Las filas frente a los expendios de alimentos y medicinas ya forman parte del paisaje habitual en Venezuela. Juan Barreto / AFP / Getty Images
Media docena de ancianos se arremolina frente al mostrador, adornado con una fotografía del presidente Nicolás Maduro, donde los camaradas distribuyen en sacos las barras de pan horneadas durante el día.
—¿Me vende un pan?, pregunta uno de ellos.
—¿Tiene carnet de discapacitado?, responde un camarada.
—No, señor, si yo no estoy discapacitado, lo que estoy es viejo.
—Entonces no le podemos vender sin carnet, no está dentro del protocolo.
Un cartel pegado en la puerta informa a la comunidad que el pan que se produce en esta panadería del centro de Caracas, expropiada por órdenes de Maduro durante “la guerra del pan” que se desató a fines de marzo y puesta en manos del Poder Comunal, solo será distribuido entre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Él compraba pan a diario pese a las filas. Hoy, chavistas a cargo del local se niegan venderle una barra. #Venezuela pic.twitter.com/XhbsYhBVHI
— Maye Primera (@mayepri) 2 de mayo de 2017
Estos comités son la organización de base creada por el chavismo para repartir entre sus militantes los alimentos importados o producidos por el propio gobierno, en medio de la más severa crisis de escasez que ha vivido el país en su historia republicana.
Ellos se encargan a su vez de vender el producto a las familias que, en este caso, viven en los alrededores del palacio presidencial de Miraflores, y que estén asociadas a los CLAP e inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, a un precio de 200 bolívares por barra, que al cambio de las divisas en el mercado negro equivale a 0.04 centavos de dólar. Una de las razones por las que Maduro ordenó la expropiación de este negocio es que porque no vendía el pan “a precio justo” sino a 800 bolívares (0.17 centavos de dólar) la barra.
El anciano no se conforma con la respuesta y le reclama a otro camarada que arenga consignas a clientes y transeúntes usando un micrófono que cuando la panadería estaba en manos del antiguo dueño, él hacía su cola y compraba al menos dos panes cada día. “¿Ahora para venderme un pan me piden un carnet? No jodas”.
Este negocio expropiado en Ccs vendía pan, ahora regala ideología y solo vende a los consejos comunales. #Venezuela pic.twitter.com/8xzNhrJ8HY
— Maye Primera (@mayepri) 2 de mayo de 2017
Y el camarada del micrófono le explica usando diminutivos y un tono pedagógico, que exhaspera aún más al anciano, todos los pasos burocráticos que ahora debe seguir para llevarse un bollo a casa: “Fíjate, yo te invito a que mediante una organización de ustedes los trabajadores hagan la cartica bien ordenadita (solicitando el pan) y así se le distribuye hasta 50 o 100 panes a todos ustedes. Y ahí ustedes se salvan unos con otros”.
Así es como funciona el Estado Comunal, un Estado paralelo organizado bajo las
“Leyes del Poder Popular” aprobadas por la bancada chavista cuando ésta ejercía la mayoría en el Parlamento y directamente por Maduro, vía decreto, cuando su partido fue derrotado por la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015.
De acuerdo a estas leyes, en Venezuela solo se reconoce como comunidad a aquella organizada por el gobierno nacional con el objetivo de promocionar el “socialismo del siglo XXI”— inventado por el difunto Hugo Chávez— y estructurada en forma de Consejos Comunales y Comunas.
“Atención el Poder Comunal. Vamos a activar iniciativas históricas que ameritan que el poder comunal tome las fuerzas del barrio, del pueblo y de la calle en sus manos”, advirtió Nicolás Maduro a sus seguidores el pasado 29 de abril, cuando se cumplía casi un mes de protestas callejeras en su contra convocadas por la oposición en todo el país, que han sido reprimidas violentamente por parte de los organismos de seguridad del Estado.
A la semana siguiente, el lunes 1 de mayo, el presidente venezolano decretó la convocatoria a una “Asamblea Nacional Constituyente chavista”, que en la práctica consistiría en la liquidación de los actuales poderes públicos —entre ellos el Poder Legislativo, de mayoría opositora— y en la redacción de una nueva Constitución hecha a la medida del mandatario.
“Les entrego el poder que me dio Chávez, les entrego el poder de la patria”, dijo Maduro el 1 de mayo a centenares de funcionarios públicos uniformados de rojo y convocados a un acto de masas en la céntrica avenida Bolívar de Caracas.
“Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí”, agregó el presidente, refiriéndose al único de los cinco poderes públicos del país que no está controlado por las fuerzas del chavismo y que el 26 de marzo denunció que Maduro había dado un “autogolpe” al desconocer sus facultades legislativas.
En la nueva Carta Magna, adelantó Maduro, se le daría rango constitucional al Poder Comunal y a la “lucha contra el terrorismo”, que es como él mismo ha llamado a la batalla sin cuartel que mantiene contra la oposición, a la que acusa de querer derrocarlo por la fuerza.
Bajo ese esquema militar y con los índices de pobreza e inflación en ascenso, el pan del pueblo es también un arma. Durante los últimos tres años, el consumo de harinas, arroz, hortalizas y tubérculos entre los venezolanos más pobres ha desplazado el consumo de carne, pollo y otras proteínas, según revela la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Venezuela, realizada por investigadores de tres de las universidades públicas del país.
El 93.3% de las 6,400 personas consultadas en este estudio respondió que sus ingresos no le alcanzan para comprar alimentos. El 86.3% de ellos hace dos o una de las tres comidas del día. Y en promedio, el 72,7% perdió más de ocho kilos de peso durante el último año.
Al menos la mitad de los ancianos que se agolpan frente al mostrador de la panadería La Minka Comunal, llamada Mansión Bakery antes de la expropiación, son sacos de huesos andantes. La pensión de vejez de 18,000 bolívares mensuales (4 dólares) no les alcanza para comprar la gran oferta socialista del día: un trozo de pizza y un vaso de coca-cola a 2,000 bolívares el combo (poco menos de 50 centavos de dólar). Solo tienen para comprar un pan y los camaradas no se los venden porque no están registrados en ninguna de las organizaciones comunales del gobierno.
Para alentar a los vecinos a que se inscriban, los camaradas de la panadería La Minka organizan charlas cada semana. El lunes pasado hubo un foro sobre la Ley Orgánica de Precios Justos y el martes fue el conversatorio “¿Por qué vivir sin gluten?”. Al pie del volante donde anuncian sus actividades está escrito este lema: “ Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. ¡En la fragua de la corriente histórica social…avanzamos, avanzamos, avanzamos!”.
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Este texto fue publicado en el portal Univisión Noticias y cedido a Prodavinci. Puede ver aquí la edición original.