Las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente presentadas el martes 23 de mayo por el presidente Nicolás Maduro representan un intento de resolver el problema que el gobierno ha estado evadiendo desde el año 2016: ¿Cómo ganar elecciones con el 20% (quizás 30%) de los votos? O dicho de otra forma: ¿Cómo ganar perdiendo?
Con este objetivo, el chavismo diseñó un proceso electoral que le permita maximizar la utilidad de la distribución de sus escasos apoyos electorales a través de dos métodos:la sectorización y la municipalización electoral.
El primero de los mecanismos es excluyente puesto que los 8 sectores propuestos por el Presidente (indígenas, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados, consejos comunales, comunas y trabajadores) no son exhaustivos; es decir, una gran cantidad de venezolanos no formará parte de ninguno de los sectores y por tanto tendrán una menor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente al no poder ser ni candidatos ni electores en ningún sector.
El segundo criterio, la municipalización, viola el principio democrático “un hombre, un voto de igual peso”. La clave en este diseño electoral está en desvincular el número de escaños o constituyentistas a elegir en cada municipio del peso poblacional de dicho municipio respecto a la nación. En este sentido, las bases comiciales asignaron un constituyentista para cada municipio y dos a los municipios capitales de estado. Siendo los constituyentes de municipios capitales electos bajo el criterio de listas proporcionales.
Como consecuencia este mecanismo de manipulación electoral genera un desequilibrio denominado “malaproporcionamiento”, según el cual las zonas más pequeñas del país tienen igual o mayor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Así, por ejemplo los municipios Maroa, Río Negro y Manapiare (todos del estado Amazonas) tendrán derecho a un constituyentista cada uno, aún cuando cuentan con tan solo 1.939*, 2.041* y 3.625* electores respectivamente. En total, estos tres municipio de 7.605 electores tendrán más representantes que el municipio Maracaibo del Estado Zulia que, con 941.974* electores, solo tendrá derecho a elegir 2 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Pero para entender la magnitud de la manipulación, podemos agregar que el estado Táchira con 825.913* electores (117.253 electores menos que el municipio Maracaibo) podrá elegir a 30 constituyentistas (28 más que la capital zuliana).
El malaproporcionamiento llevado a estos niveles extremos produce una gran desigualdad, dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques: aquellos sobrerrepresentados que tienen mayor influencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y los subrrepresentados que tienen menor influencia. Para analizar este efecto podemos utilizar el indicador de “poder de voto”.
El poder de voto ideal (igualitario) se calcula dividiendo el total de constituyentes territoriales a escala nacional (364) por el total de electores en el país (19.392.760).
Para comparar el poder de voto real de los ciudadanos de cada municipio según las bases comiciales, se divide el número de constituyentes por municipio entre su número de votantes. Se estandariza el poder de voto ideal a 1, y luego de estandarizar los poderes de voto municipales, se compara el poder de voto de cada municipio con el ideal.
De esta forma aquellos ciudadanos en municipios con un poder de voto superior a 1 se consideran con “más poder que el ideal”; los municipios donde el poder de voto es menor a uno se consideran con “menos poder que el ideal”. En otras palabras, los votos de los ciudadanos de algunos municipios tienen más valor que los votos de ciudadanos de otros municipios a la hora de elegir a los constituyentes territoriales.
Los resultados reflejan que estados y municipios con un número de electores reducido tienen un poder de voto mayor que municipios con poblaciones más grandes. Así, el municipio Maroa en el estado Amazonas, con 1.939 votantes, tiene un poder de voto 250 veces mayor que el municipio Maracaibo del estado Zulia con 941.974 votantes. En términos nacionales, el gobierno tiene ventaja política en la mayoría de los municipios con poder de voto desproporcionados a su número de electores.
Pero, ¿por qué este diseño?
Dos variables explican la lógica tras este diseño de distribución desigual de los escaños. En primer lugar, el intento de aprovechar el apoyo electoral obtenido por el gobierno tradicionalmente en las zonas rurales y poblaciones más pequeñas tal como se observa en el siguiente gráfico:
La relación entre las variables tamaño de la población y el apoyo político han sido constantes al menos desde el año 2004 en el país. De esta forma, las zonas de menor población han apoyado mayoritariamente al chavismo mientras que las grandes ciudades han decantado por los principales bastiones opositores. Así, en las elecciones 2015, el gobierno logró mantener el apoyo en las zonas rurales y pequeñas, lo que le permitió imponerse en 164 municipios del país mientras que la oposición ganó en 171 como puede verse a continuación:
En 2015 la oposición alcanzó 7.706.749 votos (equivalente al 58% de los votos emitidos) mientras el gobierno obtuvo 5.571.685 votos (equivalente al 42%). Con ellos, la oposición logró 112 diputados (equivalente al 67% de los escaños) y el gobierno 55 diputados (correspondientes al 33%). Ahora bien, si utilizamos esos mismos resultados electorales, y les aplicamos las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entendemos claramente las intenciones detrás de los criterios.
Con ellos el gobierno obtendría 184 constituyentistas (equivalentes al 51% de los 364 territoriales), mientras la oposición alcanzaría 180 (equivalentes al 49%) tal como se muestra a continuación:
Pero el segundo criterio que explica la decisión de selección de los constituyentistas en los municipios es aún más perverso. Se trata de utilizar todos los mecanismos de control político sobre las pequeñas poblaciones que han sido leales al chavismo. Amor con amor se paga. Misiones y bases de misiones, CLAP, Consejos Comunales, Carnet de la Patria, Colectivos y demás mecanismos de chantaje serán utilizados en las poblaciones más pequeñas, aquellas donde los medios de comunicación no pueden llegar, donde las redes sociales no penetran, donde las cámaras de videos de los celulares inteligentes no han llegado aún.
Con esta normativa el gobierno promete abandonar las ciudades para volcarse sobre los ciudadanos más desprotegidos.
No obstante, los mismos resultados de las elecciones del 2015 arrojan datos interesantes. La oposición perdió en 57 municipios por un margen igual o menor al 10% y en otros 27 por un margen de 11% y 15%. Todos estos municipios podrían convertirse en nuevos opositores. Si eso sucediera, la oposición obtendría 264 constituyentistas territoriales quedando a tan solo 9 de la mayoría simple (273).
El análisis hasta aquí presentado muestra claramente que el problema no son los votos, sino la manipulación de un diseño electoral pensado para imponer un modelo independientemente de la voluntad del pueblo. Esto nos lleva a voltear la mirada sobre la elección sectorial, pues será esta la que serviría para consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente.
Y aunque hasta el momento desconocemos las condiciones en las que se llevará a cabo esa elección, ya hay grandes dudas respecto a muchos puntos. Algunos de gran importancia: ¿cómo se construirán los registros electorales sectoriales? ¿Qué institución validará y aprobará los registros? ¿Serán auditados? ¿Por quién? La normativa electoral obliga a la Asamblea Nacional a validar las proyecciones de población para distintos procesos electorales. ¿No debería también validar las estadísticas sectoriales?
Adicionalmente existen grandes dudas sobre el proceso electoral en general. Por ejemplo: ¿Contará la elección con observación electoral nacional e internacional? ¿Qué organizaciones podrán presentar testigos electorales? ¿Los gremios? ¿Los partidos? Y sobre la campaña electoral, ¿cómo se regulará el acceso a los medios? ¿Cómo será el financiamiento de las campañas?
A estas preguntas debemos añadir los problemas tradicionales que hemos venido arrastrando de procesos electorales anteriores: las violaciones a los derechos políticos mediante inhabilitaciones, el uso de los recursos públicos en campaña por parte del partido de gobierno, el sesgo institucional del árbitro electoral y de las instituciones del Estado en general.
Finalmente está el apuro con que se pretende realizar este proceso. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la apertura del proceso de postulaciones para el próximo 31 de mayo y 1 de junio de 2017. Pero, ¿es posible construir una oferta electoral a nivel municipal en menos de una semana? ¿Es posible recoger 3% de firmas del Registro Electoral en una semana? Además, ¿serán validadas estas firmas con la misma rigurosidad con que han sido analizadas las firmas de apoyo al Referendo Revocatorio presidencial promovido el año pasado o la validación de partidos de este año?
Todo apunta a que no será así. Y que el ventajismo ascenderá un nuevo escalón, pues el chavismo en su espiral de impopularidad desconfía incluso de la lealtad del 20% del electorado que aún lo apoya, por lo que seguirá manipulando las normas electorales hasta generar un mecanismo en el que pueda ganar la elección, sin votos.
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Nota: *Número de electores para las Parlamentarias 2015.
Fuente: *Sistema de Información Electoral del Observatorio Electoral Venezolano, www.oevenezolano.net/info/.
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