Jennifer McCoy
La relación de Jennifer McCoy con Venezuela es de larga data. Comenzó a estudiar el país en 1986, cuando gobernaba Jaime Lusinchi. Se concentró en dos temas que treinta años más tarde siguen siendo esenciales: las consecuencias de las crisis económicas y el estado de nuestra democracia. En 1987, empezó a trabajar en el Centro Carter, la organización no gubernamental fundada por el expresidente de Estados Unidos para promover los derechos humanos, y donde en 1998 asumió el cargo de Directora para las Américas.
Esa responsabilidad, que mantuvo hasta 2015, y que siempre combinó con la academia, la llevó entre 2002 y 2004 a ser una de las protagonistas de la misión integrada por el Centro Carter, la OEA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que promovió el primer proceso de diálogo en la Venezuela del chavismo. Hoy, 13 años después, conversó en exclusiva con Prodavinci sobre las lecciones de aquel episodio, la grave crisis que vive el país y los exigentes retos que tenemos los venezolanos por delante.
La profesora McCoy, dedicada ahora exclusivamente a la enseñanza en la Universidad del Estado de Georgia, apela a una óptica racional. Su testimonio tiene especial valor en una Venezuela donde cada vez es más difícil que no se impongan las emociones.
Empecemos con el proceso de diálogo que hubo entre 2002 y 2004. ¿Por qué cree usted que el gobierno estuvo dispuesto a participar en ese proceso y cuáles son las diferencias con la situación actual?
En términos del poder relativo entre gobierno y oposición, la situación en el año 2002 era distinta. Luego del golpe de estado del 11 de abril, Chávez se sentía debilitado. El gobierno no controlaba los medios de comunicación y tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo estaban divididos. Yo diría que había una distribución de poder más equilibrada. La comunidad internacional, por su parte, estaba más dispuesta a presionar por un diálogo para que se buscara una salida electoral, la cual terminó siendo el revocatorio.
Así se logró conformar ese grupo un tanto inusual de la OEA, el PNUD y el Centro Carter. La oposición quería la participación de la OEA. Entonces el presidente Chávez invitó al Centro Carter. Esto generó cierta desconfianza en la oposición hacia el Centro. Pero más allá de las percepciones, OEA y Centro Carter, con la ayuda de un tercero más imparcial a los ojos de ambas partes como el PNUD, logramos trabajar juntos.
Actualmente, las instituciones, exceptuando la Asamblea Nacional y más recientemente la Fiscalía, están controladas por el gobierno. El caso de los medios de comunicación también es relevante, pues quedan pocos espacios donde se le da cabida a la oposición y su alcance es limitado. Pero quizás la diferencia más importante es que el gobierno ha perdido el apoyo popular, así que existe una asimetría en donde sigue controlando distintos estamentos del poder, pero no tiene el apoyo popular. En consecuencia, han decidido imponerse desconociendo a los ciudadanos.
Si uno revisa el texto del acuerdo alcanzado en aquélla oportunidad, bien podría decirse que ese proceso fracasó. Temas como el desarme de civiles y el respeto al Estado de Derecho, mencionados expresamente, continúan siendo trascendentales y tareas pendientes en la Venezuela actual. ¿Por qué no se concretaron esas promesas?
Cuando se firmó el acuerdo ya era evidente que había diferencias subyacentes que no iban a ser resueltas con el revocatorio. Me refiero especialmente a asuntos institucionales como la independencia de los poderes, el manejo de PDVSA, la distribución de la renta petrolera y los hechos de abril de 2002. También el desarme de los civiles. El texto refería varios temas, pero no se implementaron porque nunca hubo un verdadero acuerdo para avanzar en ese sentido. Al final del día, hay temas que ni siquiera la celebración de unas elecciones puede resolver.
Si interpreto lo que ha dicho hasta ahora, da la impresión de que haría falta una fractura seria dentro de la coalición de gobierno para que efectivamente al menos un sector del régimen busque una salida.
Si volvemos al año 2002, es cierto que Chávez se sentía vulnerable luego del 11 de abril. Pero al mismo tiempo estaba consciente de que conservaba una base de apoyo popular. Esa no es la situación actual del gobierno de Nicolás Maduro. Esta debilidad en el apoyo popular viene además acompañada de una situación de vulnerabilidad en el ámbito financiero, tal y como ha quedado evidenciado en las últimas operaciones como la que involucró a Goldman Sachs.
El régimen de Maduro se está aferrando al control que todavía ejerce sobre las fuerzas de seguridad, sobre las armas, sobre la gran mayoría de los medios de comunicación y otros poderes. Conscientes de la falta de apoyo popular es que están reacios a permitir una salida electoral. En cambio, entre 2002 y 2004, ambos lados pensaban que podían ganar el revocatorio.
Pienso que el factor determinante para que un sector importante del chavismo todavía no haya buscado una salida es el temor sobre si habrá una cacería de brujas con un cambio de gobierno. Hay una porción que ha estado inmersa en actividades criminales y sabe que algún castigo habrá si pierden el poder. Pero también hay un grupo que simplemente ha apoyado al gobierno, obviamente recibiendo beneficios y que tienen temor sobre lo que podría pasar. Especialmente si se tiene en cuenta que entre el 11 y 12 de abril de 2002 hubo hechos de persecución y varios chavistas llegaron a temer por sus vidas. Por eso creo que, si particularmente ese segundo grupo no recibe algún tipo de garantía de que habrá un debido proceso o incluso se concretarán beneficios legales, es poco probable que acceda a buscar una salida.
¿Ve factible una solución negociada en las circunstancias actuales? Pareciera que tanto gobierno como oposición están tratando de imponerse.
Sería lo deseable. Efectivamente, la oposición está apostando a mantener la protesta y presión de calle. Hasta ahora ha sido una sorpresa que se haya mantenido por tanto tiempo, pero continuará siendo una incógnita si puede hacerlo hasta que haya un cambio. Si logran mantener las protestas, ello generará mayor presión en el gobierno, quien tendrá que seguir recurriendo a las fuerzas de seguridad del Estado, quienes a medida que pasa el tiempo podrían cansarse y estar más reacias a continuar con la represión. Por ahí podría darse una salida. El gobierno, por su parte, está jugando a esperar que la gente se canse, que quienes manifiestan tengan que volver al trabajo y a sus otras responsabilidades. Si ello ocurre, entonces quedarían unos pequeños focos que serían fáciles de reprimir. Por eso ambas partes mantienen la esperanza de que pueden ganar.
Sin embargo, existe el riesgo que la violencia escale. Y mientras más dure la inestabilidad, el país se irá hundiendo en un hueco del que será muy difícil salir. No es sólo por el tema de la productividad económica sino también por la profundización de diferencias irreconciliables en la sociedad. Estoy segura de que en este momento hay personas buscando una salida negociada. Pero ello no significa que vayan a tener éxito. Venezuela es un país muy polarizado.
¿Podrá Venezuela dejar de ser un país con sectores polarizados?
Sí es posible. España, Irlanda del Norte, Chile, son ejemplos de que es posible. Colombia es por ahora un globo de ensayo. Pero lo cierto es que países que han estado en situaciones peores a Venezuela las han superado, logrando la reconciliación y el progreso. Sin duda será difícil, vista la demonización que existe en cierta medida en ambos lados. La retórica política ha sido utilizada por muchos años y de alguna manera ya se ha internalizado la creencia de que quien no piensa igual es una grave amenaza. Hará falta mucho liderazgo, especialmente en la parte emocional. Alguien que diga “todos somos venezolanos”. Y aquí no me refiero sólo al liderazgo político sino también a la Iglesia, comunicadores, intelectuales. Además, en Venezuela ya no hay dos grupos, hasta el chavismo está fracturado. Pero sí, hay esperanza.
La escalada de la violencia es un riesgo presente en Venezuela, especialmente vista la insistencia del gobierno de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente sin que participe la oposición. Algunos incluso han hecho referencia a una posible “guerra civil”. ¿Cómo evalúa este escenario?
Más que una guerra civil, lo que yo veo posible es que aparezcan grupos insurgentes, así sean de bajo nivel. No podemos olvidar que en Venezuela hay muchas armas. Por ahora, se perciben pocas divisiones en las fuerzas armadas, pero eso podría cambiar. Por ende, hay la probabilidad de que la situación escale a un nuevo nivel de violencia. Y lamentablemente ese es un escenario que es posible no sólo en la medida en que el gobierno logre imponer la constituyente, sino también si hay un cambio el gobierno y no se concreta un proceso de justicia transicional.
Precisamente la idea de una posible justicia transicional es actualmente uno de los temas más polémicos en Venezuela. Hay un sector significativo de quienes se oponen al régimen que consideran inaceptable algo distinto a que los altos funcionarios del chavismo que hayan cometido delitos sean enjuiciados.
En Venezuela se debe empezar ya a dar la lucha contra la idea de que un proceso de justicia transicional significa impunidad. La justicia transicional es un mecanismo de justicia especial que se da por la necesidad que existe de superar situaciones de grave conflicto. Y lamentablemente Venezuela ya se encuentra en ese escenario. Por ende, lo que se busca es una transición hacia una nueva forma de paz, porque –además– muy probablemente habrá que rehacer el sistema de justicia.
Si evaluamos la historia de este mecanismo, vemos que se ha desarrollado hasta un punto donde el énfasis no está ya en el castigo a los responsables, sino en las necesidades de las víctimas: la determinación a ciencia cierta de lo que ocurrió, que los responsables admitan lo que hicieron y se concreten garantías de que no volverá a suceder y las necesidades financieras. Por demás, este régimen de justicia especial se podría aplicar tanto a las violaciones a los derechos humanos como a los hechos de corrupción. Esta es una de las áreas donde la comunidad internacional puede y debe ayudar.
Finalmente, hablemos de su valoración sobre el papel de la comunidad internacional. Por ahora pareciera que persisten serias diferencias entre los países y demás actores de la región sobre cómo presionar para que se concrete una solución.
Pienso que la comunidad internacional debe enfocarse en buscar una solución a la crisis humanitaria. Para ello ni siquiera hace falta una negociación entre gobierno y oposición. Es algo que depende totalmente del gobierno. Hay que presionar para que se permita la entrada de ayuda humanitaria, de alimentos y medicinas, con las debidas garantías de que no será distribuida de manera partidista.
Por otro lado, el reto pendiente para la región es concretar un pleno consenso sobre la necesidad de que se reestablezca el respeto a la Constitución, concretado en el reconocimiento a la Asamblea Nacional, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y que se defina un calendario electoral de las elecciones pendientes. Sobre este punto ya hay bastante acuerdo en la mayoría de los países.
Por último, la comunidad internacional debe también plantearse la posibilidad de ofrecer ayuda para superar la crisis económica. Otros países y organizaciones como bancos multilaterales podrían ofrecer incentivos financieros para tratar de convencer al gobierno del respeto de la Constitución de 1999. Sin que ocurra ese cumplimiento a la Constitución en algún grado, será difícil que se supere la crisis.