Fotografía de CNN Directo USA
Horas antes de que Luis Almagro, Secretario General, invocara la Carta Democrática, la delegación de Argentina convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El objetivo, según la convocatoria, era la emisión de una “declaración conjunta” sobre la crisis en Venezuela.
Durante la extensa reunión del 1º de junio, los representantes de los países miembros de la OEA discutieron superficialmente la situación política en Venezuela. El foco del debate se concentró en cuál declaración debía adoptarse. Argentina y México presentaron un proyecto que contaba con el apoyo de la mayoría de los 34 Estados miembros. Por su parte, Venezuela presentó su propio proyecto y concentró sus esfuerzos – acompañada de Bolivia, Nicaragua y algunos países del Caribe – en tratar de bloquear la declaración propuesta por Argentina y México.
Finalmente, el Consejo Permanente adoptó por consenso una declaración prácticamente igual a la que al principio del día había sido propuesta por Argentina y México. El hecho de que haya sido aprobada por consenso implica que el gobierno de Venezuela estuvo de acuerdo con el texto de la declaración.
¿Qué dice la declaración?
A través de la declaración, el Consejo Permanente de la OEA manifestó lo siguiente:
- Su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía
- Su respaldo a la iniciativa de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para la reapertura de un diálogo efectivo entre el Gobierno y la Oposición, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela.
- Su respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa.
- Su apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales.
La declaración vs. la Carta Democrática
La interpretación que debe dársele a la adopción de la declaración luego de la invocación de la Carta por el Secretario General Almagro es que los países miembros de la OEA (que son los que al final tienen poder de decisión en esa organización) no consideran conveniente, por ahora, activar la Carta Democrática.
La declaración apuesta fundamentalmente por apoyar el proceso de diálogo que están adelantando los ex-presidentes Zapatero, Fernández y Torrijos con el apoyo de la UNASUR. Como explicaba en mi último artículo para Prodavinci, la promoción de un proceso de diálogo es básicamente la misma consecuencia que tendría la activación de la Carta. La diferencia está en que con la declaración, el Consejo Permanente promueve el diálogo pero evita juzgar al gobierno de Nicolás Maduro, es decir, sin decidir si existe una alteración grave que afecta el orden democrático en Venezuela.
Un diálogo con condiciones
Sin embargo, tomando en cuenta que el lenguaje diplomático debe leerse entre líneas, la declaración del Consejo Permanente no llama a un diálogo sin condiciones. La declaración hace referencia al pleno respeto de los derechos humanos y al apoyo a los procedimientos constitucionales.
Esas referencias, en conjunción con lo que expresaron los países promotores de la declaración durante el debate en el Consejo Permanente, puede interpretarse como un claro recordatorio de la mayoría de los países de la OEA de que el diálogo por sí sólo no basta. Por ejemplo, el representante de Colombia hizo referencia a un “diálogo efectivo que no retrase las soluciones”. Costa Rica recordó la importancia del “respeto a los principios democráticos” y Guatemala exigió “respeto a los procedimientos constitucionales para el cambio de gobierno”.
La mayoría de los países de la región reconoce que aunque la solución a la crisis le corresponde fundamentalmente a los venezolanos, la realización del referéndum revocatorio, la búsqueda de soluciones ante la crisis humanitaria y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos son condiciones que necesariamente deben estar presentes en la agenda para que el diálogo sea fructífero.
¿Cómo queda ahora la aplicación de la Carta Democrática?
En principio, la declaración no debería afectar la invocación de la Carta realizada por Almagro. El Consejo Permanente tendría que reunirse próximamente para, mediante una votación, decidir si activa o no los mecanismos que prevé la Carta.
Sin embargo, teniendo en cuenta el texto de la declaración y que sería el mismo Consejo el que decidiría si aplica la Carta, resulta obvio que, por ahora, el esfuerzo de la comunidad internacional se va a concentrar en el proceso de diálogo y no se discutirá la activación de la Carta. Hay que advertir que dependiendo del resultado del proceso de diálogo y el desenvolvimiento de la crisis en Venezuela, los países vuelvan a reunirse y decidan discutir si es necesario activar la Carta.
MERCOSUR tratará ahora la crisis de Venezuela
Luego de adoptada la declaración en el Consejo Permanente, la representante de Paraguay informó que su país convocará próximamente a una reunión de cancilleres de los países miembros del MERCOSUR, en donde coinciden Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Paraguay, que fue el único país que no se sumó al consenso, llamó la atención del Consejo Permanente de que la realización del referéndum revocatorio debe ser “el punto de partida” para cualquier diálogo y declaró que los países no pueden “seguir con procedimientos dilatorios”.
Es probable que en las próximas semanas veremos la discusión de la crisis venezolana en otro foro internacional y quizás en esa organización se invoque el Protocolo de Ushuaia II, un instrumento muy parecido a la Carta Democrática y el cual explicaré pronto en Prodavinci.
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Mariano de Alba es un abogado venezolano, magíster en derecho internacional en la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor de derecho internacional y relaciones internacionales en la Universidad Monteávila. Puedes seguirlo en Twitter en @marianodealba.