La administración de Nicolás Maduro se ha quedado sin suficientes divisas y ha optado por un feroz recorte de importaciones que solo podría suavizarse si el Gobierno es capaz de obtener financiamiento. Pero el desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN), elegida el 6 de diciembre de 2015 bajo el argumento del desacato esgrimido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha incrementado las dificultades para obtener financiamiento. Analistas y entidades financieras proyectan que para cancelar los vencimientos de deuda y evitar un recorte de importaciones aún más profundo del que padece el país, el Gobierno necesita obtener este año entre 8 mil y 10 mil millones de dólares en financiamiento.
A los factores de riesgo que hasta ahora han limitado el financiamiento como la caída de la producción de petróleo, el bajo nivel de las reservas internacionales, la falta de un fondo de estabilización y una economía sumergida en recesión y una inflación de tres dígitos, se añade que la AN ha alertado que cualquier préstamo a la República que no cumpla con la aprobación del Parlamento será desconocido.
Ante este inconveniente, el Gobierno evalúa transacciones a través del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual está facultado para llevar a cabo determinadas negociaciones sin la aprobación de la AN. Se trata de una operación que ya realizó el BCV en años anteriores: colocar como garantía una porción de los lingotes de oro que forman parte de las reservas internacionales y recibir dólares en efectivo que servirían para importar o pagar deuda. Al cabo de un plazo determinado, el BCV puede recomprar el oro.
Al mismo tiempo el conflicto institucional gana intensidad. El presidente de la AN, Julio Borges, envió cartas a los principales ejecutivos de Deutsche Bank, Citi Group, UBS, HSBC, Bank of America, Barclays, Credit Suisse, Wells Fargo, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China y Nomura recalcando la ilegalidad de la deuda que no apruebe el Parlamento y advirtiéndoles que, en caso de acordar la transacción con el BCV, estarían favoreciendo a un gobierno catalogado como dictatorial por la comunidad internacional.
Dice la carta enviada por Julio Borges:
“El Gobierno nacional a sabiendas que la Asamblea Nacional debe autorizar todos los acuerdos internacionales de endeudamiento que aquel suscriba, ha decidido prescindir del Parlamento, razón por la cual la Asamblea Nacional ha aprobado en múltiples acuerdos no reconocer ningún mecanismo de endeudamiento que el Gobierno suscriba sin su autorización. Es por ello que el Ejecutivo Nacional va a intentar a través del Banco Central de Venezuela, el canje del oro disponible en nuestras reservas por dólares, para mantenerse en el poder inconstitucionalmente, alimentando un sistema clientelar y corrupto, violador de Derechos Humanos y con nexos con el narcotráfico y terrorismo internacional”
Inmediatamente agrega:
“Desde mi condición de Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, me veo en la obligación de advertirle que al apoyar dicho canje de oro estaría incurriendo en acciones en favor de un Gobierno reconocido como dictatorial por la comunidad internacional. Estaría favoreciendo acciones de un Gobierno cuyo único objetivo es seguir menoscabando los derechos de los venezolanos. Esto sentaría un precedente negativo para bancos de inversión que faciliten ayuda a gobiernos dictatoriales en su afán de mantenerse en el poder”
Finaliza Julio Borges:
“Es por tanto, que por medio de la presente solicitamos su cooperación con la institución que hoy cuenta con el respaldo del pueblo venezolano y que sigue en la lucha por recuperar el orden democrático en nuestro país”
El efecto
Risa Grais, analista de Eurasia Group, considera que la carta enviada a bancos internacionales por el presidente de la Asamblea Nacional recalcando la ilegalidad de operaciones de endeudamiento que no sean aprobadas por el Parlamento tiene efectos.
Dice Risa Grais:
“Es una de las pocas formas que tiene la oposición para presionar al Gobierno y creo que sí puede tener un impacto porque aumenta las dudas de los bancos y los inversionistas sobre la legitimidad del endeudamiento y por tanto crear mayores problemas para obtener financiamiento. Pero depende mucho de la contraparte”
Desde su punto de vista, esta actuación de la AN puede aumentar las preocupaciones de China que, hasta ahora, ha sido una importante fuente de financiamiento para el Gobierno.
Explica la analista de Eurasia:
“Mi impresión es que China ya está preocupada por la capacidad del Gobierno para repagar la deuda. Este factor aumenta si piensan que algún día va a llegar un gobierno surgido de las filas de la oposición que no va a reconocer la deuda que contraigan en este momento. Tal vez este factor explica por qué China ha reducido el financiamiento”
En el caso de Rusia, que a través de su empresa petrolera Rosneft ha acordado financiamiento en el pasado y actualmente evalúa algunas opciones, Risa Grais considera que hay diferencias con China.
“En el caso de Rusia el monto de la deuda que ya se ha contraído es menor a la que ya existe con China. Además, se trata de transacciones distintas donde el gobierno venezolano ofrece activos en el sector petrolero a precios muy baratos. Rosneft y Vladimir Putin consideran que esos activos son muy atractivos, es una estrategia de largo plazo. Es estratégico, menos político”
Mauro Roca, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, considera que la posición de la AN aumenta el riesgo.
“Las advertencias de la Asamblea Nacional incrementan el riesgo institucional. Dependerá de la contraparte evaluar si las condiciones que puedan acordarse en una hipotética negociación compensar ese riesgo. Parecería que esta situación puede restringir el número de contrapartes”
Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, señala que la actuación de la junta directiva del Parlamento, genera consecuencias.
“La CAF parece haber negado un préstamo a la nación que había sido inicialmente aprobado, y nunca se supo más de una negociación con Nomura que en cierto momento parecía estar bien adelantada. Es lógico que ciertas entidades teman el riego legal o reputacional de incursionar en operaciones cuya legalidad está abiertamente cuestionada por el Poder Legislativo”
Desde su punto de vista el tema trasciende el aspecto legal.
“Es inusual que las entidades financieras traten de hacer juicios propios sobre la legalidad de una operación distintas de las que hace el Poder Judicial de un país. El problema fundamental es más bien uno de riesgo de repudio, de temor que dada la posibilidad de un cambio en el gobierno en el futuro, esas deudas sean potencialmente desconocidas por la República”
Explica que el aumento del riesgo deriva en condiciones más duras para obtener financiamiento.
“Estas acciones ciertamente dificultan seriamente el acceso del gobierno a financiamiento externo. El hecho de que muchas entidades no estén dispuestas a participar en estas operaciones implica que aquellas que lo hagan van a exigir condiciones que garanticen un rendimiento muy alto o que comprometan activos de la nación como garantía”
Francisco Rodríguez analiza el argumento ético que introdujo el presidente de la Asamblea Nacional al advertirle a las entidades financieras que financiar al Gobierno ayudaría a mantener en el poder a un sistema dictatorial.
“Añadir el cuestionamiento ético al financiamiento de la República, como lo hizo recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, introduce una serie de complicaciones adicionales. Tal vez la más importante es que, si bien pareciera sencillo distinguir las deudas a las que se aplica el argumento de legalidad (presumiblemente aquellas emitidas bajo una Ley de Endeudamiento no aprobada por la Asamblea Nacional a partir del 1 de enero de 2017), es mucho más difícil establecer con precisión el momento en el que se plantea que el gobierno perdió la legitimidad política necesaria para contraer deuda”
Profundiza en este aspecto y afirma:
“Si el argumento es que no se reconocerán préstamos a un gobierno que se considera una dictadura, ¿cuándo exactamente es que se argumenta que el gobierno pasa a ser una dictadura? ¿Con la invalidación del referéndum revocatorio (20 de octubre de 2016)? ¿Con la primera sentencia de desacato de la Asamblea Nacional (1 de agosto de 2016)? ¿O con la toma de posesión de Nicolás Maduro, después de lo que la oposición alegó fue un resultado electoral fraudulento (19 de abril de 2013)? Ciertamente, esto no es algo que la oposición ha establecido con precisión. Pero dependiendo de esta definición, muchos de los bonos en circulación en este momento podrían potencialmente ser vistos como “deuda odiosa” y por lo tanto ser sujetos de un desconocimiento futuro”
Recorte de importaciones
A fin de mantener al día el pago por los vencimientos de deuda externa del gobierno central y Pdvsa, que este año suman 9.691 millones de dólares, una cifra que al precio actual de la cesta petrolera venezolana equivale a más de un tercio del ingreso proveniente del petróleo, el Gobierno ha optado por un severo recorte de importaciones que se traduce en escasez y en empresas paralizadas por la falta de materia prima e insumos.
![Servicio de Deuda Externa de Venezuela y PDVSA [2017]](https://public.tableau.com/static/images/De/DeudaVenezuela_Anexo2v_2/Grfico14/1_rss.png)
De acuerdo con Ecoanalítica, en el primer trimestre de este año la venta de divisas a las empresas que no pertenecen al Gobierno se ubicó en un promedio de 8,8 millones de dólares diarios, una cifra que se traduce en una caída de 45% respecto al promedio de 15,9 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2016.
El descenso en la asignación de dólares implica una profunda caída de las importaciones que registran un descenso de 17% al contrastar los dos primeros meses de este año con el mismo período de 2016, lo que indica que la escasez podría empeorar en el corto plazo.
José Guerra, economista y diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la AN por el partido opositor Primero Justicia, señala:
“Al desconocer a la Asamblea Nacional el Gobierno aumentó sus problemas para obtener financiamiento. Pdvsa es vista con un enorme riesgo por parte de los inversionistas y los canjes de oro a través del Banco Central pueden otorgar algo de oxígeno, pero de forma muy limitada. El déficit a cubrir para pagar deuda y mantener las importaciones al mismo nivel de 2016, ya de por sí bastante bajo, es de 10 mil millones de dólares. Además, recordemos que después de utilizar las reservas de oro no quedará nada distinto al flujo de divisas proveniente de las exportaciones petroleras”
De acuerdo con el balance auditado del BCV al cierre de diciembre de 2016 las barras de oro que forman parte de las reservas internacionales tenían un valor de 7.727 millones de dólares. El pasado 21 de abril las reservas, en su totalidad, se ubicaron en 10.189 millones de dólares, el nivel más bajo en 15 años.
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