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De una familia que no existe (o el laberinto legal de un bebé con dos madres); por Erick Lezama A.

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Fotografías cortesía de Migdely Miranda Rondón

En este apartamento —ubicado en el piso 18 de un edificio cercano a Plaza Venezuela, el centro de Caracas, la capital del país— hay varios ventanales, y por los ventanales se cuela un chorro de luz clara. Es la tarde del 08 de enero de 2015, el cielo está azul, despejado. Desde aquí se ve una panorámica del caos de la ciudad como la escena de una película muda: la gente caminando con prisa, los vendedores ambulantes perseguidos por policías, el tráfico. Esta vivienda no es grande, pero sí espaciosa. Las paredes en blanco, los muebles en blanco, los cojines en blanco y negro. Están el coche de un bebé, los juguetes de un niño de meses, el árbol de Navidad. Y tatuado en una pared, un verso del recordado poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que parece –y es– una elocuente declaración de principios:

“Es haber amanecido sin habernos explicado / como sin haber dormido pudimos haber soñado / Todo eso es querer y amar / Y amar es más todavía / porque amar es la alegría de crearse y crear”

–Ya te atiendo.

La mujer, Migdely Miranda Rondón, viuda de Giniveth Soto, está despeinada, lleva puestas unas chanquletas, y sostiene a un bebé en sus brazos.

–Mírame, estoy como una loca. Desde que mi esposa murió ando en una corredera. Ella se encargaba de todo. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad que esa mamá nos hace mucha falta?

El niño llora.

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(La madrugada del sábado 13 de diciembre de 2014 mataron a Giniveth Soto de un tiro en la cabeza, cuando intentaron robarle el Volkswagen con el que trabajaba como taxista. Giniveth era sobrina de Fernando Soto Rojas, diputado al parlamento por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ese vínculo con el dirigente político, el crimen puso sobre el tapete –de nuevo– el tema de la inseguridad: Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo. Pero la muerte, además, desató las quejas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) por la falta de amparo legal: como aquí no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, Salvador Gabriel, de cuatro meses de edad, que ahora está dormido en los brazos de Migdely, quedó desprotegido, en un limbo jurídico).

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Giniveth Soto y Migdely Miranda –psicólogas, 32 años la primera, 31 la segunda– se conocieron en mayo de 2012 trabajando juntas. Se hicieron novias al poco tiempo, y meses después decidieron casarse. Pero como en Venezuela no lo podían hacer, viajaron a la ciudad de Rosario (al norte de Buenos Aires, Argentina), donde desde 2012 las parejas del mismo sexo, extranjeras, pueden contraer nupcias. Se casaron en junio de 2013. Y luego de su luna de miel en esas tierras sureñas, regresaron a Caracas con un objetivo: ser madres.

–Le dimos vuelta a la idea, y al final lo acordamos: queríamos que el bebé fuera de las dos.

La forma que encontraron para la procreación conjunta fue la fertilización in vitro: que un óvulo de Giniveth –fecundado con ayuda de un banco de semen– fuera gestado en el vientre de Migdely. Pero el costo del procedimiento rondaba los 150 mil bolívares, y no tenían forma de pagarlo. Entonces hicieron rifas, juntaron sus sueldos, y como todavía no reunían el monto, le pidieron ayudas al Gobierno para completarlo: en un documento al que El Tiempo tuvo acceso consta que el Ministerio de Comunas les tramitó un aporte de 45 mil bolívares. Así lo lograron. Y, mientras el embarazo avanzaba, conscientes del desamparo legal que arropaba a su unión en Venezuela, decidieron que el niño naciera en Argentina, para que tuviera los apellidos de ambas.

–En Argentina pasamos los últimos meses del embarazo. Nos fuimos como estudiantes, porque así nos podían asignar divisas a precio preferencial. Pero Cadivi (siglas de la Comisión de Administración de Divisas, órgano que entonces se encargaba de la adjudicación de divisas en el país, en el marco del control de cambio que impera en Venezuela desde 2003) no nos dio los dólares completos. Por eso pasamos trabajo, no teníamos recursos, no comíamos bien. Pero mucha gente nos ayudó. Fue un gran esfuerzo que hicimos…

Y lo lograron: hace cuatro meses nació Salvador Gabriel: es argentino y sus apellidos son Soto Miranda.

(El niño se despierta: llora, desesperado).

–…Ya va. Déjame darle pecho a ver si se calma.

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Giniveth Soto y Migdely Miranda intentaron varias veces que su familia existiera (legalmente) en Venezuela. Al llegar al país luego de las nupcias, mientras hacían diligencias para la fertilización in vitro, pidieron que la Oficina Nacional de Registro Civil (ONRC) introdujera su acta de matrimonio en los archivos, para que la unión fuera válida en el país.

Se lo negaron, porque –les dijeron– en Venezuela solo pueden casarse un hombre y una mujer. Pidieron una explicación que llegó meses más tarde en una carta firmada por el director de la ONRC, Alejandro Herrera, que dice así: “El acto nupcial analizado no se corresponde con el ordenamiento jurídico venezolano (…)”.

No es la primera vez que dan esa negativa. Tamara Adrián, abogada, transexual, defensora de los derechos LGBT, ha acompañado en ese trámite a seis parejas de personas del mismo sexo que se casaron fuera de estas fronteras, pero ninguna ha logrado nada. Y lo ha intentado directamente en el exterior, en los consulados correspondientes, y tampoco.

Si bien en Venezuela las parejas homosexuales no pueden contraer nupcias, la Constitución Nacional no prohíbe el registro de esas uniones realizadas fuera del país. Y de acuerdo con un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de 2008, no existe un impedimento explícito para el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Solo que la Asamblea Nacional debería legislar para que sea posible. Por ejemplo, podría aprobar una ley de Matrimonio Igualitario que reposa en el Parlamento. Pero ni siquiera se ha discutido.

Eso para Adrián es un signo claro del atraso del Estado Venezolano: “Las constituciones de Colombia y Brasil, por ejemplo, también dicen que el matrimonio es entre hombre y mujer. Los máximos tribunales de dichos países, sin embargo, interpretaron que eso implicaba una discriminación. Aquí el TSJ dijo lo contrario”.

—Ya el niño dejó de llorar. ¿Se durmió? No solo nos negaron el registro del matrimonio, sino que también sucedió cuando solicitamos que introdujeran en los archivos la partida de nacimiento de Salvador, para que, como sus madres, tuviera la nacionalidad venezolana: los apellidos de él son Soto Miranda, pero no lo quisieron registrar, porque el formato aquí dice: “papá” y “mamá”. Hasta nos dijeron que lo registrara una sola, que escogiéramos quién quedaría como madre. Él está aquí como un extranjero, con una visa de turista que hay que renovar cada tres meses. Eso nos produce mucha indignación, porque nos preguntamos: ¿entonces para qué nos fuimos a tenerlo a Argentina? ¿Tuvo sentido todo el trabajo que pasamos para que él tuviera sus dos apellidos?

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Carlos Trapani es abogado, especialista en derechos del niño, asesor de Cecodap –ONG que defiende y promueve los derechos de niños y adolescentes desde hace más de 20 años– e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando escucha el caso, dice que no conoce uno similar, y enfatiza: “Si su madre es de aquí, le corresponde la nacionalidad al bebé (…) No importa cómo sea la familia: una mamá no es ni más ni menos porque su pareja sea del mismo sexo”.

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–Ahorita viene un abogado amigo mío a ver cómo me puede ayudar, porque como por si fuera poco, desde que mataron a mi esposa, esto se enredó todavía más. Aunque a veces a uno se le quitan las ganas de luchar. Vivíamos en este apartamento, que era de ella. Lo compró porque queríamos tener una familia, todavía hay que seguir pagándolo. Todo esto es muy fuerte.

Existe el cariño, dice Migdely: “Mi esposa era bella, muy bella. La amo tanto”. Existe la nostalgia: “La extraño, mucho”. Existen los recuerdos: “Era muy detallista, y celosa. Y me llevaba a cenar, y me traía detalles”. Existen pruebas tangibles de lo vivido: retratos de la boda en Argentina, la sesión de fotos que se hicieron para que quedara recuerdo del embarazo.

Existe el bebé.

De derecha a izquierda: Migdely Miranda Rondón y Giniveth Soto. Fotografía cortesía de Migdely Miranda Rondón

De izquierda a derecha: Migdely Miranda Rondón y Giniveth Soto. Fotografía cortesía de Migdely Miranda Rondón

Pero en Venezuela es como si todo eso estuviera cubierto por un manto de invisibilidad. Cuando Migdely dice que todo se complicó más, es porque como ante la ley no son esposas, están flotando muchas interrogantes: ¿quién hereda el apartamento? ¿Y el carro, que también era de Giniveth? ¿Y el bebé argentino? ¿Quién es la madre? (así, en singular, porque en el país, legalmente, solo puede haber una mamá) ¿Quién se queda con él? ¿Qué es lo legal en este caso?

–Nadie tiene las respuestas ante esas preguntas. Y parece que todo se resuelve escogiendo una mamá. Pero no es algo que yo vaya a hacer. No es tan sencillo que yo diga: “La madre es mi esposa” o “la madre soy yo”. Te lo digo, no es sencillo. No fue eso para lo que nosotras nos esforzamos. No fue eso lo que soñamos.

Hay dos opciones. Si el pequeño queda registrado como hijo de la fallecida, los padres de Giniveth podrían quitárselo a Migdely, pero la casa y el carro (propiedades de Giniveth) le quedarían al niño. En caso de que Migdely lo presente como suyo, no se le reconocería el vínculo con Giniveth (técnicamente su mamá biológica, porque fue la que aportó el óvulo), y el niño no podría heredar. Otro dato: si se reconociera el matrimonio, a Migdely le correspondería la mitad de los bienes. Ella ha intentado continuar pagando el crédito de la casa, pero en el banco le han dicho que no puede hacerlo, que es ilegal.

–Pero de eso ni se ha hablado. Al menos al niño, por ser niño, lo debe amparar la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. A mí no: es como si no existiera. Por ejemplo, cuando fui a la morgue, yo quería entrar a reconocer el cadáver, como su viuda que soy. Pero como no tengo su apellido no me dejaron, y pasó un familiar de ella.

¿Sabes cómo van las averiguaciones sobre el crimen? ¿El carro apareció?
No sé. Esto ha sido una pesadilla.

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Después del fallecimiento de Giniveth, el colectivo LGBT protestó frente a la Asamblea Nacional. Por el escándalo, a Migdely la convocaron a una “mesa de trabajo”, en la que estuvieron la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas; representantes del Consejo de Protección de los Derechos de los Niños, del Ministerio de la Mujer, de la Oficina Nacional de Registro Principal, de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Venezuela Igualitaria. La idea del encuentro era que las autoridades analizaran el caso y que trataran de resolver resolver el acertijo. Pero no llegaron a nada. Al final, las autoridades presentes le pidieron a Migdely que consigne pruebas de que ella fue la que dio a luz.

¿Esas pruebas para qué?
Para que yo quede como la madre, porque según la ley venezolana la madre es la que pare. Alejandro Andrade, de la Oficina Nacional de Registro Civil, me dijo eso. Yo puedo presentar esas pruebas, sin problema, y puedo presentar al niño en Venezuela, pero quedaría registrado solo con mis apellidos. Podría tener la esperanza de que luego comprueben, con análisis de ADN, que él es hijo de Gini, porque el óvulo era de ella.

Porque, técnicamente, Migdely prestó su vientre. Pero allí habría una nueva tranca: aquí tampoco se ha legislado sobre la maternidad sustituta. Generalmente, quienes recurren a un vientre en alquiler para dejar descendencia, no desean que quien gesta tenga derechos sobre el niño. En 2014, una pareja que procreó bajo esa modalidad pidió a un tribunal que el bebé llevara el apellido de la madre biológica, no —como estaba en la partida de nacimiento— de quien lo dio a luz. El tribunal lo declaró con lugar.

Pero en el caso Soto-Miranda todo es diferente: las dos querían figurar como madres, y ahora una está muerta.

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Giovanni Piermattei, de Venezuela Igualitaria, estuvo con Migdely en la mesa de trabajo. Dice:

“Uno especula que darán un documento diciendo que Migdely Miranda es la madre, aclarando que el niño tiene dos mamás. No creo que lo registren con sus apellidos, aunque pudieran si existiese voluntad política, si no hubiera homofobia, pero en verdad nadie sabe qué va a pasar. Quedamos en las mismas”.

El análisis de Tamara Adrián es este: “El interés superior del niño debe prevalecer. La Convención Internacional de los Derechos del Niño lo protege. Ya no se trata del matrimonio igualitario, sino de los derechos del niño, porque no le pueden quitar los derechos que él tiene en su país de origen”.

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–Somos chavistas. Apoyamos al presidente Nicolás Maduro —afirma Migdely—. Se supone que la revolución busca apoyar al más débil, y la comunidad sexodiversa durante muchos años ha sido oprimida, excluida. Nosotros sabemos que dependemos de la AN, que es de mayoría chavista, por eso pedimos que aprueben la ley…

(Hace un silencio, mece al niño, lo arrulla).

En enero de 2014 se introdujo en el Parlamento un proyecto de ley de matrimonio igualitario, respaldado por 20 mil firmas. La Constitución obligaba a discutirlo en el período legislativo que terminó el 15 de diciembre pasado, y no se hizo. De estar vigente esa ley, el camino en el caso Soto-Miranda no sería un laberinto: las personas del mismo sexo podrían unirse legalmente, tener los mismos derechos de un matrimonio heterosexual. Como parte de una campaña impulsada por la ONG Probono Venezuela para generar presión, a los diputados venezolanos les han recordado, a través de redes sociales (en la cuenta de Twitter @laleydelamor, en la de Instagran @laleydelamorve, y con la etiqueta #YoApoyoLaLeyDelAmor) que ese proyecto de ley está engavetado y le piden que se discuta.

También se desarrolló la página web www.laleydelamor.org, desde donde se puede descargar el documento para que quien quiera pueda leerlo y analizarlo. En el portal también está colgado un formato de carta que dice así:

“Saludos cordiales. Usted representa a mi circuito electoral ante la Asamblea Nacional y como ciudadano quiero pedirle que promueva la discusión del proyecto de ley de apoyo a las uniones entre personas del mismo sexo, la ley del amor. Muchas gracias por el apoyo”

Quien visite la página puede llenar un formulario con sus datos personales, y la misiva le llegará al parlamentario de su circunscripción. Al cierre de este trabajo, 2 mil 243 personas lo habían hecho. Y está un video, de poco más de dos minutos, en el cual muchas figuras públicas manifiestan su total apoyo a la ley: participan el campeón mundial de karate Antonio Díaz; Ricardo Andreutti, jugador del equipo Caracas Fútbol Club; Iván Matta, locutor; Carlos Ramírez, presentador de televisión; Rodrigo Gonsalves, cantante de la banda Vinilo Versus; Álvaro Paiva y Diego Álvarez, músicos y directores del movimiento Rock & MAU; Mariaca Semprún, actriz y cantante; los actores Jonathan Montenegro y Carlos Arráiz; y los comediantes Jean Mary, José Rafael Briceño, Led Varela y José Rafael Guzmán.

–…Mira, no se ha discutido porque los políticos creen que somos minoría —insiste Migdely—. Pero no somos tan minoría como ellos piensan. Lo que pasa es que no todo el mundo dice que es gay, por miedo, porque todavía hay discriminación. Pero somos muchos, somos muchos. Y es una discriminación institucionalizada, lo que yo estoy viviendo es sólo un ejemplo.

Giniveth era sobrina del diputado Fernando Soto Rojas, que es parlamentario, chavista. ¿Ese vínculo familiar te ha ayudado en algo?
Él no entiende esto. Una vez, antes de que la mataran, nos reunimos con él, nos escuchó, y hasta ahí. Y ahora que ella ya no está, menos.

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Tamara Adrián calcula que 150 parejas venezolanas homosexuales se han casado en el exterior. Pero son muchas más las que conviven en el país sin matrimonio: en 2012 los datos preliminares del censo de 2011 que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaron que había entre 4 mil y 6 mil familias homoparentales.

En julio se publicó la data definitiva del censo. Pero la cifra de familias homosexuales no apareció. Quinteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, la solicitó en el INE. “No fueron suficientemente significativos para generar estadísticas”, le respondieron.

¿Has pensado en irte del país? En Argentina, por ejemplo, el niño tendría sus dos apellidos.
Yo no me quiero ir. Gini y yo nos casamos allá y vinimos con el niño a Venezuela a dar esta lucha. En el fondo, porque queríamos sentar un precedente, de modo que las próximas parejas homosexuales que se casen no pasen por esto, queríamos visibilizar el problema. Alguien tenía que hacerlo y nosotras lo hicimos, porque sí creemos en el derecho de las parejas del mismo sexo a tener un marco de protección. Lo que no contaba era con que a mi esposa me la iban a matar. Y ahora que no está me doy cuenta de lo que implica no estar casadas aquí en Venezuela: no poder decidir sobre nada, no pudimos incluirnos en la póliza de seguros, y ni mi hijo ni yo podemos acceder al patrimonio construido. Y pienso en la familia de Gini, que está encariñada con el niño. Y no me gustaría alejarlo a él de la familia de su otra mamá. No lo descarto, pero me pregunto: ¿por qué debemos hacerle todo más sencillo al Estado, que más bien debería legislar para protegernos?

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En abril de 2015, el Tribunal Décimo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes desconoció a Salvador Gabriel como heredero de la fallecida, y concedió los bienes (el apartamento y el carro que intentaron robar, y que apareció desvalijado) a los padres de Giniveth. En junio, un juez dictaminó que Giniveth no era la madre del niño bajo dos argumentos: uno, en Venezuela la madre es la que da a luz, y dos, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Por tanto, una familia de dos mamás sería algo ilógico, absurdo. Migdely apeló la decisión, pero no logró nada. Asegurando que los padres de Giniveth la acosaban psicológicamente y la amenazaban con quitarle al niño, en agosto de ese año se marchó a Buenos Aires, donde ahora reside.

Y mientras, el proyecto de ley sigue engavetado. La oposición ganó la mayoría del Parlamento en diciembre de 2015, y en enero 2016 tomó posesión. “Hay temas que son importantes, que deben ser debatidos; ahora yo creo también con mucho respeto que hay una agenda urgente del país. Yo me pongo a discutir los temas que se discuten en el primer mundo cuando hayamos resuelto el tema del hambre atroz, la inseguridad galopante, cuando tengamos eso resuelto, discutiremos esa otra agenda que es muy importante, no le saco el cuerpo, pero lo primero es lo primero”, dijo Jesús Torrealba, Secretario General de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, cuando le consultaron. Tamara Adrian, electa diputada suplente para esta nueva Asamblea Nacional, “deploró” las declaraciones de Torrealba, y aseguró: “Se está trabajando en los proyectos de leyes de igualdad para su discusión en AN tan pronto se terminen”. Pero nada ha pasado.

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Una primera versión de este texto fue publicado en El Tiempo en enero de 2015