En un reciente artículo publicado en Prodavinci, Francisco Rodríguez propuso como opción para paliar los efectos de las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU, que el Gobierno –dentro de las excepciones que admitirían las nuevas sanciones- financie importaciones de comida, medicinas, equipos e insumos médicos y para la agricultura. De esa manera, el Gobierno podría servir la deuda actual sin aplicar mayores recortes a las importaciones, en el entendido que tales recortes agravaría, todavía más, la crisis humanitaria en Venezuela.
Para ejecutar este nuevo endeudamiento, Francisco Rodríguez señala que “los acreedores podrían solicitar además que los nuevos instrumentos de deuda sean aprobados por la Asamblea Nacional, hoy controlada por la oposición, además de cualquier otra autorización que el gobierno considere legalmente necesaria. Esta aprobación serviría como una garantía para asegurar que esa nueva obligación sea reconocida por un futuro gobierno si la oposición llegase al poder”.
¿Es posible que la Asamblea Nacional apruebe nuevos endeudamientos del Gobierno venezolano?
De manera preliminar, quiero apuntar que la preocupación que demuestra Francisco Rodríguez es legítima: las sanciones de EEUU y, en general, las medidas internacionales adoptadas en relación con la crisis política venezolana, deberían repercutir en la menor medida posible a la ya grave crisis humanitaria.
Sin embargo, como explico a continuación, luce muy poco probable organizar los arreglos institucionales para que la Asamblea Nacional apruebe, únicamente, nuevos endeudamientos dirigidos a atender la crisis humanitaria.
1. Recordando lo que dice la
Constitución (y cómo ésta ha sido violada)
Para poder evaluar mejor la propuesta de Francisco Rodríguez, creo pertinente repasar tres puntos:
Primero: la autorización de la Asamblea Nacional para el nuevo endeudamiento no es simplemente una condición que podrían exigir los acreedores; es, por el contrario, un principio constitucional. En todo caso, como ya he explicado en Prodavinci, ese principio tiene algunas excepciones en la vigente Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, principalmente, para el endeudamiento de las empresas del Estado, como PDVSA.
Segundo: el límite máximo de endeudamiento para el ejercicio económico 2017 fue “autorizado” por el Gobierno, violando la Constitución pero amparado en una sentencia de la Sala Constitucional. En esa oportunidad, la Sala Constitucional negó que la Asamblea Nacional, en el futuro, pueda controlar el endeudamiento de 2017.
Tercero: el nuevo Decreto de estado de excepción, vigente hasta diciembre de 2017, reitera los mismos principios con los cuales, en 2016, se obvió el control parlamentario sobre el presupuesto y el endeudamiento. Por ello, cabe suponer que el presupuesto de 2018, nuevamente, será “autorizado” al margen de la Asamblea Nacional.
Pero hay aquí un dato curioso: este nuevo Decreto no menciona a la ilegítima asamblea nacional constituyente, lo que pudiera indicar que el Gobierno planea repetir la misma metodología de 2016, o sea, “autorizar” el endeudamiento 2018 a través de la Sala Constitucional, sin involucrar a la constituyente. Con lo cual, la ilegitimidad de la constituyente no “contaminaría” al ejercicio económico 2018.
2. ¿Podría la Asamblea Nacional
controlar deuda pública en el ejercicio 2017?
La propuesta Francisco Rodríguez tiene, de entrada, un inconveniente: la Asamblea Nacional, en el estado de facto actualmente imperante en Venezuela, no puede autorizar nuevos endeudamientos, pues según la Sala Constitucional y la ilegítima asamblea nacional constituyente, ella está en “desacato” y por ende, está impedida absolutamente de ejercer sus funciones, incluyendo el control sobre la gestión financiera del Gobierno.
Esto es, hay una condición absoluta que impide, de facto, que la Asamblea Nacional apruebe nuevos endeudamientos. Con lo cual, la propuesta de Francisco Rodríguez exigiría remover ese obstáculo absoluto y, por ello, “rehabilitar” a la Asamblea Nacional, lo que es algo que, hasta ahora, no se ha logrado. Por el contrario, el Gobierno, a través de la Sala Constitucional y la ilegítima constituyente, insiste en impedir que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones.
¿Y cómo se podría rehabilitar a la Asamblea Nacional? La respuesta es en apariencia sencilla: la Sala Constitucional y la ilegítima asamblea nacional constituyente deben dejar a un lado la tesis del “desacato” y reconocer que la Asamblea Nacional sí puede ejercer sus funciones. Esto pasa, además, por que la ilegítima asamblea nacional constituyente desista de su intento de asumir “superpoderes” que, de facto, anulan a la Asamblea Nacional.
Pero ello, obviamente, no podría lograrse solo para que la Asamblea Nacional apruebe nuevos endeudamientos. Como el impedimento que afecta a la Asamblea Nacional es absoluto, es preciso removerlo completamente: o la Asamblea Nacional ejerce todas sus competencias o no ejerce ninguna.
Esta solución nos conduce a una paradoja: si la Asamblea Nacional es rehabilitada, es por cuanto se ha iniciado el proceso de restablecimiento de la democracia constitucional, lo que llevaría al Gobierno de EEUU a modificar sus actuales sanciones, eliminando así la causa que conduciría, en un primer momento, a la rehabilitación de la Asamblea Nacional.
3. Estado de Derecho y crisis humanitaria
Esta paradoja permite comprender que la solución de fondo no es lograr nuevos endeudamientos que logren paliar la crisis humanitaria a través del control especial de la Asamblea Nacional. La solución de fondo es restablecer la democracia constitucional en Venezuela a través de un proceso de transición.
Diversos economistas –de manera destacada, Amartya Sen- han señalado que la democracia y los derechos políticos pueden contribuir a evitar hambrunas y otros desastres económicos. Tanto más, observo, cuando una de las causas determinantes de la crisis humanitaria han sido arbitrarias y autoritarias políticas públicas, como sucede con el caso venezolano.
Esto ratifica que la solución de fondo de la crisis humanitaria en Venezuela pasa, dentro de diversas condiciones, por rehabilitar a la Asamblea Nacional, no de manera parcial sino de manera plena.
Ello, además, tendría otros beneficios, que apuntan al objetivo de la propuesta de Francisco Rodríguez. Así, la Asamblea Nacional rehabilitada, con la legitimidad democrática interna e internacional, pudiera adoptar medidas legislativas necesarias para la apertura de un canal humanitario en Venezuela, como parte del proceso de transición a la democracia.