Estamos en el segundo mes del año 2016 y el Gobierno sigue sin tomar medida alguna, como si el sentido de urgencia no existiera en la agenda gubernamental. Y la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, tampoco ha logrado presionar al Ejecutivo a realizar las reformas económicas, políticas y sociales que tanto necesita el país.
La teoría económica nos enseña que cuando las medidas económicas no se ejecutan es porque hay grupos de poder que se oponen a la idea de perder beneficios, sin embargo, mientras más se posterga la toma de decisiones, mayores serán los costos que pagará la sociedad. La economía pide a gritos un cambio de modelo económico e institucional, no obstante, el Gobierno ha decidió hacerse de oídos sordos.
Una bomba a punto de reventar
La estrategia de ignorar los problemas nos ha salido cara. Sin duda cerramos 2015 siendo el país con la mayor inflación y contracción económica en todo el mundo. Según nuestros estimados, la inflación en 2015 podría cerrar cerca de 223,6%, mientras que el PIB experimentó una contracción de 9,2%.
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No obstante, estas cifras pasan a segundo plano cuando analizamos cuál ha sido el impacto del actual deterioro económico y social en la dinámica país. Las distorsiones crecen sin parar: la reventa de productos (el llamado bachaqueo), que en 2014 era una actividad sin mayor relevancia, hoy se ha convertido en una fuente importante de trabajo informal y un escape a los cuellos de botella. Aunado a esto, el desabastecimiento no ha mejorado y las colas son cada vez más largas y hay menos probabilidad de conseguir el producto deseado.
El Gobierno parece no haber entendido que las colas no se mejoran regulando los precios ni satanizando al dólar no oficial.
Mientras tanto, los salarios pierden su poder de compra a un ritmo alarmante. El índice de salarios reales (IRE), según nuestras estimaciones, se contrajo 34,0%. Es decir: el año pasado, en promedio, los trabajadores dejaron de percibir prácticamente un tercio de sus salarios (incluso con los aumentos salariales) por culpa de la inflación.
El Banco Central de Venezuela ha perdido cualquier tipo de credibilidad y, en vez de disminuir la inflación, que según el nuevo Ministro de Economía Productiva es inventada, la fomenta con la impresión de billetes y la monetización del déficit fiscal.
Estos y otros factores hacen que la economía se encuentre en un punto de insostenibilidad. Pensar que este modelo puede seguir durante mucho más tiempo es irracional. Sin embargo, Venezuela se ha convertido en el país donde lo irracional y lo incoherente ha pasado a ser la norma.
El descontrol de los subsidios
El gobierno nos acostumbró a vivir en una economía de mentira. Prácticamente todos los servicios básicos y las energías se encuentran subsidiadas. Y el precio de la gasolina es el perfecto ejemplo de esto. En bolívares, el gasto gubernamental no ha encontrado límites, incluso cuando en términos reales el mismo se encuentra cayendo: en 2015, según nuestros estimados, el gasto real del Gobierno (un gasto deflactado por la inflación) se contrajo en 23,8%.
Entre los subsidios que más pesan se encuentra el cambiario. Tenemos 13 años con control de cambios y tasas fijas que se deprecian a discrecionalidad del Ejecutivo Nacional y sin seguir la racionalidad económica. Una política que en teoría debería ser coyuntural, para luchar en contra de ataques especulativos, se ha convertido en las mayores distorsiones de nuestro país.
De nuevo, el Gobierno demuestra que detrás de sus decisiones no existe una matriz de lógica económica.
Más expuestos que nunca
Aunado con los problemas internos presentes en la crisis económica de nuestro país, existen una serie de desequilibrios externos que generan consecuencias aún mayores.
La caída del precio petrolero fue el detonante de una crisis que ya se venía cocinando. Al cierre de 2015, la Cesta Petrolera Venezolana (CPV) se ubicó en US$29,1/bl. Eso es 41,3% menos que el mismo período de 2014. Y para 2016 este escenario no parece mejorar: estimamos un precio promedio de la CPV de US$ 30,0/bl.
Al ser nuestra mayor fuente de ingresos, esta contracción en el precio petrolero tiene un efecto directo en el flujo de divisas del país. Para 2016, esperamos un déficit de US$32.695 millones, un 14% más que el déficit experimentado en 2015. Ahora bien: con unos ingresos 35,1% menores que el año pasado, se hace evidente una reducción obligada de las importaciones y la dificultad que tiene el Gobierno para cumplir con sus obligaciones externas.
Si sólo tomamos en cuenta que proyectamos para este año unas importaciones en 28.906 millones de dólares y un servicio de deuda por 10.057 millones, podemos notar cómo unos ingresos petroleros de 24.191 millones de dólares se quedarán cortos para 2016. Por lo tanto, es urgente plantearse una reforma estructural de las políticas económicas nacionales implementadas durante más de una década.
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De la misma manera, es fundamental resaltar que estimamos que el pago de servicio de deuda total (incluyendo la deuda con China) se ubica en US$ 13.999 millones. Esto representa el 57,9% de nuestras exportaciones petroleras. En pocas palabras: si se paga la totalidad de la deuda estimada para este año, sólo quedarían 42,1% de lo generado por exportaciones para gastos corrientes.
Cuando lo político prela en lo económico
Durante los últimos años hemos notado cómo las decisiones económicas han sido altamente influenciadas por el modelo político implementado por el sector oficialista. Sin embargo, no sabíamos cómo iba a reaccionar el Gobierno de cara a una debacle de tal magnitud en los precios petroleros.
Ahora ya tenemos la respuesta: lo político sigue prelando sobre lo económico.
En medio de la peor crisis económica que ha experimentado Venezuela, el Gobierno no ha tomado ninguna medida relevante al respecto. Estamos ya en el segundo mes del año y el Ejecutivo se ha dedicado a continuar con el discurso de matriz ideológica en contra de la “guerra económica”, en vez de actuar y hacer reformas efectivas.
Al parecer, crear más ministerios y seguir privando a la industria nacional es la prioridad actual del Gobierno.
Por otro lado, es innegable que existe un cambio en las cuotas de poder nacionales. La mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional ha actuado como un mecanismo de presión a los entes públicos manejados por el sector oficialista. Actualmente se ha impulsado la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, que esperamos devuelva la autonomía y exija transparencia en el cumplimiento de la publicación de data oficial por parte del máximo ente económico del país. A su vez, es probable que la Asamblea busque una salida anticipada del Gobierno activando recursos constitucionales como una Constituyente o un referendo revocatorio, algo que cambiaría por completo el desenvolvimiento en materia económica.
Pero… ¿qué se tiene que hacer?
Dada la magnitud de la crisis económica que experimenta nuestro país, unas medidas aisladas no tendrán el impacto necesario. Es fundamental implementar una reforma estructural en nuestra economía. Consideramos que los cinco focos en los que el Gobierno debería centrar las medidas son:
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Con medidas efectivas en estos aspectos se puede empezar un programa de estabilización de la economía venezolana, pero es vital tomar el primer paso hacia la recuperación.
Nos preocupa profundamente la falta de urgencia por parte del Gobierno o, en el peor de los casos, que aún no se hayan percatado de la magnitud de las consecuencias en lo social, político y económico si el modelo sigue acentuándose.