Fotografía de la OEA
Tal y como estaba previsto, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para decidir si convocaba una reunión de cancilleres. La propuesta fue aprobada con 19 votos a favor, pero no se acordó una fecha concreta para la realización de la reunión. La sesión dejó detalles interesantes que dejan entrever el papel que podría jugar la región, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno venezolano ya ha anunciado que iniciará el proceso para retirarse de la OEA.
La retórica del gobierno de Nicolás Maduro
Durante sus intervenciones, el representante de Venezuela, Samuel Moncada, se limitó a repetir los argumentos que había hecho públicos la cancillería venezolana a través de un comunicado. En vez de enfocarse en el fondo de la crisis, optó nuevamente por atacar personalmente al Secretario General Almagro para concluir que su posición deslegitimaba a la OEA como un foro de discusión. Reiteró que, según su visión, la OEA no podía discutir la crisis sin el consentimiento del gobierno venezolano y que, por ende, cualquier discusión o decisión no sólo era ilegítima sino ilícita. Finalmente, insistió que era en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde debía darse un debate pues allí no estarían presentes la “presiones indebidas (…) del país hegemón (sic) de la región”.
El discurso del gobierno venezolano no solo ignora el funcionamiento de la diplomacia y las organizaciones internacionales, sino que pone en evidencia que la estrategia del gobierno es tratar de evitar – como sea – que la región pueda jugar un papel trascendental para ayudar a resolver la crisis. La OEA tiene la facultad de discutir la situación en Venezuela – y la seguirá teniendo hasta que el retiro se haga legalmente efectivo – por la sencilla razón que el Estado venezolano aceptó voluntariamente someterse a las normas de esa organización. Asimismo, la OEA en ningún momento ha tratado de intervenir forzosamente en la situación en Venezuela, sino únicamente ha exhortado a que se cumpla la Constitución de 1999, que claramente requiere que se realicen las elecciones que están pendientes, se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos y las facultades de la Asamblea Nacional.
El particular desmarque sobre las formas por parte de Bolivia
La actuación del representante de Bolivia –quien actualmente está ejerciendo la presidencia temporal del Consejo Permanente– demostró que incluso cuando se puede pensar distinto, existen reglas mínimas de decoro y normas para el funcionamiento de la organización que deben ser respetadas.
Bolivia cumplió con la normativa convocando la sesión porque así lo solicitaron 17 países miembros, veló porque durante la sesión todo el mundo pudiese hacer uso de su derecho de palabra y luego permitió que cada país votara libremente y decidiera la mayoría, tal y como lo disponen las normas. Esa es una primera lección que debería intentar comprender el gobierno venezolano.
El importante discurso de la canciller de Argentina
La canciller de Argentina demostró la grave preocupación que existe en la región, particularmente luego de los hechos recientes donde han fallecido más de 26 venezolanos. Su simple presencia en un Consejo Permanente fue indicativa no sólo de la atención internacional sino de lo dramática y anormal que es la situación que viven los venezolanos.
Recordó que se ha buscado impulsar un proceso de diálogo en el país para “evitar que tuviera que ser la gente quien dirimiera en las calles la grave situación que están viviendo” y advirtió que todos los venezolanos que han fallecido “son una prueba de que la posibilidad de expresarse está limitada y ha sido violada”.
En consecuencia, ratificó que la comunidad internacional no podía permanecer de brazos cruzados e hizo votos para que el régimen de Nicolás Maduro o al menos ciertos sectores dentro de él, entendieran de una vez por todas que lo que está buscando la comunidad internacional es ayudar y “acompañar al pueblo venezolano en la búsqueda de soluciones”, que es lo que es crucial en estas horas.
La votación y las implicaciones
La votación para decidir si se convocaba a la reunión arrojó como resultado 19 países votos a favor [1]; 10 en contra [2] (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Haití, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela); 5 abstenciones [3] y un país ausente (Granada). Sin embargo, la resolución aprobada convocando la reunión no prevé una fecha específica para su realización, por lo que tendrá que haber un acuerdo u otra votación para definir la fecha.
La “reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores” es una figura prevista en la Carta de la OEA para tratar “problemas de carácter urgente y de interés común”. En esa eventual reunión habrá un debate sobre la situación venezolana y probablemente una declaración. Pero es importante aclarar que esta instancia es distinta a las previstas en la Carta Democrática Interamericana. Una decisión para suspender a Venezuela de la OEA por desconocer las garantías democráticas no se toma en una reunión de cancilleres sino en el marco de una Asamblea General (ordinaria o extraordinaria) de la OEA. Para ello, harían falta eventualmente 24 países a favor y es importante tener en cuenta que incluso algunos países críticos con el régimen se han manifestado en contra de una suspensión, pues consideran que ello sólo contribuiría a un mayor aislamiento.
Minutos después del cierre de la sesión, la canciller Delcy Rodríguez anunció que, vista la decisión del Consejo Permanente, Venezuela iniciaría el proceso para retirarse de la OEA. Ese proceso iniciará cuando el gobierno venezolano envíe una comunicación formal a la Secretaría General de la OEA manifestando su decisión de denunciar la Carta de la OEA.
Las implicaciones de esa decisión ya las adelantábamos ayer en otro artículo aquí en Prodavinci. Lo que se puede prever es que existe una mayoría de países que seguirán adelante evaluando y manifestándose sobre la crisis en Venezuela. Incluso aunque la misión venezolana en la OEA se retire y no participe más en las reuniones y debates de esa organización. En pocas palabras, la presión internacional seguirá y aumentará.
Pero también es verdad que la efectividad de la OEA como organización para ayudar en la resolución de la crisis venezolana queda más limitada. Por ende, los países tendrán que decidir si, además de insistir por la vía de la OEA, emprenden esfuerzos en el marco de otras organizaciones u optan por la vía bilateral para tratar de hacerle ver al régimen que debe regresar al cauce constitucional.
***
[1] Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.
[2] Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
[3] Belice, El Salvador, República Dominicana, Trinidad y Tobago.