Fotografía de Juan Barreto para AFP
Cuando observamos la evolución de la economía venezolana durante el último año, lamentablemente resulta difícil escoger qué dimensión ha presentado un mayor deterioro. Más allá de ser un problema técnico o un caso de estudio negativo que servirá de lección a los encargados de las políticas públicas en un futuro, la dimensión social del problema es desgarradora. El ciudadano común ha estado expuesto a un deterioro acelerado de su nivel de vida en casi todos los aspectos.
En el plano estrictamente económico, un problema que cualquier persona observa y vive sus consecuencias de primera mano es el de la inflación. El continuo incremento del nivel de precios obliga a cambiar los patrones de consumo y vida de los hogares, a la vez que añade un elemento de incertidumbre que genera consecuencias que trascienden lo meramente financiero.
El diseño de una política económica que detenga el proceso inflacionario y, por ende, el empobrecimiento continuo de los segmentos más vulnerables económicamente de la población, debe ser una prioridad en cualquier plan de ajuste que tenga como objetivo el bienestar de los ciudadanos.
En un artículo reciente publicado en Prodavinci, el profesor César Gallo advierte acerca de cómo un proceso de alta y persistente inflación representa un acelerador de la pobreza, y alerta de la necesidad de adoptar políticas económicas que pongan un freno a esa dinámica.
El profesor Gallo así como otros analistas, recientemente, reviven el debate acerca de la dolarización plena de la economía venezolana, señalando que dicha medida representaría un freno inmediato a la dinámica inflacionaria y como consecuencia al empobrecimiento de miles de venezolanos.
En un artículo de mi autoría publicado en Prodavinci en 2015, argumentaba que el debate de la dolarización se concentraba en enumerar ventajas y desventajas, y en función del balance de estas, la medida debería ser rechazada o aceptada. En contraposición a esta estrategia la cual emplea Gallo en su escrito, proponía que las acciones de política económica debían ser estudiadas en un marco común en el cual podrían ser evaluadas tanto la acción de política como su contrafactual, tal y como se lleva a cabo en la teoría macroeconómica moderna. La ventaja de este análisis es que evitamos mezclar supuestos beneficios y costos evaluados en contextos y teorías distintas de manera no ordenada.
Pero más allá de esta licencia no formal que emplean algunos defensores de la dolarización y la cual es válida si el objetivo es integrar al gran público en el debate de la política económica, existen detrás un par de ideas algo ingenuas.
La primera, el pensar que la dolarización puede servir como sustituto o acelerador inmediato de un proceso político que resulte en un cambio institucional que elimine el sesgo desestabilizador de la autoridad económica. Esto se abstrae en general de toda la dinámica política detrás de la construcción institucional, y en el caso particular de Venezuela de la organización de las instituciones alrededor de la idea del reparto clientelar de la renta petrolera. La segunda tiene que ver con asumir que la política monetaria no juega ningún rol como elemento estabilizador de la economía, o que los costos económicos de dicha discrecionalidad son siempre mayores a su beneficio debido a la probabilidad del empleo del señoreaje como fuente de ingresos fiscales.
A continuación desarrollo brevemente ambos puntos.
Política monetaria y estabilización
Hagámonos la siguiente pregunta ¿qué debe hacer una economía ante un escenario caracterizado por menos divisas para importar bienes y servicios, menos ingresos fiscales para mantener la labor del Estado, menor acceso al crédito externo, problemas de liquidez en el sistema financiero y potenciales caídas del Producto Interno Bruto futuras debido al nuevo escenario?
Podemos identificar al menos tres desequilibrios. Un desequilibrio fiscal generado por la caída de los ingresos, uno externo ya que la disponibilidad de divisas y el acceso al crédito externo no serán suficientes para mantener el actual nivel de importaciones y una potencial crisis financiera porque los bancos tampoco van a poseer fácil acceso al financiamiento internacional, acompañado del efecto que pueda tener la esperada caída del nivel de actividad sobre la capacidad de pago de sus clientes.
La respuesta parece obvia en dos de los casos, ajustar las finanzas públicas (elevar ingresos, reducir gastos y recuperar el acceso a los mercados de deuda internacionales) de manera que el Estado mantenga la solvencia necesaria para realizar sus actividades, y realizar un ajuste de balanza de pagos que disminuya las importaciones de ciertos bienes y servicios al mismo tiempo que se expandan las exportaciones.
Si nos concentramos en el ajuste de balanza de pagos, ¿existe algún rol para la política monetaria? La respuesta es sí. En una economía con rigideces en el mercado de trabajo y bienes, tal y como plantea Gallo en su artículo, reorientar recursos hacia actividades que permitan una mayor generación de divisas (bienes exportables) puede ser un proceso lento y doloroso. Una depreciación nominal del tipo de cambio que abarate los productos locales en moneda extranjera de modo que sean más atractivos a la exportación puede acelerar este proceso sin necesidad de pasar por épocas de alto nivel de desempleo como ha ocurrido en países como Grecia o Argentina.
Los proponentes de la dolarización ven esta discrecionalidad como algo negativo, porque la consideran una especie de velo que cubre un problema de fondo, que en este caso sería la existencia de rigideces nominales de los precios a la baja, o una excusa para posponer medidas para aumentar la productividad. Pero la pregunta práctica sería ¿cuál es la opción?, específicamente, ¿qué instrumento de política económica lograría un ajuste nominal que permita una depreciación real rápida?, ¿esperamos décadas hasta que se lleven a cabo los ciclos de innovación?, ¿o endeudarnos a altas tasas y plazos cortos para suavizar el ajuste de la balanza de pagos?
Con respecto al sistema financiero, la aplastante mayoría de los países avanzados con bajas tasas de inflación y buen récord de finanzas públicas poseen un prestamista de última instancia, a saber, un Banco Central (supranacional en casos como la zona euro) dispuesto a proveer liquidez a los bancos en caso de que lo necesiten. Gallo plantea que es positivo eliminar el prestamista de última instancia porque “al no contar con esta posibilidad, los bancos tendrían que aplicar una disciplina muy rigurosa para garantizar sobrevivir en medio de las crisis, manejar con más responsabilidad y eficiencia su solvencia y liquidez”.
En este caso el profesor se abstrae de las características particulares del sistema financiero. A diferencia del resto del sector privado, el sector bancario posee un modelo de negocio que lo hace más susceptible a crisis de confianza. Los bancos transforman pasivos muy líquidos (depósitos) en activos muy poco líquidos (préstamos a diversos plazos), debido a esto no poseen suficientes recursos líquidos para hacer frente a una retirada masiva de depósitos, a pesar de ser completamente solventes en términos de que su estructura de activos y su flujo de caja son suficientes para responder a las demandas normales de sus depositantes. Una crisis de expectativas que genere una retirada masiva de fondos puede transformar una crisis de liquidez (no poseer recursos a corto plazo) en una crisis de solvencia que, en un principio, no existía.
Adicionalmente los bancos son los únicos entes, además del Banco Central, capaces de crear dinero a través del proceso del crédito por lo que representan el canal fundamental sobre el que actúa la política monetaria.
Los defensores de la dolarización pasan por alto que la política monetaria activa SÍ posee un rol estabilizador a la hora de que la economía deba enfrentarse a desequilibrios externos y del sistema financiero que surjan por eventos fuera del control de las autoridades monetarias.
Incluso países que ya no emplean su moneda como la zona euro, poseen un Banco Central que actúa como prestamista de última instancia, y que ha sido clave para evitar un colapso financiero y una profundización de la crisis en los países de la periferia de la eurozona.
Consideran de manera implícita que estos beneficios se ven superados con creces por los costos del eventual acceso del fisco al Banco Central como fuente de financiamiento. Pero la evidencia empírica actual muestra que la gran mayoría de países puede evitar que esto ocurra sin necesidad de prescindir de la política monetaria como elemento estabilizador. La clave es un adecuado diseño institucional.
Dolarización e instituciones
En mi artículo anterior hago una referencia a una cita del premio Nobel de economía Thomas Sargent (Sargent (2001)) en la cual plantea, en relación con la dolarización como la opción más creíble del compromiso antiinflacionario del Gobierno, que “quienes afirman esto no presentan modelos de cómo la dolarización está conectada con la credibilidad”.
Como ya he mencionado, una de las ideas principales detrás de la propuesta de dolarización es el supuesto de que esta impulsaría de manera inmediata un cambio institucional que desembocaría en una disciplina fiscal férrea, al eliminar la posibilidad de que el Banco Central adquiera deuda pública en el mercado primario, es decir, financiar monetariamente el déficit fiscal. Pero tal y como afirma Sargent, no existe dentro de la macroeconomía formal ninguna teoría que vincule de manera directa dolarización con responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Algunos confunden las conclusiones de la literatura de compromiso y política económica con sus premisas acerca de la dolarización. La teoría moderna de la política económica óptima con ausencia de compromiso[1] muestra que existen arreglos institucionales en los que la secuencia óptima de políticas que lleva a cabo la autoridad económica coincide con la que es mejor para sus ciudadanos. No hace falta incurrir en arreglos rígidos en los cuales se prescinde completamente de algún instrumento de política.
En el párrafo anterior menciono la clave del problema, los arreglos institucionales. Sin entrar en detalles, las instituciones surgen como consecuencia de procesos políticos no triviales en los cuales miembros de la sociedad con intereses contrapuestos deciden cómo se asigna el poder político no solo hoy sino en el futuro, a la vez que implementan los mecanismos de resolución de conflictos que hagan sostenible el arreglo institucional alcanzado.
En Venezuela el arreglo institucional desde hace más de medio siglo gira en torno a un Estado clientelar, basado en el reparto de prebendas alimentadas por la renta petrolera. En un artículo publicado por Agenda Pública en 2016 argumento lo siguiente:
“Lo anterior permitió incurrir en comportamientos fiscalmente irresponsables, ya que no existía necesidad de incrementar la presión fiscal y por ende no había resistencia social a este comportamiento. Pero asimismo, permitió el posponer el establecimiento de instituciones que resolvieran los conflictos políticos, ya que el petróleo actuaba como un bálsamo que permitía conciliar las disputas sociales sin la existencia de perdedores aparentes”
La irresponsabilidad fiscal y el sesgo desestabilizador de la política económica en Venezuela se encuentran íntimamente ligados al diseño institucional actual, el cual genera incentivos hacia la voracidad fiscal y el desequilibrio monetario que acaba degenerando en inflaciones persistentes y en un caso límite como el actual, puede llegar a hiperinflaciones.
La clave en el mantenimiento de ese esquema es el arreglo que existe alrededor de la apropiación y reparto de la renta petrolera, no el hecho que el fisco pueda acceder al señoreaje. De ahí que pensar que el prescindir de la política monetaria y cambiar la moneda de curso legal por otra con mayor capacidad de compra podrá eliminar los sesgos desestabilizadores de la política económica, es darle una importancia exagerado a esta o cualquier opción de política.
El profesor Gallo afirma que la dolarización es ” un proceso prácticamente irreversible “, a la vez que menciona que “la Constitución de la República se ha modificado según las ambiciones de poder que tengan los gobernantes de turno “, es decir, ¿una dolarización es menos irreversible que una Constitución? Si tal y como menciona “no hay ninguna garantía de disciplina a través de las leyes nacionales o de la Constitución cuando los que llegan al Gobierno se enferman de poder y de ansias por acumular fortunas”. ¿Por qué la dolarización si es una garantía de disciplina en el mismo entorno de incentivos? Lo anterior contradice la evidencia empírica que muestra una aplastante mayoría de países sin dolarizar o con bancos centrales con décadas de inflaciones bajas. Volviendo a Sargent (2001), necesitamos una teoría.
Como afirman Calvo y Mishkin (2003), la clave para el éxito macroeconómico en una economía en desarrollo, tiene que ver más con las instituciones económicas que con la elección del régimen del tipo de cambio. Claramente las actuales autoridades fiscales y monetarias distan de las necesarias para combatir el problema inflacionario, pero también es cierto que un Estado clientelar que se alimenta de un ingreso distinto de la presión fiscal a sus ciudadanos, pocos incentivos tendrá de adoptar medidas de estabilización y ahorro (ver Rodríguez, Morales, y Monaldi (2012)).
Acemoglu y Robinson (2006) señalan que la diferencia principal entre instituciones y políticas es que las primeras son duraderas mientras que las segundas son reversibles. Es difícil argumentar que una política económica puntual, por más rígida que sea, es el sustituto del conjunto de reglas y normas que, además de agregar las preferencias de individuos heterogéneos en elecciones sociales, moldean la estructura de incentivos que pueden hacer la diferencia entre un país productivo y estable y uno marcado por la pobreza y la inestabilidad económica.
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Kamal Romero es economista (UCV) y profesor de macroeconomía en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros-UCM, Madrid, España.
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Acemoglu,D. y Robinson, J. A. (2006). “Economic Origins of Dictatorship and Democracy,” Cambridge University Press.
Gallo, C. (2017). Dolarización y pobreza en Venezuela. Prodavinci, [online] p.única. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/dolarizacion-y-pobreza-en-venezuela-por-cesar-gallo-1/ [Accessed 13 Feb. 2017].
Ljungqvist, L.y Sargent, T. J.(2012). “Recursive Macroeconomic Theory” The MIT Press.
Mishkin, F. S., y Calvo, G. A. (2003). “The Mirage of Exchange Rate Regimes for Emerging Market Countries.” Journal of Economic Perspectives 17.4: 99-118.
Rodríguez, P L., Morales, J R. y Monaldi, F J. (2012). “Direct Distribution of Oil Revenues in Venezuela: A Viable Alternative?”. Center for Global Development Working Paper 306.
Romero, K. (2015). El caso venezolano: dolarización y teoría macroeconómica. Prodavinci, [online] p.única. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/el-caso-venezolano-dolarizacion-y-teoria-macroeconomica-por-kamal-romero/ [Accessed 3 Feb. 2017].
Romero, K. (2016). VENEZUELA, UN CASO MUY PARTICULAR. Agenda Pública, [online] p.única. Disponible en: http://agendapublica.es/venezuela-un-caso-muy-particular/ [Accessed 5 Feb. 2017].
Sargent, T. (2001) “Comment on Fiscal Consequences for Mexico of Adopting the Dollar”. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 33, No. 2, Part 2: Global Monetary Integration, pp. 617-625.
[1] Para un tratamiento formal de este tema ver los capítulos 23 y 24 de Ljungqvist y Sargent (2012).