5 visiones: el impacto de la constituyente en la economía; por Víctor Salmerón

En un entorno signado por el empobrecimiento súbito de la gran mayoría de los venezolanos, inflación galopante y hundimiento de la producción, la Universidad Católica Andrés Bello reunió a cinco expertos moderados por Jaime Bello León para analizar qué puede ocurrir con la economía en caso de que el próximo 30 de julio se instale una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos. 

Francisco Monaldi, profesor del IESA y de la Universidad de Rice; Omar Zambrano, quien se ha desempeñado como economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo en países de la región; José Guerra, diputado y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela; Ronald Balza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello y Ángel Alayón, economista con maestría en la Universidad de Chicago, coinciden en que la Constituyente que ha planteado el Gobierno incrementa la incertidumbre y amenaza con agravar el malestar de la economía.

Colapso petrolero

Francisco Monaldi centró su intervención en las consecuencias que tendría para el país reformar la Constitución para impedir o limitar la participación del sector privado en las áreas de petróleo y gas.

“Hermann Escarrá, asesor del presidente Nicolás Maduro, ha generado una gran incertidumbre al manifestar en un par de ocasiones que hay que cambiar el artículo de la Constitución que permite la participación del sector privado en asociaciones o empresas filiales de Pdvsa. Esto es lo que da base a la existencia de las empresas mixtas y a que en el sector del gas empresas privadas puedan tener una participación mayoritaria en los proyectos que se llevan a cabo”.

Al evaluar el impacto que tendría prohibir la participación de las empresas privadas en el sector petrolero, dijo de manera categórica:

“Las implicaciones son gigantescas. La producción de Pdvsa, la que gestiona sin socio alguno, hoy es un tercio de lo que era cuando el chavismo llegó al poder. Hoy en día la mitad de la producción de petróleo de Venezuela es gestionada por las empresas mixtas, que cuentan con la presencia de un socio internacional. Impedir la participación de estos socios sería destruir lo poco que queda. Hermann Escarrá ha manifestado esta idea en auditorios de Pdvsa ante el gran aplauso y entusiasmo de los gerentes, en una ocasión estando presente el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino. Además, el ministro de Energía, Nelson Martínez, ha validado este tipo de afirmaciones”.

Francisco Monaldi también se refirió a la propuesta de los candidatos a constituyente Fernando Travieso y David Paravisini, quienes consideran que hay que limitar la presencia del sector privado en los proyectos de gas natural, obligando a Pdvsa a que tenga la mayoría accionaria en cada una de las iniciativas.

“Pdvsa no tiene flujo de caja para cumplir con su propia producción y en esas condiciones tendría que tomar la mayoría accionaria de los proyectos de gas. Esto afectaría fuertemente la actividad. Además, Fernando Travieso ha dicho que hay que expropiar el proyecto Cardón IV del campo Perla en Paraguaná, el único proyecto importante que se ha ejecutado en los años en que el chavismo ha estado en el poder”.

A manera de conclusión, afirmó que la Constituyente le plantea al país un reto de envergadura:

“Nos estamos jugando algo demasiado grave, la democracia, la república, la libertad y también el futuro de la industria petrolera, de la economía venezolana. Está en juego la posibilidad de que la población pueda tener una vida digna”.

Camino a la hiperinflación

Omar Zambrano afirmó que no hay razones válidas desde el punto de vista económico para reformar la Constitución.

“No es cierto el argumento de que la Constitución de 1999 es una camisa de fuerza que impide que el Gobierno solucione la crisis económica y enfrente la extrema inestabilidad que tenemos. En los artículos que van desde el 311 hasta el 321 está todo lo que se necesita para aplicar una política económica racional y lograr, como lo han hecho países vecinos, estabilidad, crecimiento, baja inflación y bienestar. Entre otras cosas, allí se contempla estabilidad de precios, un fondo de estabilización macroeconómica y la prohibición de que el Banco Central financie el déficit fiscal”.

Desde su punto de vista la Asamblea Nacional Constituyente tiene, entre otros objetivos, la intención de apropiarse de dos atribuciones que corresponden al parlamento:

“Es obvio que van detrás de dos atribuciones de la Asamblea Nacional: la aprobación de deuda externa y la aprobación y revisión de todos los contratos de interés nacional”.

El anuncio que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro y el exministro Elías Jaua, de que la Constituyente congelará todos los precios es visto como una amenaza importante:

“Redoblar la apuesta sobre los controles de precios es una muy mala noticia. Este es el error de política económica más notorio en esta debacle de las condiciones de vida de los venezolanos. Está demostrado que los controles de precios no funcionan y ocasionan escasez, colas, mercados negros y, en el caso de Venezuela, redes de corrupción que tratan de extraer las rentas que crean esos mercados negros”.

Agregó Omar Zambrano:

“Seis meses antes de que se destapara la hiperinflación abierta, Zimbabue instauró un férreo control de precios con milicias formadas por paramilitares que encarcelaron a empresarios. Seis meses después la inflación era de 40 mil por ciento porque se trata de un problema monetario, mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Venezuela tiene una trayectoria que nos va a conducir tarde o temprano a una hiperinflación. El Banco Central imprime dinero en cantidades masivas para financiar a un fisco que no tiene fuentes legítimas de financiamiento porque sus propias políticas le han cerrado todas las vías”.

Riesgo de devastación

Ángel Alayón destacó que la economía del país está inmersa en un proceso de destrucción que comenzó con el ataque a la propiedad privada a través de las expropiaciones y controles que impiden la toma de decisiones. Otros factores responsables del deterioro económico han sido la implementación de procesos de planificación centralizada y el intervencionismo por parte del Estado.

Desde su punto de vista son estas políticas la causa del empobrecimiento actual:

“El deterioro arrancó desde hace un buen tiempo y es la causa del empobrecimiento súbito que sufre Venezuela, un empobrecimiento de tal magnitud y velocidad que ha sido padecido por muy pocos países donde no ha habido una guerra o una catástrofe natural de grandes dimensiones. El fenómeno del hambre forma parte de esta crisis. Mediciones señalan que los venezolanos consumen 60% de los alimentos que consumían hace tres años, mientras que al mismo tiempo crece la desigualdad”.

La escasez, dijo Ángel Alayón, es un resultado inherente al modelo y está siendo utilizada por el Gobierno con fines políticos:

“Estamos en una economía de la escasez y no podría ser de otra manera con estas políticas. Y con la escasez aparece el fenómeno del racionamiento. Economistas y psicólogos han comprobado que cuando nos falta lo más básico nuestro ancho de banda cognitivo se reduce y nos concentramos en la supervivencia, en un marco de profunda dependencia. Esto abre la posibilidad de que la escasez sea utilizada como un elemento de control político, como lo hace el Gobierno a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

Explicó que a este deterioro se añadirá el impacto que crea el anuncio de que el país irá a un proceso donde todas las reglas pueden ser trastocadas:

“Al proceso que hemos vivido se añade un shock de incertidumbre con la posibilidad de la constituyente. Y la economía le huye a la incertidumbre porque no permite visualizar el futuro. Nada peor para la inversión que no saber qué cambios en el entorno pueden venir porque se va a activar una especie de botón nuclear donde las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana”.

Desde su punto de vista el país podría caer en un ciclo de devastación.

“La Constituyente amenaza con profundizar el proceso de destrucción y el desafío como sociedad es evitar un proceso de devastación donde sea mucho más difícil iniciar la reconstrucción del país”.

El endeudamiento

José Guerra coincidió con Omar Zambrano en que la Constitución de 1999 permite un manejo eficiente de la economía:

“Desde el punto de vista conceptual es una buena Constitución. Establece el respeto a la propiedad privada y una economía mixta donde el Estado juega un rol importante. Además, contempla la autonomía del Banco Central, la preeminencia de la estabilidad de precios, obliga a que exista un acuerdo de política económica entre el Banco Central y el Gobierno. Otro aspecto relevante es que prohíbe los gastos no presupuestados y señala que no se reconocerá el endeudamiento que no haya sido aprobado por el Legislativo”.

Seguidamente agregó:

“Con esta Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno quiere tener manos libres para gastar y endeudarse”.

En su opinión, la economía corre el riesgo de caer en una mayor inestabilidad:

“La propuesta de estatizar las empresas mixtas de petróleo es grave; si eso se materializa, aquí no se va a producir una gota de petróleo porque Pdvsa está en bancarrota. Las empresas extranjeras son las que tienen la tecnología para extraer el petróleo pesado de la Faja. Además, el Gobierno se propone el absurdo más grande: controlar todos los precios, algo que se traduciría en una enorme escasez y, por último, estatizar los proyectos de gas en un país donde no hay bombonas de gas por la ineficiencia del Estado”.

La represión

Ronald Balza destacó que la Constitución ha sido violada de manera reiterada porque a pesar de que el país se manifestó en contra de la reforma que en 2007 quiso incluir en la carta magna el socialismo y las comunas, el Gobierno siguió adelante con este proyecto.

“Aunque se rechazó la reforma constitucional en 2007 se aprobó el primer plan socialista, basado en la Constitución que Hugo Chávez quiso aprobar ese mismo año. Ahora se busca introducir leyes que tienen diez años siendo inconstitucionales”.

Desde su punto de vista el país se expone a la pérdida de garantías fundamentales:

“Ahora se le da mucha importancia a la reforma de la Constitución, aunque ha sido violada reiteradamente. Creo que la razón está en los principios. Uno de ellos es el pluralismo, es una Constitución que nos da garantías. Por ejemplo, se contempla la educación y la salud pública y privadas”.

Alertó que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser el inicio de una mayor represión:

“Después del cambio de Constitución viene la represión. La idea de tener el poder y negarle la existencia al otro es poder usar la fuerza contra el otro. Esa situación nos pone a todos en un peligro tremendo”.

Recuperar el consumo

El público realizó una serie de preguntas que dieron a pie a consideraciones por parte de los ponentes sobre qué puede ocurrir en el corto plazo y cuáles deberían ser los aspectos básicos a considerar tras un eventual cambio político.

Omar Zambrano explicó que el norte de cualquier programa de ajuste debería ser recuperar lo más pronto posible la capacidad de consumo de la población:

“Venezuela atraviesa la tragedia más grande en términos humanitarios desde la Guerra Federal. No debe haber un divorcio entre las propuestas de orden técnico y el tema del bienestar. El norte debe ser producir un rebote en el crecimiento que alivie la situación de la población”.

Además, consideró importante una transformación en la estructura de la economía:

“Mi visión es que Venezuela va a cambiar y todos tenemos un rol en visualizar ese futuro. Hay una estructura perversa de incentivos donde el que tiene el poder del Ejecutivo tiene una dominancia absoluta sobre el resto de la sociedad. Nosotros tenemos que comenzar a cuestionar esa estructura si queremos vivir en una sociedad libre y democrática. Tenemos que crear una economía con unas bases productivas inclusivas que generen espacios distintos a la succión de la renta petrolera, de lo contrario nunca vamos a tener ciudadanos autónomos del Estado”.

La ingobernabilidad

Ángel Alayón observa una estrecha relación entre el colapso de la economía y la protesta en las calles:

“¿Qué hubiese pasado si el modelo chavista hubiese logrado extender el boom de consumo por unos cuántos años más? ¿Tendríamos una protesta como la actual? El fracaso económico del gobierno y del modelo chavista que terminó de desnudarse con la caída de los precios y la producción petrolera es motor fundamental de la crisis”.

Hay que negociar

José Guerra afirmó que tras un cambio político que abra las puertas a un proceso de reformas, el país tiene que permitir, en mayor medida, la inversión privada en el sector petrolero.

“Mi posición es abrir la industria petrolera al capital nacional e internacional. ¿Por qué los ricos de Venezuela no pueden invertir en petróleo y sí la Chevron Corporation o Repsol? ¿Por qué Mendoza o Cisneros no pueden tener empresas venezolanas de petróleo?¿Por qué los trabajadores no pueden invertir en fondos petroleros y tiene que tener su dinero únicamente en los bancos?”

Afirmó que es necesario un proceso de negociación con el chavismo para superar la crisis política:

“Creo en una salida política, negociada. Tiene que haber una salida. Si hay que hacer una ley de amnistía hay que hacerla para darle estabilidad al país”.

Cuidado con el péndulo

Ronald Balza alertó que debe evitarse a toda costa caer en un movimiento pendular sin ningún tipo de análisis:

“Hay que tener cuidado con la simplificación de los problemas. Que mañana se nos diga que la solución está en privatizarlo todo porque la propiedad privada es buena y la pública mala. ¿Quiénes son los que van a comprar? ¿Con cuáles regulaciones? Se corre el riesgo que como respuesta a estas preguntas se nos tache de controladores y se nos diga que ya tuvimos suficiente chavismo”.

Profundizó en este tema y señaló:

“El hecho de que tengamos un ingreso petrolero concentrado en la administración de unos pocos a los que no se les puede hacer rendir cuenta, crea una estructura con incentivos para que ese poder quiera mantenerse en el tiempo y usufructuar. Eso tiene consecuencias económicas, sociales y políticas. Puede que se nos plantee que la solución es privatizar Pdvsa, con lo cual simplemente el poder cambiaría de manos. El tema es cómo garantizar que el poder se distribuya y no se concentre en otras manos”.