Fotografía de Alejandro Cegarra
La literatura especializada es clara: las protestas en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad, tienen como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno. Una vez se produce la fractura, se abren los escenarios políticos que permiten la restitución de la democracia. Los resultados de la estrategia son múltiples y disímiles. Y van desde el fracaso absoluto de la estrategia hasta una transición indolora que culmina en una democracia.
El pasado 1 de mayo, treinta días después de iniciarse este ciclo de protestas, Nicolás Maduro anunció un proceso constituyente que le permitió retomar la iniciativa política perdida desde que la Fiscal Luisa Ortega Díaz decretara el rompimiento del orden constitucional. La constituyente fue asomada como un instrumento de paz. Pero se reveló desde el mismo anuncio como un instrumento de paz orwelliana, un instrumento que le permitiría a la coalición de gobierno liquidar cualquier resquicio de poder independiente y anular a la disidencia y a cualquier fuente de competencia política.
La pregunta que se hicieron en el Gobierno fue simple: ¿Cómo mantenerse en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? En 2016 lograron evadir el revocatorio y las regionales. Pero en 2017, la estrategia de la oposición requirió del Gobierno una respuesta de escala nuclear: la constituyente comunal. Un constituyente con poderes ilimitados, que sería aprobada sin consulta previa, y con unas bases comiciales que le garantizaban al gobierno la obtención de una mayoría a pesar de ser minoría. Porque ese es el obstáculo principal que tiene, y que tendrá, la coalición de gobierno: son minoría. Perdieron el favor y la preferencia de los ciudadanos, y no pueden mantener el poder mediante elecciones libres.
Las grietas en la coalición son visibles, pero no sabemos cuál es el alcance del daño a la estructura del poder, si lo hubiere, por lo que no especularé sobre la probabilidad de fractura y los resultados. También es conveniente recordar que la caída de los ingresos disponibles en manos del Gobierno implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas, como recuerda Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su Manual del dictador (Siruela, 2011), lo que afecta la solidez de la coalición. Me dedico aquí a otro quiebre, uno que luce irreversible y lleno de desafíos. Se trata del fracaso del modelo económico y social del chavismo y sus consecuencias: un empobrecimiento súbito de la población venezolana acompañada de una economía disfuncional. Allí, en ese fracaso, está el origen de la fractura entre la coalición del gobierno y los ciudadanos.
El modelo madurista-chavista no puede obtener otro resultado sino la pobreza. Fue así en el socialismo clásico del siglo XX, no podía ser diferente en el del XXI. El boom de los precios de petróleo de la primera década de este siglo disparó el consumo de Venezuela creando la “era dorada” del chavismo, una era en la que no le temieron a las elecciones libres, directas y universales. Pero fue en esa misma era cuando se establecieron las bases del fracaso de la economía y el rápido deterioro del bienestar de los venezolanos.
El desplazamiento y acorralamiento del sector privado, los controles de cambio como fuente de distorsiones y corrupción, el gigantismo del Estado empezando por la hipertrofia de la nómina de PDVSA y su partidización, la utilización política del Banco Central, el desmontaje de los instrumentos de estabilización macroeconómica, las estatizaciones con fines políticos, el uso del gasto público con fines electorales y clientelares fueron parte de un conjunto de acciones autodestructivas. Sólo era cuestión de tiempo. El precio del petróleo cayó y terminó por desnudar el modelo. No hay otro país petrolero que sufra lo que sufre Venezuela. La economía venezolana ya era disfuncional aun con precios del petróleo sobre los 100 dólares. La caída aceleró la debacle. Una caída para la que debimos haber estado preparados y no lo estuvimos.
Los desafíos económicos y sociales son enormes e inmanejables con la mismas recetas que nos han traído aquí. La hiperinflación ya es un tema de discusión semántica no de impacto en el bolsillo. Las importaciones colapsaron y eso se refleja en la escasez. La producción agrícola está en emergencia mermando aún más la posibilidad de producir alimentos en el país. La producción de petróleo ha caído 20% desde 2012. Las reservas ya están por debajo de los 10.000 millones y Venezuela tiene compromisos de pagos en los próximos 18 meses por 12.722 millones de dólares.
El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables determinantes de la dinámica política actual. La coalición del gobierno es minoría, entre otras razones, porque su oferta a los venezolanos, más allá de la propaganda, son vidas rotas y una precaria sumisión a la dependencia estatal para proveerse de bienes básicos. Una promesa que ni siquiera puede cumplir. Una oferta sin poder de persuasión porque no tiene cómo apalancarse. Ni siquiera en la nostalgia. Ni siquiera en el olvido.
Para la coalición del gobierno, el problema sigue intacto: en democracia las minorías no pueden mantenerse en el poder.