Sede de la Organización de Estados Americanos.
A Venezuela se le aplicó ya la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 13 de abril de 2002, luego del Golpe de Estado contra Hugo Chávez, a sólo siete meses de haber sido instaurada la norma en el organismo hemisférico.
El Consejo Permanente condenó la “irrupción del orden constitucional” de Venezuela y envió una misión encabezada por el Secretario General de ese entonces, César Gaviria, para realizar un informe sobre el caso. En ella se aprobó una declaración sobre la democracia en Caracas, en la que se calificaron los hechos del 11 de abril como: “una grave alteración del orden constitucional y una ruptura de la democracia”. No fue necesaria la expulsión porque el gobierno de Carmona cayó el mismo 13 de abril.
Pero en los últimos años ha sido invocada una nueva aplicación de la carta al país. De hecho, recientemente la Asamblea Nacional, a través del diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar la carta democrática bajo cuatro fundamentos: la escasez de alimentos y medicinas, la liberación de los presos políticos y crear un mecanismo que permita el cambio de Gobierno de forma democrática. Florido aseguraba en su momento que “en Venezuela se produjo una alteración al orden constitucional. Estamos pidiendo la activación de la Carta Democrática, una solicitud que aboga por proteger a los pacientes, al pueblo y, por supuesto, que pide que se liberen a los presos de conciencia”.
En paralelo, venezolanos en el exterior promueven una iniciativa para que Mercosur aplique la cláusula democrática del ente. Así sucedió el lunes 23 de mayo, cuando Nahem Reyes, investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), junto a otros 10 nacionales, solicitó ante el Parlamento paraguayo la activación de la cláusula democrática del Mercosur y la Carta Interamericana de la OEA. Se espera que este jueves 26 de mayo de 2016 el Congreso someta la solicitud a votación en plenaria.
Para Reyes, la solicitud tiene una incidencia muy significativa porque implica la incorporación del tema venezolano dentro de la agenda legislativa de la Cámara Baja de Paraguay, lo que a su juicio “podría desembocar en un solicitud del Parlamento al Ejecutivo Nacional, Horacio Cartes, para que accione medidas diplomáticas contra el autoritario gobierno de Maduro como lo son la cláusula democrática del Mercosur y la Carta Democrática Interamericana”.
Al respecto, el diputado paraguayo Edgar Ortiz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo sobre la solicitud de los venezolanos que “hay una crisis en Venezuela, y Paraguay no puede estar sordo. Tenemos que dejar de tener un silencio cómplice para estos acontecimientos”.
¿Cómo es el proceso para aplicar dichas medidas por Mercosur?
Aplicar la cláusula democrática en Mercosur depende del consenso de todos sus miembros, integrado por Argentina, Bolivia —en proceso de adhesión—, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Este estatuto prevé la posibilidad de suspender a un país socio en el bloque, e incluso aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de sus miembros determinen que hubo una ruptura del orden democrático.
La ruptura del orden democrático es la causal para su aplicación, en la cual se realiza consulta entre los estados miembros con el país afectado. A partir de allí se aplican diversas medidas al Estado que está siendo juzgado. Entre las medidas, se suspende su derecho a participar en los órganos del Mercosur; se suspenden los derechos y obligaciones emergentes de los Tratados Constitutivos, quedando a criterio del resto de los estados miembros la graduación de las medidas, que deberán ser aplicadas por consenso. El cese de las medidas tendrá lugar sólo cuando se haya restablecido el orden democrático en el país afectado.
¿Cómo es el proceso para aplicar dichas medidas por la OEA?
En cuanto a la Carta Democrática Interamericana de la OEA, se prevén tres vías para invocarla: el artículo 17 faculta a un Gobierno de un país miembro a solicitar ante el Secretario General o el Consejo Permanente su asistencia, si existiese algún riesgo a la democracia en su nación, o a su ejercicio en el poder; con el artículo 18 la iniciativa surge del Secretario General o del Consejo Permanente, que con el consentimiento del Gobierno afectado realiza las gestiones diplomáticas; y el artículo 20 prevé que, en caso de una grave alteración de la democracia, el Secretario General o cualquier país miembro tienen la potestad de convocar un Consejo Permanente para evaluar la situación del país.
Justamente, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, estaría dispuesto a aplicar el artículo 20 para analizar si el sostenido desmantelamiento de las instituciones democráticas en Venezuela ha reducido al gobierno de Maduro a una dictadura.
Con el voto de dos tercios de los 34 miembros se realiza una Asamblea General Extraordinaria de los cancilleres de los países miembros, a fin de determinar si existe la necesidad de aplicar sanciones al país que ha alterado o roto el hilo democrático y constitucional.
¿Se ha aplicado antes la cláusula democrática del Mercosur?
Si, en dos ocasiones a Paraguay. Por primera vez, sus miembros la aplicaron en 1999 durante una crisis institucional en Asunción, y el 22 de junio de 2012, como respuesta al juicio político que sacó del Gobierno al presidente de Paraguay Fernando Lugo. La nación suramericana fue suspendida tanto del Mercosur como de la Unasur.
La medida fue levantada el 13 de julio de 2013, aunque el presidente Horacio Cartes se negaba a regresar al bloque si Venezuela asumía la presidencia pro tempore del bloque. Cartés señaló en aquel momento: “Las características jurídicas del ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur, en julio de 2012, no han sido subsanadas conforme a las normas legales”.
En el caso de Venezuela, ya en el pasado se ha invocado esta medida, pero nunca ha habido quórum para lograr aplicarla. De hecho, parlamentarios de Paraguay se oponían a la adhesión de Caracas como miembro pleno al considerar que el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez no cumplía con las condiciones del Protocolo de Ushuaia.
Mauricio Macri, apenas fue electo presidente de Argentina en diciembre 2015, quiso promover la iniciativa pero no hubo consenso. Actualmente Argentina, Brasil —con el gobierno interino de Michel Temer, Paraguay, y Uruguay serían favorables a apoyar dicha medida. Sólo Bolivia estaría parcializada con el gobierno de Nicolás Maduro.
Cuando se habla del impacto regional que tendrá Brasil sin un Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) el primer foco de atención es Venezuela. Nahem Reyes advirtió:
“como efecto colateral de la caída de Rousseff, el Gobierno de Nicolás Maduro quedará debilitado internacionalmente, limitado a gobiernos como el de (Rafael) Correa y (Evo) Morales en Suramérica. El nuevo Gobierno de Brasil, sumado al de (Mauricio) Macri, pudieran dar un giro clave en la crisis venezolana, activando la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
En el caso de la OEA, la norma democrática ha sido aplicada en tres oportunidades. La primera de ellas a Venezuela. Luego fue usada durante la crisis institucional que vivió Nicaragua durante el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), por solicitud de países centroamericanos, y en el caso de la salida de Manuel Zelaya del Gobierno de Honduras en 2009. Este país fue suspendido del organismo por casi dos años.
La salida de Fernando Lugo del Gobierno de Paraguay generó una Asamblea en el Consejo Permanente de la OEA, pero no hubo quórum para respaldarla. Solo fue apoyada por 8 países, y rechazada por 26, por ello, Asunción no fue suspendida de la OEA.