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Las bases comiciales para la constituyente: comentarios para su análisis; por Michael Penfold

Por Michael Penfold | 24 de mayo, 2017

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Quisiera aprovechar el anuncio del Presidente de la República sobre las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar las implicaciones tanto del diseño como del funcionamiento del sistema electoral utilizado para la elección de este órgano, que por su carácter originario, en la práctica, no solo va a tener la responsabilidad de escribir un nuevo texto constitucional, sino también de regular e incluso suspender el funcionamiento del resto de los poderes públicos. Me gustaría resumir mis comentarios sobre dichas bases comiciales en tres bloques diferentes. Cada una de las implicaciones de estos distintos bloques tiene consecuencias normativas, jurídicas (pero sobre todo políticas) muy diferentes; implicaciones que los expertos constitucionalistas y los partidos políticos, así como la sociedad civil, tendrán que sopesar para tomar la decisión sobre si participan o no en este proceso. No me corresponde y tampoco quisiera adelantar una recomendación, pero la misma me parece evidente. Me corresponde aquí tan solo apuntar de manera muy general algunas consideraciones que pueden ser relevantes ahora que contamos con mayores detalles sobre las reglas y el sistema electoral que plantea el Ejecutivo Nacional para convocar directamente la elección de un poder constituyente.

El primer elemento es que las bases comiciales excluyen tanto la realización de un referéndum consultivo para activar la convocatoria, así como la necesidad de realizar un referéndum para aprobar una futura Carta Magna. En ningún momento las bases comiciales incluyen la consulta a la población como cuerpo soberano, en el que reside la voluntad popular, para secundar la iniciación del proceso constituyente en los términos que propone el Ejecutivo Nacional y tampoco lo hace obligatorio para validar el nuevo texto constitucional. Este factor contrasta con el proceso constituyente anterior, en el año 1999, que no solo conllevó al chavismo a legitimar popularmente con el 72% de aprobación el actual entramado constitucional, sino que también contradice abiertamente las consideraciones establecidas en la Constitución vigente para su modificación. En el fondo, estas bases comiciales le permitan al presidente tener el poder para iniciar el proceso constituyente y también lo faculta para fijar los términos de la convocatoria sin ningún tipo de consultas democráticas (algo que está expresamente prohibido por el texto constitucional actual diseñado por el mismo chavismo). Según las bases comiciales, en principio, la nueva Carta Magna no tendría que ser sujeta a la aprobación popular, sino que la misma Asamblea Constituyente definirá ese requisito a su propia discreción una vez que haya terminado sus funciones. En otras palabras, las bases comiciales aprobadas por el presidente Maduro abren la posibilidad de que el proceso constituyente no cuente con ningún tipo de controles democráticos más allá de la simple elección de sus representantes.

El segundo bloque de comentarios está referido al sistema electoral para escoger los 540 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Un número de 312 miembros serán electos a través de un sistema mayoritario en cada uno de los municipios existentes del país. Estos asambleístas serán escogidos por mayoría simple en cada una de los territorios municipales. Es así como todos los municipios, indistintamente de su tamaño poblacional, terminan siendo igualados con un representante por cada entidad. Este sistema electoral es un esquema que sobrerrepresenta a las unidades territoriales independientemente de su tamaño poblacional. En Venezuela, los municipios menos poblados suelen ser rurales y los más poblados tienden a ser urbanos. También es cierto que los municipios menos poblados tienden a ser los más pobres. En el fondo, este sistema electoral implica que aun perdiendo la votación nacional, un partido político con presencia mayoritaria en los municipios más pequeños puede llegar a obtener una representación significativamente más alta que su apoyo electoral a nivel nacional. Este tipo de esquemas permiten direccionar el gasto clientelar de manera muy eficiente pues ayuda a garantizar un rédito político muy alto en función de la baja población del municipio y también del bajo nivel de ingreso que hace que este tipo de estrategia sea particularmente efectiva. En el caso del Distrito Capital (Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta) y los otros 23 estados del país, el sistema electoral es modificado para garantizar un sistema proporcional de 2 puestos por cada entidad. En principio, la adopción de este sistema proporcional con un tamaño de dos puestos por estado federal implica que los dos candidatos más votados, aún siendo de partidos diferentes, tendrán una probabilidad muy alta de ser seleccionados. Tanto el chavismo como la oposición (en caso que ambos coordinen sus candidatos adecuadamente) se repartirán con una probabilidad muy alta equitativamente estos puestos de representación, al menos que la oposición logre en algunos estados más que duplicar la votación del chavismo o viceversa. En cuanto al municipio Libertador, el número de representantes aumenta a 7 puestos, los cuales también serán seleccionados a través de un sistema de representación proporcional.

En términos generales, el sistema electoral descrito en las bases comiciales implica que para poder ganar la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el gobierno como la oposición, van a tener que ser muy competitivos en los municipios menos poblados del país. Los incentivos creados por el sistema electoral son muy claros: dada la sobrerrepresentación que tienen estos municipios serán estas pequeñas entidades las que hagan la diferencia. Esto amerita una buen simulación para estimar el efecto de este sesgo. Por otro lado, el haber fijado en 2 puestos por estado el tamaño de los distritos con un sistema proporcional, le asegura al gobierno que aun sin ganar la elección mayoritaria en las distintas entidades federales tendrá garantizado por lo menos la mitad de los curules. Tan sólo si la oposición dobla su votación puede mitigar este otro sesgo, algo que quizás logre en estados como Táchira o Zulia, pues en estos casos se llevaría ambos puestos a pesar de la proporcionalidad.

El resto de la Asamblea Nacional (prácticamente un tercio) será seleccionado a través de un sistema corporativista sectorial. El sistema electoral es por lista, pero queda por definir si el sistema es uno en el que se seleccionan los más votados individualmente o por planchas presentadas por grupos diferentes. Lo más sorprendente de este sistema es que adopta un esquema de representación sectorial (la circunscripción territorial tan solo se mantiene para la elección de los indígenas) e introduce un registro electoral para cada uno de los sectores (que no es un registro que está en manos del Consejo Nacional Electoral). La definición de los electores para cada uno de los sectores probablemente dependa de otros registros distintos al padrón existente: un registro que está en control de otras instancias gubernamentales y sociales (como por ejemplo el seguro social, inces, cámaras, gremios, etc). Por lo tanto, estos registros no han sido auditados por la autoridad electoral y se asumen como perfectamente representativos del sector seleccionado. Sorprende igualmente la arbitrariedad en la escogencia de los sectores (estudiantes, empresarios, pescadores y campesinos, discapacitados, comunas, trabajadores y pensionados) pues se excluyen otros que tanto por su tamaño como por su pertinencia social son igualmente importantes (academia, trabajadores informales, microempresarios, amas de casas y comunidad LGBT). La implementación de este sistema va a ser un dolor de cabeza para el Consejo Nacional Electoral, pues su adopción es cuestionable tanto por la integridad de la base electoral como por su representatividad. Este sistema es tan absurdo que en un país que se hace llamar socialista los empresarios van a tener más votos que un LGBT o una ama de casa. Todo esto sin mencionar el carácter corporativista y por lo tanto antidemocrático de semejante esquema de representación política.

El tercer bloque de comentarios se refiere a la inclusión en la base comicial del estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 como las reglas que deben en principio regir provisionalmente el funcionamiento de la nueva constituyente. Este estatuto establece claramente que todos los poderes públicos que están en funcionamiento quedan sujetos a esta instancia por lo que pueden ser suspendidos mientras culmina el proceso de redacción y la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió con el Congreso de la República que fue electo en 1998 y que luego fue sustituido por la nueva Asamblea Nacional electa en el año 2000. Aunque las bases comiciales no establecen la fecha de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el Presidente como la Presidenta del Consejo Nacional Electoral han dicho que se realizará a finales de julio. Ambas autoridades también han hecho saber su intención de aceptar la convocatoria de las elecciones para gobernadores a finales de este mismo año. Esta decisión seguramente planteará un dilema para la oposición sobre si participa o no en este proceso (ya algunos líderes partidistas han anunciado su decisión de no avalarlo), pues sería percibido como contradictorio renunciar a participar en la Asamblea Nacional Constituyente y aceptar simultáneamente competir en las elecciones regionales de diciembre. Esto implica una gran disyuntiva política para la oposición y la decisión marcará sin duda un antes y un después.

El principal desafío del gobierno es demostrar internacionalmente pero también dentro de las mismas filas del chavismo, sobre todo entre los grupos insatisfechos, que una constituyente sin controles democráticos ex-ante y ex-post es verdaderamente legítimo; pero sobre todo que es perfectamente chavista y protectora del “legado del comandante”. La oposición enfrenta otro tipo de desafío, más ahora que el gobierno propone un cronograma electoral tanto para la constituyente como para las regionales. Este desafío es el que debe poder comunicar con eficacia y coherencia tanto en el exterior como en sus bases de apoyo ciudadano —independientemente de su decisión sobre su participación—, el quiebre del funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho en el país.

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Michael Penfold es Investigador Global del Woodrow Wilson Center, Profesor Titular del IESA en Caracas y Profesor Invitado de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Es Ph.D de la Universidad de Columbia especializado en temas de Economia Politica y Politica Comparada. Fue Director de Politicas Publicas y Competitividad de la CAF Banco de Desarrollo de America Latina. Es Co-autor junto con Javier Corrales de Un Dragon en El Tropico: La Economia Politica de la Revolucion Bolivariana (Brookings Institution) que fue seleccionado por Foreign Affairs como mejor libro del Hemisferior Occidental. Autor también de Dos Tradiciones, Un Conflicto: El Futuro de la Descentralización (Mondadori) Editor del Costo Venezuela: Opciones de Politica para Mejorar la Competitividad y Las Empresas Venezolanas: Estrategias en Tiempo de Turbulencia.

Comentarios (8)

Gabriel C.
24 de mayo, 2017

Excelente articulo.

Luis Enrique Alcalá
24 de mayo, 2017

Las bases comiciales están limitadas a la elección de los diputados constituyentes, y no tienen que ver con referendos previos o posteriores. El primero no se requiere (ver ¿Preguntas sin respuestas? http://doctorpolitico.com/2017/05/09/preguntas-sin-respuesta/) y el segundo es mandatorio. Disposición Final Única de la Constitución: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”.

Gabriel
25 de mayo, 2017

Respeto la manera de escribir el articulo y lo detallado de los diferentes aspectos, sin embargo creo que es un manejo realmente ingenuo despues de todo este largo tiempo que el Gobierno ha preparado su cama para mantenerse en el poder, me explico. El gobierno no tiene, no hara esfuerzos, en explicar internacionalmente el porque hace esto y menos con el espaldarazo del CNE. Si la oposicion permite que se realice y no participe, sera peor que cuando no se participo en la AN del 2010, ya que ahora le permitiremos hacer a su completa medida (aprendizajes recogidos), una constitucion para no salir mas nunca del gobierno y el que no le guste… como Cuba diran, que agarren sus “cachachas” y se vayan. Lamentablemente Venezuela es mas grande que Cuba y muchos no podran hacer mas nada que seguir aguantando.

Carlos Figueredo
25 de mayo, 2017

Excelente. Coinciden en sus análisis los ciudadanos Eugenio Martínez, José Ignacio Hernández, Michael Penfold, Giorgo Canuto, Manuel Raffaele, Carlos García Soto. Muy ilustrativo sería si escribiesen sendos artículos analizando lo que significa una INICIATIVA; abarcado el origen etimológico de dicha palabra, sus significados coloquiales y jurídicos, su uso en los procesos legislativos establecidos en diferentes constituciones liberales o no, etc. Todos los que queremos a Venezuela seguiríamos agradecidos por sus valiosos aportes.

Alan
25 de mayo, 2017

La base electoral para elegir los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente es un “gerrymander” al mayor. La constitución actual descuida de cómo formar una asamblea constituyente. Así el PSUV, y su cómplice el CNE, aprovechan para diseñar una base electoral a su medida. Además, cualquier base electoral ad hoc por decreto ejecutivo es una extralimitación de los atributos presidenciales. El PSUV pretende obtener una mayoría de asambleístas constituyentes con una minoría de votos y agarrar control político absoluto.

El asunto es tremendamente peligroso porque la constitución da una ANC poderes casi ilimitados con esta línea en artículo 349, “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.”

El juego de PSUV con una ANC bajo su control tendrá dos metas fundamentales. Primero, disolver la Asamblea Nacional y asumir sus responsabilidades. De hecho, eliminar la AN es el primer motivo declarado por el presidente cuando presentó el decreto constituyente. Segundo, suspender elecciones mientras la ANC delibera, discute, y redacta un documento y esto va a durar los años que conviene al PSUV. Eso, similar a la inacción del TSJ en el caso de los diputados de Amazonas. La ANC también podrá destituir y nombrar los fiscales, jueces, y otros funcionarios a su antojo. La señora Luisa Ortega Díaz, por recientemente no acatar la línea de PSUV será uno de los primeros despidos.

Esta es una movida apurada y arriesgada para el PSUV dado que, a pesar de los enormes ventajas y recursos casi ilimitados, no le queda mucho apoyo en la población. La mejor estrategia, y tal vez la única, para la oposición puede ser la abstención. Por cierto, una ANC sin respaldo del pueblo venezolano no tendrá legitimidad para cambiar ni una letra la constitución. Según artículo 347 de la constitución, “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.”

Irma Sánchez de Díaz
25 de mayo, 2017

Que buenos artículos, todos,deberían ser leídos por todos los venezolanos, más claro no puede ser,la idea del Gobierno ha quedado, bien orquestada, de cumplirse todo esto a cabalidad, creo que ya se perdió por completo el poquito de Democracia, que aún queda, que es mínima. Yo pienso, que todas estas personas, como Comunas, Consejos Comunales, Trabajadores Públicos etc, etc, no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta, que están entregando su Patria en manos de personas, que no sienten nada por Venezuela, que lo quieren es poder, para reprimir más y más, o a lo mejor son ignorantes, a todo esto, y piensan que es la MARAVILLA DEL SIGLO, después Señores a llorar al valle, por que esto no tiene regreso, al menos que alguién se ponga los pantalones bien puestos, y defienda a su PATRIA. Es todo.

Vitdan
29 de mayo, 2017

Venezuela a leer este articulo, para que despues no digan no me avisaron, guerra avisada no mata soldado…

Alejandro Bustamante
4 de septiembre, 2017

Muy descriptivo el artículo. El piquete reside en su opinión acerca de las premisas de actuación de los actores. Se equivoca el Sr. Penfold al afirmar que la decisión que tomemos es independiente del “quiebre del funcionamiento de la democracia y el estado de derecho en el país”. La ilegal e ilegítima actuación del régimen al imponer la ANC es un factor determinante para la definición de la estrategia de las oposiciones. También debemos considerar la experiencia acumulada de su comportamiento tramposo y transgresor de normas legales y constitucionales. ¿Podemos esperar acciones en el marco de la democracia y el estado de derecho despues de tantos atropellos?¿Creen honestamente que la dictadura (si, dictadura,las cosas por su nombre) va a ceder espacios significativos de poder y a debilitar su hegemonía política? La lucha por la democracia y la libertad pasa por combatir y denunciar sus acciones antidemocráticas y tiránicas. Hablaremos despues de las regionales, si se realizan…

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