Venezuela en vilo, por Susana Funes

Al menos 39 fallecidos y más de 2285 detenciones se cuentan ya en Venezuela, según las últimas cifras presentadas por el Ministerio Público, como saldo de casi dos meses de protestas y enfrentamientos que, de manera simplista, suelen interpretarse como otro choque más entre el gobierno chavista –de ‘izquierda’– y sectores –de ‘derecha’– que se oponen al Socialismo del Siglo XXI.

La situación, sin embargo, es bastante más compleja. Efectivamente, Venezuela es un país políticamente polarizado, como se evidenció en las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro a la Presidencia con 50,6% de los votos –sólo 1,59% de diferencia respecto al candidato opositor.

No obstante, no fue esta polarización el detonante de las protestas. El 12 de febrero, inicio de la escalada, movimientos estudiantiles convocaron a una marcha por la liberación de varios estudiantes que habían sido arrestados en una marcha previa contra la inseguridad, en el estado Táchira. Sus detenciones y la cruenta represión motivaron la adhesión de otras universidades y así la ola de protestas se fue expandiendo, esta vez no desde Caracas a las regiones, sino a la inversa.

En ese sentido, la convocatoria estudiantil del 12F en Caracas no tenía orientación política como tal. En apoyo a los estudiantes detenidos, aunaba las demandas que se venían repitiendo en el interior: contra la inseguridad e impunidad, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo (45,1 homicidios por cada 100.000 habs., PNUD, 2013); la inflación (57,3%, BCV, febrero 2014), y la escasez de bienes y servicios (28%, BCV, enero 2014), incluyendo desde alimentos básicos y medicamentos, hasta papel higiénico.

Diversos sectores se sumaron, incluyendo opositores como la diputada María Corina Machado y el ex alcalde Leopoldo López, que intentaron capitalizar el descontento bajo el eslogan “La Salida”. Esto sirvió de excusa para que el Gobierno estigmatizara las protestas como “fascistas” y “golpistas”, lo que desembocó en el arresto de López, inicialmente con cargos de “terrorismo” y “homicidio” -responsabilizándolo directamente por los hechos violentos del 12F-, pero imputado finalmente por “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”. Asimismo, el canal colombiano NTN24, que emitía la marcha, fue retirado de la programación por cable y continúa bloqueado por el órgano regulador en tanto no desista “de sus intentos de apoyar activamente la desestabilización”.

El inicio de la escalada. El 12 de febrero en Caracas, cuando el grueso de los manifestantes se había retirado, grupos rezagados iniciaron pequeños disturbios que fueron repelidos con armas de fuego por uniformados del Servicio de Inteligencia (Sebin), junto con civiles armados, presuntamente de los llamados ‘colectivos’ simpatizantes del gobierno.  El joven Bassil Da Costa y Juan Montoya, uno de los líderes de los colectivos, resultaron muertos por sendos tiros en la cabeza. Más tarde muere otro joven en un piquete nocturno, a raíz del disparo de un motorista.

Desde entonces los enfrentamientos se han recrudecido. A las marchas y acciones pacíficas a lo largo de la capital –incluyendo áreas populares como Catia, Caricuao y Petare–, así como de ciudades del interior –San Cristóbal, principal bastión-, se han sumado piquetes y barricadas. Voceros de gobierno sostienen que se enfrentan a movimientos golpistas, pretexto que sirve para acallar cualquier disidencia.

Según denuncias y numerosos videos, existe una estrategia de choque contra los manifestantes: civiles armados de los colectivos irrumpen en motocicletas, disparando; luego, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana realizan detenciones, no exentas de golpizas y abusos de fuerza. El mismo Maduro, en la conmemoración de la muerte de Chávez, llamó a grupos civiles afectos al gobierno a realizar acciones de orden público que sólo podrían ejercer órganos del Estado.

Aunque 5 funcionarios del Sebin fueron imputados por los acontecimientos del 12F, los  actos de represión y amedrentamiento se acentuaron. Según informes del Ministerio Público del 4 de abril,hay 17 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad detenidos por presuntas violaciones a derechos humanos, más 3 con medidas cautelares y 5 con órdenes de captura.

Destino paz, destino incierto. Hoy, mientras voceros de Gobierno invitan a reuniones por la paz y se anuncia la creación del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, las acciones contra manifestantes continúan sin tregua, tanto por parte de los cuerpos de seguridad, como de los grupos de choque armados –tal y como se evidenció en los incidentes del 3 de abril, en la marcha contra la inflación y la escasez que salía de la Universidad Central de Venezuela. En ciudades como Caracas, San Cristóbal, Barquisimeto y Valencia –ciudad que llegó a militarizarse, al igual que ciertas zonas de la capital– se realizan operativos que incluyen disparos contra viviendas y edificios residenciales, y allanamientos a domicilios sin respetar los mínimos formalismos legales.

Al 9 de abril, la ONG Foro Penal Venezolano contabilizamás de 2200 detenciones en todo el país, con un patrón de arbitrariedades, vejaciones y faltas al debido proceso. Ya ha formalizado 59 denuncias de violaciones derechos humanos, incluyendo tortura. El Ministerio Público mantiene abiertas 102 investigaciones por presuntas violaciones de DD.HH.: 95 por ‘trato cruel’, 2 por ‘tortura’, 2 por ‘homicidio frustrado’ y 3 por ‘homicidio consumado’. Cabe destacar que según la ley venezolana sobre tortura y tratos crueles, aprobada en 2013, se considera ‘tortura’ –a diferencia de ‘trato cruel’- sólo cuando los actos para infligir dolor o sufrimiento tienen como fin obtener información o una confesión.

En cuanto a dirigentes políticos, Machado fue despojada de su cargo como diputada en la Asamblea Nacional, luego de presentarse ante la OEA como representante alterna de la delegación panameña, con la intención de contar su versión de lo que sucede en Venezuela. En principio, la medida fue anunciada directamente por el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello,  pero luego fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, en una resolución no exenta de críticas, al denotar falta de independencia entre poderes y uso político del órgano judicial –en 2012 Human RightsFundationhabía alertado ante la ONU la falta de independencia del Poder Judicial. Anteriormente, tras otras resoluciones del TSJ, los alcaldes de oposición Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Enzo Scarano, de San Diego, fueron destituidos, detenidos y encarcelados, por no impedir bloqueos de calles en el marco de las protestas.

A pesar del panorama represivo, la calle sigue encendida. Aunque partidos opositores tradicionales no han logrado captar a los sectores populares,sí han logrado movilizarlos las colas para adquirir alimentos, el costo de la vida, la inseguridad, la corrupción y la represión, problemas que no han resuelto los diferentes programas sociales –Misión Alimentación, Mercal, Barrio Adentro o Patria Segura- y que se vienen agravando desde los últimos períodos de Chávez.

Sin liderazgos claros ni más aglutinadores que estas demandas sociales, coexisten marchas pacíficas y piquetes; opositores radicales y votantes del chavismo descontentos; acciones sin color partidista y asambleas políticas, más la emergencia de algún nuevo activista en zonas pobres y una izquierda enfrentada al chavismo que comienza a ganar visibilidad.

Las protestas están a punto de cumplir dos meses sin que haya visos de solución, más allá de conversaciones preliminares –alrededor de la representación de Unasur- con sólo algunos de los factores de oposición, y no con quienes iniciaron la presente ola de protestas: los estudiantes. Tampoco se incluye al difuso crisol de fuerzas que se ha ido sumando y que, en muchos casos, ya ha manifestado no sentirse representado por la Mesa de la Unidad Democrática.

Así, las llamadas al diálogo son recibidas con escepticismo, sobre todo cuando las fuerzas policiales y judiciales sirven para acallar voces disidentes, sean estudiantes, gremios o dirigentes políticos. Por otro lado, las medidas adoptadas –como el Programa de Abastecimiento Seguro o el nuevo sistema cambiario Sicad 2– se consideran al menos insuficientes; más allá de su aplicación coyuntural, ponen en evidencia la incapacidad del gobierno para atender las demandas que iniciaron las protestas, y la inoperatividad del sistema para resolver problemas estructurales básicos.

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[Versión actualizada y extendida del artículo “Venezuela Revuelta”, publicado en la revista española Rockdelux #328, abril 2014]