Valdría la pena recordar que la Constitución de Colombia, en su artículo 22, dice lo siguiente: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Este mandato, que ya en sí mismo no deja lugar a dudas, pertenece nada menos que al Capítulo 1 que lleva por título “De los derechos fundamentales”. De ahí se desprende que todo funcionario está obligado por la Constitución a que su trabajo vaya en el sentido del favorecimiento de la paz, pues al intentar entorpecerla, por acción u omisión, estaría incumpliendo un “derecho fundamental” de los ciudadanos a los cuales se debe, y si esa acción es colectiva y pretende legislar en contra, se convierte de facto en inconstitucional.
Por eso, cuando el presidente Santos construye un proceso de paz, además de cumplir con el mandato que una mayoría de colombianos le dio en las urnas, ¡está cumpliendo con su obligación constitucional! No se me escapa que esto de la paz es interpretable, y que bien se podrá decir que el gobierno de Uribe, al acelerar la guerra, intentó cumplir el mismo mandato, pues la paz también puede obtenerse ganando la guerra. La historia humana es rica en ejemplos. Pero al no haberla ganado cuando pudo, y cuando ahora existe otro proceso de paz instituido, con la guerrilla sentada a una mesa y no echando tiros y secuestrando en la manigua (algo muy parecido a lo que será la paz definitiva), oponerse a eso es atropellar un derecho fundamental e incumplir la Constitución.
Por supuesto que el uribismo no dice frontalmente que está en contra de la paz, y se escudan en el sofisma de estar “en contra del modo en que…”, lo que les permite tirar la piedra y esconder la mano. Pero “su modo” en realidad no existe, pues que yo sepa no hay un documento alternativo circulando públicamente que podamos llamar “la paz del uribismo”, ni siquiera un memorando con varios puntos y propuestas a las Farc, que son la contraparte, nada de eso, ¿alguien lo ha visto? Lo que hacen es subirse al avión de la propuesta de paz en curso y desde adentro tratar de romperle el fuselaje y las alas a martillazos, sin importar que si el avión se cae, todos, incluidos ellos, nos vamos a romper la crisma. Por eso el llamado de Uribe a salir el dos de abril va en contra de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos, pues no presenta una segunda opción articulada que uno pueda estudiar, adoptar o rechazar.
Para que la paz sea completa es necesario contar con Uribe, por desgracia, pues él representa una parte de la población en la que se incluye otro factor de violencia que es el paramilitarismo. Ojalá la justicia nos diga algún día cuál es la verdadera responsabilidad de Uribe y su familia en la creación y desarrollo de los grupos paramilitares, pero lo que sí es innegable es que el paramilitarismo es uribista. La prueba es que su discurso incendiario sobre la nación en peligro lo reactivó y, como dijo la revista Semana, volvieron los asesinatos de líderes sindicales y gente de izquierda. Por eso la presencia de Uribe en la firma de la paz sería la garantía de que ese oscuro sector del país, soliviantado por sus arengas, silenciará sus pistolas. La pregunta es, ¿estará dispuesto nuestro expresidente a cumplir a cabalidad con la Constitución? Es la gran pregunta en estos momentos.