Fotografía de AVN
El martes 25 de abril de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, repudió desde la sede del Ministerio Público los hechos de violencia que han tenido lugar en el país durante las manifestaciones convocadas por la dirigencia opositora en los 24 estados de Venezuela. Ante tales hechos dijo:
“No puedo tolerar la violencia. Lamento la muerte de 26 venezolanos: […] sean del Gobierno o de la oposición […]. Duele mucho la muerte de una persona […]. Expreso mi solidaridad y mis condolencias a los familiares y amigos de estas víctimas. La política no debe conducirnos a la guerra. La política es el ejercicio del diálogo. Del diálogo y de la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco del respeto a las diferencias que pueden darse en una sociedad”.
Balance de muertos durante las protestas
Desde el 4 hasta el 25 abril, el Ministerio Público contabilizó 26 muertes: 4 adolescentes y 22 adultos. En referencia a los casos reportados el 20 de abril en El Valle, en la calle San Andrés de Cajigal, la Fiscal dijo que ocho personas murieron por “electrocución” mientras ingresaban en una panadería. Explicó que “según experticias, estas personas estuvieron en contacto con cables de electricidad y agua lo que produjo el detonante. Perdieron la vida por lo que llaman los médicos shock cardiogénico por electrocución”.
En referencia al caso de Paola Ramírez Gómez, de 23 años, asesinada en Táchira el 19 de abril, narró lo sucedido:
“Este hecho ocurrió cuando un grupo de motorizados civiles armados ingresaron a una vivienda. Supuestamente en esa vivienda los estaban grabando. Ingresaron […] robaron ese inmueble y huyen hacia el lugar donde lamentablemente se encontraba esta joven: Paola Ramírez. Muere de un disparo. Inmediatamente se pensó que el hecho tenía que ver con este grupo civil armado, pero luego de las experticias y las investigaciones que hace el Ministerio Público conjuntamente con CICPC, logran ese mismo día allanar el inmueble donde se presumía había salido el disparo por la trayectoria, por la planimetría que hicieron los expertos del Ministerio Público, y efectivamente […] se encuentran evidencias. Fue aprehendido Iván Pernía, quien reconoce de manera inmediata que había efectuado los disparos. Además entrega otras evidencias. La balística dio perfectamente: el proyectil que se le extrae a la joven y los recolectados en el sitio del suceso [coincide] con el arma homicida que fue entregada por este joven Iván Pernía”.
Acerca del caso de Jairo Ortiz, de 19 años, que fue asesinado de un disparo en el estado Miranda durante las manifestaciones del 6 de abril. “Se encuentran privados de libertad un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de nombre Rohenluis Leonel Mata”.
En cuanto al caso de Daniel Queliz, asesinado de un disparo en el cuello en Carabobo durante las manifestaciones del 10 de abril. “Se encuentran aprehendidos dos funcionarios de la policía del estado Carabobo: Marcos Ojeda [47] y al oficial Edwin Romero [33]”.
En referencia al caso de Gruseny Antonio Canelón, de 31 años, quien recibió un disparo durante las manifestaciones en Cabudare, estado Lara, dijo que “por este caso nosotros tenemos catorce órdenes de captura”. El 20 de abril, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ya había informado que la Juez de Control Vigésimo Séptimo ordenó la detención de 14 funcionarios de la Guardia Nacional “implicados en el crimen”.
La Fiscal General informó que entre el 24 y 25 de abril hubo 4 personas fallecidas y que el Ministerio Público está investigando para sancionar a los responsables.
Además, informó que a través de la coordinación para la protección de víctimas, el Ministerio Público “ha estado acompañando a los familiares de las víctimas de los fallecidos con atención psicológica en el proceso de duelo así como verificando su condición socioeconómica”. Informó que próximamente se subirá en la página web de la instancia el número de personas atendidas sin especificar nombres para resguardar la integridad de la persona.
Investigaciones sobre daños a propiedades públicas y privadas
La Fiscal indicó que nueve personas fueron privadas de libertad por el daño ocasionado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. También habló sobre los “lamentables hechos de saqueo y violencia en El Valle, que incluyen al Materno Infantil y otras dependencias. Por estos hechos se encuentran privadas de libertad diez personas”.
Luisa Ortega señaló que como parte de esta investigación se están evaluando los testimonios de los vecinos del barrio San Andrés, quienes habrían informado que “grupos delictivos del sector formaron parte de los destrozos de la zona aprovechando el ambiente de crispación política que se generó con la protesta de algunos ciudadanos que se encontraban caceroleando. Eso lo estamos investigando”.
Lesionados
Indicó que el “número de personas lesionadas” era de 437, de las cuales 182 son por “delitos comunes” y 247 por “derechos fundamentales”. Luisa Ortega Díaz se comprometió a subir la lista de los lesionados a la página web del Ministerio Público en los próximos días.
Personas aprehendidas
En cuanto al número de personas aprehendidas, indicó actualmente hay 65 personas privadas de libertad, 217 serán presentadas el martes 25 de abril y que hay un total de 1.289 personas aprehendidas. “El Ministerio Público ha velado por las personas que se encuentran privados de libertad”, apuntó.
La Fiscal procedió a referir un caso que calificó de “anómalo”, ocurrido el 19 de abril, cuando funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a 38 personas en Nueva Esparta que fueron trasladados por el CICPC sin conocer la circunstancia de las actuaciones de los aprehendidos. La Fiscal destacó que el CICPC notificó al Ministerio Público que tenía a esas personas detenidas, pero que el acta que entregaron “no narra las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprenderla?”. Ortega Díaz señaló que esos datos son “lo importante” de un acta policial debido a que la labor del fiscal no es atender la seguridad ciudadana ni el orden público ni las manifestaciones. Por consiguiente, la Fiscal solicitó “la nulidad de tal detención por carecer de sustento”.
La Fiscal General se pronunció llamando la atención al cumplimiento del debido proceso y destacó que “los ciudadanos sólo pueden ser aprehendidos en flagrancia o a través de una orden judicial”. Indicó que cuando la detención es “en flagrancia”, la detención debe estar sustentada en un acta policial que “explique de forma detallada la circunstancia, el modo, tiempo y lugar en que fue sorprendido el aprehendido […]. El funcionario policial no tiene que decir cuál es el delito. Quien califica es el fiscal del Ministerio Público. El funcionario policial lo que tiene es que narrar los hechos”.
Luisa Ortega Díaz concluyó sus declaraciones hablando sobre las funciones del Ministerio Público:
“Quiero mencionar una afirmación que escuché por ahí […]: ‘Que actúe el Ministerio Público frente a las manifestaciones y las trancas de calle para que se eviten más daños’. […] Quiero decir que el Ministerio Público no es órgano de seguridad ciudadana, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. El orden público corresponde a otros organismos. […] Quiero que sepa el país que el Ministerio Público no tiene ningún tipo de responsabilidad en el desarrollo de las circunstancias propias de una manifestación en las vías públicas”.