Fotografía de EFE
Recientemente la conocida organización Amnistía Internacional (AI) dio a conocer su informe 2016/2017, en el que hace un recuento sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Entre los países de América Latina, Venezuela destacó negativamente. La falta de información oficial, junto a mecanismos de persecución política y la existencia de presos de conciencia le otorgan condiciones de particularidad a la situación venezolana.
El capítulo referido a Venezuela fue presentado en Buenos Aires, el 22 de febrero. El hecho de que se haya escogido la capital de Argentina, para la presentación de la situación venezolana en derechos humanos, por un lado buscaba darle visibilidad regional en términos informativos y al mismo tiempo sirvió para tratar de obtener un compromiso del gobierno de Mauricio Macri. La cobertura que obtuvo esta presentación no fue masiva, pero encontró eco en algunos medios de impacto en sectores influyentes, tal es el caso de Ámbito Financiero.
Desde Buenos Aires, el director ejecutivo de Amnistía Venezuela, Marcos Gómez, llamaba por su parte a Mauricio Macri a ser “un campeón” en la defensa de los derechos humanos dentro de su país, para que ganara influencia y pudiera incidir sobre Venezuela. Según Gómez, la preocupación que ha manifestado en público el presidente argentino sobre el estado de la democracia en Venezuela constituye “una esperanza”.
Cuando se revisa el informe de AI sobre Venezuela resaltan varias preocupaciones. Desde mi punto de vista, el documento mantiene como línea transversal la necesidad de que el Estado venezolano en diferentes ámbitos provea cifras oficiales. La ausencia de estadísticas por parte de los organismos públicos ha sido resarcida parcialmente por el trabajo de documentación que llevan adelante organizaciones no gubernamentales y medios periodísticos, pero en todo caso esta generación alternativa de información no sustituye un problema de fondo que es la falta de data oficial.
“Las autoridades no proporcionaron información sobre los resultados de la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos”, “seguía sin disponerse de datos oficiales recientes sobre el número de homicidios”, “ante la falta de estadísticas oficiales”, son algunos de los ejemplos presentes en este informe, con lo cual AI enfatiza la falta de información pública como un asunto recurrente a la hora de evaluar y documentar la situación de derechos humanos en Venezuela.
Cuando se revisa la cobertura de prensa sobre este informe de Amnistía Internacional, en el caso de Venezuela el país resalta por los mecanismos de persecución política y la existencia de presos de conciencia. Esto, de por sí preocupante, tiene como telón de fondo la desvinculación y/o desatención del gobierno de Nicolás Maduro sobre decisiones y recomendaciones del sistema internacional de derechos humanos.
AI, por ejemplo, recalca que Venezuela se retiró de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (decisión efectiva desde el 2013), y ello “continuó privando del acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias”. Pero, además, el Estado venezolano ha incumplido con las sentencias y órdenes dictadas por la Corte Interamericana sobre casos y situaciones anteriores a 2013. A eso se suma la política oficial de negar la visita de relatores especiales del sistema de derechos humanos de la ONU, asunto que igualmente recalca este reporte.
Todo ello conforma una trama que, a nuestro juicio, coloca a Venezuela en una condición de “Estado paria”, generando una situación adversa que impacta directa y negativamente a defensores y organizaciones de derechos humanos. Sobre esto, por cierto, se extiende la fundadora de Cofavic, Liliana Ortega, en entrevista publicada recientemente por Prodavinci.
Venezuela, junto con Cuba, constituye excepción en América Latina al mantenerse patrones de violaciones de derechos civiles y políticos. En el resto de países, según la documentación de la propia AI, son casos excepcionales la presencia de mecanismos de persecución política y la existencia de presos de conciencia. En Venezuela, como alerta Amnistía Internacional, son patrones cotidianos, que se agudizan por la impunidad y la falta de independencia del poder judicial, dos asuntos igualmente remarcados en el reporte 2016/2017.
Para la organización un caso emblemático sobre cómo se entrecruzan violaciones diversas a los derechos humanos, los constituyen las protestas del año 2014. AI saluda que se hayan establecido responsabilidades en los casos de las muertes de Bassil Da Costa y Geraldine Moreno, pero enfatiza que han sido “lentos los avances para llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales del homicidio de otras 41 personas —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— y de tortura y otros malos tratos a manifestantes durante las protestas”.
Otra cifra reveladora del estado de impunidad que reina en Venezuela fue extraída por AI de la presentación que hizo la Fiscalía General ante la Asamblea Nacional en 2015. Durante ese año el Ministerio Público conoció 11.000 denuncias de crímenes de derechos internacional y violaciones a los derechos humanos, pero apenas se iniciaron juicios en 77 casos.
Sin menoscabar la existencia de más de un centenar de presos políticos en Venezuela –para ello AI toma como válida la cifra del Foro Penal Venezolano–, Amnistía resalta el proceso judicial contra el dirigente político Leopoldo López como ejemplo del cercenamiento de derechos humanos en Venezuela, para quienes adversan al régimen.
En el informe 2016/2017 de AI por primera vez se incluye, si se compara con informes de años recientes dedicados a Venezuela como el de 2015/2016 y 2014/2015, la problemática social relacionada con la falta de medicinas y alimentos, en perspectiva de derechos humanos. Es sin duda un asunto llamativo, aunque no sea el eje de las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Venezuela.
A Amnistía Internacional le preocupan las violaciones a derechos civiles y políticos en Venezuela. Son aspectos en los que ha venido insistiendo en sus informes recientes. A nuestro juicio, un indicador es el número de páginas que se le dedican a un país en un informe global, en el que se revisa la situación de derechos humanos de 159 países. Sobre Venezuela aumentó la extensión dedicada al país en sus informes globales: de 4 páginas en 2014/2015 a 6 páginas en 2016/2017.
Este hecho tal vez sea una señal de cuán preocupada puede estar una organización internacional como Amnistía. Si se compara el volumen de información sobre Venezuela, ésta contrasta de forma notable con lo que dice el mismo reporte acerca de países cercanos al chavismo, en el terreno político-ideológico como Bolivia y Ecuador, a los que escasamente AI dedica una página (a cada uno) en su informe 2016/2017.
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