Fotografía de la OEA
La sesión del miércoles 31 de mayo de la reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre la crisis en Venezuela culminó sin ninguna decisión. Los cancilleres y altos representantes de 26 de los 34 países presentes manifestaron su posición oficial, haciéndose evidente que aún persisten diferencias sobre el papel que consideran deben jugar. Estas discrepancias no permitieron la concreción de un acuerdo para que la mayoría mínima requerida (23 países), hiciera un llamado al cese de la realización de una “constituyente” y al respeto absoluto de la Constitución de 1999. En consecuencia, ahora empieza un proceso de negociación para tratar de emitir un pronunciamiento en las próximas semanas.
El preludio indispensable: la declaración propuesta por la Comunidad del Caribe
Menos de veinticuatro horas antes del inicio de la sesión, los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) dieron la sorpresa proponiendo un proyecto de declaración “consensuado”. La propuesta reconoce la existencia de una crisis política, económica y social y hace un llamado al cese de la violencia, al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, la gran diferencia que contiene con respecto al que propuso Antigua y Barbuda unos días antes es que no contiene un llamado a retirar la iniciativa “constituyente”. En consecuencia, el documento exhorta al gobierno y a la oposición a comprometerse a participar en un proceso “renovado” de diálogo, manifestando también la voluntad de los países del CARICOM a establecer un grupo para apoyar esa instancia.
El hecho de que los países del CARICOM presentaran esta declaración “consensuada” hizo de entrada poco probable que se aprobara un texto en la reunión del 31 de mayo. Si actúan en bloque, los 14 países miembros [1] de esa comunidad que hacen vida en la OEA tienen mucho poder para definir la viabilidad de cualquier propuesta, máxime si se tiene en cuenta que, en la instancia de la reunión de cancilleres, es necesaria una mayoría calificada para aprobar una decisión.
Los países de la OEA divididos en tres grupos
Así las cosas, el desarrollo de la reunión de cancilleres dejó entrever que, por ahora y si los países del CARICOM persisten actuando en bloque, la OEA está dividida en tres grandes grupos.
Un primer bloque de 14 países [2], que además de reconocer la crisis y exhortar a una negociación, consideran fundamental exhortar al régimen venezolano a cesar la iniciativa “constituyente” y los juicios militares a civiles. Igualmente, este grupo considera fundamental que se cumplan los compromisos asumidos durante la mesa de diálogo de finales de 2016.
Un segundo grupo también de 14 países, conformado por los países del Caribe referidos anteriormente, que si bien reconocen la crisis y consideran que debe darse una negociación para superarla, parecen no estar dispuestos a presionar al gobierno venezolano para que al menos retire la propuesta de la “constituyente” y cumpla con lo acordado durante el proceso de diálogo de 2016. Este grupo no pareciera todavía entender que, vista la falta de confianza, no puede haber un nuevo esfuerzo de negociación hasta que el gobierno dé señales concretas de querer buscar una salida de la crisis, lo que se lograría cuando éste cumpla lo que ya aceptó en 2016: respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, definición de un calendario electoral urgente con la presencia de observadores internacionales, la apertura de un canal humanitario y la liberación de los presos políticos.
Finalmente, un tercer bloque conformado por cinco países [3], que ratificaron que su prioridad es preservar los intereses del gobierno venezolano. Para esto, en mayor o menor medida, apelaron al principio de no intervención y en algunos casos destacaron que la OEA no tiene legitimidad para actuar luego de las “accionistas intervencionistas” del Secretario General General Luis Almagro.
Las implicaciones de la división existente
Hay que partir de la base de que los países de la OEA no tienen forma de imponer una solución a la crisis venezolana. Por esto, primero pueden tratar de ejercer presión para que efectivamente gobierno y oposición acuerden iniciar la búsqueda de una solución negociada. Si se llegara a dar ese escenario, entonces vendría una segunda etapa en la que la comunidad internacional ayudaría como mediador y verificador de esa eventual negociación, ya que Venezuela no cuenta ya con ninguna institución imparcial que pueda comprobar el cumplimiento de cualquier acuerdo.
Teniendo eso en cuenta, es evidente que el primer bloque de países que referimos anteriormente considera esencial ejercer presión para que pueda comenzar a explorarse la posibilidad de una solución negociada. Es por esto que solicitan que se retire la propuesta “constituyente” y que el régimen cumpla con lo acordó en 2016. Esto sería lo único que la oposición aceptaría efectivamente para explorar participar en una negociación.
No obstante, los países del Caribe y aquellos que tradicionalmente han dado preferencia a los intereses del régimen pareciera que prefieren no ejercer presión sino esperar a ver si –por arte de magia– el gobierno y la oposición llegan a la segunda etapa y entonces la comunidad internacional busque jugar un papel relevante. Esto quedó evidenciado en la reunión cuando Bahamas declaró que ambas partes debían “suavizar sus posiciones” y acordar resolver la crisis. Acordado esto, sería entonces cuando ellos ofrecerían mediar. Bolivia, en un sentido parecido, resaltó que cualquier rol internacional debe pasar por la aceptación previa del gobierno venezolano. Si se impusiese esta visión, entonces el papel de la comunidad internacional sería irrelevante hasta tanto no haya un quiebre en la alianza en el gobierno que los lleve a hacer las concesiones mínimas que permitirían un nuevo proceso de negociación.
El trabajo pendiente
Considerando lo anterior, si algo quedó demostrado en la sesión del 31 de mayo es que el primer bloque de países que referimos anteriormente –y la oposición venezolana– tienen un trabajo diplomático pendiente. Deben convencer al menos a parte de los países del Caribe que será muy difícil ver una solución a la crisis venezolana sin antes presionar –de manera conjunta– al régimen. El gobierno de Nicolás Maduro ha sabido explotar tanto la dependencia de Petrocaribe, como la firme creencia que tienen estas islas en el principio de no intervención al sentirse vulnerables en la región. Es por esto también que estas islas tampoco han visto con buenos ojos la firme posición tomada por el Secretario General Luis Almagro, ya que tienen aprensión de verse eventualmente examinados de la misma forma. Estas son las razones que los han llevado a actuar en bloque ante la crisis venezolana, porque reconocen que en la medida que actúen unidos son más fuertes.
No obstante, eso no significa que esa determinación no pueda ser modificada. La mejor prueba es que en el pasado, países miembros del CARICOM como Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Surinam ya han votado en contra de los intereses del régimen venezolano.
En definitiva, sólo en la medida que se pueda convencer a un número importante de países del Caribe es que la OEA podrá ejercer una presión efectiva sobre el gobierno de Nicolás Maduro y la crisis tendrá más posibilidades de ser resuelta. Hay que persuadir a estas naciones que el retorno de la democracia en Venezuela es clave para sus intereses porque sólo así se conseguirá la estabilidad económica necesaria para que la cooperación petrolera pueda seguir siendo una realidad.
Los próximos pasos
Lo que ahora está planteado es que los 14 países del primer bloque continúen negociando con los países del CARICOM para tratar de aprobar una declaración antes de la Asamblea General de la OEA que empezará el 19 de junio en Cancún. Habrá que ver si es posible llegar un acuerdo y si las distintas agendas de los cancilleres les permiten volver a coincidir antes de la Asamblea General. De lo contrario, es muy probable que prefieran dejar la nueva discusión para la reunión en Cancún.
Mientras tanto, la canciller Delcy Rodríguez ya ha anunciado que participará en esa Asamblea General, retornando a pesar de haber anunciado el retiro de Venezuela a finales del mes de abril. Su asistencia responde precisamente a un reconocimiento que sólo si está presente puede presionar y vigilar a países “aliados” y a varios países del Caribe que, de mantenerse firmes en su posición, bloquearán la posibilidad de que se tome alguna decisión en la OEA.
Si ese fuese el caso, es probable que cada bloque comience a actuar por su lado y fuera del marco de la OEA. Aunque esto podría tener valor por la importancia de las economías de los países que están dispuestos a ejercer presión, lo cierto es que no tendría la misma contundencia que si una mayoría calificada de los países de la OEA, incluyendo incluso a algunos gobiernos de naciones cercanas al régimen, logre presionar de forma mancomunada desde esa organización.
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[1] Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
[2] Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
[3] Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.