New York Stock Exchange. Fotografía de Henry Ray Abrams para AP
Los tres expresidentes que participaron en el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno entregaron a los opositores el documento Acuerdo de convivencia democrática en el que presentaron varios puntos a ser considerados para reactivar las negociaciones. Llamó particularmente la atención el capítulo sobre el endeudamiento:
1. “Revisar por parte de la Asamblea los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación para promover el desarrollo de la economía nacional”.
2. “Explorar la voluntad para que la Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto y Ley de Endeudamiento de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea”.
3. “Una vez restablecida la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República”.
Los facilitadores —se asume que a petición del gobierno— le piden a la oposición que la Asamblea Nacional apruebe el endeudamiento y garantice el pago de la deuda. Si bien no es potestad de la Asamblea garantizar el pago de la deuda, la solicitud deja en evidencia que los acreedores del gobierno no se sienten cómodos concediendo nuevos préstamos sin la aprobación del Poder Legislativo. Al gobierno se le agotaron las fuentes de financiamiento y necesitan del Parlamento.
A los actuales precios del petróleo, manteniendo las importaciones a los mismos niveles que en el 2016 y con 10 mil millones de dólares en servicio de bonos de deuda externa, se estima que el gobierno tendrá una brecha de financiamiento externo de cerca de 3.500 millones. Sin préstamos externos el gobierno tendrá que vender activos (no está claro cuántos quedan) y van a estar obligados a contraer las importaciones aún más para servir la deuda externa. El gobierno ha mostrado una impresionante disposición a pagar la deuda (willingness to pay) porque temen que un default conlleve al secuestro de las exportaciones petroleras por parte de los tenedores de bonos en deuda externa. Les aterra que en Venezuela se repita la experiencia Argentina después del default.
Antes de las últimas negociaciones, la oposición tenía un arma poderosa que obligó al gobierno a sentarse en la mesa: la calle. Pero la perdió durante las negociaciones al decidir enfriarla y no mantenerla viva. La consecuencia es evidente: el gobierno evitó el referéndum revocatorio, la popularidad de la oposición se desplomó, no hay salida electoral creíble y la desesperanza arropó al país.
Ahora, el gobierno necesita a la Asamblea para acceder a préstamos internacionales. Esto le otorga a la oposición un instrumento de negociación muy valioso en una nueva ronda que pasaría por ofrecer al régimen la autorización de endeudamiento a cambio de:
1. La liberación de los presos políticos
2. La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
3. Elecciones regionales en el 2017 y presidenciales en el 2018.
Sin un CNE y TSJ renovados no hay garantía de que el gobierno cumpla con lo prometido y podría utilizar nuevamente las instituciones para perpetuarse en el poder. La oposición debe dejar claro que si no se accede a las peticiones constitucionales no habrá autorización de endeudamiento. El diputado José Guerra ha sido contundente en sus declaraciones: sin la autorización de la Asamblea el endeudamiento es ilegal.
El gobierno no estará dispuesto, sin embargo, a ceder la mayoría del TSJ o el CNE (mayoría que no tendría de haberse respetado la Constitución) por miedo a ser víctima de los mismos abusos institucionales con los que han sometido a la oposición y al país. Por tanto, la oposición debería estar dispuesta a ceder, para garantizar la participación del gobierno, un CNE y un TSJ donde ambas partes tengan una representación balanceada y donde se garantice la neutralidad.
Esta parecerá una propuesta ingenua ante un gobierno que ha mostrado estar dispuesto a pagar costos muy elevados para mantenerse en el poder. Habrá también en el oficialismo quienes propondrán no sentarse a negociar, pero esta sería una estrategia con resultados muy inciertos para su gestión. Está claro que les conviene aceptar la propuesta, en virtud de que sin financiamiento externo el colapso económico se agravará, el país entrará en default (a menos que los precios del petróleo aumenten significativamente), los flujos petroleros y el control de PDVSA estarán en riesgo —aumentando la posibilidad de un estallido social—, y el apoyo militar podría llegar a su límite. La negociación les da la oportunidad de mantenerse en el poder hasta las elecciones presidenciales del 2018 y, si logran normalizar la situación económica, hasta de ser reelectos.
Con este arreglo, la Asamblea tendría nuevamente la capacidad de legislar y de empezar a ejercer los debidos controles de un sistema democrático, con un CNE y un TSJ que garanticen imparcialidad. Venezuela sería un país más normal, con funcionamiento electoral y el chavismo conservaría su espacio dentro de la política del país. Con esta propuesta, la oposición le presentaría a Venezuela una salida muy clara que contaría con el apoyo internacional y el de la mayoría del país.
Si el gobierno no la acepta, quedaría en mayor evidencia su carácter autoritario, la población seguiría sufriendo el vértigo y la angustia que produce la caída libre de una economía ya en aprietos.
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