Fotografía tomada de la cuenta oficial de la OEA en Twitter
La respuesta internacional una vez suspendido el Revocatorio
Luego de la suspensión del Referendo Revocatorio, era lógico esperarse una reacción categórica por parte de la comunidad internacional. En agosto, 15 países de la región habían exhortado a que se garantizara “el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo venezolano” y se cumpliera “de manera clara, cierta y sin demora las etapas restantes para la realización del Referendo Revocatorio”. Sin embargo, esa reacción no llegó.
En un comunicado conjunto de fecha 21 de octubre, 13 países manifestaron su preocupación por la suspensión, pero en vez de solicitar que se reanudara el proceso, hicieron un “llamado a todos los actores políticos para que concreten a la brevedad y en un clima de paz, los esfuerzos de diálogo nacional”. Por su parte, ni el Secretario General, Luis Almagro, ni ningún país miembro de la OEA convocaron a una reunión del Consejo Permanente de la OEA como lo permite el Artículo 20 de la Carta Democrática. Tres días más tarde, el 24 de octubre, se daba la reunión entre el Papa Francisco y el Presidente Maduro y se anunciaba en Caracas el “inicio del diálogo”.
¿Por qué la región le apuesta al diálogo?
Hay varias razones detrás de la posición tomada por la comunidad internacional. Primero, no existe un consenso sobre cómo abordar la crisis venezolana. Países como Perú y Costa Rica son partidarios de realizar un mayor esfuerzo para presionar al Gobierno y utilizar los mecanismos disponibles en organizaciones como la OEA. Por otro lado, países como Argentina consideran que son los venezolanos los que deben encontrar una solución y hay que tener cuidado en cómo se procede pues hay que mantener buenas relaciones diplomáticas con Venezuela. Finalmente, hay un grupo de países como Nicaragua, Ecuador y Bolivia que por razones ideológicas o económicas consideran conveniente actuar conforme a los intereses del gobierno venezolano.
En segundo lugar, una vez que el 24 de octubre se anunció que se daría un proceso de diálogo, naturalmente disminuyó la atención y esfuerzos sobre la situación porque prácticamente la totalidad de la región coincide en que lo más acorde es una solución negociada en donde los actores internos sean los protagonistas. Igualmente, hay temor de que ocurran situaciones de violencia y/o un cambio abrupto de Gobierno porque ello podría traer una inestabilidad súbita interna que también afecte a otros países de la región como Colombia y Cuba.
Tercero, la región se ha mostrado dubitativa sobre cómo actuar visto el recurrente rechazo por parte del Gobierno a una supuesta “injerencia internacional”, mientras que la oposición pareciera no haber logrado convencer a una mayoría de los países en su posición de que hace falta una postura más activa que finalmente ayude a resolver o aliviar la situación que están viviendo los venezolanos. Precisamente, para la dirigencia opositora, la presión internacional (conjuntamente con la Asamblea Nacional, el diálogo y la calle) es uno de los caminos vitales para la consecución de su objetivo de “restitución del hilo constitucional y la democracia en Venezuela”.
Teniendo esto en cuenta, todo indica que —salvo que el diálogo dé resultados concretos y satisfactorios para ambas partes— llegará un nuevo momento en el que la comunidad internacional tendrá que adoptar una posición sobre la crisis venezolana. Entretanto, el Gobierno busca que esa actitud sea limitada y conforme a sus intereses y la oposición continúa en la búsqueda de una posición internacional más proactiva que logre presionar al gobierno a resolver sus demandas.
Ingredientes de una estrategia efectiva
La comunidad internacional siempre preferirá lidiar con un interlocutor centralizado que pueda manifestar la posición oficial del grupo al que representa. En esta área, el Gobierno mantiene una clara ventaja porque a través de Nicolás Maduro o la canciller Delcy Rodríguez, posee los contactos y puede transmitir fácilmente su visión de la crisis. En consecuencia, los retos en esta área reposan sobre la oposición que, al ser más diversa, debe tratar de mantenerse y actuar de forma unida.
Hasta ahora, en el lado opositor, el esfuerzo por concretar la presión internacional ha estado dividido entre actores como Lilian Tintori, Henrique Capriles y Timoteo Zambrano. Aunque la multiplicidad de actores quizás permitió diseminar el mensaje de manera más rápida, cada actor ha puesto el énfasis en asuntos distintos (presos políticos, revocatorio o diálogo), debilitando la posición internacional opositora.
Por ejemplo, esta falta de cohesión en la transmisión del mensaje trajo como consecuencia que el día posterior a la suspensión del Revocatorio, el presidente de Perú publicara un mensaje no para solicitar la restitución del Revocatorio sino para manifestar su apoyo a una marcha en la autopista convocada por mujeres venezolanas. Por otro lado, la actuación separada de la Mesa de la Unidad Democrática en el ámbito internacional fue la que originó que José Luis Rodríguez Zapatero fuera convocado a intervenir en la crisis venezolana, luego de una supuesta reunión que mantuvo con Timoteo Zambrano. Esto ha permitido al expresidente español argumentar ante la región que su mediación es imparcial ya que fue invitado por un diputado opositor.
Asimismo, ha existido mucha confusión sobre la posición con respecto al diálogo, no entendiendo la región que para la oposición es fundamental que el Gobierno demuestre, con diversos hechos concretos, su voluntad de dialogar. Por esto, varios países de la región —independientemente que el Gobierno ha continuado con la represión y un lenguaje bélico— han presionado a la oposición pidiendo un tiempo prudencial para que el diálogo dé resultados.
Por otro lado, conseguir que la comunidad internacional tome una posición más activa para presionar a una solución pacífica y pronta de la crisis es una tarea muy compleja. La estrategia del Gobierno ha sido concentrarse en promocionar reiteradamente dos mensajes: (i) cualquier comentario, declaración o modus operandi contrario a sus intereses representa un acto de injerencia contrario al principio de no intervención; y (ii) Venezuela es un país soberano que debe resolver sus problemas internamente y cualquier ayuda o asistencia internacional debe contar con la autorización o visto bueno del gobierno.
Por su parte, y especialmente luego de la suspensión del Revocatorio, la oposición ha manifestado que su estrategia internacional abarca esfuerzos ante numerosos organismos como la OEA, MERCOSUR, UNASUR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, entre otros. Si se considera que la oposición tiene recursos finitos y su estrategia comprende otros tres frentes (Asamblea Nacional, diálogo y la calle), pareciera que pudiera beneficiarse de una estrategia concreta y limitada.
Existen organismos ante los que hay que estudiar bien si vale la pena acudir pues tienen pocas posibilidades de intervenir de forma satisfactoria a los intereses opositores o la ayuda que podrían proporcionar bien pudiese tardar muchos años en concretarse. Por ejemplo, es prácticamente imposible que UNASUR tome alguna medida pues sus normas requieren que las decisiones se tomen por consenso. Bolivia o Ecuador podrían entonces, por ahora, bloquear fácilmente cualquier acción adversa al Gobierno. Por otro lado, la intención de acudir a la Corte Penal Internacional no tiene un fundamento jurídico sólido y cualquier acción tardaría varios años en resolverse, tal y como explicamos ya aquí en Prodavinci.
En consecuencia, en tiempos de diálogo, pareciera que la tarea crucial de la alianza opositora pasa por un trabajo diplomático tras bastidores, concentrándose en los 18-20 países más propensos a apoyar la aplicación de la Carta Democrática, un instrumento que el Gobierno ha demostrado querer neutralizar. Para ello, la oposición tendría que establecer un canal de comunicación simultáneo con los representantes de esos Estados, en donde pueda explicar específicamente lo que está ocurriendo, cuál es su posición y cómo espera que la región pueda ayudarle. Esto es necesario porque los detalles de lo que ocurre en Venezuela muchas veces no son comprendidos por la región. Por ejemplo, es el caso de los asuntos legales complejos. La intención de la Asamblea Nacional de declarar el “abandono del cargo” no fue entendida ni vista con buenos ojos en la mayoría de la región porque a simple vista era obvio que Nicolás Maduro estaba ejerciendo sus funciones y el Gobierno desplegó esfuerzos comunicacionales para argumentar que se trataba de una idea inconstitucional.
Los cambios recurrentes de estrategia también pueden ser contraproducentes. El 23 de octubre, la Asamblea Nacional declaró la ruptura del orden constitucional en el país. Esto llevó a que Perú anunciara 4 días más tarde que solicitaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la cual precisamente exige que exista un “alteración del orden constitucional”. Pero el 30 de octubre la oposición acudía a la primera sesión formal del diálogo y luego acordaba paralizar sus acciones en la Asamblea Nacional, dejando en entredicho el anuncio y riesgo que había asumido Perú al secundar la iniciativa. El Gobierno, por su parte, se ha mantenido firme en su apoyo a UNASUR y sus mediadores y únicamente aceleró la participación de El Vaticano en un momento que necesitaba una válvula de escape a la presión que existía en el país.
La diplomacia en el futuro inmediato
Conforme se desarrolla el proceso de diálogo, el gobierno de Nicolás Maduro debe estar consciente que el tiempo juega a su favor en el ámbito interno, pero en contra en el terreno internacional. Aunque la intención del Gobierno pudiera ser tratar de llegar hasta el 10 de enero de 2017 y a partir de entonces comenzar a tomar medidas, internacionalmente existe una gran expectativa de que el diálogo produzca “resultados concretos” que satisfagan a la población y ello ocurra en un “plazo razonable”. Esto podría ser aprovechado por la oposición, pudiendo ésta manifestar cuál es ese “plazo razonable”. Teniendo esto en cuenta, conforme avance el tiempo, el gobierno incrementará sus esfuerzos de rechazo a cualquier posición de la comunidad internacional contraria a sus intereses.
Por su parte, pareciera necesario que la MUD conforme o le dé un nuevo impulso a un equipo especializado y multidisciplinario que mantenga una comunicación explícita con una mayoría de los países de la región. A la oposición no sólo le convendría explicar lo que está ocurriendo y cómo se espera que la región ayude, sino demostrar que tiene un plan concreto de gobierno para afrontar la crisis y mantener la convivencia pacífica en el país. Esto último es crucial en una región preocupada por la estabilidad interna y regional, y que también reconoce que hará falta ayuda internacional para superar la crisis económica y social. Lógicamente, ese equipo debe estar liderado por una persona como el Coordinador de Asuntos Internacionales de la MUD, quien quizás no debería ser Jesús “Chúo” Torrealba (como lo es actualmente) al ya tener éste muchas responsabilidades, poca experiencia diplomática y prohibición de salida del país.
Otro tema pendiente para la oposición y que tratará de evitar el Gobierno es la conformación de un grupo de amigos o una misión de enviados presidenciales, el cual podría ser una posible vía para concretar el canal de comunicación con la región. Esta idea ya ha sido considerada por un buen número de países pues estuvo en un borrador de declaración de apoyo al diálogo de la OEA pero que en última instancia fue removida. Aunque, vista la oposición del Gobierno ya es poco probable que miembros de dicho grupo o misión puedan sumarse como mediadores en el proceso de diálogo, sí podría resultar útil para que haya mayor atención sobre los acontecimientos en Venezuela y ese grupo pueda hablar con una sola voz conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. Perú ya se ha ofrecido para liderar esos esfuerzos.
Por otro lado, un evento relevante para el proceso de diálogo es que Ernesto Samper dejará de ser el Secretario General de UNASUR a finales de enero de 2017. Lo ideal para ambas partes será que quien lo sustituya sea una persona imparcial que se sume a la mesa, ayude a El Vaticano y aumente la confianza en el proceso. Esto es trascendental si se tiene en cuenta que El Vaticano no está mediando sino simplemente ejerciendo una labor de “acompañamiento” para que la conversación se dé.
Asimismo, ambas partes deben ser cuidadosas en tratar de no vender falsas esperanzas a la población. Los partidarios del Gobierno deben saber que a medida que pasa el tiempo, crecerá la presión por resultados concretos y una mejora en los graves problemas que enfrentan diariamente los venezolanos. En la oposición, debe reconocerse que hay que avances que se pueden obtener a través del diálogo y otros no. La reactivación del Revocatorio o unas elecciones anticipadas no pareciera ser conquistable sino mediante la presión en la calle. Por otro lado, la aplicación de la Carta Democrática —aunque representaría una condena considerable contra el Gobierno— sólo supondría que se inicien gestiones diplomáticas para tratar de solucionar la crisis. Asimismo, una suspensión de Venezuela de la OEA es altamente improbable no sólo porque requeriría el apoyo de 24 países sino porque la Secretaría de Asuntos Legales de la OEA considera que la opción de la suspensión está prevista sólo para los casos en los que un gobierno fue removido ilegalmente del poder, como en Honduras en 2009.
En definitiva, mientras se desarrolla el proceso de diálogo, la comunidad internacional seguirá de cerca lo que ocurre en Venezuela. Pero ambas partes —y especialmente la oposición—, deben aprovechar el tiempo para realizar un trabajo previo para que, de fracasar el diálogo, la comunidad internacional, con las limitaciones de acción que tiene, colabore en la restitución de una convivencia democrática entre los venezolanos.
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