Si en otros parajes o situaciones pretéritas, el sujeto del crimen económico cometido en contra de algunas naciones pudo haberse denominado “sector financiero”, “Fondo Monetario Internacional” o “banca privada”, en Venezuela el autor de la masacre “sólo-mata-gente” que padecemos tiene prístino nombre y apellido: el control de cambio.
Es el instrumento económico a través del cual el PSUV no sólo quebró al aparato productivo nacional, provocando un desbalance monetario que se tradujo en una inflación endiablada, sino que gestó una estafa histórica de gigantescas proporciones, que ha comprometido el futuro de millones de venezolanos, organizando una especie de festín privado con toda la renta nacional en operaciones financieras fraudulentas y apropiaciones indebidas.
En el control cambiario del chavista se asienta el arquetipo, el símbolo por excelencia, de la de corrupción en la era bolivariana. Cadivi es el equivalente a lo que en el Pacto de Punto Fijo pudo haber significado la quiebra de Recadi o el caso Sierra Nevada, pero conjugado en un largo gerundio de diez años, con montos muy superiores y daños colaterales mucho más graves.
Esgrimiendo la excusa de que las divisas de la renta por venta del petróleo eran “del pueblo” y que era necesaria una draconiana intervención del Estado en la economía para proteger al país de los quirópteros del sector privado, el gobierno de Hugo Chávez se apropió por completo de la renta nacional y creó con sus excedentes unos fondos, concebidos para ahorrar divisas, con el objeto de paliar eventuales escenarios de vacas flacas y garantizar, sobre todo, la estabilidad de su proyecto.
Con el paso del tiempo, la ampliación de los controles, siempre aludiendo la importancia del máximo interés nacional, se extendió a todos los capítulos de la economía, a los precios y tasas de interés y, progresivamente, a las importaciones.
Jorge Giordani fue siempre firme defensor de intervenir todas las variables de la actividad industrial, el comercio y la formación de los precios ahí mismo, donde tenía su génesis. El objetivo: salvarnos de los enloquecidos efectos de “la mano invisible” del mercado. Todo empresario, salvo prueba en contrario, es un truhán. Todo funcionario del gobierno, al ser revolucionario y decir que es de izquierda, está capacitado para impartir la justicia. El presupuesto se calcula, el dinero se reparte, los precios se vigilan y todo se estatiza. Creamos comunas y organizamos una sociedad perfecta.
En medio de un disparatado desorden del gasto, los objetivos que se trazó Giordani, por supuesto, no se cumplieron ni remotamente. En Venezuela hay control cambiario, pero se ha producido una masiva fuga de divisas; hay control de precios, pero tenemos la inflación más alta del mundo; hay control de las importaciones, pero éstas se ejecutan con criterios cada vez más desencaminados.
Los militares tienen tomado todos los automercados del país, exigiendo identificación y controlando la mercancía. Y vivimos una escasez de bienes y servicios que roza los niveles de una crisis humanitaria, entre otras cosas por la gravedad que observa en el sector de las medicinas.
Giordani nos salvó de “la mano invisible” del mercado y nos puso a todos a merced de otra mano, bastante visible ella por lo demás: la del funcionario corrupto y matraquero que fija los precios, obliga a los demás a vender a pérdidas en provecho propio y desvía los productos de todos a la frontera.
Pero por supuesto que en lo asentado hasta aquí tenemos expuesta la mitad de la historia. La crisis de Venezuela no es únicamente la consecuencia de un modelo económico estructuralmente antieconómico, sin negar que eso solo ya sería suficientemente grave.
Al captar la renta nacional y depurar los mecanismos para tener maniatada a la sociedad venezolana, los chavistas fueron creando un complejo entramado de canales para organizar negocios millonarios, favorecer a jerarcas amigos, promover a familiares mediocres a través del nepotismo y engordar la nómina del Estado con parásitos.
Los dólares que, decía Chávez, eran “del pueblo” le sirvieron a unos cuantos vivos para crear empresas fantasmas, hacer negocios con el diferencial cambiario, triangular bienes, sobrefacturar obras o autoadjudicárselas para hacer del peculado de uso una política de Estado. Estas prácticas, lo sabemos, toca a altos funcionarios del gobierno quienes, por mandato de la ley, han sido los administradores de la hacienda nacional de estos años, así como a miembros del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.
Los precios del petróleo bajaron sorpresivamente y han agarrado a Venezuela con los pantalones en las rodillas. Todo el país paga las consecuencias de estos excesos y vive una situación miserable. Las máculas del saqueo nacional, el millonario desangre de Cadivi, los descomunales montos en la Banca de Andorra: las verdaderas causas de la ruina quedan evidenciadas a la vista de todos.
Concretada la estafa, conculcados los derechos económicos de los venezolanos, que están consagrados en nuestra Constitución, a usted le queda un caramelo: 700 dólares en el cupo para irse de viaje a Estados Unidos. No deje de recordar, mientras tanto, que si hay algún problema la culpa es de la “guerra económica”.
El chavista se ríe. Estos burgueses no tienen remedio, de verdad. Gran cosa. Usted no puede ir a los Estados Unidos y ahora va a venir a quejarse. Ellos, por supuesto, tienen los dólares, tienen los viáticos, hacen los negocios, les encanta el dinero y aman la buena vida. La vida que ellos llevan, dirán ellos mismos, no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo.