El 2015 estuvo caracterizado por la caída de los precios del petróleo, agudización de la escasez de bienes y servicios, y la aceleración de la inflación. Frente a esto, el Ejecutivo Nacional avanzó en cambios regulatorios enfocados en el ejercicio de un mayor control y discrecionalidad política, así como en la profundización del intervencionismo económico.
Mayor control y discrecionalidad política
A lo largo del año, el Gobierno amplió su control a nivel político mediante la Ley Habilitante, la eliminación de la elección directa de diputados al Parlatino y el cierre de la frontera con Colombia.
1. Nueva Ley Habilitante. El 15 de marzo de 2015 se oficializó la Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz que otorgó al presidente Maduro la facultad de dictar decretos-ley hasta el 31 de diciembre de 2015, en el ámbito de la libertad, igualdad, justicia y paz internacional, independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación nacional. Esta es la sexta Ley Habilitante que el parlamento aprueba desde 1999.
2. Cierre de la frontera. El 20 de agosto de 2015, luego de que tres miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas que luego se traduciría en la activación de Estados de Excepción en gran cantidad de municipios fronterizos.
El 21 de agosto de 2015, el presidente Maduro decretó Estado de Excepción en tres municipios de estado Táchira “como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente”. A la fecha, hay 24 municipios fronterizos en Estado de Excepción: entre agosto y septiembre de 2015 se decretó Estado de Excepción en 10 municipios de Táchira, 10 de Zulia y 3 de Apure, todos prorrogados por 60 días entre octubre y noviembre. Por su parte, en octubre se decretó el Estado de Excepción en un municipio de Amazonas y probablemente será prorrogado.
Edgar Díaz, gobernador del departamento colombiano de Santander, indicó que el cierre de la frontera está afectando a alrededor de 150 mil personas diarias (principalmente estudiantes). Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, aseveró que el sector alimentos, metalmecánico y metalográfico se han visto afectados ya que no pueden recibir insumos; y luego de 20 días del cierre de frontera, indicó que la reducción de la actividad comercial arrojó pérdidas por US$ 60 millones. Jorge Alí Casanova, presidente de la Cámara de Transporte Pesado en Táchira, indicó que más de 5.000 conductores del sector se encuentran desempleados.
3. Incremento de los créditos adicionales. El Presupuesto de 2015 preveía un gasto público de Bs.F 741 millardos. Pero hasta el 8 de diciembre de 2015 se habían aprobado 501 créditos adicionales, sumando un total de Bs.F 1.394 millardos, aumento el gasto público en 188%. Esto se ha traducido en aumentos sustanciales de la liquidez monetaria, que en lo que va de año aumentó en 99,8% y los créditos adicionales aprobados equivalen a 75% de este aumento.
Profundización del intervencionismo económico
El Gobierno alegó que para recuperar el poder adquisitivo de las ciudadanos y para disminuir el desabastecimiento del país, implementó la reforma a la Ley de Precios Justos, el marcaje obligatorio de precios en envases y productos, capta-huellas en los establecimientos privados y públicos, cuatro aumentos del salario mínimo, entre otras cosas.
4. Ley de Precio Justo. Esta ley deja a criterio de la SUNDDE y del Ejecutivo Nacional la fijación del “Precio Justo” de productos de primera necesidad y prevé la fijación de precios máximos de ventas al público para los demás bienes. La reforma incluye multas deducibles de ingresos netos si el infractor resultara ser un contribuyente especial y aumenta –además– las sanciones penales. Se incluyeron nuevas infracciones sujetas a sanción, tales como la alteración fraudulenta de precios. (G.O. Extr. N° 6.202, 08/11/15)
El presidente Maduro creó un “Comando Especial de Precios Justos” coordinado por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, para velar por el cumplimiento de la nueva normativa. En su primer mes de funcionamiento se realizaron 8.034 fiscalizaciones: promedio de 260 por día.
5. Marcaje de Precios. La Vicepresidencia de la República publicó el nuevo marco que regula las modalidades para la determinación, fijación y marcaje de precios en todo el territorio nacional. Estableciendo un Precio Máximo de Venta al Productor o Importador (PMVPI), un Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y un Precio Justo (PJ) a ser fijado y determinado por la SUNDDE. Se establece el Margen de Intermediación (MI), indiferentemente del número de intermediarios en la cadena de comercialización, no puede exceder 60%, mientras que el margen de ganancia para importadores se coloca en 20% y para productores en 30%. (G.O.N° 40.774, 26/10/15)
6. Mayor control sobre la distribución de alimentos. En marzo de 2015, se creó la Comisión Presidencial Agroalimentaria para velar por la seguridad y soberanía agroalimentaria (G.O. N° 40.629, 26/03/15). En abril, se dictan normas dirigidas a personas naturales o jurídicas que produzcan, importen, acondicionen, almacenen, despachen, transporten, distribuyan y/o comercialicen productos agroalimentarios. (G.O.N° 40.634, 07/04/15)
7. El Gobierno Central reorganiza sus actividades “productivas”. En marzo de 2015, los entes adscritos del Ministerio de P.P para la Agricultura y Tierras, las Unidades de Producción Socialistas Agrícolas (UPSA), las Unidades de Producción Social (UPS) pasaron a conformar los siguientes conglomerados agrícolas: Productivo Agrícola, Agroindustrial, Logística y Distribución, y Apoyo y Desarrollo. (G.O.N° 40.618, 11/03/15). Además, en octubre se oficializó la creación de la Corporación Socialista del Sector Automotor, C.A., de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A., de la Corporación Socialista del Sector Vidrio y Envases, C.A. y de la Corporación Socialista de Economía Forestal, C.A. (G.O.N° 40.762, 07/10/2015)
Resalta el carácter discrecional de medidas como la instalación de casi 4.000 consejos populares de abastecimiento en mayo, con el objetivo de monitorear la distribución de los alimentos; y la orden –rápidamente cancelada– de desviar alimentos a la red pública en julio. Incluso, en octubre la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria comenzó a cobrar la elaboración de las guías de transportes, comercialización, distribución y movilización de alimentos, lo que según Cavidea impactará en el costo de los alimentos.
8. Nuevo sistema cambiario. El 10 de febrero de 2015, se anuncia que se mantendría el sistema Cadivi/Cencoex para la asignación de divisas a sectores prioritarios, se unificaría Sicad I y Sicad II y se crea el Sistema Marginal de Divisas (Simadi). Al momento de hacerse el anuncio, el ministro Marco Torres precisó que 70% de los requerimientos de divisas serían cubiertos vía Cadivi/Cencoex, 30% vía Sicad Unificado y cualquier adicional vía Simadi.
El nuevo esquema implicó la migración del sistema cambiario a la banca pública y se establecieron nuevos límites de adquisición de divisas para viajes en el exterior (G.O.N° 40.636, 09/04/15). Además, para sustituir a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), se designó a Cencoex como autoridad administrativa para realizar la inspección y fiscalización del régimen de administración de divisas (G.O.N° 40.670, 28/05/15).
9. Legalización e ilegalización del dólar paralelo. En la reforma de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos de 2014 de febrero de 2014 (G.O. Extr. Nº 6.126) se eliminó el ilícito que estaba previsto en el artículo 17 sobre la divulgación de información financiera o bursátil sobre las cotizaciones diferentes al valor oficial. No obstante, en el artículo 62 de la nueva Ley Orgánica de precios justos se estableció que “quien de manera directa o indirecta, con engaño y fines de lucro, aplicare o informare, por cualquier medio, un tipo de cambio distinto al fijado por el Ejecutivo Nacional para la estimación de precios de bienes o servicios, en el territorio nacional, será sancionado con prisión de 8 a 10 años” (G.O. Extr. N° 6.202, 08/11/15).
10. Medidas para atender la escasez de divisas: retiro de fondos del FMI, venta de oro al BCV y venta de vehículos en dólares. La escasez de divisas se ha profundizado con la paulatina caída del precio del crudo. Esto ha llevado al Gobierno Central a, por ejemplo, liquidar parte de los derechos especiales de giro que Venezuela tenía en el FMI y a declarar la venta obligatoria al BCV todo el oro encontrado mediante actividades de exploración o explotación en el territorio venezolano (G.O.Nº 40.692, 30/06/15 – prórroga de un año en G.O. N° 40.790, 17/11/15).
Por otro lado, resalta la venta de vehículos en dólares: tras meses de fuerte discusión, se alega que desde principios de septiembre de 2015, Ford Motors inició la venta de vehículos en dólares para intentar mantener la operatividad de la planta y proteger 3.000 puestos de trabajos directos e indirectos.