El viernes 31 de marzo, la cancillería de Argentina informó a través de su cuenta oficial en Twitter que el sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sostendrán una reunión urgente en Buenos Aires “ante la grave situación institucional en Venezuela”. Existen posibilidades concretas de que el Mercado Común del Sur termine finalmente por aplicar su cláusula democrática si el gobierno de Uruguay cambia su posición hasta ahora y ante las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que efectivamente se ha dado una “ruptura del orden democrático” en Venezuela.
¿Cuál es el estatus actual de Venezuela en MERCOSUR?
El pasado 2 de diciembre de 2016, Venezuela fue notificada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay del “cese del ejercicio de [sus] derechos inherentes a la condición de Estado Parte del MERCOSUR”. Esa decisión no se concretó en aplicación de la cláusula democrática del Mercado Común sino por la violación del Protocolo de Adhesión de Venezuela, el cual ordenaba al Estado venezolano adoptar la normativa emanada del mercado en un lapso de cuatro años.
En consecuencia, Venezuela actualmente no es considerada un miembro pleno del mercado común, lo que significa que no puede acudir a las reuniones y no puede participar en la redacción y adopción de nuevas normas a menos que sea expresamente invitada por los demás países. Ante esta situación, el Estado venezolano ha activado el mecanismo de resolución de conflictos que prevé la normativa del MERCOSUR –Protocolo de Olivos– y sigue tratando de llegar a alguna solución a través de la negociación. Ya ha habido dos reuniones dentro de este procedimiento y está planificada una tercera el 25 de abril. Sin embargo, Venezuela no ha decidido, por ahora, iniciar el procedimiento de arbitraje aunque ya tiene derecho conforme a la normativa.
Por ende, en la práctica, la situación actual de Venezuela en el MERCOSUR es muy parecida a lo que sería una eventual suspensión por la aplicación de la cláusula democrática. Sin embargo, simbólicamente no es lo mismo perder la posibilidad de tener una membresía efectiva en una organización internacional como consecuencia de la violencia de una obligación técnica como la adopción de normas. Si la cláusula democrática del MERCOSUR es finalmente aplicada a Venezuela, ello supondría como mínimo un reconocimiento formal por parte de los demás países de la “ruptura del orden democrático” e incluso podría llevar a una suspensión de la organización hasta que se subsane dicha ruptura.
¿Cuál es la posición oficial de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
con respecto a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia?
La única razón por la cual no se le ha aplicado la cláusula democrática a Venezuela en el MERCOSUR es porque la normativa dispone que esa decisión debe ser tomada por consenso de todos los países. Uruguay es el único Estado que todavía no considera que estén dados los supuestos para aplicar dicha cláusula. Por ende, hasta tanto no cambie su posición oficial, la cláusula democrática de MERCOSUR no será aplicada. Sin embargo, las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano podrían cambiar esa situación. Al respecto, el canciller uruguayo anunció el 30 de marzo que daría a conocer la posición oficial de su gobierno en un plazo de 24 horas, pero es probable que ahora espere hasta que se celebre la reunión urgente en Buenos Aires el sábado 1 de abril.
Precisamente esta negativa de Uruguay fue lo que llevó a los demás países a recurrir al argumento técnico de la violación del Protocolo de Adhesión de Venezuela para poder removerla del mercado común, ya que la convivencia se había tornado muy hostil por las agresiones del gobierno venezolano, afectando esto el proceso de negociación de los demás países con la Unión Europea para concretar un tratado de libre comercio.
Brasil y Paraguay, por su parte, desde hace tiempo han adoptado una posición categórica sobre la necesidad de aplicar la cláusula democrática de MERCOSUR. Es muy probable que esa posición continúe e incluso se refuerce ahora con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Argentina, por su parte, ha sido un poco más precavida, destacando en algunas oportunidades que la aplicación de este tipo de instrumentos no es la solución a la crisis venezolana. Esta posición ha sido en gran parte por influencia de la canciller Susana Malcorra, ya que el presidente Mauricio Macri sí se ha mostrado más categórico sobre la necesidad de aplicar medidas como la cláusula democrática del MERCOSUR. Es de presumir que si la posición de Uruguay cambia, Argentina apoyaría lo que vienen pidiendo hace tiempo los gobiernos de Paraguay y Brasil.
¿Cuáles son las posibles decisiones que podrían tomar Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay?
Son tres las decisiones que podrían tomar Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la reunión del 01 de abril. En primer lugar, es posible que los países únicamente intercambien impresiones sobre lo que está sucediendo en Venezuela y decidan seguir monitoreando la situación, posiblemente con la emisión de un comunicado crítico como los que hemos visto de diversas cancillerías durante las últimas horas. Ahora bien, esta es la opción menos probable ya que por alguna razón se está realizando esta reunión de urgencia en Buenos Aires con la presencia de los cuatro cancilleres.
En segundo lugar, es posible que ante un eventual cambio en la posición oficial de Uruguay, los Estados decidan aplicar la cláusula democrática del MERCOSUR pero sin que ello suponga una decisión de suspensión. En pocas palabras, los cuatro Estados declararían que en Venezuela se ha concretado una “ruptura del orden democrático” y conforme al artículo 4 del Protocolo de Ushuaia, dispongan que van a promover las “consultas pertinentes” entre ellos y el Estado venezolano. Este sería un primer paso importante que reconocería el quiebre del orden democrático en Venezuela por parte de cuatro países importantes que a su vez podría impulsar la aplicación de la Carta Democrática en la OEA.
Finalmente, también es probable que ante un eventual cambio de la posición oficial de Uruguay, los Estados no solamente decidan declarar la “ruptura del orden democrático” sino considerar que cualquier proceso de consulta con el gobierno venezolano a estas alturas sería “infructuoso”. En consecuencia, en aplicación del artículo 5 del Protocolo de Ushuaia, decidirían qué medidas aplicar, las cuales podrían ir “desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos” de MERCOSUR, “hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes” al formar parte del mercado común. Bajo este escenario, lo más probable sería que los países únicamente suspendan el derecho de Venezuela a participar en los órganos de MERCOSUR. Esto a su vez significaría que incluso en el supuesto negado que Venezuela adoptara la normativa pendiente en su ordenamiento jurídico interno, no podría regresar al MERCOSUR hasta tanto no se subsane la “ruptura del orden democrático”.
Como vemos, cualquier decisión concreta en el marco de MERCOSUR, pasa necesariamente por un cambio en la posición oficial del gobierno de Uruguay. Eso se definirá en las próximas horas.