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¿Qué pasó en Barlovento? La masacre. Las víctimas. Las reacciones // #MonitorProDaVinci

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Lista de personas reportadas como desaparecidas en el municipio Acevedo del estado Miranda

Este domingo 27 de noviembre de 2016, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado donde condena el asesinato de doce jóvenes a manos de efectivos militares en Barlovento.

Desde el pasado 7 de octubre, en Barlovento se desplegó una Operación Liberación del Pueblo (conocidas como OLP), que según publicó el portal Runrun.es abarcó seis municipios con 1.300 funcionarios de la FANB y otros cuerpos de seguridad. El objetivo que se comunicó oficialmente para la referida OLP era realizar funciones de reconocimiento y patrullaje para la seguridad de la zona. Según confirmó el Ministerio Público, las víctimas fueron detenidas el 15 de octubre de 2016 sin una orden de aprehensión. Dos de las víctimas fueron localizadas el viernes 25 de noviembre en el sector El Café (ubicado en el Municipio Acevedo), mientras que los otros diez cuerpos fueron encontrados el sábado en el sector Aragüita, vía a Guatopo.

En referencia a estos hechos, el ya referido comunicado de la FANB dice:

“El despacho del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en el preciso instante de recibir, a través de las instituciones del Estado, las primeras informaciones de denuncias por parte de los familiares afectados, ordenó la apertura de la investigación penal militar, y sobre la base de las experticias recabadas por los organismos competentes, se determinó la responsabilidad de un oficial superior y algunos tropas profesionales quienes admitieron su culpabilidad”

¿Qué pasó en Barlovento?

Un trabajo periodístico publicado por Runrun.es presentó una cronología de los sucesos que comienza por la detención de Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena, llevada a cabo por un grupo de militares el 15 de octubre de 2016.

Según el citado reportaje y el informe del Ministerio Público, al momento en que los jóvenes fueron detenidos no había indicios de que estuviesen cometiendo un crimen. Las víctimas habían sido señaladas por los efectivos como culpables de robos de vehículos en la zona y vinculados con agrupaciones que cometen extorsión.

Los testimonios levantados indican que, aunque las fuerzas de seguridad informaron que los jóvenes serían trasladados al Destacamento Camacaro 323, en El Café, cuando los familiares llegaron hasta el lugar se les informó que allí no se encontraban. Desde que fueron detenidos, sus familiares no tuvieron información sobre ellos. Posteriormente, se le dijo a las familias que se encontraban en el municipio mirandino Pedro Gual, pero cuando llegaron al sitio también les dijeron que allí no se encontraban.

El 18 de octubre de 2016 los familiares denunciaron ante las sedes regionales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo la desaparición de los jóvenes. Y allí se les dijo que realizarían las investigaciones pertinentes del caso. El 20 de octubre de 2016, la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz contactó a los familiares de los jóvenes detenidos y se pudo comprobar que el Ministerio Público ya se encontraba realizando investigaciones. Luego de unos días, el ente  determinó que los muchachos no tenían vínculos con bandas delictivas y que ni siquiera tenían antecedentes penales.

Hasta el 21 de octubre de 2016, habían sido liberados ocho jóvenes, detenidos el mismo día en que fueron aprehendidos los doce asesinados. Sus familiares informaron que fueron víctimas de torturas y obligados a firmar documentos, a pesar de que varios de ellos eran analfabetas.

¿Qué se ha dicho sobre el caso?

La Red de Apoyo por la Justicia y Paz informó a la Organización Mundial contra la Tortura (OMT) sobre las desapariciones. El 7 de noviembre de 2016 la OMT exigió al presidente Nicolás Maduro, a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y al Defensor del Pueblo Tarek William Saab llevar a cabo los operativos necesarios para dar con la ubicación de los jóvenes, al igual que para garantizar su integridad física.

Luego de un mes de la desaparición, específicamente el 15 de noviembre de 2016, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz publicó en su página web un comunicado en el que manifestó su preocupación por la integridad de los doce jóvenes y exigió a las autoridades competentes la resolución del caso y las respectivas sanciones a los funcionarios implicados en la desaparición de los doce individuos.

“La Red de Apoyo insta a los respectivos organismos del Estado encargados de tomar las medidas apropiadas para establecer el paradero de las 12 personas a que garanticen su seguridad y su integridad física y psicológica y llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la presunta desaparición forzada con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley”, concluye el comunicado.

Este viernes 25 de noviembre de 2016 el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, junto a la Dirección General Contra Inteligencia Militar, encontró dos fosas comunes en las que se encontraban los cuerpos de los jóvenes desaparecidos el 15 de octubre. Después de la realización de las pruebas forenses, se conoció que las víctimas fueron asesinadas hace mes y medio, poco después de la aprehensión.

¿Quiénes están detenidos tras la masacre de los doce jóvenes?

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró a través de su cuenta en Twitter este sábado 26 de noviembre que un suboficial superior y otros siete efectivos han sido detenidos por ser responsables directos del crimen de Barlovento.

El Ministerio Público notificó mediante un comunicado que once funcionarios del Ejército serán juzgados por el asesinato de los doce jóvenes en Barlovento. En el comunicado se precisa que los efectivos implicados son el teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruíz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón. También serán imputados el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero. Los cabos segundo Luis Eduardo Machado y Arquímedes José Aguey, así como el cabo primero Fabián de Jesús Rangel también serán imputado.

El pasado domingo 27 de noviembre el Ministerio Público informó a través su cuenta oficial de Twitter que los familiares de las víctimas estaban recibiendo asistencia psicológica.

¿Cuáles han sido las reacciones políticas de la oposición?

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Política Interior, exigió la eliminación de la Operación Liberación del Pueblo, alegando que no sirve para hacer frente a la inseguridad en el país y “mata a inocentes”. También lamentó que en el país no se declare luto por la masacre de Barlovento y sí por el fallecimiento del mandatario cubano Fidel Castro.

“Qué pena que este país se declare de luto por la muerte del señor Fidel Castro, a quien la historia juzgará, pero no está de luto por la masacre de Barlovento. Nosotros sí estamos de luto por la masacre de Barlovento y queremos destacar que hay ciudadanos que no aparecen”

La diputada también publicó en Twitter una lista de catorce personas reportadas como desaparecidas en el municipio Acevedo del estado Miranda. También indicó, con Jesús Chúo Torrealba en el programa radial La fuerza es la unión, que las acciones emprendidas desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional permitieron a los familiares atestiguar en el expediente ante el Ministerio Público y eso trajo como consecuencia la detención de los efectivos implicados y el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes.

El lunes 28 de noviembre de 2016, Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, hizo un contacto con los medios de comunicación desde la comunidad Vicente Emilio Sojo, en Guarenas, para ofrecer un resumen sobre la masacre de Barlovento:

“Yo les pregunto a ustedes que son mirandinos: ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido un hecho donde hubiese estado involucrado algún cuerpo de seguridad de alguna gobernación o alcaldía donde los que la lideran son gente distinta al Gobierno? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un efectivo de la policía de Miranda el que hubiese estado involucrado en un hecho como Ése? Yo les aseguro que hoy tendríamos hasta los tanques de guerra frente a la policía del Estado”

El gobernador señaló que la intención del Gobierno es “silenciar” el caso y que la OLP no solamente tienen que rendir cuentas sino que tienen que paralizadas “de inmediato” por la reiteración en la violación de derechos humanos. “Lo que hace la OLP es matar gente”, concluyó. Además, criticó la postura del Gobierno ante la situación:

“El Gobierno cree que esto lo despacha con un comunicado de la Fuerza Armada, pero sí decreta tres días de duelo por la muerte de un dictador. […] ¿Por qué no decretan duelo por ejemplo de estos doce venezolanos que fueron masacrados?”

Capriles también le exigió al Gobierno, a la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, responder por esta masacre. También recordó el asesinato de nueve hombres ocurrido en Cariaco el 11 de noviembre de 2016, que implica a cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS):

“Esta no es la primera masacre. Hace poco hubo una masacre en Cariaco, ¿y qué pasó? La ocultaron, la callaron. Por eso les interesa callar a los medios de comunicación”

¿Qué pasó en Cariaco ?

El sábado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República informó que cinco efectivos adscritos al CONAS fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en el asesinato de nueve hombres en la llamada Masacre de Cariaco, un suceso que ocurrió el 11 de noviembre en el sector El Porvenir, en Cariaco, el municipio Ribero del estado Sucre.

Los efectivos imputados son el teniente Aldo Rafael Del Naza y a los sargentos César Rafael Fuentes, Anthony José Ramos, Moisés Fernando Zamora y Robert Antonio Bastidor, por homicidio intencional calificado con alevosía en perjuicio de los hermanos Carlos y Luis Cabello, quienes están detenidos en el Instituto Autónomo de la Policía en Cumaná.

También fueron imputados por homicidio intencional calificado en ejecución de un robo agravado Luis, Jackson, Javier, Jesús y Luis José Rodríguez, además de Eduardo Vallejo y Miguel Acosta; y el mismo tipo penal pero en grado de frustración en relación con las tres personas heridas. Adicionalmente, fueron imputados por agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.