Venezuela ha desconocido 17 fallos emitidos por la CIDH // #MonitorProDaVinci

Fotografía de la cuenta de Flickr de la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un total de 17 fallos condenatorios en contra de Venezuela en materia de vulneraciones del derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad física y a la debilidad del Poder Judicial. La última de las sentencias emitidas por el organismo ordena que se le devuelva la concesión a RCTV, emitida el 7 de septiembre. Y todos esos fallos han sido desconocidos por el gobierno venezolano. Así lo señala la periodista Sofía Nedder en un trabajo publicado en el diario El Nacional.

De acuerdo con el procedimiento, el tribunal espera un año para que el Estado se pronuncie con respecto a las sentencias. No obstante, Héctor Faúndez, experto en derecho internacional de los Derechos Humanos, calificó como ingenuo esperar que Venezuela acate los fallos, los cuales afectan aproximadamente a 280 personas. Sólo 2 de las 17 sentencias han sido acatadas de manera parcial en gestiones pasadas: la masacre de El Amparo y los hechos de El Caracazo. Sobre este último, Liliana Ortega, directora de Cofavic, señala que Venezuela cumplió con las indemnizaciones y la publicación del fallo en la Gaceta Oficial. Sin embargo, no se procedió con la sentencia en contra de los autores de los hechos ni se ha cumplido con la entrega de los restos debidamente identificados de los desaparecidos en las fosas.

Entre otras condenas emitidas por el CIDH figuran la violación del derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada de la familia Barrios en Guanayén, estado Aragua, en contra de Justina Barrios y sus allegados entre 1998 y 2011.

En 2011, la CIDH también se pronunció en contra de las inhabilitaciones de la Contraloría General de la República ante la vulneración del derecho político de Leopoldo López, quien aspiraba a la candidatura por la Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008. El organismo también ha condenado las detenciones precarias, como el caso de Raúl Díaz Peña, a quien mientras estuvo privado de libertad en El Helicoide desde 2004 hasta 2010 se le violó su derecho a la integridad personal y le fueron propiciados tratos inhumanos y degradantes.

Para leer completo el trabajo publicado en El Nacional, haga click acá.