1. ¿Por qué todos recuerdan El Caracazo y nadie el aumento de la gasolina de Caldera? A la hora de preguntarse si las condiciones están dadas para subir el precio de la gasolina, la respuesta puede ser el popular “la masa no está pa’ bollo”. Sin lugar a dudas, eso aplica para este año, mientras el Gobierno aún se pasea extintor en mano tratando de apagar las “candelitas” que a cada tanto se encienden en las principales ciudades del país, pero también ha aplicado para cada año de la última década y media.
¿Puede incrementarse el precio de la gasolina si la mecha está encendida?
El último incremento en el importe de los combustibles fue a finales de los noventa y no fue aislado. Es necesario recordar que aquel aumento formó parte de un conjunto de ajustes que aplicó el gobierno de Rafael Caldera en su segundo período para minimizar su potencial impacto social y llevar el precio de la gasolina y el diésel automotor a un nivel que pudiera cubrir los costos de producción y, de paso, dejar una ganancia razonable a los intermediarios, quienes habían comenzado a florecer al surgir nuevas oportunidades de negocios en el mercado interno.
En esa década todavía era una novedad que en las estaciones de servicio proliferaran nombres de empresas transnacionales como Mobil, Texaco y Shell o firmas como Trébol o Llanopetrol, conformadas por empresarios locales que hicieron uso de la Ley de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles promulgada en 1998 para compartir el negocio con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en calidad de mayoristas.
Sin embargo, la Ley de Apertura del Mercado Interno no removió la potestad del Ejecutivo para fijar los precios de venta, de manera que el nuevo modelo se limitó a introducir participantes a la cadena de comercialización de los combustibles, que desembolsaron capital para dinamizar y modernizar las estaciones y el servicio de transporte, pero sin dejar de depender de PDVSA y el Estado para su toma de decisiones.
Caldera autorizó la aplicación de estos ajustes hasta que comenzaron a pasar simplemente desapercibidos, algo especialmente curioso si se recuerda que el precio se multiplicó por 10. Seguramente usted no los recuerda ni haya escuchado hablar sobre oleada alguna de protestas contra esa política, aunque es necesario acotar que efectivamente se trató de un período de elevada inflación, principalmente derivada de la devaluación de la moneda.
Una de las claves del éxito fue garantizar una diferencia importante de precios respecto al diésel automotor, cuyo precio final representaba la mitad del precio de la gasolina y era el insumo ideal para el transporte carga. Eso permitió (y probablemente también lo haría ahora) amortiguar el impacto de los aumentos sobre el precio final de los alimentos y también sobre el transporte público, cuyas unidades privilegiaron el uso de diésel al de gasolina.
En resumen: nadie se acuerda de los aumentos de Caldera, pero todo el mundo se acuerda vivamente, eso sí, de El Caracazo. Y décadas después estos episodios han pasado a simplificarse tan olímpicamente en la mente colectiva que muchos afirman sin bemoles que el aumento de la gasolina provocó la salida del pueblo a la calle y los saqueos. Algo similar sucede al afirmar ahora que la detención de Leopoldo López es lo que está causando que muchos salgan a protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La inconformidad se va gestando hasta un punto de intolerancia y la toma de decisiones políticas adversas o controversiales en medio de esos caldos de cultivo puede producir un detonante. ¿Pero lo haría ahora?
2. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Escuchar a los funcionarios de un Gobierno socialista que ha multiplicado sin freno los subsidios hablar abiertamente de la imperiosa necesidad de aplicar un ajuste de precios a los combustibles, que ya acumulan 16 años de congelación haciendo a Venezuela el país con la gasolina más barata del mundo, dice mucho.
Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, reveló hace poco los números que están detrás de los onerosos subsidios a los combustibles, dejando al auditorio perplejo. Los cálculos de economistas y periodistas se habían quedado cortos: se requiere multiplicar 28 veces el precio de un litro de gasolina y 50 veces el diésel solo para cubrir los costos de producción.
Y Ramírez no llegó a mencionar otros subsidios groseros a los energéticos en Venezuela, que van desde el gas natural residencial, comercial e industrial, pasando por el gas licuado de petróleo (GLP) que se expende en bombonas para cocinar, pudiendo llegar hasta las maltrechas tarifas eléctricas.
PDVSA ya no percibe ni un céntimo por esas ventas al mercado interno, pues en la mayoría de los casos los intermediarios de la cadena de comercialización se quedan con la totalidad de los ingresos para cubrir una parte de sus costos de funcionamiento y en el resto el combustible es entregado a cambio de otras formas de energía, como ocurre entre PDVSA y Corpoelec.
No está entendiendo mal. Usted mismo lo puede simplificar así: PDVSA ya no nos cobra la gasolina, ni el diésel ni el gas doméstico y, de paso, le paga un monto mensual a transportistas y expendedores para que puedan procurarles estos combustibles a usted.
Y estamos hablando de 618.000 barriles por día de combustibles (de los cuales son 299.000 bpd de gasolinas y 254.000 bpd de gasóleos para autos y plantas eléctricas) que se tragó el mercado interno el año pasado, según los números preliminares que el Ministerio de Petróleo entregó hace pocos meses atrás a la Asamblea Nacional en su Memoria y Cuenta.
La demanda sigue creciendo, a cuentagotas pero sin detenerse, todos los años. Venezuela representa el tercer mercado interno que más combustibles consume en Latinoamérica, después de Brasil y México. Y no es necesario hablar del número de habitantes que tienen esos países para darse cuenta que en términos per cápita Venezuela tiene una garganta profunda.
Lo que ha cambiado, casi 16 años después del último aumento de la gasolina, es que el subsidio a los energéticos se ha convertido en una bola de nieve que avanza a toda velocidad colina abajo, haciéndose más grande, más pesada e indetenible.
Al recibir en efectivo sólo dos tercios del crudo y los derivados que exporta, debido a los intercambios y financiamientos previstos en los convenios con China, Petrocaribe, Cuba, Argentina y el Acuerdo Energético de Caracas, PDVSA tiene crecientes y serios problemas de flujo de caja que podría aliviar un poco si ajustara el precio interno de los combustibles. Y vaya que lo necesita.
3. El derecho de nacer. Entendido esto, los venezolanos normalmente se derivan en dos posiciones. Por un lado están quienes consideran que disfrutar de una gasolina (ya no barata, sino regalada) es un derecho inalienable de nacimiento que deben conservar hasta su muerte bajo cualquier circunstancia política y económica del país. Y por el otro están quienes dicen que aceptarían una ajuste si y sólo si PDVSA primero corta todos los subsidios, regalos, financiamientos, ayudas, intercambios y trueques con otros países. Pero ambas posiciones tienen características que, siendo pragmáticos, dificultan estar de acuerdo con alguna de las partes.
El derecho del ciudadano a compartir los beneficios de una empresa petrolera de la cual es accionista no sólo debe aplicar para las vacas gordas, sino también para las flacas. Y éste es un momento de obvia desventura para PDVSA. La visión de una empresa petrolera que nadaba en billetes verdes y transfería esa riqueza a los venezolanos para crear la Venezuela saudita de finales de los 70 y principios de los 80 es ahora una mera ilusión. Así como vinieron esos beneficios, se licuaron. La multiplicación de pesadas cargas económicas y políticas sobre la estatal no ha hecho más que dejarla a merced de los intereses del Gobierno de turno, sin una visión comercial de largo plazo que permita garantizar en el tiempo su estabilidad.
En forma directa e indirecta, miles de personas se benefician de las misiones y programas sociales de PDVSA, pero la forma en la que ahora se percibe y se distribuye la renta petrolera condiciona las transferencias a criterios políticos, propiciando a su paso la opacidad y la corrupción. Acceder a la renta es ahora un privilegio limitado y no un instrumento de modernización de país. De manera pues que PDVSA no está en posición de seguir soportando el peso de subsidios de la magnitud de los que existen en Venezuela.
Y tampoco está en posición de soportar ya más los subsidios externos. El mecanismo acordado para los onerosos préstamos del Gobierno con China benefician al Estado, pero perjudican enormemente a PDVSA, que queda atada de manos para poder pagar oportunamente a sus proveedores, al no contar con suficientes divisas y tener que rendir las que le quedan para ser liquidadas a través de todos los sistemas cambiarios que ha ideado la quinta república desde que restringió por primera vez el libre acceso a las divisas en el año 2003, un mecanismo que ha demostrado ser inútil para evitar la fuga de capitales y que tiene como fuente de dólares una sola empresa: PDVSA.
Desentrañar la madeja de convenios que se ha tejido en 15 años tomará tiempo y un gran esfuerzo, pues en este punto Venezuela no cuenta con una fila de empresas y bancos internacionales dispuestos a prestarle dinero. Y seguramente antes de que sea posible saber cuánto debe PDVSA o cómo podría sanear sus cuentas, será imperioso incrementar el precio de los combustibles ya no por la supervivencia de una empresa, sino de la economía de un país. Antes o después, es una medida inevitable.
Las soluciones fáciles hace tiempo se acabaron. Venezuela es un país rico solo en teoría. Y los venezolanos deben acostumbrarse a pensar que aun “nadando en petróleo”, como algunos dicen que estamos, los energéticos tienen un costo que hay que pagar.