El 18 de mayo de 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano como personas sancionadas. En consecuencia, los activos de estos magistrados bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados. El motivo de las sanciones, según el Departamento del Tesoro, es que los magistrados son responsables de “usurpar la autoridad” de la Asamblea Nacional y “autorizar al Poder Ejecutivo a gobernar mediante decretos de emergencia, restringiendo los derechos y desconociendo la voluntad del pueblo venezolano”.
¿Quiénes fueron sancionados?
Los ocho magistrados sancionados son Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y magistrado de la Sala de Casación Penal; y los siete magistrados principales de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza, Arcadio de Jesús Delgado, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta de Merchán, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez y Calixto Ortega.
¿Cuál es el alcance de las sanciones?
Las sanciones fueron impuestas de conformidad con la orden ejecutiva 13.692 dictada el 8 de marzo de 2015 por el ahora expresidente Barack Obama. En tal sentido, la designación de los ocho magistrados como personas sancionadas trae dos consecuencias.
En primer lugar, el congelamiento de cualquier activo, propiedad y/o cuenta bancaria de estas personas que se encuentre bajo la jurisdicción de Estados Unidos, lo que se podría hacer extensivo a cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses en bancos fuera de Estados Unidos. Este congelamiento de activos supone una prohibición de que cualquiera de esos activos sea transferido. Adicionalmente prohíbe que cualquier ciudadano o empresa estadounidense pueda sostener algún tipo de transacción comercial con las personas sancionadas.
En segundo lugar, la orden ejecutiva 13.692 también prevé que cualquier persona sancionada no pueda ingresar al territorio de Estados Unidos, a menos que tenga la nacionalidad estadounidense o el Secretario de Estado determine que su entrada está “en el interés nacional de Estados Unidos”. En consecuencia, si alguno de los magistrados tenía una visa vigente para ingresar a suelo estadounidense, la misma ha quedado revocada.
Por otro lado, cabe destacar que las personas sancionadas podrían ingresar a Estados Unidos si van a trasladarse en cumplimiento de alguna función oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pero únicamente para ir desde el aeropuerto a la sede de la ONU y luego salir.
¿Cuál es el motivo para imponer las sanciones?
El comunicado emitido por el Departamento del Tesoro sostiene que los magistrados sancionados son responsables de emitir una serie de sentencias durante el último año que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional. Específicamente hace mención a las siguientes decisiones:
La que permitió que el presidente Nicolás Maduro no presentara su mensaje anual ante la Asamblea Nacional. (Enero 2017)
La que nombró a ciertos rectores del Consejo Nacional Electoral. (Diciembre 2016)
La que declaró que el Poder Ejecutivo podía dejar de someter a la consideración de la Asamblea Nacional el presupuesto anual de la nación. (Octubre 2016)
Las que han validado en varias oportunidades la extensión del estado de excepción y emergencia económica. (Julio 2016 – Enero 2017)
Las que han declarado nulas las decisiones de la Asamblea Nacional. (Septiembre 2016)
La que despojó la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional. (Marzo 2017)
La que declaró que la Sala Constitucional asumiría competencias de la Asamblea Nacional. (Marzo 2017)
El comunicado reconoce que, aunque estas dos últimas sentencias fueron parcialmente revocadas luego de una enfática reacción nacional e internacional, las demás sentencias permanecen vigentes y demuestran “un esfuerzo de largo aliento para negar la autoridad del Poder Legislativo y desconocer la voluntad del pueblo venezolano”.
Finalmente, el comunicado termina reiterando que “el gobierno de Estados Unidos exhorta al gobierno venezolano a permitir que la Asamblea Nacional, electa democráticamente, ejerza sus funciones constitucionales”.