Fotografía de Kathiana Cardona #5E
El Presidente someterá ante la nueva Asamblea Nacional un Decreto de Emergencia Económica el 12 de enero de 2016. Según su partido, esto “facilitará acciones inscritas en el plan productivo que impulsará el Ejecutivo Nacional [y] desarrollará la capacidad productiva de los venezolanos […] con planes complementarios para misiones y grandes misiones”. El Decreto en cuestión será el primer tema de interacción directa entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, luego del cambio de gabinete y la juramentación de los diputados. La oportunidad obligará a tomar posiciones políticas en temas económicos y sociales, presentes y futuros. La posición del Ejecutivo es ampliamente conocida. La de los componentes del Legislativo menos. En palabras del Presidente, “vamos a ver qué hace la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) con el decreto de emergencia económica y las acciones que propongo allí, si lo va a aprobar o si lo va a negar”.
Sin embargo, el Decreto no será presentado en condiciones que permitan la aprobación de su contenido, ni dependerá de ella la aplicación de decisiones que corresponden al Ejecutivo. Nada parecido fue presentado a la anterior Asamblea, aunque el 30 de diciembre de 2014, hace más de un año, el presidente Nicolás Maduro declaró que “después del abrazo de fin de año” anunciaría un Plan de Recuperación Económica “que, en un plazo de seis meses, impactará de manera positiva en el crecimiento integral del país, el control de la inflación, la inversión social y se sobreponga a la caída mundial de los precios del petróleo”. Pasados dos abrazos de fin de año, el presidente ahora promete una nueva “agenda priorizada para abordar la emergencia económica que atraviesa el país, por la guerra impulsada por la derecha venezolana y la baja en los precios del barril de petróleo, principal fuente de ingresos del Estado”. Consideremos tres razones para no aprobar el Decreto bajo las actuales circunstancias, aprovechando el momento para discutir sus implicaciones.
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No hay información detallada sobre la emergencia
La inflación en los precios de los alimentos y la escasez de medicinas son dos de las manifestaciones de la crisis que diariamente sufren los venezolanos. Para identificar sus características y lograr consensos en medidas, secuencia y magnitud de los cambios por hacer es necesario disponer de información detallada. Sin embargo, entre las 20 últimas leyes aprobadas por vía habilitante, el Presidente incluyó una reforma a la ley del BCV que legaliza el ocultamiento de las mediciones que hace el emisor. Esta disposición se superpone sobre el Artículo 319 de la Constitución, que al invocar el principio de responsabilidad pública exige al BCV rendir “cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional [e] informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis que permitan su evaluación”. La reforma impide a la Asamblea Nacional (y a sindicatos, gremios, universidades, inversionistas, acreedores y cualquiera interesado en hacer contraloría social) juzgar las propuestas de Ejecutivo y evaluar sus consecuencias. No puede aprobarse un Decreto, ni un presupuesto, ni una Memoria y Cuenta sin la información necesaria para el análisis necesario.
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No hay un presupuesto bien formulado para 2016
El 1° de diciembre de 2015, antes de las elecciones, la Asamblea saliente aprobó un presupuesto para 2016 por Bs. 1.548.574 millones sin hacer pública la tasa de inflación de 2015. Según el diputado Ricardo Sanguino, el ingreso previsto representó el 19,2 % del PIB y 108% más que lo presupuestado en 2015, conteniendo “los recursos para salud, educación, vivienda, seguridad social, alimentación; es decir, el presupuesto nacional, lo fundamental y el norte de nuestra revolución es el ser humano”. Sin embargo, el 4 de enero de 2016, antes de juramentarse la nueva Asamblea, la Comisión Delegada de la saliente notificó por la cuenta @SecretariaAN autorizaciones por Bs. 195.346,5 millones adicionales, sin mayores explicaciones, lo que representa 12,6% de lo aprobado para todo 2016, sin incluir recursos del FONDEN, Fondo Chino, PDVSA y BCV. Por su parte, el Presidente hizo publicar en Gaceta del 30 de diciembre nuevas leyes de ISRL, Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, Seniat y Administración Financiera del Sector Público, omitiendo el destino de los nuevos recursos. Lo mismo ocurriría con los bolívares generados por una devaluación del Bs. 6,3/$ utilizado en el presupuesto (que puede esperarse tras el nombramiento de Jesús Farías como ministro) y un incremento del precio de la gasolina (reconocido como necesario hace un año por el Presidente de la República). No es necesario un decreto de emergencia para devaluar o incrementar el precio de los combustibles. Pero, sin cuentas claras, no es posible aprobar un Decreto, ni un presupuesto y ni siquiera una una Memoria y Cuenta.
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No hay coincidencias en la interpretación de las causas
El Decreto será presentado dos semanas después de la aprobación de 13 leyes (o reformas de leyes) directamente vinculadas con asuntos económicos, entre ellas las de ilícitos cambiarios y precios justos. Estas decisiones fueron tomadas sin discutirlas con la nueva Asamblea. No se hizo porque no hay consenso sobre las causas de la emergencia. El nuevo Vicepresidente del Área Económica la atribuye a la “guerra económica” y niega la relación entre liquidez monetaria e inflación. Explicaciones diferentes, no siempre coincidentes entre sí, fueron publicadas a principios de 2015 por la UCAB en Venezuela 2015: economía, política y sociedad (que incluye un artículo del recién electo diputado José Guerra). Las diferencias de interpretación son presentadas como un falso dilema: según el Presidente, “dos modelos se verán expuestos en los próximos días en la AN: neoliberalismo y Socialismo”. Calificar a los diputados como parlamentarios de derecha e izquierda elimina matices y provoca fracturas, e incluso facilita a algunos “admitir que hay momentos en que la única opción decente es ponerse al margen o en contra de las leyes”. Y, sin embargo, las apariencias neoliberales que muchos usan como armas arrojadizas siempre se devuelven cuando deben autorizar (o respaldar) aumentos de precios y devaluaciones.
Los diputados de ambas bancadas discutirán sobre un campo minado de potenciales contradicciones, presentes y futuras. Más allá de las posibilidades de ejercer de inmediato y a cabalidad uno o varios poderes, la discusión de los qué y los cómo pasa a ser esencial. Porque en estos tiempos, la discusión política más compleja será sobre economía.
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Escuche también la conversación entre Ronald Balza y Ángel Alayón sobre reformas económicas en el programa #EntreIdeasRadio