Fotografía de Barbara Alper/Getty Images
En las memorias de Edward Kennedy, True Compass, el legendario senador por el Estado de Massachusetts narra su vida con sus fracasos y aciertos. Entre los errores destaca el accidente de Chappaquiddick, en el cual murió su secretaria Mary Jo Kopechne. Este fue un hecho que marcó su vida, por el que fue cuestionado al haber tardado en reportar lo ocurrido. En palabras del autor sobre el lamentable incidente: “Me persigue cada día de mi vida”. Sin embargo, aceptó su responsabilidad. Reconocer los errores cometidos es el signo distintivo de los políticos que escriben la historia.
Edward Kennedy era conocido por ser un político de palabra. Un simple apretón de manos bastaba para sellar complejos acuerdos políticos, gracias a la credibilidad que gozaba. Era impensable que asumiera un compromiso y luego lo incumpliera. “El Senador” —en mayúscula—, como también se le conocía, fue el mentor e impulsor de la exitosa candidatura de Barack Obama. Se destacó igualmente por ser uno de los oradores más deslumbrantes del Senado norteamericano.
Las condiciones del legendario Senador (sobre todo el sentido de compromiso con la palabra empeñada) son las que se necesitan en Venezuela. Se requiere, en primer lugar, de un diálogo entre gobierno y oposición para cruzar puntos de vista; y una negociación posterior para concretar acuerdos que permitan salir de esta crisis. Esta última es la más importante y delicada. Hay varias razones que, en mi opinión, justifican iniciar este proceso.
En primer lugar, la situación impuesta por el régimen populista a través de su Asamblea Nacional Constituyente no podrá sostenerse sino a punta de bayonetas y de represión judicial. Los presos de conciencia, la violación de derechos humanos y los fracasos de las políticas económicas han generado un aislamiento del gobierno que cada vez le hace más difícil la gobernabilidad y la convivencia. El desconocimiento internacional de la Constituyente dificultará la ejecución de sus decisiones en el mundo global. Además de esto, el gobierno revolucionario no ha dado muestras concretas de tener interés en negociar, salvo declaraciones ambiguas que exponen a la audiencia universal para ganar tiempo.
En realidad, al celebrar la tan cuestionada Asamblea Constituyente que, como se sabe, implica el desconocimiento de facto de la Asamblea Nacional (AN), el gobierno enfrenta un costo político que no puede soslayarse. Para evitar este costo, alegan que no han disuelto la AN pese a que le arrebataron sus funciones legislativas, pues saben que disolver un Parlamento electo democráticamente es sinónimo de golpe de Estado. Se sabe que el régimen lo que desea es imponer el modelo comunista “como sea” a todo un país que lo rechaza. Sin embargo, en este contexto al gobierno le conviene negociar con la oposición con la mira puesta en la solución de la crisis.
En segundo lugar, a la oposición también le conviene negociar una salida política —con objetivos claros y realizables— que permita resolver pacíficamente la confrontación. No se discute que la negociación es asunto difícil porque estamos ante un gobierno totalitario que no reconoce sus errores y que carece de credibilidad.
La libertad de expresión cada día está más acorralada, tal como lo demuestra el cierre de dos estaciones de radio la semana pasada. En este sentido, la anunciada “Ley contra el odio”, paradójicamente propuesta por quienes han hecho del odio su principal bandera, será un instrumento dictatorial para perseguir a quienes expresen opiniones que no sean del agrado de los miembros de la nomenklatura: es una ley destinada a los opositores y no a los camaradas revolucionarios, por muy amenazante y agresivo que sea su discurso.
En tercer lugar, las dos partes involucradas no podrán alcanzar sus objetivos con las estrategias hasta ahora desarrolladas. El gobierno tiene sus bayonetas, pero el aislamiento internacional y la constante pérdida de apoyo popular, lo debilitan día tras día. No se ve otra opción que la negociación y la colaboración en la solución de la crisis que afecta a todos. La violencia tiene que ser descartada porque Venezuela merece un mejor destino. Así lo creo.
Tanto el gobierno como la oposición tienen obstáculos internos. El chavismo está dividido, con un ala moderada y otra radical integrada por marxismos trasnochados que añoran el castrismo. Esta posición está estimulada por el resentimiento y el revanchismo de una casta que ha perdido el apoyo popular que heredó del fundador del movimiento populista. Los integrantes de este grupo no admiten la posibilidad de estar equivocados porque se sienten ungidos por una especie de fantasmas como los personajes de Pedro Páramo, la gran novela de Juan Rulfo. Al considerar que son dueños de la verdad y que no pueden equivocarse, no cederán espacios. Aquí es donde se hace necesaria una negociación bien asistida, con personalidades relevantes.
La oposición también tiene sus radicales que desahogan sus rabias en el mundo virtual de las redes sociales. Hacen propuestas, pero no acompañan sus opiniones con un método para implementarlas. Los dirigentes políticos no pueden diseñar sus estrategias para complacer a las gradas del Twitter.
En este cuadro, sin embargo, la posición del gobierno —en apariencia más fuerte— es en realidad más débil. En efecto, un sector de peso de la comunidad internacional representada, entre otros, por Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos y México rechazan la Constituyente, la califican de fraudulenta y desconocen todos sus actos. Esto produce una situación inédita con efectos en el mundo judicial global. En este aislamiento internacional, la “revolución” solo cuenta con el apoyo de Rusia, China, Cuba, Irán, Bolivia, Nicaragua (acaba de perder el apoyo de Ecuador) y otros pocos países del Caribe con evidentes intereses petroleros. La situación internacional del gobierno no es fuerte.
Por todo lo anterior hay que poner sobre la mesa una agenda de ruta de la negociación y fijar un tiempo estimado para lograr los resultados. No pude ser un proceso indefinido. Entre los temas a resolver están: la amnistía general y la libertad de todos los presos políticos; nombramiento de nuevo Consejo Nacional Electoral; calendario electoral que incluya las presidenciales en el primer semestre de 2018, sin inhabilitaciones; elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; conformación de una verdadera Comisión de la Verdad; perdón a quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad y diseño de una justicia transicional que funcione con imparcialidad. Esta podría ser la ristra para discutir, pero lo importante es la voluntad de negociar y hacer recíprocas concesiones, sin que una parte aplaste a la otra, con humildad y sentido de compromiso con Venezuela.
Ante el cuadro descrito, además de la buena voluntad de la oposición, se requiere que el gobierno ofrezca garantías sólidas de que está dispuesto a negociar y que cumplirá lo que se acuerde. Pero lo determinante para el éxito del acuerdo político, como lo demostró Edward Kennedy, es la credibilidad. Y este es el lado débil que ofrece el gobierno. Pese a las dificultadas, vale la pena intentarlo porque la búsqueda de la paz exige correr riesgos y vencer obstáculos.