De izquierda a derecha Piero Calamandrei y Benito Mussolini
Uno de los autores de mayor influencia en la formación de los abogados de mi generación es el gran maestro florentino Piero Calamandrei. Leer su obra en estos momentos de oscuridad de la vida judicial venezolana genera en el lector un proceso de reflexión sobre lo que significa, para la libertad y la justicia, el comportamiento de los jueces de la “revolución bolivariana”. El maestro florentino fue uno de los redactores del Código de Procedimiento Civil italiano de 1940, trabajo técnico que realizó junto a otros dos grandes juristas: Francesco Carnelutti y Enrico Redenti. Calamandrei escribió una obra de gran calado que incluye, entre otros, La Casación Civil, Derecho Procesal Civil, Estudios sobre el proceso civil, Proceso y democracia, Demasiados abogados, Elogio de los jueces escrito por un abogado e Il fascismo come regime della menzogna. No solo se destacó como procesalista, sino que se ocupó con acierto de problemas constitucionales, como quedó evidenciado por su participación en la elaboración de la Constitución italiana de 1948. Voy analizar la situación judicial de Venezuela a partir de dos libros de su vasta obra: Elogio de los jueces y Proceso y democracia. El primero presenta una mirada hacia los jueces; y el segundo reflexiona, entre otros temas, sobre el necesario requisito de la independencia y probidad de la magistratura judicial.
Elogio de los jueces fue escrito antes de la llegada al poder del fascismo en Italia. Luego de la experiencia vivida con Benito Mussolini, Calamandrei añade otros ensayos, lo que explica la diferencia de estilo y de tono en la obra: en una parte hay una postura optimista y, al contrario, en la otra el autor muestra el lado oscuro de la magistratura. Esto llevó a Eduardo Couture, prologuista de la edición en español, a decir: “El autor que escribió el segundo libro parece persona distinta del que escribió el primero”. Lo que explica que la mirada del florentino hacia los jueces de la democracia genera en el lector una reacción distinta a la que producen los jueces de la dictadura fascista, al desarticular sin aspavientos el sentido y alcance de las normas jurídicas. En nuestro caso, la llegada del chavismo-madurismo al control del Poder Judicial marca un cambio en la relación del justiciable con la magistratura, debido a la cada vez mayor politización del sistema judicial.
En nuestra historia reciente, el punto de inflexión final ocurre el 28 de marzo de 2017 con la sentencia 155 de la Sala Constitucional que otorgó inconstitucionalmente poderes dictatoriales al presidente. A esta decisión hay que añadir un segunda: la N°156 del día siguiente, 29.03.17, que despoja a la Asamblea Nacional de sus facultades parlamentarias para autoatribuírselas o asignárselas al “órgano que ella disponga”. Quizá, no es posible encontrar un ejemplo como este en ninguna de las dictaduras venezolanas o latinoamericanas de cualquier época. Estas dos decisiones son suficientes para el registro indeleble en la memoria histórica de estos años de oscuridad de la actuación del máximo órgano del Poder Judicial. Lo que ha ocurrido con posterioridad es la manipulación de la pretendida justicia constitucional para acabar con las libertades de los venezolanos, para atropellar instituciones, para usurpar funciones al “designar” funcionarios incondicionales al intolerante “socialismo del siglo XXI”.
Así, no dejo de advertir cómo hoy los venezolanos estamos en capacidad y, tal vez, ante la responsabilidad de escribir nuestras experiencias acumuladas a partir de lo que vemos y vivimos en los tribunales, en las audiencias y con las sentencias recibidas. Reconocera algunos jueces de los primeros gobiernos de la democracia es tarea placentera. En efecto, en los primeros quince años de la era de los gobiernos civiles había confianza en los jueces. El asunto comienza a cambiar cuando aparecen las llamadas tribus -debidas a abogados con influencia política que litigaban en los tribunales- con lo cual se inicia un período de cuestionamiento sobre el sistema de administración de justicia, y una paulatina pérdida de credibilidad que generó un daño inocultable a la democracia venezolana. Pese a ello, destacaron tanto en los tribunales de instancia como en la Corte Suprema de Justicia, jueces y magistrados probos e idóneos. De lo que se trata es de recoger lo que se hizo bien y apartar lo que se hizo mal.
En su obra Proceso y democracia el maestro florentino señala que la figura del juez se apoya en su independencia de cualquier órgano político o administrativo. Lo importante, en todo caso, es que el tribunal garantice la imparcialidad al momento de impartir justicia y evitar la presencia de influencias ajenas a lo jurídico. Asimismo, el juez debe ser independiente de “estímulos egoístas”, como dictar sentencias arbitrarias para obtener prebendas o para beneficiar a la parte con apoyo político, pero que no tiene la razón (“cuando los partidos, el amiguismo o el dinero hablan, la justicia calla”, como dice el refrán). Se trata de una cierta autonomía individual que es la esencia del juez independiente, y que forma parte de su integridad.
Lo señalado es aplicable al caso venezolano, pues lamentablemente no contamos más con una magistratura independiente. En este sentido, uno de los aspectos más asombrosos son los jueces que condenan a inocentes por delitos no cometidos para escalar posiciones dentro del régimen. Al hacer un recuento de los casos judiciales con más proyección política, se verá cómo jueces que han dictado esas decisiones, después son promovidos en el escalafón judicial -o premiados con cargos burocráticos. A esto se añaden los que cumplen órdenes sencillamente por sumisión total con el partido al que le deben el cargo; herencia del pasado que aún nos pesa.
Este tema es delicado porque se han dictado -y se siguen dictando- decisiones que afectan los valores de la democracia. Así ha ocurrido con las sentencias que han impedido actuar el derecho constitucional a la participación ciudadana al referéndum, como pasó en el 2016. Y lo que sucede ahora en el 2017 al permitir ir a una “constituyente” sin consultar al pueblo; o a dejar sin efecto los resultados obtenidos con el ejercicio del voto, como está sucediendo con la Asamblea Nacional. Descuidar al Poder Judicial se traduce en un daño irreparable a la democracia. No en vano su emblema es la balanza en son de equilibrio.
Una lista de presos políticos que han sido “sentenciados” sin cometer delito confirma la tesis de Calamandrei: no es juez quien no posee independencia individual. Esto funciona al derecho y al revés: para afectar inocentes opositores; o para beneficiar a los amigos del régimen. No en balde, esto llevó a Calamandrei a decir:
“A menudo, durante el fascismo, cuando un abogado de conciencia había estudiado a fondo una causa y preparado la defensa con tanta seriedad, a última hora se encontraba con que el cliente le proponía que asociara al patrocinio, como ‘refuerzo’, algún eminente fascista”.
Al regresar la democracia a Venezuela habrá que hacer un inventario de los casos en que se ha perjudicado a una de las partes para beneficiar a un amigo político o para afectar los derechos de quien no es “amigo” del régimen, siempre violando la ley. Si ha habido violación a los derechos constitucionales de las partes, se podrá pedir la inexistencia del proceso por dichos vicios,así como sanciones a los responsables. El reto que tenemos por delante es reconstruir el Poder Judicial, deberá ser despolitizado, los salarios de los magistrados, jueces, secretarios, alguaciles, amanuenses y demás auxiliares de justicia tendrán que ser actualizados.
Es necesario promover que a los cargos judiciales opten ciudadanos honestos, capaces, competentes y con títulos universitarios otorgados por universidades reconocidas. Habrá que estimular el trabajo de quienes han ejercido la magistratura con probidad e idoneidad -que los hay- y reemplazar a quienes no califiquen. Que la elección se base en méritos y no en solidaridades partidistas o ideológicas. Un Poder Judicial que garantice los valores de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la igualdad de las partes ante la Ley es fundamental para la paz y futuro de Venezuela. No hay república ni libertad en una sociedad sin jueces libres que mantengan la balanza de la justicia en equilibrio.