Margarita López Maya: “Ni la Asamblea Nacional, ni la Fiscalía están acorraladas”

Margarita López Maya retratada por Roberto Mata

El Tribunal Supremo de Justicia desconoció las atribuciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, a finales de marzo. La Fiscal General denunció la ruptura del hilo constitucional a partir de esa decisión. Desde entonces, Venezuela acumula cuatro meses de protestas en las que el Ministerio Público ha contabilizado 121 fallecidos y casi 2.000 lesionados. Margarita López Maya, historiadora y analista, considera que la ciudadanía debe prepararse para enfrentar los obstáculos que imponen la ausencia de separación de poderes y la represión del Estado.

—¿Con qué mecanismos cuentan los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la Constitución de 1999 tras la aprobación de la Asamblea Constituyente?

—En Venezuela no hay árbitros. El Tribunal Supremo de Justicia está sometido a la voluntad del presidente Nicolás Maduro, de manera que las vías institucionales están bloqueadas para que se obedezca la voluntad popular. Para la Fuerza Armada, como sostuve en un artículo previo que hice para Prodavinci, es cada vez más costoso seguir obedeciendo a un presidente que no es respaldado por la voluntad popular. La escasa participación de la población en las elecciones de la Asamblea Constituyente, los niveles de violencia, la manipulación de la información y el proceso fraudulento llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, también son vistos por los militares y tendrán que evaluar hasta qué momento van a seguir apoyando a un gobierno que es capaz de sacrificar a una nación entera para perpetuarse en el poder. Hay que insistir y presionar a ese actor para que se ajuste a la Constitución, como se le dijo en la consulta popular del 16 de julio. La población venezolana debe perseverar en su lucha por una transición pacífica y democrática. Es necesario reajustar la agenda de movilizaciones, hacerlas más eficientes y menos interruptoras de la vida cotidiana de la población, que a mi modo de ver afectan más a la población que al gobierno de Maduro. Se debe continuar reseñando, documentando los abusos, se debe seguir denunciando a Maduro e insistir con la presión internacional.

—Manifestantes, magistrados y dirigentes están siendo juzgados en tribunales militares. Los cuerpos de seguridad persiguen y abusan a los ciudadanos que protestan. El Ministerio Público y la Asamblea Nacional están acorralados y la Constituyente amenaza con barrerlos. ¿Cómo se defiende una sociedad de sus propias instituciones?

—Este es un juego político complicado, donde el corazón de esa dinámica es la legitimidad. Ni la Asamblea Nacional, ni la Fiscalía están acorraladas. La legitimidad está del lado de ellas, porque el pueblo, que es el depositario de la soberanía nacional, se ha pronunciado claramente a favor de ambas. Ojalá se logre una coordinación de esas dos instituciones que han rescatado la democracia y el estado de derecho venezolano para que puedan abrir un camino hacia la transición democrática. Ambos poderes reciben el respaldo internacional de asociaciones y gobiernos. Sé que muchas personas quisieran tener una solución inmediata, pero los canales institucionales están bloqueados por la falta de un árbitro interno. El Gobierno no obedece a las instancias internacionales, ni se ajusta a las resoluciones interamericanas de resolución de conflictos. Por eso hay que perseverar hasta lograr salir de esta crisis.

—¿Cuál es la lección que los venezolanos debemos aprender de esta coyuntura?
—Hay que proteger más a la población durante las protestas. Los partidos políticos venezolanos han sido muy débiles electoral y organizativamente. Deben fortalecerse esas dos dimensiones para conducir a la población cuando se exponen en espacios públicos y confrontan a la autoridad. Hay muchos grupos autónomos que están actuando por su cuenta en las calles, que no obedecen a nadie, sino a ellos mismos. Los partidos políticos, de alguna manera, se doblegan a la voluntad de esos grupos pequeños porque no tienen la capacidad de conducir y ejercer legítimamente la dirección política. Los partidos políticos han tenido permanente conflicto entre ellos, compitiendo por liderazgo y eso por mucho tiempo los ha debilitado. La Mesa de la Unidad Democrática no ha hecho suficientes esfuerzos para aprovechar el inmenso quiebre que sucedió en la disidencia chavista cuando Maduro decidió cambiar la Constitución. No se han hecho los suficientes esfuerzos para articular un frente común en defensa de la Constitución de 1999. Estamos aprendiendo que fragmentados no podemos hacer nada.

***

LEA TAMBIÉN: