El pasado martes 3 de septiembre de 2014 en Venezuela el Ejecutivo Nacional creó un nuevo ministerio, producto de la fusión de otros dos: los ministerios de Vivienda y de Ambiente ahora son unificados como el “Ministerio del Poder Popular de la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo”.
Quienes tenemos al ambiente como ámbito de trabajo vemos esta decisión como un notable retroceso para un país que demostró un liderazgo en materia ambiental a mediados de la década de los setenta, cuando en Venezuela se creó el primer Ministerio del Ambiente de toda América Latina y el Caribe, además de ser el segundo a nivel mundial.
La desaparición de la palabra “Ambiente” del nombre del nuevo ministerio no es poca cosa: menosprecia y degrada la importancia del sector para el desarrollo sustentable del país. Y eso se podría traducir en más deterioro de las condiciones ambientales y, con ello, de la calidad de vida del ciudadano.
Hay motivos significativos que justifican la existencia de un Ministerio del Ambiente en nuestro país, un rango que representa (al menos de manera enunciativa) el reconocimiento que el Estado le da a esta materia.
El territorio de Venezuela equivale escasamente el 1% de la superficie del planeta, pero nuestro país está entre los países con mayor diversidad de aves, reptiles, peces, mamíferos y anfibios. Venezuela es, sencillamente, uno de los 10 países megadiversos del Mundo.
Esa diversidad de especies y ecosistemas está protegida principalmente en 43 parques nacionales, creados entre 1937 y 1993, que cubren cerca del 15% del territorio del país.
Para entender la importancia de estas áreas protegidas en el desarrollo de Venezuela podemos mencionar tres datos concretos:
1. El 70% de la electricidad del país depende de parques nacionales. Esto incluye el Parque Nacional Canaima, que protege la cuenca de los ríos que alimentan al complejo del Guri.
2. El 80% del agua del país es garantizada por cuencas hidrográficas protegidas de unos 20 parques nacionales.
3. La diversidad biológica es fuente de alimento (peces, moluscos, artrópodos), de empleo (turismo, pesca), esparcimiento (áreas de recreación, deportes) e incluso medicinas naturales.
Hay motivos para creer que, cuando el “Ambiente” pasa a ocupar un papel secundario detrás de “Vivienda”, la prioridad de los planes y programas no están sustentados en el entorno natural ni en la importancia de su conservación para el desarrollo de las generaciones actuales y futuras. Aparentemente los planes están sustentados en el “pueblo y sus necesidades” de corto plazo.
En 2011, funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques) denunciaron la intención de construir viviendas dentro del Parque Nacional Médanos de Coro, en el estado Falcón, por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Ya en otras áreas protegidas se han producido invasiones ilegales para la construcción de viviendas, las cuales no fueron debidamente paralizadas. En todos esos casos y otros más, el argumento para la defensa de las acciones es el derecho a la vivienda, incluso a expensas de violar las leyes que velan por nuestras áreas protegidas.
Es imposible afirmar que lo que hasta hace días era el Ministerio del Ambiente estuviera viviendo su mejor época. Para 2014, el presupuesto del Ministerio del Ambiente equivalía al 0,43% del presupuesto de la Nación. Y el de Inparques (ente adscrito a este ministerio) era aproximadamente el 0,07%.
Durante el último año muchos planes y proyectos en áreas protegidas, como los Parques Nacionales Morrocoy y Canaima, o la solicitud de desalojo de la Fundación Científica Los Roques del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, han ocurrido sin que tenga lugar ninguna opinión por parte del Ministerio del Ambiente o Inparques. Así, parte de la acción y decisiones de estos entes ya estaban confiscadas por otras instituciones del gobierno central.
Es posible pensar que este nuevo ministerio, donde el Ambiente se degrada, será menos eficaz a la hora de afrontar la defensa de la conservación del ambiente y trabajar por la solución de problemas que pueden tener lugar gracias a acciones ambientales, como el abastecimiento y calidad del agua, el manejo de desechos sólidos, la deforestación, la contaminación mercurial y muchos otros más que amenazan el desarrollo sustentable de Venezuela.
A falta de un Ministerio del Ambiente, los ciudadanos, las comunidades organizadas y las organizaciones de la sociedad civil tendremos que velar —más que nunca— por el cumplimiento del Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”.
Este artículo evidencia una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad: garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono y las especies vivas sean especialmente protegidos. De conformidad con la Ley y con nuestra condición humana.
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Alejandro Luy es biólogo de la Universidad Central de Venezuela, egresado en 1988. Durante sus primeros dos años como profesional trabajó en el Ministerio del Ambiente en el Servicio de Fauna. Desde 1990 ha estado vinculado a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro en Venezuela, como la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela y la Fundación Tierra Viva, de la cual es gerente general.