Venezuela: AN aprueba anular designación de magistrados

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, aprobó hoy (14.07.2016) un informe en el que se solicita a la Cámara que declare dejar sin efecto el procedimiento de selección de los magistrados que fueron electos a fines del año pasado cuando el Poder Legislativo estaba en manos del chavismo.

El informe fue realizado por una comisión especial de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “para el rescate de la institucionalidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “verificó la ilegalidad de los actos administrativos en la designación de los magistrados del 23 de diciembre del 2015”. El informe, que pide anular la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes, fue aprobado por la mayoría opositora y con el voto en contra del chavismo.

Limitada facultad de control político

En el reporte se recuerda que estos magistrados que fueron designados por el Parlamento chavista a fines de 2015, a solo días de la instalación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, han emitido 14 sentencias que “han limitado la facultad de control político” de la nueva Cámara.

Se recuerda que estos jueces, desde las salas Electoral y Constitucional del TSJ suspendieron la proclamación de cuatro diputados opositores del estado Amazonas. Asimismo se indica que la Sala Constitucional declaró la legitimidad, validez y vigencia del llamado “Decreto de emergencia económica” que dictó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pese a que el Parlamento lo desaprobó.

Credenciales insuficientes

También se destacó en la jornada parlamentaria de hoy que las credenciales de los magistrados designados por el chavismo supuestamente no cumplen con las exigencias establecidas en la Constitución y se destacaron tres casos. Sobre el magistrado Calixto Ortega, se indicó que supuestamente “no es jurista de reconocida competencia”, no ha sido profesor universitario, no ha sido juez superior en la especialidad correspondiente y era militante del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y no es doctor en derecho, entre otras irregularidades.

Tras la presentación del informe, el diputado chavista Edwin Rojas dijo que “para remover o destituir un magistrado como lo alegaron en esa comisión debe haber la calificación de una falta grave previamente realizada por el Consejo Moral Republicano”, lo que no ha sucedido.

FEW (EFE, El Universal)

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