Cerca del mediodía del 3 de septiembre, muchos venezolanos presenciaron algo que puede ser considerado usual: un apagón eléctrico. Lo peculiar de la falla de ese día es que afectó intensamente a Caracas, lo que llevó a suspender incluso sistemas de transporte como el Metro de Caracas.
Las primeras explicaciones desde el Gobierno nacional apuntaban a un “presunto” acto de sabotaje. La explicación no es nueva: en lo que va de año, han sido reiteradas las acusaciones de un plan de conspiración contra el sistema eléctrico nacional.
¿Pero puede un acto de sabotaje causar un apagón eléctrico? Y, en ese caso, ¿eximiría la responsabilidad del Gobierno nacional?
1. El sector eléctrico bajo la guardia y custodia de Venezuela. Durante muchos años, Venezuela tuvo un sistema eléctrico de primera. Esto se debía en buena medida a la extraordinaria capacidad de generación hidroeléctrica de la región de Guayana. Hacia 1999, el entonces Gobierno del presidente Hugo Chávez dictó mediante Decreto-Ley una regulación moderna del sector eléctrico, que fomentaba la inversión privada. Si bien la presencia del Estado en la generación era muy fuerte, para ese año la inversión privada ocupaba una posición muy importante dentro del sector.
Ese Decreto-Ley, que luego se vio reformado transformándose en una Ley, no tuvo aplicación práctica. Sus principios apenas fueron ejecutados. Y en 2007, cuando los vientos cambiaron, el mismo Gobierno que había impulsado la inversión privada procedió a nacionalizar al sector eléctrico. Luego de esa política, todas las empresas del sector pasaron a ser empresas públicas y se promovió su concentración a través de una gran empresa holding: CORPOELEC.
En 2010 se dictó una nueva Ley: la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. De acuerdo con esa Ley, sólo el Estado puede gestionar las actividades del sector eléctrico. Por lo tanto, todo el sector, incluyendo sus instalaciones, quedan bajo la “guardia y custodia” del Estado o, para ser precisos, del Gobierno nacional. Incluso, el Artículo 8 de esa Ley aclara que todo lo relacionado con el sistema eléctrico es materia de seguridad nacional. Así que bajo la Constitución y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, el Gobierno nacional está obligado a custodiar y resguardar todas las instalaciones del sector eléctrico.
2. La emergencia eléctrica y la “militarización” de las instalaciones. Al ser una materia de la seguridad nacional, el Gobierno nacional ha dictado diversas medidas “excepcionales” para corregir –o tratar de corregir– la emergencia eléctrica.
Recientemente, mediante el Decreto Nº 9 del 23 de abril, el Gobierno nacional declaró en “estado de emergencia” al sistema y servicio eléctrico nacional por un lapso de noventa días. Entre otras medidas, se aclaró que las instalaciones esenciales para el sistema son zonas de seguridad, con el objeto de garantizar la protección contra peligros y amenazas que pongan en riesgo o afecten la continuidad del servicio eléctrico. Ese decreto, como fue anunciado, permitió la “militarización” de las instalaciones, con el objetivo de que la Fuerza Armada asumiera –o reforzara– la guardia y custodia de estas instalaciones, incluso contra “peligros y amenazas”. Con ello, en todo caso, se reiteraba el principio que recoge la Ley: todo el servicio eléctrico debe ser custodiado por el Gobierno nacional, al afectar a la seguridad nacional.
3. ¿Entonces el Gobierno nacional es responsable del “sabotaje” eléctrico? Luego de este resumen, el lector podrá concluir que es realmente difícil que alguien realice un acto de sabotaje de instalaciones que están bajo la guarda y custodia del Gobierno nacional. Bajo la regulación aplicable, el Gobierno quedó habilitado para adoptar cualquier medida que fuese necesaria para evitar “peligros y amenazas”, como estos actos de sabotaje que, según ha comenzado a señalarse, serían los causantes del incidente del 3 de septiembre.
Pero supongamos que algún comando especializado en operaciones tácticas, cual película de espías, lograra violar las medidas de seguridad y, entonces, atentara contra el servicio eléctrico. Aun así, el Gobierno sería igualmente responsable, pues tal acto de “sabotaje” sólo pondría en evidencia que el Gobierno nacional incumplió la obligación de guardia y custodia de las instalaciones eléctricas.
Por lo tanto, sólo hay dos posibles soluciones. La primera, que la crisis del sector eléctrico es consecuencia del indebido mantenimiento de ese sector. En ese caso, el Gobierno es el único responsable. La segunda, que la crisis del sector eléctrico sea consecuencia de algún acto de sabotaje que se haya llevado a cabo al no haber custodiado debidamente las instalaciones eléctricas. Y entonces el responsable sería el mismo: el Gobierno nacional.