Dado el paso de la Constituyente fraudulenta, la comunidad internacional jugará un papel importante para colaborar en la búsqueda de una resolución a la crisis. A partir de ahora, veremos nuevos esfuerzos y medidas por parte de un número considerable de países y organizaciones internacionales. El objetivo es ayudar a formalizar una negociación genuina, que permita que regrese la democracia a Venezuela.
Cabe mencionar que tal y como ha reconocido Luis Almagro, Secretario General de la OEA, la resolución de la crisis pasa fundamentalmente por los esfuerzos a nivel interno.
El desconocimiento internacional
a la fraudulenta elección y Asamblea Constituyente
Como adelantamos ayer en Prodavinci al evaluar las implicaciones, la realización de la Constituyente tiene como consecuencia su desconocimiento por un amplio número de países. Al momento de escribir este trabajo, veinticinco países se han pronunciado. Once la han catalogado como “ilegítima”, seis han condenado su realización, dos han solicitado reconsiderar su ejecución, otros cuatro la han apoyado y dos países (República Dominicana y Uruguay) simplemente han manifestado preocupación por la situación, apelando al diálogo.
En la práctica, los países que han condenado su realización o han solicitado reconsiderar su ejecución bien podrían catalogarla o considerarla como ilegítima próximamente.
Este escenario podría complicar en buena medida la capacidad de gobernar del régimen y de las autoridades que surjan de la fraudulenta Constituyente, ya que estos países bien podrían limitar o cesar las relaciones diplomáticas y/o comerciales con Venezuela. Aproximadamente un 70% de lo que consumimos los venezolanos proviene del extranjero, el Estado venezolano tiene activos estratégicos en el exterior y el 95% de sus ingresos son producto de la venta de petróleo. De los 16 países que son nuestros principales socios comerciales, 11 países ya han catalogado la constituyente de ilegítima, han condenado su realización o han pedido reconsiderar su ejecución. De los otros cinco países, cuatro no se han pronunciado y Uruguay adoptó una posición muy tibia.
Mención especial merece la posición de China y Rusia. De concretarse el aislamiento internacional, el régimen necesitará mayor asistencia de estos países. China, que recientemente destacó que esperaba que todas las partes “resuelvan las diferencias conforme a la Constitución y a través del diálogo”, ha ido limitando progresivamente sus relaciones comerciales con Venezuela y no pareciera estar dispuesta a seguir asumiendo grandes riesgos. Por su parte, Rusia experimenta una crisis económica, Estados Unidos acaba de ampliar las sanciones en su contra y no pareciera tener músculo suficiente para asistir económicamente al régimen. Además, ambas naciones han manifestado recientemente su preocupación por la falta de estabilidad en Venezuela, sugiriendo que no estarían muy dispuestas a seguir asumiendo riesgos a la hora de invertir.
Finalmente, también el presidente del Parlamento Europeo se ha pronunciado y ha catalogado a la fraudulenta Constituyente como un “nuevo golpe para la democracia”. No obstante, se trata de un pronunciamiento importante pero simbólico, porque el Parlamento Europeo no tiene competencias en materia de política exterior. De hecho, el portavoz de otro órgano –la Comisión Europea– declaró más cautamente que “una Asamblea Constituyente, elegida en circunstancias dudosas y frecuentemente violentas no puede ser parte de la solución. Incrementa la división y deslegitimará a las instituciones venezolanas electas democráticamente”. La determinación de la política exterior oficial corresponde al Consejo Europeo, conformado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, el cual también sería el encargado de decidir eventualmente (y necesariamente por unanimidad) si Europa impone sanciones.
Las sanciones a funcionarios del régimen
e integrantes de la Asamblea Constituyente
Es muy probable que más funcionarios del régimen, así como integrantes de la Constituyente sean sancionados por Estados Unidos. Inéditamente, países de América Latina como Colombia, México y Panamá ya han anunciado que replicarán estas medidas de prohibición de entrada y congelamiento de activos en sus territorios. Se espera que más países de la región se sumen a la misma. Igualmente, si la Unión Europea impone sanciones, es previsible que comience sancionando a funcionarios del régimen y/o de la fraudulenta Constituyente.
Las posibles sanciones económicas
Estados Unidos ha amenazado con sanciones económicas, y es muy probable que comience a imponerlas durante las próximas horas. Según Reuters, las primeras medidas no incluirían una prohibición de importar petróleo venezolano a Estados Unidos, pero sí vedarían la venta de crudo liviano desde Estados Unidos a Venezuela, el cual es utilizado para mezclarlo con crudo pesado venezolano para luego exportarlo.
Asimismo, la Casa Blanca estaría considerando restringir el acceso al gobierno venezolano y a PDVSA al sistema bancario estadounidense. No puede descartarse que eventualmente varios países latinoamericanos tomen medidas análogas, incluyendo restricciones comerciales con Venezuela. Por su parte, la Unión Europea también podría imponer sanciones económicas, aunque su impacto sería más limitado ya que las relaciones comerciales de sus países con Venezuela no son tan amplias como las de Estados Unidos.
La reunión de cancilleres convocada por Perú
Perú ha convocado una reunión de cancilleres para el martes 8 de agosto. El objeto de la cita es “evaluar la situación” y ya han confirmado su asistencia al menos 12 países. Como producto del encuentro, los países presentes podrían emitir una declaración conjunta y/o decidir, de manera conjunta o separada, medidas diplomáticas como el retiro de sus embajadores en Venezuela, el cese de las relaciones diplomáticas o la expulsión de ciertos diplomáticos venezolanos de sus territorios. Tampoco puede descartarse la adopción de medidas económicas. Al no realizarse en el marco de una organización, no hay mayorías requeridas para adoptar decisiones y cada país sería libre de proceder como estime conveniente.
Los esfuerzos por una eventual negociación
Prácticamente todos los comunicados emitidos por la comunidad internacional en las últimas horas resaltan la importancia de que los venezolanos resolvamos la crisis a través de una negociación genuina. Dada la ausencia de instituciones en Venezuela, esa eventual negociación – que por ahora parece poco probable– tendría que contar con cierto grado de impulso y participación internacional. Una de las deudas pendientes y urgentes de los países del hemisferio es concretar un ambiente propicio para que esa negociación eventualmente ocurra.
La propuesta central que se maneja –y que fue recientemente ratificada hasta por el propio expresidente Zapatero– es la conformación de un grupo de países amigos que sirvan de mediadores y se conviertan en vigilantes de lo acordado. El éxito de dicha gestión pasaría porque el grupo cuente con países aceptados por el gobierno y por la oposición. Los esfuerzos por convencer a países como República Dominicana, Ecuador, El Salvador e incluso Bolivia y Cuba para que presionen al régimen serán cruciales.
La posible suspensión del Mercosur
Los países del Mercosur podrían decidir la suspensión de Venezuela conforme al Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. En principio, la medida sería simbólica porque en diciembre de 2016 Venezuela ya fue excluida como Estado Parte. Sin embargo, en esa oportunidad la razón para la exclusión fue el incumplimiento del Estado venezolano en la adopción de la normativa del Mercosur.
Si se concreta la suspensión conforme Ushuaia, sería un reconocimiento expreso de la inexistencia de democracia, garantizando además que incluso si Venezuela ganara el arbitraje que ha iniciado por su suspensión de 2016, no podría recuperar sus derechos en el Mercosur hasta tanto no regrese a la democracia. Aunque Argentina, Brasil y Paraguay parecen estar dispuestos, la medida depende de la aprobación de Uruguay, quien por ahora se ha negado a apoyarla y hoy adoptó la posición de pedir otra vez un “diálogo” luego del fraude Constituyente.
El rol de la OEA
El desarrollo de la crisis ha demostrado que la OEA no cuenta con las herramientas para responder ante una situación como la que vive Venezuela, especialmente si se está lidiando con un régimen que decide autoexcluirse de la organización. Lo máximo que podía haber logrado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana era esa suspensión. Ante la imposibilidad de siquiera lograr la mayoría necesaria para adoptar una declaración, el rol de la OEA ha quedado fundamentalmente limitado a los esfuerzos de su Secretario General, Luis Almagro. Su objetivo es y será mantener la atención sobre la crisis, negándole al régimen el silencio e impunidad por las múltiples violaciones a los derechos humanos que suceden diariamente.
La posible remisión de la situación a la Corte Penal Internacional
En una decisión estratégica clave, el 25 de julio el Secretario General de la OEA nombró al ex Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, como asesor especial para investigar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En septiembre y octubre Moreno-Ocampo realizará unas audiencias para recabar información y luego presentará sus conclusiones ante el Consejo Permanente de la OEA.
Si concluye que existen elementos suficientes para que alguno(s) de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos sean juzgados por la Corte Penal Internacional, entonces (conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma) bastaría que al menos un país (de los 28 de la OEA que son parte de la Corte) remitiera la situación a la Corte Penal. Así, la Fiscalía de la Corte iniciaría formalmente las investigaciones. Sería un procedimiento largo, cuyas eventuales órdenes de captura difícilmente serían ejecutadas hasta que no hubiese un cambio en Venezuela, pero demostrarían concretamente a lo interno del régimen que eventualmente habrá justicia.
El posible tratamiento de la crisis en el Consejo de Seguridad de la ONU
Ante la progresiva escalada de la crisis, de la violencia y sus efectos sobre otros países, no se puede descartar (aunque por ahora es poco probable) que la situación sea formalmente discutida en el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de mantener la paz y seguridad internacional. El problema en esta instancia es que cualquier decisión vinculante –desde la imposición de un régimen global de sanciones (incluyendo un embargo de armas) hasta la autorización del uso de la fuerza, podría ser vetada por sus miembros permanentes (entre los que están China y Rusia). Allí las gestiones diplomáticas de Estados Unidos podrían ser cruciales.
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