Una vez celebrada la elección parlamentaria donde la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró hacerse con 112 escaños (lo que le permite legislar con mayoría calificada de 2/3), el debate entre economistas y analistas es si esta nueva Asamblea debe proponer medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos e institucionales que afectan a Venezuela.
Más allá de las facultades constitucionales y jurídicas del Poder Legislativo en Venezuela, es pertinente evaluar los reales alcances y aportes que una nueva Asamblea Nacional puede hacer para ayudar a superar la crisis que vivimos, especialmente en un contexto inédito en los últimos años, donde el Poder Legislativo estará en control de una coalición diferente a la que gobierna (es decir: separada del Poder Ejecutivo).
El reto de la nueva Asamblea Nacional
Más allá de las potestades que obtiene la bancada opositora con la mayoría calificada, la gran tarea que tienen en frente los diputados electos es legislar, así como cumplir su papel de contralor y de contrapeso del Poder Ejecutivo.
La Asamblea Nacional ha de centrar sus esfuerzos en tres áreas fundamentales. La primera es la interpelación de los ministros y la rendición de cuentas, destacando la evaluación de las medidas económicas tomadas y las acciones que se tomarán para revertir la crisis. La segunda es el ejercicio de un mayor control sobre la ejecución presupuestaria, ya que actualmente el gasto ni está controlado ni es transparente. Y la tercera es la exigencia de la transparencia y la prontitud en la publicación de las estadísticas y los datos oficiales, así como del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, algo imprescindible para evaluar las políticas públicas.
2016: un ajuste deseado,
¿pero en cuáles condiciones?
El año entrante Venezuela se enfrentará a una situación donde la necesidad de implementar un programa de ajuste que resuelva los múltiples desequilibrios de la economía es sumamente alta. Sin embargo, no necesariamente se alcanzarán los objetivos propuestos, debido a que las características del entorno y los resultados vistos en algunas experiencias previas señalan que así se tenga el mejor programa de ajuste económico, uno que sea coherente e íntegro, no hay garantía de éxito.
Ante esta situación, surge una pregunta: ¿qué necesita un programa de estabilización para ser exitoso y mejorar las condiciones económicas de un país? La evidencia sugiere que son necesarias ciertas condiciones, específicamente cinco:
1. Información y comunicación de los entes públicos que garanticen la publicación de la data nacional.
2. Presentar un esquema adecuado.
3. Transparencia de las instituciones para permitir la ejecución exitosa de ese esquema.
3. Liderazgo político sólido para poder implementar dicho esquema y que tome en cuenta el contexto del país y pueda ejecutar el ajuste.
5. Políticas sociales que compensen a los estratos más afectados de nuestra sociedad.
Lamentablemente, en el contexto actual de Venezuela, estas condiciones no están presentes. El Ejecutivo muestra resistencia a implementar medidas de ajuste y pareciera moverse a un escenario de confrontación con el Poder Legislativo.
¿Cuál es el rol de la Asamblea Nacional?
La respuesta no es sencilla. Lo ideal es que se puedan establecer un mecanismo de construcción de consensos en torno a las reformas económicas e institucionales y que éstas sean trabajadas en una agenda compartida por los poderes públicos. Sin embargo, en las actuales circunstancias algo así luce improbable.
Entonces, ¿qué puede hacer una Asamblea Nacional controlada por la oposición en un escenario de confrontación de poderes? Una aproximación sugiere que la Asamblea Nacional debería, más allá de sus atribuciones legales y constitucionales, enfocarse en una reforma institucional que trabaje dos elementos claves en una democracia moderna: la construcción de contrapesos y la descentralización. Y, además, la Asamblea Nacional debe forzar al Ejecutivo a hacer los ajustes de política económica.
Dos riesgos que deben evaluarse
Durante los próximos meses existirán para la Asamblea Nacional dos riesgos que deben ser evaluados.
El primero, que la mayoría opositora intente imponer una agenda de ajuste económico al Ejecutivo, un escenario donde la probabilidad de fracasar es elevada porque no tendríamos las condiciones para un programa exitoso descritas anteriormente, amén de que el Ejecutivo no está convencido de un paquete de medidas, así que se pueden exacerbar los riesgos de una crisis de gobernabilidad, con resultados difíciles de predecir.
Y el segundo riesgo es que la Asamblea Nacional se mantenga inactiva, pensando que no absorberá costos por ello o que los costos políticos serán mayores si promueven ajustes.
Dada la situación económica que vive Venezuela, el costo de quedar como un poder público inoperante puede ser muy alto. Y eso no es exclusividad del partido de gobierno. Este punto es un factor clave para el éxito de un programa de ajuste: se trata de la capacidad para construir consensos entre diferentes actores políticos, incluso, con intereses diferentes.
El trabajo de la coalición opositora en la Asamblea Nacional exige madurez política. Si bien no son los responsables directos de la situación económica actual, tampoco tienen margen de maniobra para implementar un programa de ajuste. Así, tienen ahora la tarea de comenzar a forjar las bases para la superación de la crisis con un nuevo marco institucional en el contexto de un modelo que ha colapsado.
2016: un año marcado por la incertidumbre
Hasta la fecha el chavismo había logrado construir un modelo que, sostenido por la expansión constante del gasto público, había logrado apoyos importantes en amplios sectores de la sociedad. Ésa era su marca de fábrica. Apoyado en el incremento de los precios de crudo, el Gobierno ha destinado un gasto público cada vez mayor a financiar el consumo corriente de los sectores menos favorecidos.
Esta política le permitió estimular el crecimiento de la demanda agregada y del producto interno bruto (PIB), y generar artificialmente (y discrecionalmente) una situación de “bienestar”, que le ha servido como plataforma para mantener elevados sus niveles del popularidad dentro de la población y conseguir el triunfo en 21 de las 23 elecciones llevadas a cabo durante los últimos 15 años.
La evidencia que vemos desde finales de 2012, aunada a la caída de los precios petroleros, es que este modelo caducó: llegó a su fin. El gasto público ya no tiene el fuelle para lograr sostener amplio apoyo y el chavismo parece haberse convertido en minoría, en medio de una crisis económica que ha minimizado los supuestos avances sociales obtenidos.
Una nueva Asamblea no garantiza un mejor 2016, pero sí aumenta la probabilidad de que se acelere la transición y el desmontaje del modelo que ha imperado hasta ahora, bien sea porque el chavismo decida reinventarse o bien porque se dé espacio a una transición a un modelo diferente.
Eso convierte a 2016 en un año clave.
El tan esperado 6D ha pasado y los resultados fueron contundentes, pero lo cierto es que el modelo económico del chavismo ha colapsado y nos encontramos ante un quiebre estructural que exige a la actual administración dar un giro completo a su política económica o será desplazada como modelo político.
Ése es el dilema del chavismo y, junto con ellos, es también el dilema de Venezuela.