Una manifestante protestó con la bandera de Venezuela al revés frente al piquete policial / Fotografía de Iñaki Zugasti / haga click en la imagen para ver la fotogalería titulada 10 momentos de la protesta en la avenida Libertador desde el lente de Iñaki Zugasti
El gobierno de Nicolás Maduro viene haciendo todos sus esfuerzos por consolidar lo que, a falta de un concepto mejor, podemos definir como una dictadura del siglo XXI. Esto es así desde 2013 cuando ganó las elecciones presidenciales con escaso margen. Para entender sus maniobras podemos recurrir al imaginario de una partida de ajedrez, donde el gobierno juega contra la mayoría del país. La más reciente jugada del gobierno en marzo fue notablemente audaz. Sin embargo, un imprevisto en sus piezas lo ha obligado a retroceder momentáneamente. Su juego, empero, sigue bien montado; el retroceso no fue tan grande como algunos quisieran creer. El gobierno quedó todavía bien posicionado en el tablero e, incluso, con una situación ventajosa para seguir avanzando.
Como sabemos, el ajedrez es un juego complejo, que implica un pensamiento estratégico de cierta sofisticación. Para comprender bien el juego que hoy se desarrolla en Venezuela y evaluar el significado de las sentencias recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debemos recordar algunas jugadas previas y, también, dejar más clara la finalidad del juego.
El gobierno de Maduro, desde sus inicios, ha escogido estabilizarse a través de la construcción de un régimen autoritario, dirigido por una cúpula militar y civil que se dice heredera del legado del Hugo Chávez, su comandante eterno. Esta cúpula, gobierna patrimonialmente hoy a la república, es decir, por encima de la ley y como si territorios, bienes y personas fueran de su propiedad. Chávez, con su legitimidad carismática, dejó, entre otros muchos males, la absurda manera de manejar la economía del gobierno “socialista”, que ha llevado a la catástrofe económica y social que vive hoy el país. Así mismo, fue su dedito el que ungió directamente a Maduro para dirigir los menesteres de gobierno. Él busca afanosamente darle un jaque mate a las instituciones democráticas para consolidar este régimen de desigualdad, servidumbre y represión.
Lo sucedido la última semana de marzo, con las dos sentencias dictadas por el TSJ, espurio y desvergonzado que se remozó en diciembre de 2015 para servir a propósitos como estos, fue un zarpazo más a la Constitución y las leyes, de la larga lista, que viene sucediéndose desde que Chávez inventara en 2005 lo del Socialismo del siglo XXI, que, recordemos también, fue rechazado por el voto popular y que hoy su gente no sabe qué es y muchos han dejado de creer en él. Si bien el discurso sigue ahí, es más que nada un trapo rojo –una ficción ideológica de acuerdo a Hannah Arendt– para engañar en instancias internacionales o mantener los apoyos de izquierdistas despistados o fanáticos, pero, hace rato que ese proyecto fracasó. Dos de los pilares que lo sostenían ya no existen: el carisma de Chávez y la botija de los petrodólares. Chávez, como sabemos, murió y los precios promedios anuales de la cesta venezolana desde 2013 no sube la barrera de los $40, secando la otrora nutrida botija.
El objetivo gubernamental tropezó con un obstáculo desde diciembre de 2015, cuando las fuerzas opositoras de la MUD obtuvieron las mayorías de la Asamblea Nacional (AN), liberando, después de diez años, ese poder público de su subordinación a los dictámenes del chavismo. Las jugadas para avanzar en el modelo dictatorial se aceleraron desde entonces, buscando neutralizar la dinámica de ese poder público sustraído del control de Maduro y su cúpula. Destacan dos de ese mismo diciembre de 2015. Una, la designación irregular de un número importante de magistrados (13) y suplentes (20) del TSJ, para reforzar el control sobre el Poder Judicial. La otra fue la sentencia dictada por ese remozado TSJ de declarar sospechas de fraude en las elecciones parlamentarias en el estado remoto indígena de Amazonas. Con ello despojaron a los partidos opositores de tres diputados allí obtenidos, con lo cual perdieron la mayoría de dos terceras partes en la AN, necesarios para decidir nombramientos de nuevas autoridades en los otros poderes públicos, cuando los períodos de algunas autoridades se vencieran en este periodo parlamentario.
En 2016 continuaron avanzando, con los atropellos de un Consejo Nacional Electoral (CNE), también controlado por la cúpula chavista, que suspendió irregular y abruptamente un referendo revocatorio presidencial en curso, después de que sus promotores habían satisfecho los rocambolescos requisitos inicialmente exigidos. La causa que esgrimieron fueron unas sentencias dictadas en tribunales estadales de primera instancia, que carecen de competencias electorales, según las cuales hubo un fraude electoral en la recogida en esos estados del requisito del 1% de firmas para avalar a la MUD como promotor del referendo. Como premio a sus servicios, dos de las rectoras fueron ratificadas en sus cargos por el TSJ para el siguiente período electoral. Igualmente suspendieron las elecciones de gobernadores, pautadas constitucionalmente para ese año, sin que a la fecha se les vea voluntad alguna de establecer el nuevo cronograma electoral.
Otra de las grandes jugadas para avanzar en este jaque mate a la democracia fue el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que Maduro hizo aprobar en el TSJ. Gracias a este recurso y, como es evidente, controlando a sus anchas el TSJ, el chavismo fue despojando a la Asamblea de todas sus funciones contraloras y legislativas. El TSJ ha dictado no menos de sesenta sentencias para obstaculizar medidas aprobadas en la AN, derogar leyes o paralizar sus iniciativas.
Fotografía de Iñaki Zugasti / haga click en la imagen para ver la fotogalería titulada “10 momentos de la protesta en la avenida Libertador desde el lente de Iñaki Zugasti”
Así que las dos sentencias emitidas en marzo, son un paso más en el desmantelamiento definitivo de las institucionales democráticas del país. La N° 155 le da al Ejecutivo potestad para legislar en toda materia penal, e incluso le ordena gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica, o como afirma Allan Brewer Carías, le dio permiso para gobernar “como le da la gana”. Aprovecha la sentencia para quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, basándose el TSJ en un desacato de la Asamblea dictado por el mismo Tribunal, porque formalmente no ha retirado a los diputados de Amazonas. La otra sentencia, la 156, interpreta el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, dándole a Maduro la potestad de crear empresas mixtas y realizar otras actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa. Y la Sala Constitucional del TSJ aprovechó ahí para decidir que ella, o quien ella disponga, asumirá las competencias de la AN mientras dure el supuesto desacato. Como vemos, este TSJ compite con ventaja en los anales de la ignominia judicial.
Lo que ha sucedido después de estas sentencias aún no ha culminado para tener claro los saldos. Por lo pronto, lo más significativo fueron las declaraciones de la Fiscal, quien sorprendentemente en su acto público de presentación de Memoria y Cuenta, afirmó que las sentencias significaban una “ruptura del orden Constitucional” y desconocían el Estado consagrado en la CRBV. Estas declaraciones de una de las autoridades del Poder Ciudadano, un poder hasta ahora subordinado a las directrices de Maduro, puso en carrera al gobierno, quien utilizó para retractarse parcialmente de algunos contenidos de las sentencias el recurso de la convocatoria a un Consejo de la Defensa Nacional, que no tiene competencia para sugerirle nada al TSJ.
Como resultado, algunas de las materias que se asentaron en esas sentencias fueron eliminadas atendiendo al inefable Consejo, como el tema de la inmunidad despojada a los diputados y el traspaso de las funciones legislativas al TSJ. Para esa parcial rectificación se recurrió al absurdo recurso de unas sentencias llamadas “aclaratorias”, que no están contempladas en ninguna parte. Sin embargo, quedaron vigentes otros temas que, junto a las sesenta y tantas sentencias previas, han castrado a la AN de sus competencias y al país de su democracia.
La muy grave potestad concedida a Maduro para crear empresas mixtas, endeudarse y realizar todo tipo de actividades financieras y económicas, sin necesidad de que sean aprobadas por el Legislativo, no fue tocada. De esta manera, Maduro puede continuar sin control alguno, haciendo lo que “le da la gana” para conseguir dinero, y proseguir en su desquiciada, corrupta e inviable economía socialista.
Por otra parte, en el ámbito internacional, el gobierno corrió peor suerte. En la OEA, los improperios de la canciller y del embajador venezolano ante ese organismo tuvieron el efecto de precipitar una severa resolución de la mayoría de los países, llamando al gobierno de Maduro a volver a la Constitución y al Estado de Derecho. Mercosur también se pronunció por el regreso al Estado de Derecho, al respeto a los derechos humanos y en particular, a la separación de los poderes públicos. Otras instancias de la comunidad interamericana e internacional siguieron. Así pues, finalmente, el vecindario y la comunidad internacional comienzan a expresar disposición a presionar por la búsqueda de una salida a la crisis humanitaria y política venezolana. Sin embargo, sus buenos oficios sólo tendrán efecto si, y sólo si, las fuerzas políticas y sociales pro democráticas nacionales logran unirse tras unos objetivos claros y una estrategia inteligente, para conformar un gran movimiento social y político que rescate a la nación de las manos de la cúpula militar y civil inepta y corrupta presidida por Maduro.
Desafortunadamente, ese movimiento se ve incipiente y el juego de ajedrez sigue favoreciendo al gobierno. Avanzó audazmente y un mal cálculo lo ha obligado a retroceder sólo de manera parcial. No es suficiente para cambiar el juego. Sin embargo, el hecho de que se vio forzado a rectificar y quedaron al aire fisuras en el hasta ahora compacto bloque en el poder, da un respiro y nuevos bríos. Las recientes actuaciones de los partidos y los diputados opositores también. Pero, sigue siendo un reto de las fuerzas opositoras entender que el principal y primer objetivo para comenzar la difícil sanación de la nación comienza por deponer intereses particulares para enfrentar a un gobierno que parece agonizar, pero todavía puede seguir haciendo estragos.