Fotografía de AVN
El viernes 19 de mayo de 2017, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, declaró después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra los magistrados de la Sala Constitucional por anular las competencias de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, emitidas en marzo. Las medidas contemplan el congelamiento de bienes que los implicados posean en EEUU, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar transacciones con los amonestados y la prohibición de entrada a EEUU.
Los sancionados son: Maikel Moreno, Juan José Mendoza Jover; Arcadio de Jesús Delgado Rosales; Gladys María Gutiérrez Alvarado; Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán; Luis Fernando Damiani Bustillos; Lourdes Benicia Suárez Anderson y Calixto Ortega Ríos.
Moreno leyó el siguiente comunicado en rueda de prensa en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas:
“[…] Este intento de someter y amilanar la alta investidura judicial del país quedará absolutamente intrascendente ya que cada uno de los integrantes de esta máxima instancia, solo se debe al cumplimiento estricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demás normas que conforman el ordenamiento jurídico patrio. Por lo tanto, no aceptamos la imposición ni intervención de gobierno extranjero alguno en las competencias y facultades exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia y sus integrantes. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia velamos sin imposiciones de ninguna naturaleza por los derechos irrenunciables de nuestra nación, por mantener incólume la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Cabe destacar que los propósitos imperiales, movidos por intereses oscuros, pretenden mellar la independencia del poder judicial para así tomar control de la administración de justicia. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intenta coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela, para así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático de nuestro país.
El acto arbitrario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo, y a la luz del derecho internacional, pueden ser decretados por instancias judiciales y cumpliendo con los derechos universales del debido proceso y derecho de la defensa.
Denunciamos estos actos que desmeritan las acciones del gobierno de los Estados Unidos, que insisten en mantenerse al margen de los derechos internacionales e instamos a que las instancias judiciales del mundo rechacen, por su ilegalidad e ilegitimidad, tales sanciones que no cumplen con los mínimos requisitos jurídicos plasmados en los convenios y tratados internacionales.
Es necesario señalar que las naciones del mundo, solidarias y preocupadas por la situación que atraviesa el país, han llamado constantemente al diálogo y la mediación como único mecanismo de encuentro para los factores políticos en conflicto. No así, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que desmedidamente y en franca violación al derecho internacional, ha asumido una acción injerencista, provocadora de odio y de hostilidad. Tal pretensión, además de ser inaceptable por violentar el principio de la soberanía, muestra un desconocimiento e ignorancia supinas del contenido de nuestro texto fundamental y de las atribuciones conferidas en el mismo, en este Tribunal Supremo de Justicia. Permaneceremos atentos a que el estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna nuestra constitución, no sufra las consecuencias de estas agresiones personales, pero que tienen como única finalidad mostrar la convicción jurídica de estos honorables magistrados de la república.
Una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia, firme en su compromiso ante el país en velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, ratificamos el llamado a la conciliación, al diálogo, a la unión de todos los venezolanos para procurar la paz de nuestro país”.
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