanda y surgen los mercados negros. El control de cambio entorpece las importaciones que necesita el sector, las expropiaciones de tierras golpean la inversión privada, empresas agroindustriales que fueron estatizadas se vuelven poco eficientes, no hay repuestos para reparar la maquinaria, aparece la insuficiencia de semillas. Creían que todo lo podían resolver con importaciones porque había dólares provenientes del petróleo, pero cuando se cayó el precio del barril el país se quedó sin divisas. Esa es la situación que tenemos ahora.

Hubo un aumento muy importante del crédito al sector agrícola a tasas de interés preferenciales, lo que se traduce en un subsidio que pagan los depositantes. Usted dice que en el período 1998-2013 la cartera crediticia de la banca comercial y universal, en términos reales, creció al ritmo promedio anual de 15,1%. No obstante, precisa que hay una pérdida de eficiencia del crédito agrícola. En el lapso 1998-2003, por cada bolívar medido a precios constantes otorgado en préstamos, se obtenían 14,6 bolívares de producción, pero en el lapso 2008-2013 esta relación disminuyó a 2,2. ¿A qué se debe el fenómeno?

En algunos años este financiamiento se sintió en rubros que son fáciles de controlar como el caso de los cereales. Otra parte se desvió. La morosidad de los créditos al sector agrícola es muy elevada, el Banco Agrícola de Venezuela tiene una tasa de morosidad de casi 8% y la de la banca en general no llega a 1%. Muchos créditos se desviaron. Recordemos que la agricultura se convirtió en una actividad no rentable. Pero es bueno señalar que ha habido un cambio importante en el financiamiento: en 2015 y 2016 la cartera agrícola obligatoria en términos reales, es decir, descontando la inflación, sufrió un descenso.

El 19 de enero del año pasado el Gobierno anunció la creación de nueve motores para impulsar la economía. Uno de ellos fue el agroalimentario. ¿Cree que habrá una recuperación de la producción?

El anuncio de los “nueve motores” no nos hizo pensar que 2016 sería un mejor año en producción agrícola y de la industria de alimentos. No había insumos agrícolas, buena parte de la maquinaria estaba paralizada por falta de repuestos. El Gobierno no les anunció los precios a los productores en el momento oportuno; por ejemplo, la cosecha de maíz, en el momento que se recogió no tenía un precio definido. Era evidente la caída de la producción agrícola, de la producción de la industria de alimentos y también de las importaciones, como en efecto ocurrió. Por eso hubo un gran desabastecimiento.

Alejandro Gutiérrez retratado por Rodrigo Picón

El Gobierno ha permitido importaciones de alimentos que se financian con dólares adquiridos en el mercado paralelo. Estos productos están en los anaqueles a precios muy superiores a los regulados. ¿Colapsó el control de precios?

Así es. La política de precios ha colapsado y la mejor evidencia es que el mismo Gobierno está violando los controles de precios y de cambio llegando a acuerdos con el sector privado para que importen alimentos con sus dólares y los vendan a precios por encima de la regulación. El Gobierno violentó su propia política de control de precios para garantizar un mínimo de oferta.

En algunos casos, como el de la producción avícola, que necesita maíz amarillo y soya, el Ejecutivo ha llegado a acuerdos con los actores de la cadena avícola para que traigan con sus dólares maíz amarillo a precios del mercado internacional. Hablamos de dólares a precios del mercado paralelo. Lógicamente, ese maíz amarillo incrementa el costo de producir pollos. Por eso se vende a precios muy superiores a los establecidos por el control de precios. Pero el Gobierno no hace nada porque hay un acuerdo tácito para no cumplir con la Ley de Precios Justos.

En enero de 2016 se creó el Consejo de Economía Productiva donde los empresarios se sientan con representantes del Ejecutivo en mesas de diálogo para encontrar soluciones. ¿Por qué cree que esto no ha dado resultados positivos?

Las mesas de diálogo comenzaron a principios del año 2016 y no hubo solución de los problemas de suministro de insumos, de repuestos. De ahí no salió nada concreto porque, como era previsible, sin dólares se fundieron los motores que anunció el Gobierno. Ahora se ve el impacto de quedarse sin divisas para importar y haber implementado una estrategia que se sostenía en el debilitamiento del sector privado porque se le consideraba un enemigo para desarrollar el proyecto del socialismo del siglo XXI.

También el 11 de julio del año pasado se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en la que se reforzó el rol del sector militar en la economía. La Misión está a cargo de un comando encabezado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien tiene atribuciones para dictar regulaciones, directrices y medidas especiales a empresas y regiones. ¿Piensa que esto va en la dirección correcta para disminuir el desabastecimiento?

La misión está en manos del sector militar, que tiene conocimiento de logística. El problema es que está enfocada en distribuir los pocos productos disponibles y la falla fundamental es de oferta. Eso sigue sin resolverse.

Actualmente en Venezuela hay problemas de oferta por el cierre de empresas, la ausencia de inversión en los últimos años, tecnología atrasada. Si se concreta la posibilidad de aplicar un ajuste que busque reanimar la economía, ¿cómo levantar el control de precios en estas circunstancias?

Hay muchos precios que se pueden liberar inmediatamente, no solo en el caso de los alimentos sino de muchos bienes y servicios que están regulados. El Estado es incapaz de controlar todas las decisiones que toman los productores y los consumidores. Pero hay que tener en cuenta el impacto social. Por eso el desmontaje solo es posible en un programa de estabilización macroeconómica y de emergencia. Necesariamente, durante un período de transición, el precio de un grupo de alimentos básicos debe permanecer regulado con revisiones periódicas. Un aspecto clave es la necesidad de obtener financiamiento en el exterior para contar con suficientes dólares e importar alimentos en una primera etapa, mientras se normaliza la producción, y crear un plan de transferencias directas a los hogares de menos recursos para que soporten el ajuste de precios y no haya una convulsión social. Para obtener financiamiento se requiere un plan integral y de calidad que, entre otras cosas, tenga claro cómo corregir el déficit fiscal que se está cubriendo con emisión de dinero que impulsa la inflación.

¿Desde su punto de vista el control de cambio debe eliminarse de una sola vez como se hizo en 1989 y 1996 durante los ajustes implementados por los expresidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera?

El desmontaje podría ser por etapas. La tasa de cambio comercial (para importaciones y exportaciones) se podría flexibilizar o liberar y al mismo tiempo crear un mercado legal en el que la gente pueda comprar dólares. Pero ese mercado, que sería con intervención del Banco Central de Venezuela, necesita suficientes reservas internacionales. Nicolás Maduro perdió la oportunidad en 2013 de aplicar un programa de estabilización macroeconómica, prefirió ser fiel al legado de Hugo Chávez y Jorge Giordani. Ahora la enfermedad ha avanzado mucho. En 2013 se necesitaba mucho menos para financiar un programa de estabilización, hoy se estiman unos sesenta mil millones de dólares.

¿Qué propone en el caso de las empresas expropiadas que tienen severos problemas de producción?

Hay que privatizar y hay que decirlo sin miedo a las etiquetas. Y se comienza privatizando las empresas más pequeñas, las más fáciles de vender. Siempre habrá capital nacional o extranjero dispuesto a invertir. Se necesitan señales muy claras para los inversionistas nacionales y extranjeros; en el tema de las tierras expropiadas hay que explorar desde devolverlas a sus antiguos propietarios hasta venderlas y promover empresas mixtas.

Un aspecto importante es reactivar lo antes posible las cadenas de producción y eso requiere recuperar el acceso a materia prima, abordando el tema de la deuda que tiene el sector privado con casas matrices y proveedores en el exterior. ¿Qué hacer?

Si se crea un mercado cambiario legal y se liberan precios a fin de que se restablezca la rentabilidad las empresas pueden acceder a divisas a través de ese mercado, por eso es vital la flexibilización del mercado cambiario. Pero, nuevamente, eso se requiere un crédito que permita fortalecer las reservas internacionales.

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Esta entrevista de Víctor Salmerón con fotografías de Rodrigo Picón forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

Tras dos años en la Presidencia de la República, Hugo Chávez presentó al país el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 que incluyó entre sus metas “garantizar la seguridad alimentaria”, elevando la producción nacional y reduciendo la dependencia de las importaciones. Rápidamente surgió la idea de fortalecer los “rubros bandera”: arroz, maíz, café, cacao, palma aceitera y ganadería. Siguieron los fundos zamoranos, el desarrollo de conucos, cultivos organopónicos y los Sistemas de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas (Saraos y Saraitos). El crédito fluyó como nunca antes y se aprobó la Ley de Tierras que facilitó el “rescate” de 3,6 millones de hectáreas que pasaron a manos del Estado.

No obstante, el 15 de septiembre de 2012, después de once años de planes y seis meses antes de su muerte, Hugo Chávez continuaba hablando en futuro y señalaba: “Uno de los grandes objetivos históricos de nuestra revolución es convertir a Venezuela en una potencia agrícola”. Hoy, el desplome de la producción nacional es inocultable al igual que el atraso tecnológico, la desaparición de la inversión privada en el campo y la escasez de insumos básicos para la siembra.

Carlos Machado Allison es una de las voces más autorizadas para analizar cómo fue posible que el país no avanzara en materia agrícola durante los últimos diecisiete años e incluso retrocediera en aspectos clave. Autor de numerosos estudios e informes técnicos, especialista internacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y cargos tales como coordinador del Centro de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) y expresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, forman parte de su extenso currículo.

El 19 de julio de 2015, Elías Jaua, exministro de Tierras, dijo: “Todas las tierras que fueron rescatadas durante mi gestión eran tierras ociosas, muchas de ellas hoy están productivas, muchas de ellas no han podido levantar el esfuerzo productivo pero esa matriz de que nosotros destruimos el aparato productivo de la agricultura es totalmente falsa”. ¿Por qué existía esa irregularidad en la propiedad que permitió el “rescate” de tierras?

Como país nacimos con un problema de propiedad y pertenencia de la tierra que se perpetúa hasta hoy. La Comisión de Indias durante la Colonia, el gobernador, el presidente, administraban una propiedad que pertenecía al Estado; por eso la solidez de los títulos en Venezuela sigue siendo precaria. Ni siquiera existe un catastro. En el tiempo de la Independencia, la tropa recibió tierras que luego vendió a los generales. Así se construyeron las grandes propiedades en Venezuela. La primera ley de tierras es de 1848 y obligó a todos los tenedores a registrarse, pero solo había una oficina en Caracas y la mayoría de las familias ni se enteró. Desde ese momento, los gobiernos obviaron el tema y cuando realizaron expropiaciones pagaron, como ocurrió durante la reforma agraria de 1961. Con esta reforma de 1961 hubo una gran manipulación política: mientras el Gobierno no entregaba los títulos definitivos los campesinos dependían del Gobierno. En 1995 se hizo un censo y solo 17% de los beneficiarios originales de la reforma estaban cultivando la tierra. En consecuencia, tenemos un país lleno de bienhechurías y posesiones poco regulares. Este Gobierno interviene y aprovecha esa situación. Hablan de expropiación y rescate de tierras. En todo caso, intervienen entre tres y cuatro millones de hectáreas. No hay precisión porque también hubo invasiones.

¿El Gobierno no tuvo razón en intervenir tierras ociosas?

Si las tierras eran o no ociosas no es asunto del Gobierno. La ociosidad de las tierras significa recursos para las próximas generaciones. Estados Unidos y Europa tratan de colocar en esta condición la mayor cantidad de sus tierras. Con mucha frecuencia las propiedades que fueron catalogadas de ociosas eran fuentes de agua, de fauna, de flora y servían a las universidades para el estudio del venado, la biología del chigüire, la cría de caimanes. Todo eso se perdió.

El Gobierno también argumenta que necesitaba combatir el latifundio.

El latifundio no es una extensión de tierras; es un modo de producción. Ya en Venezuela no existen latifundistas. Hay fincas pequeñas, medianas y grandes. Las fincas grandes son las que tienen menos conducta de latifundio. Cumplen con la ley, pagan prestaciones, bono de alimentación, no hay nada parecido a la tienda de raya.

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

¿No había un problema de falta de tierras para que el Gobierno llevara adelante sus planes de producción agrícola?

No. Con excepción de algunos lugares de Yaracuy, en el resto de Venezuela no existe lo que se llama sed de tierras. No hay una masa campesina como en Brasil, Perú, Colombia o Bolivia. Aquí la población rural es solo 9% del total, distribuida en todo el territorio nacional.

¿Tiene a manos cifras que nos den una idea del resultado de las políticas de la revolución bolivariana en el sector agrícola?

Las empresas socialistas, las cooperativas, los fundos zamoranos, absorbieron un enorme gasto y no producen. El desabastecimiento y la caída en la producción de maíz, arroz, ganado, hortalizas, café, es notoria. Venezuela ha tenido que importar arroz cuando llegamos a ser exportadores, y a importar ganado por una cantidad monstruosa de dinero tras la destrucción sistemática de fincas ganaderas en Guárico y Portuguesa. En Yaracuy, Lara y Aragua ha habido un daño muy grande en la caña de azúcar. Según mis cálculos, que se ajustan bastante a los de Fedeagro y al resto de los gremios, en 1998 la producción agrícola vegetal era de 780 kilogramos por persona al año, y en 2016 fue de 500 kilogramos. Para la seguridad alimentaria se necesitan 800 kilogramos por persona.

El exministro Elías Jaua también dijo en julio de 2015: “La revolución ha hecho un gran esfuerzo por levantar y recuperar la producción agrícola desarrollando políticas para el sector agrario: subsidios, exoneración del IVA, maquinaria agrícola, sistema de riego, creación del Banco Agrícola, del Fondo Agrario Socialista, pero dependemos de las importaciones porque a pesar de ese esfuerzo, nosotros no logramos alcanzar la línea de crecimiento del consumo”.

Está diciendo que fracasó. El Gobierno logró un período de crecimiento de la producción agrícola hasta mediados de la (primera) década de 2000. Hubo crédito barato, maquinaria, subsidios al consumidor, pero después dejaron de pagar, comenzaron a deberle a los productores que ya no hicieron más inversiones mientras que la población seguía aumentando. Gastaron mucho dinero en proyectos como los que se ven en las carreteras de Aragua para producir hortalizas. Esos son sistemas muy complejos de producción que requieren ingenieros agrónomos, químicos a cargo. En Europa son muy rentables. Aquí se pudrieron las mallas. Frente a la Hacienda Santa Teresa sembraron 50 hectáreas de maíz por órdenes de Elías Jaua, que quería tener una especie de vitrina. Se sembró el maíz y nadie lo recogió.

¿Por qué no se recogió?

No sé, es algo que hay que preguntarle al exministro Jaua. ¿Por qué los invernaderos nunca funcionaron? Porque requerían mano de obra calificada para ponerlos a funcionar y el conocimiento de la cadena.

¿Con las expropiaciones se apartó a quienes conocían el negocio y podían invertir para ser sustituidos por estructuras ineficientes?

Hay hatos que tenían diez mil cabezas de ganado y veinticinco mil chigüires como el Hato El Frío. Ahora no hay nada.

¿La expropiación de Agroisleña, que pasó a ser la empresa pública Agropatria, es un hecho importante en el fracaso de la producción agrícola?

Agroisleña no solo era un eficiente vendedor de semillas y agroquímicos, sino que tenía más de cien ingenieros agrónomos que conocían el suelo y la demanda de fertilizantes y agroquímicos para cada cliente. Cuando los clientes no tenían una titularidad razonable, la empresa hacía el rol de intermediario con los bancos y le prestaba al productor. Además, coordinaba con la agroindustria para colocar la cosecha. Pues bien, se convirtió en algo donde de casualidad hay un fertilizante básico.

¿Qué otro camino ha podido tomar el chavismo para impulsar la producción agrícola?

Capacitación técnica, fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país, no convertirse en un gobierno hipercontrolador: un pequeño productor está sometido a más de 200 normas y resoluciones. No ser un Gobierno que gasta sin miramientos. Por ejemplo, si compras tractores chinos tienes que asegurar los repuestos, la distribución. Hay tractores chinos e iraníes botados por todo el territorio nacional. Los mecánicos rurales conocen muy bien la tecnología de las marcas tradicionales, pero no conocen los tractores chinos e iraníes. El Gobierno tiene 288 empresas ligadas al sector de alimentos, eso tiene un costo bárbaro y no producen.

¿El manejo macroeconómico es también un factor a tomar en cuenta en esta discusión?

El control de precios, el control de cambio, el mal manejo macroeconómico, obviamente es una sombra que cubre toda la actividad. Se cree que el mundo agrícola es excepcional, que hay una excepcionalidad agrícola, pero en última instancia son las variables macroeconómicas las que influyen. Se estuvo importando carne a un tipo de cambio sobrevaluado, compitiendo de manera terrible con los productores nacionales.

Otro tema relevante es el atraso tecnológico en el sistema agroalimentario. ¿Desde su punto de vista qué tan grave es?

Es brutal el atraso tecnológico. Por ejemplo, Argentina, Brasil y México utilizan máquinas robotizadas, cosechadoras y sembradoras que se manejan con una computadora. Ya se utilizan GPS para hacer surcos y la evaluación de la cosecha se hace con drones, algo muy alejado de nuestra realidad. Nosotros nos quedamos en 1998. En América Latina se emplean camiones con compartimientos especiales para el transporte. En Venezuela seguimos utilizando el 350 “con cachucha” y el resultado es una pérdida de 30% en frutas y hortalizas, por el mal transporte de la cosecha hasta el punto final de venta. Cada mancha que encuentras en un plátano o un cambur es un golpe que determina una pérdida muy rápida de la fruta. Igual ocurre con los melones, las patillas, los aguacates. Vemos alcachofas con las puntas quemadas porque han sido transportadas a una temperatura no adecuada. O tomates dañados por ser transportados con cítricos que emiten etileno. Hay un atraso en técnicas muy básicas. Ve a Barinas y visita la famosa Academia de Agricultura que inventó J.J. Montilla.

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

¿Qué hay allí?

Los edificios.

¿Qué se debería hacer en el tema de la capacitación?

Se necesita una banda intermedia de capacitadores formados en las universidades para que instruyan a los productores. Y eso tiene que funcionar a nivel municipal. Esa reforma la hicimos en 1992-1993 pero los municipios querían pagarle a un ingeniero agrónomo el sueldo de un obrero. En Estados Unidos cada municipio tiene un centro de capacitación muy bien dotado y eso ocurre también en Argentina.

Llama la atención que hasta 2014 hubo un gran ingreso petrolero y se supone que el Gobierno invirtió en adquirir tecnología. ¿Se limitó a comprar tractores chinos que ahora ni siquiera pueden reparar? ¿No importamos tecnología de punta?

No lo hicimos. Venezuela tuvo una ruptura política y comercial con Estados Unidos y se peleó con media Europa. Sus compras estuvieron dirigidas a China, Cuba, Irán, países que están rezagados en muchas cosas.

¿Entonces lo que hicimos fue importar chatarra tecnológica en vez de aprovechar los recursos para dar un salto importante que impulsara la producción?

Así es, y al mismo tiempo 60% del recurso humano con PhD se fue del país. Si me preguntas por las dos personas que más sabían de ganadería en Venezuela, tengo que decir que una está en México y otra en Costa Rica. La generación que yo formé y la que le siguió, hablo de personas con cincuenta y treinta años con doctorados en universidades de prestigio, se fueron del país. Están en Puerto Rico, Australia, Colombia, Estados Unidos. Por ejemplo, Ecuador se llevó alrededor de cien profesores de la Universidad Simón Bolívar.

Usted ha mencionado que nuestras exportaciones agroalimentarias son, per cápita, las más bajas de la región. Nos superan países tan pequeños como Costa Rica, o tan pobres como Honduras, Guatemala o Nicaragua.

Llegamos a exportar 600 millones de dólares al año entre 1992-1997, cuando se corrigió la sobrevaluación de la moneda, y Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia descubrieron que Venezuela tenía una agroindustria muy moderna para la época porque los años de sobrevaluación permitieron la adquisición de bienes de capital a muy bajo precio. Entonces nuestra salsa de tomate, jugos, pastas, galletas, resultaron muy atractivas en el Pacto Andino. Polar llegó a exportar 50 millones de dólares en cerveza. A finales del segundo gobierno de Rafael Caldera el bolívar volvió a apreciarse y nuevamente fue difícil exportar.

Menciona que en ese período en el que la moneda no tuvo una gran sobrevaluación logramos exportar y eso se logró porque antes de ese período, gracias a las divisas baratas, compramos bienes de capital y creamos una agroindustria. Ahora hubo un período de gran sobrevaluación entre 2004-2014 y recientemente a los exportadores se les otorgó la tasa del Dicom que es competitiva, pero todo apunta a que estamos muy lejos de repetir un ciclo similar al de los noventa.

Hay un factor que es difícil de medir, pero es clave y se llama confianza. La agroindustria invirtió grandes cantidades en los años setenta y ochenta pero no lo hizo en los 2000. Por el contrario, si tienen 30% o 40% de capacidad instalada ociosa, ¿para qué van a invertir en nueva tecnología?

Ya no estamos en el Pacto Andino sino, con las observaciones del caso, en Mercosur. ¿Esto fue un error estratégico?

No era un error estratégico si Venezuela actuaba como cabeza del continente. Con una tasa de cambio competitiva y una capacidad agroindustrial importante pudimos ser un gran vendedor de productos elaborados y adquirir los commodities de Paraguay, Brasil, Argentina. Tener una conducta como la que tienen los holandeses que, por ejemplo, compran cacao y exportan chocolate. América Central, por ejemplo, vive de la producción agrícola y el comercio. Sabe del negocio. Conocí productores en Nicaragua que aprovechaban el vuelo Managua-Tegucigalpa-Miami para vender 600 mil dólares al año de retoño de maíz de seis semanas. Otro en San Pedro Sula que tomaba todo el plátano que ya no podía venderse porque tenía golpes, lo cortaba, lo empacaba al vacío y lo vendía en Miami para microondas.

Venezuela puede participar en negocios de esa naturaleza, pero desde Juan Vicente Gómez hasta la fecha la política ha estado dirigida a los commodities, a la sustitución de importaciones y no a la diversificación de la producción. Podríamos ser un paraíso productor de especias, tenemos las condiciones climáticas, se necesita la paciencia, la inversión y la visión para sustituir lo que llega aquí como marca Iberia o McCormick, que son especias viejas que ya no huelen a nada y tienen hasta tres años de antigüedad. Jamaica es un gran productor de especias, Guatemala exporta 60 millones de dólares al año de cardamomo. Aquí podríamos hacerlo.

¿Qué hacer para corregir la escasez en el corto plazo? Parece indispensable un plan de importaciones de emergencia.

En el corto plazo sí, no habría otra alternativa. Pero hay que saber lo que se va a importar. A lo mejor mandan a un general a importar semillas y compra lo que no debe. Hablar con la Asociación Venezolana de Sanidad Animal, porque no hay vacunas ni antibióticos. Tenemos un problema de mastitis en las vacas que es muy grave. Faltan agroquímicos y alimentos balanceados. Estamos hablando de cinco mil o seis mil millones de dólares que el Gobierno no tiene. El problema es gravísimo. Además, hay que saturar el mercado porque por la escasez todo el que tiene algo de dinero está almacenando.

¿Y con las tierras qué medida propondría?

Esa puede ser una fuente importante de ingresos para el Gobierno. Regularizar las tierras de la reforma agraria le generaría al Estado enormes cantidades de dinero. La gente pagaría por tener la titularidad. Casi todas las casas de Ocumare de la Costa están sobre tierras de la reforma agraria, por ejemplo. En el caso de las expropiaciones, explorar si es posible devolverlas a los antiguos dueños o venderlas.

¿Cree que es posible vender las tierras que fueron expropiadas y no están produciendo? ¿Quién estaría interesado en invertir en el negocio agrícola en Venezuela en este momento?

Allí caemos en el terreno político. Soy miembro honorario del Consejo Venezolano de la Carne, ha habido algunas transacciones de tierras entre ellos, pero ninguno estaría dispuesto a comprar más tierras para aumentar la producción de ganado porque están muy escarmentados, a la defensiva. Pendientes no solo de las invasiones, también del robo de bombas, transformadores. A quienes han tratado de efectuar el riego por goteo, que es la tecnología actual para la producción de hortalizas, les han robado los tubos y los dosificadores de fertilizantes. Existe un problema grave de inseguridad.  Aun así, hay interesados en invertir. Allí está el caso de Dos Aguas y el de una empresa que produce patos para los restaurantes. Pero, ciertamente, nadie está dispuesto a jugársela a gran escala.

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Esta entrevista a Carlos Machado Allison, realizada por Víctor Salmerón con fotografías de Iñaki Zugasti forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.