Nicolás Maduro —luego de una gira internacional en búsqueda de financiamiento y en medio de la caída más grande del precio del petróleo desde el 2009— finalmente se refirió a las medidas económicas con las que el gobierno espera enfrentar los problemas económicos que experimenta el país.
Los principales anuncios fueron el aumento del salario mínimo en 15% a partir del 01 de febrero, cambios en el régimen cambiario y un posible aumento del precio de la gasolina. Además se anunció un mayor control y fiscalización de las actividades económicas e indicaron acciones en materia social entre las que destacan la incorporación de nuevos pensionados y el incremento de diferentes programas sociales.
Aún cuando faltan por conocer detalles, las medidas anunciadas parecen insuficientes tanto para ajustar la economía a un nuevo —y menor— nivel de precios del petróleo, como para establecer las bases de una reforma del modelo de gestión pública basado en controles regulatorios directos sobre la actividad económica y dificultades de cooperación con el sector privado de la economía.
El anuncio más significativo fue el cambio en el régimen cambiario con base en tres sistemas, lo cual suponemos va a traducir en una devaluación del tipo de cambio promedio a una magnitud todavía incierta por la ausencia de detalles sobre la naturaleza de funcionamiento, acceso y formación del tipo de cambio en los nuevos mecanismos. Si es así, y se consolida un tipo de cambio promedio más elevado, mediante esta reforma el gobierno puede reducir el déficit fiscal pero la persistencia de tres sistemas de cambio —con una potencial mayor brecha entre el tipo de cambio oficial más alto y el más bajo— implica la persistencia de problemas y distorsiones en la asignación de divisas. Queda por ver no sólo cuáles van a ser los nuevos tipos de cambio y detalles de funcionamiento de estos mecanismo. El otro elemento clave es si efectivamente se abrirá la posibilidad de un mercado legal de divisas que sustituya al mercado paralelo, lo cual sería un avance en relación con la situación actual.
Resulta notable la ausencia de anuncios en otras áreas (por ejemplo en materia fiscal y monetaria, así como acciones para mitigar los problemas de inflación y crecimiento que enfrenta el país), la ausencia de detalles sobre los financiamientos supuestamente obtenidos durante la gira o la posibilidad de modificar algunos de los mecanismos que han resultado más perniciosos para las actividades económicas.
1.Incremento de algunos programas sociales y aumento de salario mínimo de 15% a partir del 01 de febrero de 2015. El Gobierno Nacional anunció un plan especial de protección a la familia venezolana a través de la Gran Misión Hogares de la Patria para atender 500 mil hogares; Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra con la aprobación de recursos para aumentar a 200 mil becas para estudiantes de educación media y elevarlas de 200 bolívares a 500 bolívares; Gran Misión Vivienda Venezuela, se aspira entregar 400 mil viviendas en 2015; reactivación de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se aspira beneficiar a 2 mil familias e inversión especial en infraestructura: Metro de Caracas-Valencia-Los Teques, soluciones viales, autobuses. Además, el salario mínimo se ajustará nuevamente tras apenas 2 meses del último aumento en diciembre de 2014 y se anunció la incorporación de nuevos pensionados.
El aumento del salario mínimo en montos relativamente cercanos a la inflación es un medida que suele ser prevista por las empresas en sus proyecciones de costos, aún cuando se suele estimar que dicho aumento se produce a partir de mayo. Por otra parte, esta medida incrementa el déficit fiscal debido a la gran cantidad de personas empleadas en el sector público que devengan salario mínimo. El anuncio de mayores gastos en misiones (además de en salarios) cuando el país se enfrenta a una notable reducción de ingresos, lleva a preguntarse cuál será la fuente de financiamiento. Con base en lo que se ha hecho hasta ahora, recurrir al financiamiento monetario parece ser la primera opción, hecho que impondría aún mayor presión sobre la inflación. Vale indicar que por primera vez en muchos años, el presupuesto nacional sobreestima los ingresos del Gobierno Central debido a que fue calculado con base en un precio promedio del barril de petróleo venezolano de US$ 60.
2. Nuevo régimen cambiario. El anuncio más importante fue el referido al nuevo régimen cambiario. En palabras de Maduro: “He decidido trabajar en un sistema que atienda los tres mercados de manera más eficiente”, mediante los siguientes mecanismos:
1. Sistema “prioritario” a Bs 6,30 para rubros prioritario (alimentos y salud).
2.Un solo Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad), el cual se supone será un sistema de subasta.
3. Convertir al Sicad II en un sistema que funcione mediante las bolsas públicas y privadas, el cual permita al sector privado participar de forma legal.
Maduro a su vez indicó que la propuesta de un sistema con tipo de cambio unificado que fluctuara fue descartado en las circunstancias actuales. Si bien no se conocen por lo pronto mayores detalles, es claro que el gobierno nuevamente muestra una enorme aversión a realizar una devaluación en el tipo de cambio ”preferencial”, lo cual sin duda es un elemento que restringe la efectividad de cualquier cambio en el régimen cambiario. Suponemos que se van a restringir los montos de divisas asignados a este tipo de cambio (en términos absolutos debido a la menor disponibilidad de divisas en general y en términos relativos debido a la necesidad de aplicar un tipo de cambio promedio más elevado), mediante restricciones por listas de bienes más que por categorías generales. En la actualidad, estimamos que aproximadamente 66% de las divisas asignadas mediante mecanismos oficiales —en el primer semestre de 2014— a 6,3 BsF/US$ fueron liquidadas a los sectores de alimentos y medicina.
En el otro extremo, al referirse el tercer mecanismo —el basado en “bolsas públicas y privadas”— Maduro pareciera sugerir que se va a crear una opción al mercado paralelo pues esperaba que los privados oferten divisas al crear una opción “legal” en donde estos puedan participar. Vale recordar que algo similar se dijo para el Sicad I y Sicad II, sin que se lograra este objetivo. Si el nuevo mecanismo no está basado en un precio determinado por la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, con base en el principio de que quien más esté dispuesto a pagar recibe las divisas, entonces será imposible que el mecanismo sustituya al mercado paralelo. Suponemos que este nuevo mercado tendrá el tipo de cambio más elevado de los tres sistemas, permitiendo al gobierno cambiar divisas a un tipo de cambio mayor, el cual anticipamos parte de la base o estaría por encima del actual Sicad II (parece tener poco sentido renunciar al tipo de cambio más elevado en los momentos actuales). Un mercado libre legal sería una noticia positiva —al facilitar el acceso a las divisas y su registro— pero difícilmente alcanzaría un precio estable mientras persista la incertidumbre sobre el precio del petróleo y el desempeño económico del país. En cuanto al segundo sistema, el nuevo Sicad, no se ofrecieron mayores detalles en cuanto a cuanto las condiciones de acceso o a quiénes atenderían pero parece ser un segundo piso del sistema “preferencial” y suponemos que tendría un tipo de cambio intermedio entre el 6,3 Bs/$ y el sistema basado en la “bolsa”.
Partimos de la premisa que una fracción mayor de las divisas serán transadas con los dos tipos de cambio más elevados con lo cual se incrementaría el tipo de cambio promedio, lo cual pareciera haber sido el objetivo principal del cambio de régimen cambiario. Dependiendo de la magnitud del cambio en el tipo de cambio promedio puede haber una mayor contribución a la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, el mantener tres tipos de cambio oficiales—de los cuales uno está fijo a 6,30 Bs/$— se mantiene una brecha o diferencial entre los tipos de cambios oficiales que se convierte en una fuente permanente de problemas y distorsiones económicas. Por otra parte, una vez se conozcan los detalles de los nuevos sistemas, hay que observar con atención cómo serán las condiciones de acceso y asignación en momentos en donde el flujo de ingresos de divisas ha disminuido considerablemente.
3. Posible aumento de la gasolina. En línea con declaraciones anteriores, Maduro indicó su intención de mantener abierto el debate sobre la gasolina haciendo referencia a lo inadecuado del precio actual. El tono de las declaraciones pareciera sugerir una mayor disposición del Gobierno de acometer esta medida en el corto plazo. Los niveles actuales del precio de la gasolina generan al menos dos problemas directos para el gobierno: 1) un constante aumento de la demanda tanto por el incremento del consumo interno como por el contrabando (reduciendo los volúmenes de producto exportables), 2) una pérdida económica dado que al precio actual no se cubren ni los costos de producción. En la actualidad, el precio de la gasolina en Colombia es cerca de 2000 veces el precio en Venezuela. A modo de referencia, un aumento de 12,5 veces en el precio, pasando a Bs./lt podría contribuir con alrededor de Bs. 750 mil al día a las finanzas de PDVSA (un monto relativamente pequeño en cuanto a la magnitud del déficit fiscal) pero aún así el precio de Colombia sería aproximadamente 170 veces el de Venezuela y quizás el efecto de reducción sobre el consumo interno sería relativamente pequeño. Así, para que esta medida fuera eficaz en términos de restringir el consumo, reducir el contrabando y generar una contribución fiscal importante, el precio debería aumentar a niveles más altos.
4.Fiscalización y control. Nuevamente el Gobierno Nacional indica que va a realizar y establecer controles más severos para las actividades económicos. Maduro a su vez mencionó que era importante poner en marcha el sistema de “abastecimiento seguro” (captahuella), lo cual es una medida para administrar la escasez, no para solucionarla. Esto, sumado al anuncio de mayores esfuerzos de fiscalización a los sistemas de distribución, señala que el gobierno seguirá optando por profundizar el control —no sólo a la producción, como habíamos visto hasta ahora, sino también más directamente sobre el consumo. Este tipo de acciones genera desincentivos a la actividad privada (de producción, distribución y comercio), y promueve el surgimiento de mercados informales y otros problemas de funcionamiento de la economía.
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Vídeos de los principales anuncios:
Abastecimiento y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad
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