Uno no sabe nada de economía, pero el miedo y las alertas nos llevan irremisiblemente a territorios de Blanca Vera y Víctor Salmerón.
Después del amargo trago de los rumores de default, trascendió que el Gobierno pudo reunir los churupos para pagar los bonos de octubre en los mercados internacionales de deuda, a saber: el Bono Soberano (con un cupón de 8,50%) y el Pdvsa 2014 (con otro de 4,90%). Pero se queda en la lona. Con los pantalones abajo y sin capacidad de pago para honrar sus obligaciones en dólares con el sector salud, las cuales nos mantienen padeciendo esta escasez brutal de medicamentos e insumos médicos; la deuda con las aerolíneas, con la consiguiente prohibición de salida del país de todos los venezolanos, y la deuda a las ensambladoras de vehículos, fábricas de autopartes e importadoras de repuestos, que ha llevado casi al colapso a esta industria y que compromete a diario nuestra movilidad.
Pero no es que éstas sean las únicas. Apenas son las más vistosas. Nada, comparado con lo que se le viene encima desde el llamado Ciadi o Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, entidad adscrita al Banco Mundial que solventa las discrepancias entre los gobiernos y las compañías extranjeras. Es sabido que, en este momento, el organismo procesa 28 denuncias contra el Gobierno venezolano y un conjunto de decisiones “soberanas” que lo llevaron a romper olímpicamente tratados firmados con empresas de petróleo, agroindustria y oro, entre otras. Los fallos pendientes podrían comprometer aún más su maltrecho flujo de caja al forzarlo a pagar montos que rondan los 50 mil millones de dólares. La decisión más reciente lo obliga a indemnizar con 740 millones a la empresa canadiense Gold Reserve, por la bravuconería de expropiarle sin aviso y sin protesto el proyecto Las Brisas, un yacimiento con reservas de 10.2 millones de onzas de oro y 1.400 millones de libras de cobre. Al monto se suman otros 22,3 millones en intereses acumulados desde 2008 y 5 millones en gastos legales y técnicos.
Cualquier gobernante en el mundo está al tanto de que toda acción trae consecuencias. Cualquier gobernante, salvo los nuestros. A estas alturas, en pleno siglo XXI no se puede confundir soberanía con arbitrariedad. El hacerlo sale caro, muy caro.
“La Exxon mobil nos demandó por 12.000 millones de dólares y le vamos a pagar US$ 200 millones, eso es lo que le vamos a pagar, y de ñapa Rafael (Ramírez, ministro de Energía y Petróleo) le mandas un tarrito de lo que yo te dije (…) un tarrito de petróleo crudo (…)”, dijo el presidente Chávez en tono retador en su momento.
Los expertos han concluido que, aplicando los debidos reparos a las sumas reclamadas por los demandantes, los montos definitivos por los juicios de arbitraje podrían representar para el Gobierno una erogación final cercana a los 24 mil millones de dólares.
Lo pavoroso es que las decisiones del Ciadi no admiten apelaciones, y la actitud guapetona e ignorante del Gobierno ha provocado que Venezuela sea la nación con más demandas ante el organismo. Quizá por ello se retiró de éste en 2012, alegando parcialidad y argumentando en un comunicado que “la jurisdicción internacional ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”. Después de Venezuela, figura la Argentina en segundo lugar con 23 demandas internacionales. Lo terrible es que la salida del Ciadi no salva de las sentencias que éste dicta.
Están por salir los dictámenes sobre las demandas presentadas por las empresas Exxon-Mobil y Conoco-Phillips contra Petróleos de Venezuela, por la estatización de las antiguas asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco.
¿Qué hará el Gobierno cuando se produzcan tales fallos? Ya sabemos que sin llegar a ellos, la crisis económica no se aguanta. Que el Gobierno luce estupefacto ante la catástrofe, mareado y sin rodillas, a la espera de un milagro. El presidente Maduro por su parte, sigue impávido, en su discurso vaporoso, mientras el país continúa indetenible su franco proceso de africanización.
Por otra parte, tras noventa días de caída, el crudo venezolano se desploma a los 86 dólares, lo que oscurece aún más el panorama. En medio de la debacle, el primer mandatario nacional, ante un auditorio de sillas vacías en la ONU, intenta sacar conejos de la manga y ofrece 5 millones de dólares para la lucha contra el ébola.
Macondo vive, la lucha sigue.
Por suerte, las palabras se las lleva el viento, pues resulta dudoso que en las manos de una administración maula y con el rancho ardiendo, se concrete una oferta más descabellada.