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¿Estamos en default?; por Luis Vicente León

Traders work on the floor at the closing bell of the Dow Industrial Average at the New York Stock Exchange on November 15, 2017 in New York. / AFP PHOTO / Bryan R. Smith

Fotografía de Bryan R. Smith / AFP

Nos referimos a un default en el contexto financiero y se refiere al incumplimiento de pagos de capital, intereses o tiempo de una deuda. Es irrelevante la razón del impago. Puede que el deudor no tenga cómo pagar o el banco que lo representa no tenga la capacidad operativa para llegar a los acreedores o que haya sanciones que compliquen el pago. El resultado es el mismo: default. Esto ocurrió en Venezuela la semana pasada, pues dos bonos no fueron pagados en el tiempo de la prórroga. La pregunta es: ¿Qué viene ahora?

Hemos señalado que las consecuencias de un default podrían ser demoledoras. Siendo un país hiperdependiente de su actividad petrolera, el impago de la deuda de PDVSA puede desencadenar una serie de demandas y embargos que afecten aún mas el flujo de caja de la nación. Pero debo aclarar que todavía no estamos en situación de enfrentar las consecuencias descritas. ¿Por qué? Porque no todos los default son iguales, ni desencadenan las mismas acciones posteriores.

Hay una diferencia gigante entre no pagar una deuda o pagarla tarde, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela. Ambas acciones representan una ruptura de las condiciones establecidas, pero difícilmente un acreedor embarga a un deudor por el retraso de un pago que al final se realiza.

Un tenedor de bonos venezolanos, que no recibió su pago a tiempo, pero lo recibió, tiene tres posibilidades de acción. 1) Quienes hayan “asegurado” sus bonos contra el default comprando instrumentos derivados para tal fin, van a cobrar su seguro, tan pronto las autoridades financieras declaren que en efecto se cometió la falta. 2) Los tenedores de los bonos pueden también pedir una aceleración del pago de toda la deuda pendiente, aunque sólo se haya hecho default en una cuota parte de capital e intereses. En ese caso, todo el monto de esa emisión entra en default y, si el Gobierno no lo paga, arrancan los procesos judiciales que hemos descrito anteriormente. ¿Estamos frente a esa posibilidad? No es el escenario más probable. Los tenedores de esos bonos, que el Gobierno ha continuado pagando después de sus fechas de vencimiento, son los últimos interesados en que se acelere una demanda por default real y el Gobierno termine parando todos los pagos y se materialicen las pérdidas de su inversión. Es preferible apostar a seguir cobrando y esperar por un refinanciamiento ordenado. El riesgo está en que esos tenedores de bonos, aún cobrando tarde, piensen que la jugada futura de PDVSA es comprar tiempo para mover sus activos y operaciones a otras empresas y luego hacer un default planificado, dejando a los tenedores mirando pa’ San Felipe. En ese caso, preferirían actuar de inmediato.

Lo que está claro es que el mercado se enrarece y se llena de ruidos. Con más desconfianza, los precios de los bonos se desploman. Algo que tampoco afecta, por ahora, el flujo de caja de Venezuela y podría facilitar la recompra a sus aliados, como Rusia, China o India, que podrían estar jugando a gallo tapado. 3) Pero la acción más probable, tanto de los tenedores como del emisor, es buscar una negociación que los lleve a un refinanciamiento de esa deuda. Es decir, cambiar voluntariamente las condiciones originales y facilitar su pago a futuro. Para que esto ocurra, el gobierno debe estar dispuesto a ceder políticamente y validar a la AN, pues sin ella el mercado no aceptará un acuerdo de refinanciamiento. La oposición tendría que legitimar el refinanciamiento, a cambio de una negociación política que oxigene la democracia asfixiada. El gobierno Trump tendría que flexibilizar las sanciones financieras y los acreedores aceptar las condiciones propuestas por el Gobierno. De esta pelusa hablaremos en breve.

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