Fotografía de Ricardo Herdenez para AVN
Ha terminado la Semana Santa, con todo el ambiente público del país revuelto, para variar.
Creemos, sin embargo, que vale la pena rescatar una reflexión sobre lo sucedido el Miércoles Santo.
La procesión de Nazareno de San Pablo y la polarización política
Si bien la feligresía católica ha descendido en cantidad, para 2011 alrededor de 71% de la población se autodefinía como católica —practicante o no— [1], lo que equivale a 20,5 millones de venezolanos.
Una de las tradiciones fundamentales de la feligresía católica caraqueña es la procesión del Nazareno de San Pablo. Para quien vive en Caracas, es frecuente ver cada Miércoles Santo a personas vestidas con prendas de color morado, quienes piden por alguna necesidad, para dar gracias y para acompañar al Nazareno ese día. Tradicionalmente, desde hace muchos años, se realiza una procesión a la Basílica de Santa Teresa y el Arzobispo de Caracas celebra allí una Misa.
El pasado miércoles 12 de abril, la polarización política llegó a la Misa del Nazareno de San Pablo celebrada por el Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino. Hay dos versiones de los hechos: El Nacional reportó que “oficialistas atacaron a opositores en la Basílica Santa Teresa”, mientras que Alba Ciudad reportó “Cardenal Urosa y dirigentes opositores politizaron Misa del Nazareno de San Pablo buscando causar desórdenes”.
El posible origen de la agresión sería los constantes pronunciamientos que han realizado la Conferencia Episcopal Venezolana y el propio Cardenal Urosa Sabino, en los cuales la Iglesia ha denunciado la gravedad de la situación del país, centrando su posición en la crítica objetiva a las condiciones de vida en las que estamos viviendo los venezolanos.
Particularmente relevante, en este sentido, ha sido el reciente Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana de 31 de marzo, ante las sentencias Nro. 155 y 156 dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y que fue leído en las Iglesias en la Misa dominical del 2 de abril.
¿La Iglesia Católica tiene el deber y el derecho a pronunciarse sobre la situación del país?
Creemos que esta es la primera y fundamental pregunta a realizarse ante lo acontecido.
La Iglesia se considera responsable de transmitir el Evangelio de Jesucristo y de defender la dignidad de la persona humana allí donde ésta puede ser violada.
Por ello, en la importante Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se señala en su punto 76:
“Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones”
Para la jerarquía de la Iglesia Católica se trata de un asunto de conciencia moral y responsabilidad advertir cuando una determinada concepción política resulta contraria a los derechos de las personas. Un dictamen prudente de la conciencia (conforme al bien verdadero) le lleva a hablar y sentar postura sobre la crisis moral que atraviesa toda sociedad y sobre la crisis políticas, económicas o sociales que resulten violatorias de los derechos de las personas.
Desde siempre la Iglesia ha centrado su mensaje alrededor del valor de la persona. Así lo ha recordado, por ejemplo, en la Nota doctrinal sobre sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (Nro. 3):
“La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela ‘de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública’”
En resumen, y como se lee en el Catecismo de la Iglesia Católica: “La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre” (Nro. 1929).
La situación del país y la Conferencia Episcopal Venezolana
Como una expresión de esa misión que considera necesario cumplir, en el más reciente Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, se critican las actuaciones del Gobierno. Ya en el tercer párrafo del Comunicado, la Conferencia Episcopal va al centro de su posición, al señalar:
“Existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela. Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder. La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso”
Pero, además, entre otros aspectos, se hará referencia, a la necesidad del respeto del otro, como base para la convivencia:
“Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural. Es más bien una provocación a la desesperanza ante el atropello de derechos fundamentales del que todo gobierno debe ser el primer garante. Por el contrario, es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom. 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país (Exhortación de la CEV, Enero 2017)”.
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Por supuesto, tales planteamientos de la Iglesia resultan chocantes para quienes no están dispuestos a reconocer el valor de la persona y la necesidad del respeto de los derechos de todos los venezolanos.
Pero más allá de ello, lo que resulta contrario a nuestra tradición e idiosincrasia es que la crítica objetiva de la Iglesia Católica a las condiciones del país, su denuncia de las condiciones en la que estamos viviendo los venezolanos, se traduzcan en una lluvia de empujones, gritos e insultos en la procesión del Nazareno de San Pablo.
[1] Aguirre, Jesús María (2012), Radiografía Religiosa de Venezuela: Imágenes y representaciones, Temas de Formación Sociopolítica Nro. 51, Fundación Centro Gumilla & UCAB, Caracas, p. 19.
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Una primera versión de este artículo fue publicada en inglés en el blog Caracas Chronicles.