Nicolás Maduro: ¿el Jaime Lusinchi socialista?; por Asdrúbal Oliveros y Armando Gagliardi

Dicen que la historia nunca se repite, aunque a veces rima. Estudiarla ayuda a entender mejor el presente, y especialmente a no cometer los mismos errores del pasado. Y en el estudio de la historia venezolana siempre surgen episodios que dan una sensación de déjà vu, de historia que se repite, y quizá, de lección no aprendida.

En este sentido, una comparación muy frecuente es la que se hace entre el gobierno Hugo Chávez (1999-2012) y el primer gobierno Carlos Andrés Pérez (CAP) (1975-1979). Salvando las distancias ideológicas, ha habido pocos gobiernos tan parecidos en términos económicos como el primer gobierno de CAP y el periodo de Chávez.

Ambos presidentes lideraron al país en periodos de aumentos sin precedentes en los precios del petróleo, intentaron proyectar a Venezuela (y a ellos mismos) como líderes en el ámbito internacional, aumentaron el dominio del Estado sobre la economía en general y la industria petrolera en particular, y finalmente, incrementaron el gasto público como si sus correspondientes bonanzas petroleras nunca fueran a terminar.

Por supuesto, CAP no intentó reformar la Constitución, instaurar la reelección indefinida o instaurar una cúpula político-militar para perpetuarse en el poder, por nombrar algunas de las diferencias en el ámbito político. Pero para muchos, el ideal de la “Gran Venezuela” de CAP es paralelo al de la “Venezuela Potencia” del periodo de Hugo Chávez: el paradigma de que Venezuela podía comprar la gloria nacional e internacional a través de una renta petrolera controlada por el Estado.

Sin embargo, también es interesante analizar la política seguida por los gobiernos que sucedieron a ambos caudillos, aquellos que tuvieron que enfrentar los años de vacas flacas luego de la bonanza. Luis Herrera fue el gobierno que sucedió a CAP I y este pudo disfrutar de unos precios petroleros mayores que los de su predecesor (la cesta petrolera venezolana real promedió 18 dólares por barril en CAP I y 28 dólares por barril con Herrera Campins), por lo que fue en muchos aspectos una prolongación del primer gobierno de CAP.

Por tanto, los otros dos periodos presidenciales que cabría comparar serían los de actual presidente Nicolás Maduro y el gobierno adeco de Jaime Lusinchi (1984-1988). Las similitudes van más allá de las acusaciones de corrupción en ambos periodos, la fama de “bonchones” que ambos políticos comparten, la difícil relación con los medios o las poderosas figuras femeninas que los acompañaron.

Tanto Lusinchi como Maduro cumplieron el papel histórico de heredar un país que salía de una gran bonanza, con una población llena de expectativas hacia un Estado que había ocupado gran cantidad de espacios en la economía y la sociedad. Igualmente, tuvieron que enfrentarse con un escenario de caída en los precios petroleros que auguraba el final de la bonanza petrolera. Las consecuencias de las decisiones tomadas por ambos gobernantes están más vigentes que nunca.

El heredero blanco

Cuando Lusinchi recibió la presidencia en 1984, la crisis de la democracia venezolana se estaba gestando pero todavía no era inminente. El precio de la cesta venezolana de petróleo se mantenía en niveles altos, promediando 26,70 dólares el barril. Pero ya en 1981 el llamado Viernes Negro había advertido que el sistema era insostenible, y que el aumento continuo del gasto público solo podía sustentarse en base a un sistema de devaluaciones periódicas.

La prueba llegó en 1986, cuando el precio del petróleo cayó abruptamente de 25,94 dólares por barril a 13,31 dólares por barril, una caída del 48,7% en solo un año.

La respuesta del gobierno fue extender las medidas que ya se venía aplicando desde el gobierno de Luis Herrera: una expansión monetaria y fiscal que estimulara la economía, combinado con un sistema de controles de precio y de cambio que tenían el propósito de mitigar los efectos negativos que dicha expansión tendría sobre el nivel de precios y la balanza externa.

La expansión monetaria y fiscal fue cumplida a cabalidad. La masa monetaria aumentó 46,25%, entre 1984 y 1988 y el componente del sector público en la demanda agregada pasó de 66.979 millones de bolívares en 1984 a 93.894 millones de bolívares en 1988. Calculado a bolívares de 1984, un aumento real de 41,01% en cinco años.

Por otro lado, se mantuvo el sistema de tipos de cambio múltiples, el recordado Régimen de Cambio Diferencial (Recadi), que ya había sido instaurado por el gobierno de Luis Herrera. La repartición era la siguiente: un dólar a 4,30 para pago de medicinas, alimentos y estudiantes en el exterior. Otro de 6,0 bolívares para ventas de divisas de las empresas públicas. Uno de 7,50 para transacciones comerciales y financieras. Y un “dólar fluctuante”, manejado por la ley de oferta y demanda.

Por supuesto, dicho sistema fue la fuente más importante de corrupción por aquellos años, pues daba la oportunidad de comprar divisas a tasas preferenciales y venderlas a tasas de libre mercado. Vigente en la memoria colectiva todavía está el llamado “chino de Recadi”, el “chino expiatorio” de un sistema del que muchos sacaron provecho, pero donde casi nadie fue sancionado.

Adicionalmente, se impusieron topes a los precios de los productos básicos, el famoso Precio de Venta al Público (PVP), manejado por la Comisión de Costos, Precios y Salarios (Conacopresa).

Ambas medidas terminaron siendo infructuosas. La inflación casi se cuadriplica, al pasar de 9,12% anual en 1985 a 12,71% en 1986, 40,27% en 1987 y 35,51% en 1988. Por su parte, las reservas internacionales también sufrieron producto de esta política. Mientras al cierre de 1985 estas se ubicaban en 13.688 millones de dólares, ya al cierre de 1988 estaban en 6.607 millones de dólares, una caída del 52% en solo tres años. Por su parte, el “dólar libre” se devaluó de 7,5 bolívares por dólar a 38,63 bolívares por dólar para el final del periodo.

Sin embargo, no todos los resultados fueron catastróficos, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 6,51% en 1986, 3,58% en 1987 y 5,82% en 1988. Tanta expansión monetaria y fiscal para algo tenían que servir, pues, aunque se basaba en un modelo fiscal insustentable, permitieron mantener el nivel de demanda agregada en la economía.

Es por eso que, a pesar de los escándalos de corrupción, la mayoría de los venezolanos recuerda la segunda mitad de los años 80 como una época de hedonismo y de una pujante, aunque decadente, prosperidad.

Después de todo, muchas obras se inauguraron durante ese periodo: la línea 2 del Metro de Caracas, el hospital Domingo Luciani, la segunda fase del complejo hidroeléctrico del Guri y el inicio de la autopista a Oriente. Las verdaderas consecuencias del derroche ejercido durante su gobierno no serían sentidas sino hasta el siguiente periodo.

El heredero rojo

Por su parte, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente en abril de 2013, a menos de 24 horas de haberse anunciado su victoria electoral, se encontró con un panorama muy parecido al que enfrentó Lusinchi al comienzo de su mandato, casi 30 años antes.

En ese momento el precio del petróleo todavía rondaba los 100 dólares por barril, pero se comenzaban a sentir la fatiga del modelo socialista. La deuda pública adquirida durante la bonanza se estaba acumulando, alcanzando los 156.000 millones de dólares, y con ello el servicio de deuda comenzaba a tener un peso más importante en las finanzas públicas.

La economía había crecido 5,6% en 2012, producto del schock de gasto público que el gobierno de Hugo Chávez había implementado para poder ganar las elecciones presidenciales de ese año. Pero el estímulo al consumo ya solo servía para aumentar las importaciones, pues el aparato productivo nacional no daba para más, especialmente luego de las expropiaciones de los últimos años del periodo de Chávez.

Ante esa circunstancia el gobierno de Maduro tomó medidas similares, aunque no idénticas, a las tomadas por Lusinchi: se mantuvo el esquema de estímulos cuantitativos a la economía, profundizando la estructura sistémica de controles.

Del lado de la política monetaria, la masa monetaria ha crecido 753% desde el comienzo del mandato de Maduro hasta 2016, en comparación con el crecimiento de 46,25% del conjunto del todo el periodo de Lusinchi.

En materia fiscal es difícil realizar mediciones precisas sobre los últimos años, dado que no existen datos oficiales de PIB desde el tercer trimestre de 2015, ni cifras oficiales sobre los gastos de los fondos parafiscales. Sin embargo, según estimaciones de Ecoanalítica, el déficit del sector público restringido se ha mantenido por encima de 15% durante todo el periodo de Maduro, alcanzando un máximo de 20,16% en 2015.

Fiel a la tradición chavista, el gobierno de Maduro mantuvo los controles del precio y de cambios, negándose a devaluar la tasa de cambio oficial durante los primeros años. Estableció a la Sundee, una versión más estricta del anterior Indepabis, para aplicar la llamada Ley de Precios Justos.

Las consecuencias han sido mucho más drásticas que las obtenidos en su momento por Lusinchi. Según estimaciones de Ecoanalítica, el nivel de inflación acumulado desde 2013 hasta 2016 ha sido de 3.646,1% mientras que las reservas han caído en 47,47%. Dicha combinación ha pulverizado el valor de la moneda: mientras el gobierno de Lusinchi depreció el tipo de cambio en un 415,1% durante los cinco años de su gobierno, el gobierno de Maduro ha logrado una depreciación de 4.835,0% del valor de la moneda hasta el cierre de 2016, si se toma el mercado paralelo como referencia.

Pero lo más resaltante es que, a diferencia del gobierno de Lusinchi, todo ese volumen de gasto no evitó una contracción del PIB de 23,0% entre 2013 y 2016, una contracción comparable con la observada durante la Gran Depresión de los años 30 en EEUU. De esta manera, la explosión observada en la masa monetaria y el gasto público soló sirvió para que la inflación se dispara como nunca antes.

Aquí se observa la diferencia filosófica que distingue a ambos gobiernos, a pesar del parentesco histórico: el gobierno de Maduro ha intentado utilizar las estructuras de renta y controles heredados de la llamada cuarta república para imponer una agenda ideológica socialista que le era ajena a la anterior. De esta manera, mientras que en el gobierno de Lusinchi el aparato productivo venezolano se vio restringido y distorsionado, el gobierno de Maduro ha logrado efectivamente deshacerlo, anulando cualquier ganancia que hubiera podido conseguirse en términos de economía real.

La diferencia en las magnitudes de la distorsión económica entre ambos periodos ha tenido efectos mucho mas allá de lo meramente económico. Un ejemplo particularmente pernicioso ha sido el tamaño del diferencial cambiario. Mientras el diferencial entre la tasa oficial más baja y la tasa libre al final del periodo de Lusinchi fue de 415%, para finales de 2016 dicha tasa ya alcanzaba los 31.970%.

Mientras la estructura de control cambiario en los tiempos de Recadi propició un gran volumen de corrupción y arbitraje, la estructura Cadivi/Cencoex ha creado una casta de grupos de poder con una gran influencia sobre la dinámica económico-política. Estos grupos dependen directamente del control cambiario para su supervivencia, y están dispuestos a usar ese poder para mantener sus privilegios a toda costa, factor sin el cual no es posible entender la actual coyuntura venezolana.

De esta forma, el gobierno de Maduro ha conseguido unir lo peor de ambos mundos, al mezclar el intervencionismo populista heredado de la cuarta, con la ideología marxista importada del exterior. Igualmente, ha logrado lo que muchos no creían posible: hacer ver al gobierno de Lusinchi, paradigma de la corrupción de la cuarta, como un gobierno comedido y responsable en comparación. Al parecer, efectivamente la historia se ha repetido, pero el remake ha superado por completo a la versión original.

Qué podemos esperar

Ya que, como se pudo observar, la historia venezolana muestra cierta tendencia cíclica, lo que queda por hacer es determinar qué lecciones pueden extraerse de las experiencias pasadas y como pueden estas ayudarnos a afrontar los retos del futuro.

Una vez concluido el gobierno de Lusinchi, el segundo gobierno de CAP se vio en la obligación de corregir los desequilibrios generados en los años precedentes, entrando en un proceso de ajuste y reformas que devolvieron a la economía a la senda del crecimiento y la sostenibilidad por un tiempo.

Dichos ajustes lograron estabilizar muchos de los desequilibrios macroeconómicos anteriormente descritos, pero pagando un alto precio tanto en lo político como en los social. El descontento y división generados durante el proceso terminaron provocando el llamado caracazo de 1989 y el golpe de estado de 1992. De esta manera, abrieron el camino para que el chavismo repita los errores cometidos en el pasado a una escala mucho mayor.

Inevitablemente, el país tendrá que pasar por un nuevo periodo de ajuste y reforma en los próximos años, a una escala mucho mayor a la observada en 1989. A diferencia de aquella vez, la gran mayoría de la población venezolana ya está enfrentado un altísimo coste social y está consciente que el camino de recuperación será largo y difícil. Pero, por otro lado, la escena nacional es mucho más dispersa, caótica y compleja de que fue en aquella ocasión.

Dependerá de la futura dirigencia corregir el rumbo de la economía mientras genera al mismo tiempo un consenso social que logre guiar al país por un sendero de estabilidad que perdure en el tiempo. El país no se pude dar el lujo de tropezar con la misma piedra una tercera vez.