Al momento de esta publicación, once países de la región han reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró que las facultades de la Asamblea Nacional serán ejercidas por la Sala Constitucional o “por el órgano que ella disponga”. El 29 de marzo, el mismo día de esa decisión, Argentina ya había manifestado su preocupación por una sentencia previa de fecha 28 de marzo que limitó “las facultades de la Asamblea Legislativa y [restringió] la inmunidad parlamentaria de sus integrantes”. Aunque la mayoría de la región todavía se decanta por actuar en el campo de las declaraciones y reiterar un llamado al “diálogo”, comienzan a observarse países dispuestos a tomar medidas concretas en el ámbito internacional.
¿Cuál ha sido la posición de los países que se han pronunciado?
Hasta ahora, son diez los comunicados que han sido emitidos por países de la región. Por su parte, Chile se pronunció a través de la red social en Twitter de la presidenta Bachelet. El énfasis ha sido puesto en distintos temas, por lo que resulta conveniente realizar un análisis temático de las declaraciones.
1. Profunda preocupación: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, México y Panamá manifestaron estar “profundamente preocupados” por las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, al tiempo que recordaron que la separación e independencia de los Poderes es fundamental para que exista una democracia.
2. Condena: Brasil, Perú y Estados Unidos, utilizando un lenguaje más contundente, “condenaron” las decisiones de la Sala Constitucional que terminan de desconocer las facultades de la Asamblea Nacional. Costa Rica, por su parte, calificó a las sentencias como “inadmisibles” y “decepcionantes” al ser “contrarias a la esencia de la democracia” y “acelerar el deterioro de la gobernabilidad democrática” en Venezuela.
3. Diálogo: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Estados Unidos reiteraron la importancia del “diálogo” como el camino conveniente para resolver la crisis. Panamá, por ejemplo, solicitó específicamente que se “retomen y fortalezcan” dichos esfuerzos, mientras Estados Unidos pidió que se “cumplan los acuerdos alcanzados durante el diálogo que se llevó a cabo en 2016”.
Justamente con respecto al tema del diálogo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero declaró que sigue trabajando “para lograr un acuerdo de estabilidad en Venezuela” y que esa labor exige “prudencia, discreción y paciencia”. Aunque reconoció que el TSJ se había extralimitado en el uso de sus funciones, Zapatero destacó que los nuevos hechos se tratan de un acontecimiento más dentro del conflicto que existe en el país y que lo que buscan sus esfuerzos es “contener”, es decir, “hacer un proceso preventivo de paz para que no se produzca un conflicto civil y grave”.
1. Ruptura del orden constitucional: Brasil, Perú y Estados Unidos fueron los únicos tres países que catalogaron lo sucedido como una “ruptura del orden constitucional y democrático”, una determinación relevante porque es lo que la Carta Democrática Interamericana requiere en su Artículo 21 para eventualmente poder tomar la medida de suspensión contra un país miembro de la OEA.
2. Esfuerzos multilaterales: Brasil, Canadá, Chile, Perú y Estados Unidos destacaron la importancia de continuar haciendo esfuerzos dentro de la OEA para “examinar la preocupante situación en Venezuela”. Perú y Estados Unidos fueron más explícitos mencionando a la Carta Democrática Interamericana y solicitando que “se adopten las medidas que correspondan”. Costa Rica, por su parte, destacó que “es en la Organización de Estados Americanos donde debe encontrarse una solución justa, pacífica y afianzada en la fuerza del multilateralismo.”
3. Esfuerzos bilaterales: Argentina y México reiteraron su “disposición” a ayudar al “pueblo y el gobierno de Venezuela” para restablecer la paz en el país, en el marco del respeto a las instituciones democráticas. Perú, por su parte, tomó una medida concreta de recriminación al anunciar que “frente a la gravedad de estos hechos, el gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador” en Venezuela. Chile, por otro lado, decidió “llamar a consultas” a su embajador en Venezuela, en una clara muestra de reproche por lo sucedido. Al respecto, el canciller chileno informó que la intención es que el embajador informe “sobre el agravamiento de la situación en Venezuela” y la medida es una muestra de la “máxima preocupación de los hechos que están ocurriendo”.
El significado de las medidas concretas tomadas por algunos países
El hecho de que el TSJ haya declarado que asumirá las funciones de la Asamblea Nacional confirma –de manera incuestionable para varios países– la falta de separación e independencia de los Poderes Públicos en Venezuela. Esto explica porque en menos de 24 horas, dos Estados tomaron medidas muy concretas para condenar estos hechos y la Unión Europea, usualmente silente con respecto a Venezuela, también emitió un comunicado. Incluso hubo una reacción del gobierno de Rusia, quien insistió en el diálogo, pero pidió “desbloquear la actividad de todos los órganos de poder legítimos”.
El gobierno de Perú, al decidir que quien era su embajador en Venezuela no regresará más, deja entrever cuán grave considera las sentencias del TSJ. Adicionalmente, comienza a transitar un camino que podría eventualmente terminar en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Más sorprendente aún fue la decisión del gobierno de Chile de llamar a consultas a su embajador de Venezuela, especialmente si se tiene en cuenta que bajo el mando de la presidenta Michelle Bachelet las críticas a la situación venezolana han sido bastante tímidas. Asimismo, el gobierno de Colombia –sin utilizar la figura del “llamado a consultas”– solicitó a su embajador en Venezuela que viajara a Bogotá para informar sobre la situación.
En definitiva, estas dos medidas podrían abrir la puerta a que distintos países de la región comiencen a tomar medidas de carácter bilateral para tratar de ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es relevante si se tiene en cuenta que la preferencia hasta ahora ha sido actuar en el ámbito multilateral, aunque esta vía ha resultado ser parsimoniosa ante la velocidad con la que se agrava la crisis venezolana. De esta forma, el esfuerzo internacional no se limitaría a declaraciones, sino a verdaderas consecuencias concretas en las relaciones diplomáticas del gobierno venezolano con el resto de la región.
¿Qué se puede esperar en los próximos días?
A todo evento, varios países también hicieron énfasis en la importancia de responder de forma conjunta ante los nuevos acontecimientos. En consecuencia, es probable que en los próximos días se concreten nuevos esfuerzos para discutir la crisis venezolana en el Consejo Permanente de la OEA. En tal escenario, en primera instancia 18 países podrían decidir que en Venezuela existe una “alteración grave del orden constitucional”, dando paso a que la organización tenga la obligación de realizar “gestiones diplomáticas” para tratar de recuperar la institucionalidad democrática. Este sería un primer paso crucial porque en la práctica significaría el reconocimiento formal de una mayoría de los países de la región sobre la inexistencia de un gobierno democrático en Venezuela.
El propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ya ha anunciado que ha solicitado la “convocatoria urgente” de una nueva sesión del Consejo Permanente dentro de las facultades que le otorga el Artículo 20 de la Carta Democrática. La rapidez con la que se concrete dicha convocatoria determinará el papel que jugará la Organización, ya que a partir del próximo lunes 3 de abril, Bolivia asumirá la presidencia temporal del Consejo Permanente (por 3 meses) y entre sus responsabilidades estará determinar cuándo convoca las sesiones. Luego de la decisión del TSJ, el gobierno boliviano ratificó su “apoyo incondicional” al gobierno de Nicolás Maduro. Esto significa que por dicho período, podría ser más engorroso que el Consejo Permanente de la OEA se reúna para discutir la crisis venezolana.
Por otro lado, uno de los hechos interesantes luego de la decisión de la Sala Constitucional ha sido la posición del gobierno de Uruguay, el cual anunció que en las próximas horas tomará posición ante las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. En caso de que Uruguay considere que la decisión de la Sala Constitucional efectivamente representa una “alteración del orden constitucional” en Venezuela, se abriría también la posibilidad que el Mercosur aplique su cláusula democrática –el Protocolo de Ushuaia– quedando Venezuela formalmente suspendida como miembro del mercado común. Hay que recordar que actualmente Venezuela no se encuentra formalmente suspendida sino que “cesaron sus derechos como Estado Parte” al no haber adoptado la normativa emanada del mercado común. La aplicación de la cláusula democrática de Mercosur, a su vez, podría otorgarle un impulso definitivo a la eventual aplicación de la Carta Democrática.
En consecuencia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia marca un hito en el tratamiento de la región hacia la crisis venezolana. Un buen grupo de países se muestra dispuesto a pasar próximamente de la declaración al terreno de las medidas concretas, donde obviamente destaca la aplicación de la Carta Democrática. No obstante, un buen número de países continúan resaltando la importancia de un diálogo franco entre venezolanos, pues reconocen que sus herramientas para intervenir en el conflicto son limitadas y que su papel, aunque crucial, no será el más relevante para que se comiencen a solucionar los graves problemas que aquejan a Venezuela.
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