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El nuevo acuerdo de paz en Colombia: la hora de la verdad; por Patricia Lara

Por Patricia Lara Salive | 20 de noviembre, 2016
El presidente de Colombia Juan Manuela Santos reunido con parte del equipo negociador en Bogotá. Fotografía de Efraín Herrera para EFE

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos reunido con parte del equipo negociador en Bogotá. Fotografía de Efraín Herrera para EFE

Ya el presidente y los negociadores escucharon al país (los voceros del No que se opusieron a algunos puntos del acuerdo pero que insistieron en que sí quieren la paz, los voceros del Sí, los empresarios, las víctimas, los militares, los pastores y hasta el exprocurador Ordóñez, que no se sabe en representación de quién actúa como jefe de fuerza política).

Ya las FARC entendieron que el país quería modificaciones, y mostraron realismo político y deseos de paz al aceptar hacer cambios en 56 de los 57 temas que les llevó el Gobierno.

Ya, en el nuevo acuerdo, se les dio gusto a todos, en casi todo: a las víctimas se les complació en que las FARC entreguen sus bienes para utilizarlos en su reparación; a los militares se les reiteró que si contribuyen con verdad y reparación pueden obtener beneficios incluyendo la excarcelación o la terminación de sus procesos por hechos relacionados con el conflicto; al expresidente Pastrana se le aceptó que los jueces de la justicia transicional sean nacionales, que los responsables de delitos graves sean recluidos en zonas con restricción de la movilidad, que el tiempo de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz tenga un límite, que los de las FARC (y los demás) que se presenten ante la Justicia Especial de Paz entreguen toda la información relacionada con el narcotráfico, que en lo pactado haya protección plena de la propiedad privada y que el acuerdo no se incorpore al bloque de constitucionalidad; a la conservadora Martha Lucía Ramírez se le complació en que la financiación del partido que surja de las FARC sea igual a la de los demás partidos y en que la guerrilla no participe en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; a Ordóñez y a los pastores se les aceptó eliminar cualquier ambigüedad sobre ideología de género; y al senador Uribe se le dio gusto en muchas cosas: en reiterar que el gobierno puede fumigar los cultivos ilícitos, en tranquilizar a los empresarios con que no se va a afectar la agroindustria en el campo, ni se va a expropiar a los latifundistas por la vía del Fondo de Tierras, ni mediante el catastro se les van a aumentar los avalúos y, por consiguiente, los impuestos, ni van a ser víctimas de cacería de brujas por haberles pagado extorsiones a paramilitares o guerrilleros.

¡Si quieren más que les piquen caña!, como dice el dicho.

En lo que sí no se les pudo dar gusto fue en lo obvio, es decir, en lograr lo que ellos no consiguieron en sus 12 años de gobierno (cuatro de Pastrana y ocho de Uribe): que las FARC se rindieran, pagaran la pena tras las rejas y sus jefes desistieran de hacer política e ir al Congreso.

Los expresidentes no pueden poner como requisito que se incluya en el nuevo acuerdo lo que ellos no lograron hacer.

Por fortuna, se sabe que el diálogo de tres horas entre Santos y Uribe fluyó bien y que “fue el de dos hombres de Estado empeñados en buscar el bien del país. Uribe es otro ante la galería”, dijeron las fuentes. De hecho, el senador se comprometió a estudiar el texto y antes de ayer dijo que acepta participar en una sesión especial del Senado para que los miembros del Congreso expongan sus observaciones y se llegue a un consenso nacional sobre el acuerdo.

Es que Uribe sabe que quedar de culpable de que se desbarate la paz es un estigma con el que ningún político sensato quisiera acabar sus días.

Patricia Lara Salive 

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