Existen varias maneras de analizar el anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a la decisión de organizar un plebiscito el 16 de julio como mecanismo de consulta para presionar al gobierno a revertir la Asamblea Nacional Constituyente. La primera lectura de ese acuerdo es una visión estática que describe una oposición que logró un consenso amplio, entre una diversidad de agrupaciones partidistas que aceptaron públicamente operacionalizar un proceso de desobediencia civil a través de un mecanismo refrendario, que aún sin ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, sino a través de una ciudadanía que se abroga el artículo 333 y 350, intenta legitimar su ambición de reestablecer el orden constitucional.
Con esta iniciativa, la oposición intenta retomar la ofensiva política ante un gobierno que logró durante las últimas semanas mostrar sin pudor tanto su capacidad de control institucional como su músculo militar. Con esta decisión unitaria, la calle ahora se organiza en torno a un objetivo diferente y no simplemente en función de una movilización social guiada por la protesta. Aunque la oposición sigue sin engranarse políticamente con el chavismo disidente —pues el acuerdo no incluyó a ninguna agrupación política distinta a las que ya hacían vida en la Unidad—, esta opción abre un nuevo espacio que ahora tiene el reto de probar que tiene una amplia acogida popular y que puede ser articulado con sectores más amplios de la sociedad. En paralelo, tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía General de la República, continúan en su esfuerzo por remover a los magistrados del TSJ para romper el control del Ejecutivo sobre el poder Judicial.
La segunda lectura del acuerdo es dinámica. La oposición tomó la decisión de organizar un plebiscito sin la venia del CNE como una forma de escalar el conflicto ante la arremetida del gobierno tanto en el uso de la represión como en su compromiso de continuar avanzando con la convocatoria de la Constituyente. Frente a este cambio estratégico, el gobierno seguramente ahora pasará a tratar de desmontar esta iniciativa consultiva que constitucionalmente correspondía ser organizado para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo más probable es que el gobierno responda nuevamente con un ataque político dirigido a la Fiscal General de la República; por lo que nadie se debe sorprender si esta semana o la próxima el TSJ decide separarla del cargo, usurpando nuevamente las prerrogativas de la Asamblea Nacional. A esta acción, que la oposición ya debe haber anticipado, se anunciará otra batería de respuestas para poder hacerle frente a esta nueva agresión institucional, lo cual continuará intensificando aún más el conflicto venezolano… Y así sucesivamente hasta que ocurra algún nuevo quiebre político.
Lo cierto es que el país acelera su espiral de enfrentamiento y por lo tanto de violencia política. Es indudable que el gobierno va a seguir insistiendo en su opción Constituyente aún si ello supone incrementar la represión, remover a la Fiscal General, bloquear la realización del plebiscito el 16 de julio y blindar el proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral a realizarse el 30 de julio. La oposición apuesta a que incluso a partir de estos anuncios cualquiera de las acciones anteriores por parte del gobierno pueda generar reacciones inesperadas de diversos actores, tanto en el plano nacional como internacional, que precipiten una serie de eventos que permitan profundizar las grietas tanto dentro del mundo chavista como en la esfera militar y facilitar así un proceso de cambio político.
La apuesta es sin duda riesgosa. Esta iniciativa coloca al gobierno frente a una serie de decisiones que podrían terminar de deslegitimar lo que ya luce como un proceso arbitrario e inconstitucional de convocatoria a una Constituyente. Por el contrario, si el gobierno no logra reaccionar, y se realiza el plebiscito el 16 de julio, la oposición habrá obtenido un triunfo simbólico.
A estas alturas para todos los actores nacionales relevantes es evidente lo que está ocurriendo en el país: acabamos de entrar en una fase aún más peligrosa en la confrontación política, en una lucha que es cada vez más enconada y sin la mediación de ninguna institución creíble, y que tan solo un actor internacional, con mucha filigrana diplomática, va a poder desmontar. En otras palabras: continúa la escalada y se profundiza la crisis de gobernabilidad. Se aceleran los tiempos. Y se elevan las apuestas.