![Basta de falsos héroes (2015), de José Vívenes [Mención Honorífica Premio Eugenio Mendoza Edición 12+1]. Si desea conocer más sobre José Vívenes haga click sobre la imagen.](http://prodavinci.com/sistema/wp-content/uploads/2015/09/Basta-de-Falsos-Heěroes-José-Vivenes-640.jpg)
Basta de falsos héroes (2015), de José Vívenes [Mención Premio Eugenio Mendoza Edición 12+1]. Si desea conocer más sobre la obra, haga click sobre la imagen.
En 1994, William Dunn, profesor de la Universidad de Pittsburgh y reconocido teórico en el área de políticas públicas, aseguró que uno de los grandes riesgos que enfrentan los gobiernos a la hora de elaborar planes es “proponer la solución adecuada al problema equivocado”*. Por eso, y para evitar caer en esta falencia, tanto Dunn como otros especialistas advirtieron sobre la necesidad de “estructurar los problemas” antes de abordarlos y proponer soluciones que podrían implicar una cuantiosa inversión de recursos.
El primer paso que plantearon para alcanzar ese objetivo fue conocer bien la situación que se enfrenta para delimitarla y encontrar sus causas y consecuencias. Para esto es clave una herramienta básica: la recopilación de datos históricos y actuales, muchas veces estadísticos, sobre la situación planteada.
En Venezuela hacer esto se dificulta. Incluso, a veces es imposible debido a la opacidad de la información oficial. Por ejemplo: el Banco Central de Venezuela ya no entrega cifras imprescindibles para el análisis económico, el Ministerio de Salud oculta los informes epidemiológicos y el Ministerio del Interior, según los expertos consultados, maquilla los datos sobre crímenes.
(Gráfico de elaboración propia. José Félix Oletta L.)
La situación es un coctel explosivo. El doctor José Félix Oletta, el criminólogo Fermín Mármol García y la economista Anabella Abadí, reconocidos en sus respectivas áreas, coinciden en que la elaboración de políticas públicas eficaces para enfrentar y aliviar los distintos problemas que existen en la sociedad se dificulta considerablemente por la poca información. “Los médicos necesitan datos para tomar decisiones comunes. Por ejemplo: cuando no se indica que una enfermedad ha vuelto a aparecer, puede que no se piense en ella a la hora de hacer un diagnóstico”, alerta Oletta, quien fuera ministro de Salud entre 1997 y 1999.
Por su parte, Fermín Mármol García resume de esta forma el panorama que existe en su campo de experticia: “Cuando no hay un diagnóstico certero y se maquillan las cifras, las políticas públicas diseñadas por sectores independientes se distorsionan. No se pone acento a las verdaderas prioridades ni en regiones que deben recibir mayor atención. Todo eso termina perjudicando al ciudadano”.
Salud
En agosto de 2007, el coronel Jesús Montilla, entonces Ministro de Salud, ordenó la suspensión de la publicación del Boletín Epidemiológico Semanal. “Fue la primera vez que algo así ocurría desde que se empezó a publicar ese documento en 1938”, asegura Oletta, quien actualmente está realizando una investigación sobre el tema de la opacidad en el área de salud que será publicada en los próximos meses.
El boletín es importante debido a que mantiene un conteo detallado del número de casos registrados de distintas enfermedades. Y eso permite evaluar cuándo ocurre un brote inusitado de alguno de estos males y si se requiere la activación de mecanismos de prevención.
A finales de 2007, debido a la presión de grupos de médicos, el Ministerio reanudó la publicación del informe, pero en enero de 2008 se detuvo nuevamente. La entrega se reactivó en 2009, pero desde entonces se divulga con retrasos y omisiones.
Otro documento que falta es el Boletín Integral de Salud Ambiental, que debe anunciar semanalmente los casos de enfermedades epidémicas transmitidas por vectores, como el mal de Chagas, el dengue o la chikungunya. En lo que va de 2015 sólo se entregó en enero.
Toda esta situación cobró mayor importancia entre 2013 y 2014, cuando hubo un completo silencio sobre las epidemias de gripe AH1N1 y chikungunya. “Desde noviembre de 2014 no se publican informes epidemiológicos y el actual ministro, Henry Ventura, incluso amenazó con eliminarlos por completo”, alerta Oletta.
Para poder contar con cifras, grupos de médicos han realizado algunos boletines con información oficial que se logra filtrar. “El Estado sigue recopilando los datos, pero no los publica bajo la idea de que la información es poder y para evitar que se conozcan retrocesos en ciertas áreas. Tienen una concepción hegemónica de las cosas”, explica el médico.
Sin embargo, hay algunas estadísticas que no se han podido revelar y son de gran importancia para analizar la situación sanitaria del país. Entre ellas están las cifras de morbilidad, ausentes desde 2011, y las de mortalidad infantil y materna, en deuda desde 2012. “Todos estas informaciones son útiles en la medida que se publican y sirven para tomar decisiones. Además, el reglamento sanitario internacional obliga a que estos datos sean de acceso público”, afirma Oletta.
Economía
En el área económica, desde hace un año las encuestas demuestran que es lo que más preocupa a los venezolanos debido a las altas cifras de inflación y escasez. Aún así, las omisiones estadísticas son tan graves como las de salud.
Anabella Abadí, que también es especialista en análisis de entorno y gestión pública de ODH Consultores, hizo recientemente una presentación sobre el tema en la que demostró que muchos de los indicadores económicos y financieros que deben presentar el BCV, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Finanzas tienen retrasos o simplemente se dejaron de publicar. “La falta de estadísticas oficiales afecta a todos los venezolanos. Millones de decisiones económicas que dependen de estadísticas oficiales se están tomando a ciegas, asumiendo lo peor. O simplemente no se están tomando. En medio de la crisis que atraviesa la economía venezolana, lo último que se necesita es más incertidumbre”, afirmó la economista en su trabajo.
En lo que respecta al BCV, el Índice de Precios al Consumidor (un documento que permite calcular la inflación) no se entrega desde diciembre de 2014. A eso se debe sumar que el indicador de escasez no se divulga desde enero de ese mismo año y que el índice de diversidad AMC (que estima la mayor o menor presencia de marcas, formatos o variedades de productos) no aparece desde octubre de 2013, el mismo año cuando se dejaron de entregar las cifras de ventas comerciales y de producción manufacturera.
Otros datos vitales para analizar la economía de cualquier país, como el Producto Interno Bruto o las cifras de importaciones y exportaciones, no han sido actualizados en todo lo que va de 2015. Y el Ministerio de Finanzas también ha omitido información clave para la planificación macroeconómica, como el gasto público y la Deuda Pública Nacional.
El Instituto Nacional de Estadísticas, por su parte, ha obviado publicar datos sobre el precio de la canasta básica alimentaria y la pobreza por línea de ingreso e indicadores básicos de salud. Todas estas cifras revelarían la fuerza con la cual la crisis ha golpeado a las familias venezolanas.
Criminalidad
Mientras que en las áreas de economía y salud las cifras se tienen pero no se publican, en lo referente a criminalidad la situación es todavía más grave, porque de algunos delitos no se tienen datos verídicos, mientras que con otros se intenta maquillar los números, según advierte Mármol García.
Sobre el primer factor, el experto explica que la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones, por lo que no se denuncian algunos sucesos como robo a mano armada, hurtos o secuestros. “De estos delitos el registro público es prácticamente inexistente. La situación cambia en lo referente a los homicidios porque es algo muy difícil de ocultar, pero sobre este tema tenemos el problema de la distorsión de las cifras”.
Durante los últimos años, ha habido una diferencia de alrededor de 15 puntos porcentuales entre las informaciones divulgadas por el Estado en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Interior y las recopiladas por distintas ONG. “Es muy probable que esto se deba al problema del sub registro. Se crean categorías dividiendo los asesinatos por la forma en que ocurrieron para evitar dar un número total. Se omiten, por ejemplo, los casos de abatimientos por resistencia a la autoridad. Y esto no es correcto, porque al final todas estas muertes son violentas y deben contarse como tales”, afirma el experto.
Otros datos de difícil acceso son los referentes a los números de oficiales policiales y sus áreas de trabajo. Aunque Mármol León asegura que existe un déficit importante de funcionarios de patrulla y de investigación, indica que no hay fuentes oficiales a las cuales acudir para recopilar cifras, por lo que se depende de declaraciones esporádicas de los voceros del Ministerio del Interior. “Para poder elaborar políticas públicas correctas necesitamos de un gran diagnóstico hecho con cifras oficiales y un buen estudio sobre percepción de la criminalidad en la ciudadanía. Esto último tampoco lo tenemos. La única encuesta de victimización que se ha hecho en los últimos 15 años fue en 2009 y sus datos necesitan actualizarse”, explica Mármol.
En materia de seguridad, el Gobierno ha anunciado 21 planes desde que llegó al poder y ninguno ha podido reducir la delincuencia. Ese número se presenta como la mayor prueba de que el Estado no está estructurando bien los problemas a la hora de elaborar sus políticas públicas.
